Créditos: Planet Moron
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jueves, 22 de octubre de 2009
Apropó del Nóbel de la Paz 2009
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martes, 20 de octubre de 2009
El Óscar de la Paz
El artículo que presento a continuación fue escrito por mi amigo Pakithor, y fue publicado el sábado pasado en su blog, La Elegancia Perdida. Con su permiso, y porque lo suscribo en su totalidad, lo reproduzco aquí.
No todas las disciplinas de la ciencia, el arte o la cultura están contempladas en los premios Nóbel. Pero quizá por el prestigio universal del que gozan los galardones de la academia sueca, existen premios internacionales que son considerados los nóbel de su categoría. Por ejemplo al premio Pulitzer se le considera el Nóbel de Periodismo, así como el Prizker viene a ser el Nóbel de Arquitectura.
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Esta tendencia parece que va a formar parte del pasado, toda vez que a lo largo de los últimos años el premio Nóbel de la Paz ha sido concedido, en demasiadas ocasiones, más por relevancia mediática internacional que por la labor a favor de tan noble fin realizada por el perceptor del galardón. De este modo vamos a tener que empezar a llamar a esta distinción sueca anual el Óscar de la Paz, en vista de que el componente propagandístico parece pesar bastante entre los insignes miembros del jurado.
Ya cuando en 1992 se concedió el premio a Rigoberta Menchú, básicamente por la publicación de una biografía, basada en conversaciones mantenidas con Elisabeth Burgos, que fue la que la escribió, el Comité Noruego del Noble dio muestras de su debilidad por los fenómenos mediáticos. Poco después se comprobó que la denominada autobiografía de la Menchú estaba plagada de “inexactitudes”, por no decir que era más propia del género novelesco.
Luego llegó el premio por el video de denuncia-ficción de Al Gore, más propio de Michael Moore que de un candidato presidencial estadounidense. Como sabrán los lectores, la única verdad incómoda de la película de Gore era que los datos –presuntamente científicos- y efectos especiales que se mostraban en la cinta eran más falsos que las naves de Star Wars. A partir del nóbel Al Gore recorrió el planeta en avión privado recogiendo galardones y dando conferencias, dando así un claro ejemplo de lo que le importa el cambio climático.
Pero la palma se la lleva este nuevo galardón mediático para el flamante presidente de los Estados Unidos. Barrack Hussein Obama no ha tenido ni siquiera que escribir un libro, ni que filmar una película para ser acreedor del Óscar de la Paz. Obama sólo ha tenido que dar unas cuantas ruedas de prensa más o menos afortunadas hablando de paz, desarme nuclear y “una nueva era en las relaciones internacionales”, la cual aún no sabemos en qué consiste. A no ser que este nuevo eufemismo consista en certificar el estancamiento de las guerras en Irak y Afganistán.
De lo que podemos estar seguros es de lo poco que ha hecho este señor en su corto plazo de mandato por llevar la paz al patio trasero estadounidense. Me refiero concretamente a la nula intervención de la Administración Obama en el conflicto hondureño. Aparte de cuatro gestos aislados, el golpe hondureño no ha ocupado ni veinte minutos en la agenda del hombre que presuntamente ha trabajado más por la paz en nuestro planeta a lo largo del último año. Todo un ejemplo de que este galardón huele más a superproducción hollywoodense que a la tozuda realidad de un mundo en crisis.
domingo, 18 de octubre de 2009
Hacer lo que se les venga en gana
Habiendo vivido casi una década en los Estados Unidos, se que los policías gringos pueden ser unos perfectos cabrones que no se andan con miramientos. Curiosamente, el peor comportamiento lo exhiben los policías latinos con los latinos, y los policías negros con los ciudadanos negros. Supongo que Freud tendría mucho que decir de este patrón, pero no es el objeto de este comentario. No me sorprende, por lo apuntado, la experiencia personal que describe la periodista Giannina Segnini en La Nación de hoy.
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No me sorprende, pero no por lo aparentemente arbitrario de lo que según la Segnini le pasó en un concierto de U2, sino por lo que ella no nos cuenta. En toda historia hay, como mínimo, dos versiones, y doña Giannina solo nos cuenta la suya. Habrá que ver con qué tono ó cuánta altanería o malacrianza se dirigió la “mejor periodista investigativa” del país, toda una celebrity del avioneta-set tico que debería de ser reconocida hasta en Florida, al oficial D. González, quien la detuvo a empellones y trompicones – de esto no me cabe la menor duda. Porque lo que aquí en Tiquicia pasa por una simple viveza – ir a pararse en un balcón de un estadio en una sección más cara que la que uno pagó – en Estados Unidos es una violación que no se tolera, porque es una burla a las 10.000 personas que pagaron sus boletos más caros para estar en esa misma bandeja de plateas.
Esta historia me recordó otra no muy antigua, cuando el Fiscal Dall’Anese llegó al aeropuerto de Miami exigiendo que no se le sometiera a la revisión de seguridad en virtud de su investidura – con conocimiento de causa les digo que hasta los diplomáticos son sometidos a la revisión, aunque algunos aeropuertos lo hacen en cuartos privados o zonas reservadas para ellos – y regresó a Costa Rica empeñado en causar un diferendo diplomático con los Estados Unidos a causa del “atropello” al que fue sometido, como ilustrísimo desconocido que es en ese país, pero que se cree más reconocible que el Fiscal de Distrito de cualquier teleserie gringa como NYPD Blue o CSI.
Es que los ticos, cuando viajamos, nos creemos la mamá de Tarzán, con derecho – nosotros si tenemos ese derecho – a hacer lo que se nos venga en gana, porque somos ticos, un pueblo amante de la paz, y no representamos un peligro ni una amenaza para nadie. Como cuando expulsaron la semana pasada a Luis Diego Arnáez del partido entre Costa Rica y Estados Unidos – porque Luis Diego o alguien en el banquillo tico cometió el error de mandar a cambiar a un jugador que acababa de entrar al juego – y en las tomas de televisión se veía claramente como el Sr. Arnáez iba con las manos levantadas (como cuando un padre se las levanta amenazante a su hijo para que deje de hacer algo indebido), advirtiendo a los oficiales de seguridad que lo escoltaban hacia afuera de la cancha en cumplimiento de lo ordenado por el árbitro principal del partido, y diciéndoles Don’t touch, que se le leía clarito en los labios.
No sabemos realmente qué ni cómo le dijo Giannina Segnini al oficial González en el concierto, e independientemente de la culpa que haya podido tener, probablemente la reacción del policía ha sido desproporcionada. Pero si sabemos que los policías gringos pueden ser unos perfectos cabrones que se andan sin miramientos, entonces no tiene sentido provocarlos con altanería, malacrianza y lecciones de lo que deben o no deben de hacer con una celebritica que se cree la última Coca Cola del desierto.
No le deseo el mal a nadie, y me solidarizo con la Sra. Segnini y en particular con su hijo, que tuvo que ver lo que probablemente fue un espantoso y aterrador espectáculo. Solo espero que doña Giannina, de quien admiramos su labor investigativa pero nos disgusta lo fácil que le resulta condenar sin juicio a sus investigados, relea sus propias palabras y piense ahora, tras la humillación vivida, cómo se puede haber sentido gente que, gracias a la convergencia de intereses de Giannina, de Ernesto, de Pilar, de Ignacio y de Francisco, fueron sometidos a un innecesario y humillante show mediático, con un "despliegue policial desproporcionado que nunca podré comprender" y transporte "durante una hora... pegando tumbos en un cajón oscuro". Los hechos a los que me refiero, doña Giannina, tampoco sucedieron "en un estado totalitario ni en una dictadura". Sucedieron aquí en Costa Rica, donde ha podido desarrollar usted su "trayectoria como periodista".
What goes around, comes around.
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No me sorprende, pero no por lo aparentemente arbitrario de lo que según la Segnini le pasó en un concierto de U2, sino por lo que ella no nos cuenta. En toda historia hay, como mínimo, dos versiones, y doña Giannina solo nos cuenta la suya. Habrá que ver con qué tono ó cuánta altanería o malacrianza se dirigió la “mejor periodista investigativa” del país, toda una celebrity del avioneta-set tico que debería de ser reconocida hasta en Florida, al oficial D. González, quien la detuvo a empellones y trompicones – de esto no me cabe la menor duda. Porque lo que aquí en Tiquicia pasa por una simple viveza – ir a pararse en un balcón de un estadio en una sección más cara que la que uno pagó – en Estados Unidos es una violación que no se tolera, porque es una burla a las 10.000 personas que pagaron sus boletos más caros para estar en esa misma bandeja de plateas.
Esta historia me recordó otra no muy antigua, cuando el Fiscal Dall’Anese llegó al aeropuerto de Miami exigiendo que no se le sometiera a la revisión de seguridad en virtud de su investidura – con conocimiento de causa les digo que hasta los diplomáticos son sometidos a la revisión, aunque algunos aeropuertos lo hacen en cuartos privados o zonas reservadas para ellos – y regresó a Costa Rica empeñado en causar un diferendo diplomático con los Estados Unidos a causa del “atropello” al que fue sometido, como ilustrísimo desconocido que es en ese país, pero que se cree más reconocible que el Fiscal de Distrito de cualquier teleserie gringa como NYPD Blue o CSI.
Es que los ticos, cuando viajamos, nos creemos la mamá de Tarzán, con derecho – nosotros si tenemos ese derecho – a hacer lo que se nos venga en gana, porque somos ticos, un pueblo amante de la paz, y no representamos un peligro ni una amenaza para nadie. Como cuando expulsaron la semana pasada a Luis Diego Arnáez del partido entre Costa Rica y Estados Unidos – porque Luis Diego o alguien en el banquillo tico cometió el error de mandar a cambiar a un jugador que acababa de entrar al juego – y en las tomas de televisión se veía claramente como el Sr. Arnáez iba con las manos levantadas (como cuando un padre se las levanta amenazante a su hijo para que deje de hacer algo indebido), advirtiendo a los oficiales de seguridad que lo escoltaban hacia afuera de la cancha en cumplimiento de lo ordenado por el árbitro principal del partido, y diciéndoles Don’t touch, que se le leía clarito en los labios.
No sabemos realmente qué ni cómo le dijo Giannina Segnini al oficial González en el concierto, e independientemente de la culpa que haya podido tener, probablemente la reacción del policía ha sido desproporcionada. Pero si sabemos que los policías gringos pueden ser unos perfectos cabrones que se andan sin miramientos, entonces no tiene sentido provocarlos con altanería, malacrianza y lecciones de lo que deben o no deben de hacer con una celebritica que se cree la última Coca Cola del desierto.
No le deseo el mal a nadie, y me solidarizo con la Sra. Segnini y en particular con su hijo, que tuvo que ver lo que probablemente fue un espantoso y aterrador espectáculo. Solo espero que doña Giannina, de quien admiramos su labor investigativa pero nos disgusta lo fácil que le resulta condenar sin juicio a sus investigados, relea sus propias palabras y piense ahora, tras la humillación vivida, cómo se puede haber sentido gente que, gracias a la convergencia de intereses de Giannina, de Ernesto, de Pilar, de Ignacio y de Francisco, fueron sometidos a un innecesario y humillante show mediático, con un "despliegue policial desproporcionado que nunca podré comprender" y transporte "durante una hora... pegando tumbos en un cajón oscuro". Los hechos a los que me refiero, doña Giannina, tampoco sucedieron "en un estado totalitario ni en una dictadura". Sucedieron aquí en Costa Rica, donde ha podido desarrollar usted su "trayectoria como periodista".
What goes around, comes around.
lunes, 12 de octubre de 2009
Una perversión de la justicia
Si usted cree, amable lector, que Rafael Ángel Calderón Fournier o Walter Reiche Fischel van a pasar un día más en la cárcel, piénselo nuevamente. No entro a valorar si Calderón cometió o no un delito en el caso Caja-Fischel; no tengo conocimientos, criterios ni elementos para hacer algo distinto del juicio mediático que ya le entablaron La Nación y Telenoticias y del cual salió con el veredicto de culpable. Me refiero única y exclusivamente al curioso resultado del sonado juicio – el de verdad – que terminó la semana pasada y donde fueron ambos, y otras cinco personas más, hallados culpables de dos delitos de peculado cada uno.
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El país entero se ha congratulado por el desarrollo sin incidentes del juicio, y por el hecho de que un ex Presidente de la República, varios altos ex funcionarios públicos y un importante empresario hayan sido condenados a pasar períodos de diferente longitud en la cárcel. La Nación, en su Editorial del 7 de octubre afirma que “La justicia y el sistema político de nuestro país han ganado en solvencia, credibilidad, legitimidad y solidez con el histórico y unánime veredicto…”, y que “el mensaje es claro, depurador y esperanzador: un fuerte revés para la impunidad y un acicate para la honestidad y corrección en los asuntos públicos.” El Lic. Juan Diego Castro, ex Ministro de Seguridad, aseguró a Diario Extra que “Es un fallo trascendental, refleja que la justicia costarricense está funcionando…”. También al diario Extra manifestó el Lic. Rodrigo Araya que “Es un fallo histórico, en primer lugar porque se está condenando a un ex Presidente de la República…”, y la Licda. Miriam Bedoya expresa que “es un mensaje a la ciudadanía de que la justicia no hace ninguna distinción entre ricos y pobres, entre famosos y no famosos”. El Fiscal General, Francisco Dall’Anese manifestó a La Nación que “la justicia de Costa Rica no ve condiciones económicas o políticas al momento de juzgar y aplicar la ley”.
En La Suiza Centroamericana pensamos muy diferente. En muchas ocasiones hemos dicho que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que eso sólo se puede hacer en un juicio imparcial y con todas las garantías que la ley ofrece al acusado – como creemos que fue el juicio del caso Caja – Fischel. No se trata, entonces, de que creamos que el juicio haya sido atropellado o que los derechos de los imputados hayan sido violados. Se trata más bien de que el resultado – la sentencia – nos ha dejado perplejos y con muy serias dudas sobre la nuestro sistema judicial, nuestra institucionalidad democrática, y la capacidad de nuestro país para combatir la corrupción.
Si creemos en la sentencia, entonces Calderón ha sido encontrado culpable. Ha cometido un delito y debe de pagarlo de la manera en que la ley lo prevé: cumpliendo un período definido en la cárcel. Lo extraño de este asunto es que seis de los siete condenados en este caso fueron declarados culpables del delito de peculado, sin distingo del cargo que ocupaban al momento de la comisión del delito ni de su función dentro del esquema delictivo. Más importante aún, no se hizo diferencia entre funcionarios públicos y personas privadas a la hora de endosarles la culpabilidad. Aunque la sentencia no ha sido publicada, de la lectura de la parte dispositiva y las explicaciones dadas por los tres jueces se concluye que el Tribunal encontró prueba incontrovertible de la desviación de fondos públicos para el pago de comisiones a diversos funcionarios públicos. Si la intención del Tribunal a cargo de este juicio hubiera sido verdaderamente enviar a la cárcel a los imputados tras haberlos hallado culpables de al menos algunos de los delitos de los que fueron acusados, debió de hacer la distinción entre aquellos que eran y quienes no eran funcionarios públicos, para así condenarlos por delitos acordes con su respectiva condición.
Peculado, que fue de lo que encontraron culpables a seis de los siete condenados, es el “delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración” (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición). A menos de que nuestros diputados hayan decidido reinventar el idioma español – cosa que no nos sorprendería – el peculado sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, ya que cualquier persona a la que se confíe la administración de fondos del erario público es, de hecho o de derecho, un funcionario público por definición. No veo la manera en que se pueda achacar a Rafael Ángel Calderón Fournier, quien tenía seis o siete años de haber dejado de ser Presidente de la República al momento de la supuesta comisión del delito, o a Walter Reiche, empresario privado toda su vida, que fueran responsables de fondos públicos que les hubieran sido confiados para su administración. Así las cosas, cualquier tribunal de Casación se debería de traer abajo las condenas de Calderón y de Reiche. Y a menos de que Casación ordene la repetición del juicio, ninguno de ellos pasará un día más en la cárcel, a pesar de que uno de ellos es un criminal confeso.
A quien esto escribe le cuesta mucho creer que tres jueces con entre 15 y 30 años de experiencia cada uno no conozcan el significado de peculado ni la diferencia que hace el que un imputado no haya sido funcionario público a la hora de supuestamente cometer el delito. Nos parece que el Tribunal de juicio se ha burlado de la Justicia, no teniendo las agallas para enviar a la cárcel a quienes según sus propias conclusiones – no las nuestras – se han coludido para encarecer una contratación pública y desviar los recursos al pago de comisiones a los funcionarios públicos con poder de decisión en dicha contratación. La sentencia sirvió para sacar a Calderón de la contienda electoral, lo cual habrá sido parte del cálculo del Tribunal, pero no para hacerlo pagar por los delitos que supuestamente cometió. Y eso es pervertir la justicia.
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El país entero se ha congratulado por el desarrollo sin incidentes del juicio, y por el hecho de que un ex Presidente de la República, varios altos ex funcionarios públicos y un importante empresario hayan sido condenados a pasar períodos de diferente longitud en la cárcel. La Nación, en su Editorial del 7 de octubre afirma que “La justicia y el sistema político de nuestro país han ganado en solvencia, credibilidad, legitimidad y solidez con el histórico y unánime veredicto…”, y que “el mensaje es claro, depurador y esperanzador: un fuerte revés para la impunidad y un acicate para la honestidad y corrección en los asuntos públicos.” El Lic. Juan Diego Castro, ex Ministro de Seguridad, aseguró a Diario Extra que “Es un fallo trascendental, refleja que la justicia costarricense está funcionando…”. También al diario Extra manifestó el Lic. Rodrigo Araya que “Es un fallo histórico, en primer lugar porque se está condenando a un ex Presidente de la República…”, y la Licda. Miriam Bedoya expresa que “es un mensaje a la ciudadanía de que la justicia no hace ninguna distinción entre ricos y pobres, entre famosos y no famosos”. El Fiscal General, Francisco Dall’Anese manifestó a La Nación que “la justicia de Costa Rica no ve condiciones económicas o políticas al momento de juzgar y aplicar la ley”.
En La Suiza Centroamericana pensamos muy diferente. En muchas ocasiones hemos dicho que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que eso sólo se puede hacer en un juicio imparcial y con todas las garantías que la ley ofrece al acusado – como creemos que fue el juicio del caso Caja – Fischel. No se trata, entonces, de que creamos que el juicio haya sido atropellado o que los derechos de los imputados hayan sido violados. Se trata más bien de que el resultado – la sentencia – nos ha dejado perplejos y con muy serias dudas sobre la nuestro sistema judicial, nuestra institucionalidad democrática, y la capacidad de nuestro país para combatir la corrupción.
Si creemos en la sentencia, entonces Calderón ha sido encontrado culpable. Ha cometido un delito y debe de pagarlo de la manera en que la ley lo prevé: cumpliendo un período definido en la cárcel. Lo extraño de este asunto es que seis de los siete condenados en este caso fueron declarados culpables del delito de peculado, sin distingo del cargo que ocupaban al momento de la comisión del delito ni de su función dentro del esquema delictivo. Más importante aún, no se hizo diferencia entre funcionarios públicos y personas privadas a la hora de endosarles la culpabilidad. Aunque la sentencia no ha sido publicada, de la lectura de la parte dispositiva y las explicaciones dadas por los tres jueces se concluye que el Tribunal encontró prueba incontrovertible de la desviación de fondos públicos para el pago de comisiones a diversos funcionarios públicos. Si la intención del Tribunal a cargo de este juicio hubiera sido verdaderamente enviar a la cárcel a los imputados tras haberlos hallado culpables de al menos algunos de los delitos de los que fueron acusados, debió de hacer la distinción entre aquellos que eran y quienes no eran funcionarios públicos, para así condenarlos por delitos acordes con su respectiva condición.
Peculado, que fue de lo que encontraron culpables a seis de los siete condenados, es el “delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración” (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición). A menos de que nuestros diputados hayan decidido reinventar el idioma español – cosa que no nos sorprendería – el peculado sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, ya que cualquier persona a la que se confíe la administración de fondos del erario público es, de hecho o de derecho, un funcionario público por definición. No veo la manera en que se pueda achacar a Rafael Ángel Calderón Fournier, quien tenía seis o siete años de haber dejado de ser Presidente de la República al momento de la supuesta comisión del delito, o a Walter Reiche, empresario privado toda su vida, que fueran responsables de fondos públicos que les hubieran sido confiados para su administración. Así las cosas, cualquier tribunal de Casación se debería de traer abajo las condenas de Calderón y de Reiche. Y a menos de que Casación ordene la repetición del juicio, ninguno de ellos pasará un día más en la cárcel, a pesar de que uno de ellos es un criminal confeso.
A quien esto escribe le cuesta mucho creer que tres jueces con entre 15 y 30 años de experiencia cada uno no conozcan el significado de peculado ni la diferencia que hace el que un imputado no haya sido funcionario público a la hora de supuestamente cometer el delito. Nos parece que el Tribunal de juicio se ha burlado de la Justicia, no teniendo las agallas para enviar a la cárcel a quienes según sus propias conclusiones – no las nuestras – se han coludido para encarecer una contratación pública y desviar los recursos al pago de comisiones a los funcionarios públicos con poder de decisión en dicha contratación. La sentencia sirvió para sacar a Calderón de la contienda electoral, lo cual habrá sido parte del cálculo del Tribunal, pero no para hacerlo pagar por los delitos que supuestamente cometió. Y eso es pervertir la justicia.
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