Una perversión de la justicia

Si usted cree, amable lector, que Rafael Ángel Calderón Fournier o Walter Reiche Fischel van a pasar un día más en la cárcel, piénselo nuevamente. No entro a valorar si Calderón cometió o no un delito en el caso Caja-Fischel; no tengo conocimientos, criterios ni elementos para hacer algo distinto del juicio mediático que ya le entablaron La Nación y Telenoticias y del cual salió con el veredicto de culpable. Me refiero única y exclusivamente al curioso resultado del sonado juicio – el de verdad – que terminó la semana pasada y donde fueron ambos, y otras cinco personas más, hallados culpables de dos delitos de peculado cada uno.


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El país entero se ha congratulado por el desarrollo sin incidentes del juicio, y por el hecho de que un ex Presidente de la República, varios altos ex funcionarios públicos y un importante empresario hayan sido condenados a pasar períodos de diferente longitud en la cárcel. La Nación, en su Editorial del 7 de octubre afirma que “La justicia y el sistema político de nuestro país han ganado en solvencia, credibilidad, legitimidad y solidez con el histórico y unánime veredicto…”, y que “el mensaje es claro, depurador y esperanzador: un fuerte revés para la impunidad y un acicate para la honestidad y corrección en los asuntos públicos.” El Lic. Juan Diego Castro, ex Ministro de Seguridad, aseguró a Diario Extra que “Es un fallo trascendental, refleja que la justicia costarricense está funcionando…”. También al diario Extra manifestó el Lic. Rodrigo Araya que “Es un fallo histórico, en primer lugar porque se está condenando a un ex Presidente de la República…”, y la Licda. Miriam Bedoya expresa que “es un mensaje a la ciudadanía de que la justicia no hace ninguna distinción entre ricos y pobres, entre famosos y no famosos”. El Fiscal General, Francisco Dall’Anese manifestó a La Nación que “la justicia de Costa Rica no ve condiciones económicas o políticas al momento de juzgar y aplicar la ley”.

En La Suiza Centroamericana pensamos muy diferente. En muchas ocasiones hemos dicho que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que eso sólo se puede hacer en un juicio imparcial y con todas las garantías que la ley ofrece al acusado – como creemos que fue el juicio del caso Caja – Fischel. No se trata, entonces, de que creamos que el juicio haya sido atropellado o que los derechos de los imputados hayan sido violados. Se trata más bien de que el resultado – la sentencia – nos ha dejado perplejos y con muy serias dudas sobre la nuestro sistema judicial, nuestra institucionalidad democrática, y la capacidad de nuestro país para combatir la corrupción.

Si creemos en la sentencia, entonces Calderón ha sido encontrado culpable. Ha cometido un delito y debe de pagarlo de la manera en que la ley lo prevé: cumpliendo un período definido en la cárcel. Lo extraño de este asunto es que seis de los siete condenados en este caso fueron declarados culpables del delito de peculado, sin distingo del cargo que ocupaban al momento de la comisión del delito ni de su función dentro del esquema delictivo. Más importante aún, no se hizo diferencia entre funcionarios públicos y personas privadas a la hora de endosarles la culpabilidad. Aunque la sentencia no ha sido publicada, de la lectura de la parte dispositiva y las explicaciones dadas por los tres jueces se concluye que el Tribunal encontró prueba incontrovertible de la desviación de fondos públicos para el pago de comisiones a diversos funcionarios públicos. Si la intención del Tribunal a cargo de este juicio hubiera sido verdaderamente enviar a la cárcel a los imputados tras haberlos hallado culpables de al menos algunos de los delitos de los que fueron acusados, debió de hacer la distinción entre aquellos que eran y quienes no eran funcionarios públicos, para así condenarlos por delitos acordes con su respectiva condición.

Peculado, que fue de lo que encontraron culpables a seis de los siete condenados, es el “delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración” (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición). A menos de que nuestros diputados hayan decidido reinventar el idioma español – cosa que no nos sorprendería – el peculado sólo puede ser cometido por funcionarios públicos, ya que cualquier persona a la que se confíe la administración de fondos del erario público es, de hecho o de derecho, un funcionario público por definición. No veo la manera en que se pueda achacar a Rafael Ángel Calderón Fournier, quien tenía seis o siete años de haber dejado de ser Presidente de la República al momento de la supuesta comisión del delito, o a Walter Reiche, empresario privado toda su vida, que fueran responsables de fondos públicos que les hubieran sido confiados para su administración. Así las cosas, cualquier tribunal de Casación se debería de traer abajo las condenas de Calderón y de Reiche. Y a menos de que Casación ordene la repetición del juicio, ninguno de ellos pasará un día más en la cárcel, a pesar de que uno de ellos es un criminal confeso.

A quien esto escribe le cuesta mucho creer que tres jueces con entre 15 y 30 años de experiencia cada uno no conozcan el significado de peculado ni la diferencia que hace el que un imputado no haya sido funcionario público a la hora de supuestamente cometer el delito. Nos parece que el Tribunal de juicio se ha burlado de la Justicia, no teniendo las agallas para enviar a la cárcel a quienes según sus propias conclusiones – no las nuestras – se han coludido para encarecer una contratación pública y desviar los recursos al pago de comisiones a los funcionarios públicos con poder de decisión en dicha contratación. La sentencia sirvió para sacar a Calderón de la contienda electoral, lo cual habrá sido parte del cálculo del Tribunal, pero no para hacerlo pagar por los delitos que supuestamente cometió. Y eso es pervertir la justicia.

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