miércoles, 30 de noviembre de 2005

¿Mejor salud o menor inflación?

A punta de no haber hecho prácticamente ninguna inversión en cuatro años, unido a un tímido pero encomiable esfuerzo por mejorar la recaudación en los últimos dos años, la Administración Pacheco ha mejorado significativamente la situación fiscal, en comparación con los desastrosos primeros dos años del cuatrienio. La excusa para detener la inversión pública ha sido reducir el déficit para controlar la inflación. La realidad nos demuestra que, en vez de controlar los precios, la inflación más bien se ha disparado en los últimos dos años. Como resultado de la poca o nula inversión pública, la infraestructura y la educación se han deteriorado de manera tangible, y el cuadro de salud pública se ha estropeado. Recordemos que el número de casos de dengue este año supera en casi 300% los del año pasado.

En el 2001, el déficit del sector público fue del 2.92% del PIB. En el peor de los años de la Administración Rodríguez, el déficit del sector público fue del 3.76%. En los primeros dos años del actual gobierno el déficit fue de 5.39% y 4.50% respectivamente. Para el 2003 el déficit bajó al 3.63%, y para este año se espera una nueva reducción. Sin embargo, la inflación más bien ha crecido. Y a cambio, todo lo demás se ha deteriorado.

La inflación, valga la aclaración, puede tener muchos orígenes, y el déficit fiscal es uno de ellos. Sin embargo, la inflación es un problema primordialmente monetario: cuando la cantidad de dinero crece más rápido que la producción, cada vez hay proporcionalmente más dinero para comprar cantidades proporcionalmente menores de bienes, y los precios tienden a subir. Puesto más simple: si en una economía ficticia existen únicamente 100 colones y 10 chunches, cada chunche alcanzará un precio de 10 colones. Pero si al año siguiente hay 120 colones y la cantidad de chunches crece a 11, ahora el chunche pasará a valer 10.91 colones (120 entre 11). Ergo inflación. Por ello, en una versión económica de “zapatero a tus zapatos”, la recomendación que dan los economistas modernos es que para atacar la inflación se deben de usar instrumentos monetarios, no fiscales. De manera que no sorprende que a pesar de la reducción del déficit, la inflación se haya salido de control.

El problema es que los instrumentos de política monetaria de que usualmente dispone el Banco Central para combatir la inflación, han dejado de servir por causa de una política cambiaria obsoleta y que contradice los objetivos de crecimiento económico y menor inflación. Este tema fue explicado en un artículo anterior, que recomiendo leer a quienes quieran profundizar un poco en él.

Combatir la inflación utilizando como instrumento una política fiscal restrictiva, presenta problemas por partida triple: no es eficaz, provoca estancamiento o contracción de la economía, y resulta en un deterioro de los indicadores sociales y en la competitividad de los productores. El Defensor Adjunto de los Habitantes, don Daniel Soley, lo ha expresado de una forma muy clara. Según un artículo de La Prensa Libre de hoy,
Soley manifestó que la acción del gobierno en reducir o limitar el uso de las asignaciones presupuestarias a los campos prioritarios de desarrollo social, como es el caso de la salud, con el propósito de sanear las finanzas públicas o bajar el ritmo inflacionario constituye un error grave que incide en el progreso mismo de la sociedad, y la realización efectiva de los derechos humanos de los y las habitantes.
El mensaje de este artículo, y la razón por la cual compliqué con tanta explicación económica las muy claras palabras de este señor Soley, es que la supuesta dicotomía entre salud e inflación no existe, como tampoco existe entre infraestructura e inflación ni entre educación e inflación. No es cierto que tenemos que escoger entre tener menor inflación o mejores condiciones de salud, como se deduce de las políticas del actual gobierno. La realidad nos ha demostrado que las erradas políticas gubernamentales más bien han producido mayor inflación a la vez que – gracias a la falta de inversión social – se nos descalabró la salud, la educación, la infraestructura, y quién sabe cuántas cosas más. Si este gobierno hubiera hecho algo para combatir la inflación desde las políticas cambiaria y monetaria, no hubiera sido necesario reducir la inversión social, y hoy tendríamos una inflación más razonable, y una calidad de vida significativamente mejor.

En la propuesta de Presupuesto Nacional para el 2006 que el actual desgobierno envió a la Asamblea Legislativa, iba un recorte de 2.500 millones de colones en el campo de la salud, con respecto a lo que el Ministerio de Salud había solicitado a Hacienda. Y a riesgo de cansar con el cuento, no olvidemos que el 2005 ha sido el peor año en la historia del dengue en nuestro país, y que para el 2006 no sólo es necesario reducir su incidencia, sino que el país debe de prepararse para impedir la entrada de la epidemia de la gripe aviaria. No se sabe a ciencia cierta si en el Presupuesto finalmente aprobado ayer, los diputados reasignaron los 2.500 millones a Salud; según el artículo mencionado de La Prensa Libre la Ministra dice que si, pero el Defensor adjunto cree que no. Tampoco sabemos cómo se compara el monto presupuestado para Salud en el 2006 (con y sin los 2.500 millones de colones) , con el monto efectivamente asignado en el 2005. Lo que si sabemos es que el presupuesto de este año fue a todas luces insuficiente.

En otras ocasiones lo hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo. El daño que el actual gobierno le ha hecho al país va mucho más allá del 8 de mayo del 2006. Nos tomará muchísimos años recuperar la infraestructura, la educación, los índices de salud, y el poder adquisitivo que hemos perdido en estos cuatro años. La miopía de don Abel Pacheco y su equipo es realmente sorprendente: a pesar del clamor popular, insistieron en recortar el gasto público a su nivel vegetativo; a pesar de la evidencia de los resultados en contrario, insistieron en usar la política fiscal para combatir la inflación. Y a pesar de que cada día resulta más evidente que el más inmediato problema del Estado costarricense es uno de gasto superfluo e ineficiente, insisten en crear nuevos impuestos (que también tienen un efecto inflacionario y contraccionario a la vez) en vez de corregir la situación del gasto. Lo más triste es cuánta gente, viendo el fracaso de las actuales políticas, sigue creyendo que la solución es darle más ingresos a nuestro – hoy por hoy – inepto Estado.

martes, 29 de noviembre de 2005

Los candidatos y la infraestructura

Siguiendo con el análisis del reportaje de Actualidad Económica sobre las posiciones de cinco candidatos con respecto a una serie de temas considerados por esa revista como cruciales para la “agenda complementaria” del TLC, les ofrezco hoy el resumen – comentado – de lo que dicen en materia de Infraestructura.

Antonio Álvarez sigue dejando la impresión de que no está preparado para gobernar. Si bien desde una perspectiva filosófico-ideológica parece tener claro el rumbo general que daría a las cosas, cuando tiene que hablar de propuestas específicas, en vez de hacerlas dice que hace falta más diagnóstico. En este caso dice, por ejemplo, que “debemos definir una lista de inversiones urgentes en materia de puertos, carreteras y aeropuertos” y “determinar aquellas en las que el volumen de tráfico permitiría realizar la obra mediante la figura de la concesión”. Uno esperaría que esas cosas ya estuvieran definidas, de manera que no se desperdicien en estudios y diagnósticos los muy valiosos meses de “luna de miel” de que disfruta todo gobierno nuevo. Insisto: después de cuatro años de absoluta inacción gubernamental, el país no puede darse el lujo de elegir a un gobernante que aún no tiene claro lo que llegará a hacer. Es una lástima, porque las ideas generales de don Antonio son buenas (en la opinión de quien escribe este comentario). En otros temas, dice don Antonio que declararía un estado de emergencia en infraestructura para agilizar la ejecución de las obras viales que no se hagan por concesión, y que avala la figura de la concesión para el desarrollo portuario.

Oscar Arias se va en una pura hablada, quejándose del estado en que se encuentra la infraestructura nacional, pero sin proponer soluciones. Al final, dice que en acato a una resolución de la Sala IV, se invertirán $130 millones anuales en las labores de CONAVI, con $100 millones para la infraestructura nacional y $30 millones para la cantonal. Esta es una señal positiva; representa más del doble de lo que se está invirtiendo hoy, pero no es la invención de la rueda: en los años 2000 y 2001 el gobierno invirtió en infraestructura montos aproximados o superiores a los $130 millones. Y ahora sabemos que dicha inversión no resultó suficiente. Por último, don Oscar Arias habla de continuar dando impulso a los ferrocarriles urbanos y de la necesidad de modernizar los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber (Liberia). Lamentablemente no proporciona mayor detalle.

Otto Guevara pareciera haberse contagiado de Antonio Álvarez en este tema, al afirmar que es necesario “determinar por qué no ha sido posible salir adelante” con los procesos de concesión. Una de las labores más importantes de un equipo de campaña es justamente hacer el diagnóstico antes de alcanzar la Presidencia, de manera que las soluciones sean presentadas al público durante la campaña y puedan ponerse en ejecución desde el primer día de gobierno. Por lo demás, don Otto basa su propuesta en reactivar las concesiones, lo cual puede servir para construir nuevas obras y hasta para reparar, ampliar y administrar algunos activos existentes, pero el simple mantenimiento vial no es una labor que se adecue a la figura de la concesión, y es una labor tremendamente necesaria que habrá de cumplir el Estado (y de eso no nos dice nada). En lo positivo, Guevara resalta la necesidad de simplificar los procedimientos licitatorios y de mejorar la forma de hacer contratos y licitaciones, pero todo referido a la figura de la concesión. Menciona, finalmente, cuatro proyectos que – entre otros – serían impulsados en una administración suya: una carretera a 4 carriles entre Peñas Blancas y Barranca, la ampliación y administración del Aeropuerto de Liberia, y la finalización de las carreteras Costanera Sur y Cuidad Colón-Puntarenas.

Otón Solís es partidario de desarrollar los puertos y aeropuertos utilizando la figura de la concesión de obra pública, así como la construcción de un canal seco que una ambos océanos. También habla de “rescatar” el ferrocarril, aunque sin relacionarlo con la concesión de obra. Destaca en su discurso la necesidad de llevar adelante los procesos licitatorios siguiendo estrictas normas de ética y transparencia, y apego a estrictos estándares ambientales. Hasta aquí, nos parece que sus planteamientos son buenos. Con respecto a la red vial nacional y cantonal, don Otón pareciera creer que el problema se soluciona nombrando gente que sepa administrar bien los recursos. Sus palabra textuales son: “Muchos de [los] errores del presente se deben a que se nombra gente que no sabe administrar dinero”. Si eso es lo que cree, demuestra un preocupante desconocimiento de cómo funcionan las cosas en la administración pública. Por supuesto que es indudablemente necesario tener gente capaz al frente de las entidades y programas. Pero tenemos el ejemplo de gente muy exitosa en el sector privado – de quienes no tenemos la menor duda de que saben cómo administrar dinero – que no han podido echar la maquinaria pública a andar. Sólo en el CONAVI podemos mencionar a don André Garnier y a la actual Contralora, doña Rocío Aguilar. El problema no es única ni principalmente de personas. Para empezar, en el tema del mantenimiento vial necesitamos el compromiso de que se va invertir la totalidad de los recursos recaudados con ese fin, y de eso don Otón no dice nada en esta entrevista. Y segundo, es necesario revisar la mecánica de los procesos licitatorios y reducir las instancias de apelación para que ellos lleguen a feliz conclusión. Creer que con solo nombrar al más gato de los administradores se van a resolver los problemas, es desconocer la historia reciente de nuestro país.

Ricardo Toledo no se sale de su papel de candidato de relleno. Nuevamente, cero propuestas, cero pensamiento. Únicamente habla de la necesidad de concluir proyectos que ya se iniciaron (como el de la carretera de Caldera), y de mejorar la infraestructura vial nacional y cantonal. No dice cómo, ni cuáles serán sus prioridades; lo único que si se acuerda de decirnos es que el Estado no tiene los recursos para hacer estas cosas. Por último, y para reconocerle algo positivo, dice que reactivaría el transporte de carga por ferrocarril.

Conclusión:cuando ayer me embarqué a hacer este análisis, pensé que me ayudaría a decantarme por un candidato. La realidad es que, después de haber analizado sus propuestas en dos áreas para mí de la mayor importancia, como lo son educación e infraestructura, la labor más bien se me está poniendo cuesta arriba. Y no porque haya encontrado multitud de respuestas satisfactorias, sino justamente por lo contrario. Antonio Álvarez parece tener buenas ideas pero no estar preparado para gobernar; Oscar Arias ofrece capacidad comprobada para ejecutar, pero exhibe un ideario algo anticuado de cosas que ya se han hecho sin mayor éxito; con Otto Guevara me une la creencia de que el Estado debe de limitarse a cumplir a cabalidad un pequeño número de funciones primordiales y actuar como facilitador para que el resto de servicios los provea el sector privado, pero me separa la observación de que áreas que en mi opinión son responsabilidad ineludible del estado, como lo son la educación y el mantenimiento vial, en la de él parecieran ser actividades que perfectamente se podrían dejar en manos privadas; Otón Solís cree que la luna es de queso y que las leyes de nuestro país son suficientemente buenas para impulsar el desarrollo, y que todo es cuestión de poner gente que sepa administrar dinero; y de Ricardo Toledo no puedo decir más que agradezco su candidatura porque nos da qué reírnos con sus ocurrencias y tonteras. Pero la búsqueda de más información continúa, y confiamos llegar a febrero con un candidato por el cual votar, aunque no estemos convencidos del 100% de sus propuestas (lo cual, hay que decirlo, nunca ha sido la intención ni sería razonable de esperar).

lunes, 28 de noviembre de 2005

Los candidatos y la educación

En el número actual de la revista Actualidad Económica, vigente hasta el 30 de noviembre, me he encontrado un interesante reportaje sobre lo que piensan cinco candidatos sobre cinco temas que la revista considera cruciales para la agenda complementaria que permitiría al país sacar el mayor provecho del Tratado de Libre Comercio. Los candidatos son Antonio Álvarez, Oscar Arias, Otto Guevara, Otón Solís, y Ricardo Toledo. Las áreas temáticas sobre las que fueron interrogados son Educación, Infraestructura, Sector Agrícola, Apoyo a las PyMEs y Simplificación de Trámites, y Apertura de Servicios Públicos. Por consideraciones de longitud, en este artículo les presento un resumen de lo principal en materia de Educación, todo a juicio de quien escribe estas líneas y salpicado, por supuesto, con mis propias opiniones e interpretaciones.

Antonio Álvarez empieza con algunas afirmaciones generales pero esperanzadoras. Dice que hay que mejorar los índices de educación y aclara que no se refiere sólo a los cuantitativos (años de escolaridad), sino también a los de calidad y pertinencia de la educación. Además afirma que la educación es la herramienta por excelencia que permitirá cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza, con lo que La Suiza Centroamericana coincide plenamente. También dice que la competitividad del país se debe basar en el conocimiento y no en la mano de obra barata. Touché! Lamentablemente, al pasar a las propuestas, dice que es necesario “encontrar las razones por las cuales los múltiples esfuerzos que se han realizado para mejorar el sistema educativo no han tenido impacto”. Esto suena a dedicar el gobierno a hacer diagnósticos; uno hubiera esperado que a estas alturas el diagnóstico estuviera hecho y existieran las propuestas concretas para resolver los problemas detectados. Creo que el país no tiene tiempo para seguir haciendo diagnósticos; cuando una persona aspira a la Presidencia lo ideal sería que esa decisión fuera resultado de su análisis previo de la realidad nacional (incluyendo los diagnósticos necesarios), y de la convicción de que sus propuestas son viables y resolverían los principales problemas detectados.

Oscar Arias demuestra, en este tema más que en cualquier otro, ser el político de “lo mismo de siempre”. Más allá de su propuesta de destinar el 8% del PIB a la educación (hoy en día la Constitución exige el 6%, pero los entendidos no creen que se esté cumpliendo), propone “aumentar las tasas de matrícula en la educación secundaria, crear un sistema de subsidios a las familias más necesitadas, mejorar el nivel de enseñanza de la matemática, de la informática y del idioma inglés en nuestras escuelas, fortalecer el desarrollo de destrezas vocacionales y otras competencias para el trabajo y hacer posible el acceso de todos nuestros centros educativos a la Internet y a bibliotecas bien suplidas”. El problema, como lo dijo Álvarez Desanti, es que ya existen programas para lograr todo eso y, evidentemente, no están funcionando. Más dinero, siempre bienvenido en un tema fundamental como la educación, difícilmente logrará cambiar algo si el problema es que los programas están mal diseñados. Como ya lo hemos dicho a propósito de el Plan Fiscal, primero es necesario revisar el gasto y mejorarlo, antes de echar más plata al inodoro.

Otto Guevara habla de “mejorar la calidad del gasto público en educación”, lo cual nos suena muy bien, pero también parece estar casado con la idea de no destinar ni un cinco más a la educación, cosa que concluida a priori nos parece un error. Estamos de acuerdo en primero optimizar el gasto, pero no en cerrarnos a la posibilidad de que después resulte necesario invertir más recursos públicos en educación. A favor del Movimiento Libertario, diré que es el único que hace una propuesta innovadora de reforma educativa, aunque no por ello original (ni aceptable). Básicamente imita una idea que han propuesto los Republicanos en Estados Unidos desde hace poco más de una década, que es la de entregar a cada estudiante un “voucher” o cupón equivalente a una cantidad predefinida de dinero. La escuela en que se matricule el estudiante recibirá del Estado el monto estipulado en el cupón, de manera que su presupuesto dependerá de la cantidad de alumnos que logre matricular. Si es una escuela privada, el alumno pagaría la diferencia entre el “voucher” y la matrícula establecida. La propuesta incluye además – como elemento necesario para su éxito – una mayor descentralización, dando a las Juntas Escolares mucha mayor autonomía para definir su oferta educativa. De esta manera, se estaría fomentando una especie de régimen de competencia entre las escuelas, y el sistema sería mucho más flexible que hoy para adaptar el currículum a las necesidades de poblaciones o regiones específicas. Un objetivo – no estipulado abiertamente – de un programa de “vouchers” como este, es dar la posibilidad de una educación privada a estudiantes de clase media que hoy no pueden darse ese lujo. Un problema importante es que este sistema, hasta donde tengo conocimiento, no ha sido probado en gran escala en ninguna parte, y si bien don Otto Guevara habla de hacer una prueba piloto en escuelas unidocentes, típicamente este tipo de escuelas existe donde no hay otras alternativas de educación, de manera que el componente “competitivo” de la propuesta no sería puesto a prueba. Otro problema es que, hasta la fecha, casi todos los esfuerzos de descentralización que ha llevado a cabo el Estado costarricense se han topado con la triste realidad de la falta de preparación de las personas encargadas de los órganos descentralizados (las Juntas de Educación en este caso). No está demás decir que dejar la educación pública en manos de gente sin preparación, no es aconsejable. Por último, si las escuelas públicas quedan en manos de gente sin la preparación adecuada y los estudiantes tienen ahora mayores posibilidades económicas (gracias al “voucher”) de optar por una educación privada, esta podría ser una receta para la desaparición de la educación pública, lujo que el país no puede ni debe darse.

Otón Solís centra su propuesta en dos áreas: la universalización de la enseñanza del idioma inglés, e incrementar la inversión en ciencia y tecnología. A mi gusto, se olvidó del bosque para concentrarse en un par de árboles, y ni siquiera se trata de los árboles dominantes del ecosistema. En La Suiza Centroamericana creemos en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés y en la necesidad de universalizarla. Para lograr ambas cosas Otón Solís hace propuestas específicas que aplaudimos, tales como un programa de capacitación a los docentes durante los primeros dos años de gobierno, y la introducción del segundo idioma desde la educación preescolar. Propone incluso una meta a 20 años plazo, que tendríamos que analizar con mucho detenimiento y mayores elementos antes de opinar sobre ella: que la mitad de las asignaturas se lleguen a dar en idioma inglés a todos los escolares del país. Sobre la inversión en ciencia y tecnología no profundiza; simplemente se limita a afirmar que es necesario incrementarla del 0.4% del PIB (actual) al 1.5% del PIB durante un eventual gobierno del PAC, y al 3% del PIB en un plazo de 15 años. De dónde saldrán los recursos o cómo y para qué se van a utilizar, son temas que no toca don Otón en esta ocasión. Pero, a fin de cuentas, creemos que la educación en Costa Rica presenta problemas desde su concepción, desde la definición de sus objetivos, además de los consabidos problemas de poca cobertura y alta deserción que es imperativo resolver. Lamentablemente las propuestas esbozadas por Solís son muy puntuales y se olvidan del panorama global de la educación.

Ricardo Toledo es otro que se olvidó de ver el panorama completo de la educación, y únicamente hace postulados generales sobre la importancia de la educación técnica y la necesidad de producir un “mayor número de mano de obra calificada que nos permita atraer mayores inversiones”. Pareciera que, como lo dijimos en una ocasión anterior, la propuesta de Toledo es educar a la gente para ser operarios de fábrica. Y no es que no creamos en la necesidad de una buena educación técnica para quienes no tienen otro horizonte; es que el problema de la educación en Costa Rica reside en que no está diseñada para fomentar la “empresarialidad” (“entrepreneurship”, en inglés) ni la curiosidad académica. Por lo demás, lo que nos dice (o nos deja de decir) don Ricardo es reflejo de lo que es la costumbre de su campaña: ninguna propuesta específica; ni siquiera una serie de postulados generales que al menos le indiquen al votante por dónde anda la procesión.

Como lo dije la vez pasada que hice un análisis de esta naturaleza, me parece muy valioso el ejercicio que nos presenta en esta ocasión Actualidad Económica. Para quienes aún buscamos un candidato que nos haga sentirnos cómodos si votamos por él, este tipo de reportaje es lo que necesitamos para tomar una decisión informada, máxime que hasta ahora sólo un partido (PAC) ha publicado su Plan de Gobierno y otro (PLN) ha anunciado su pronta publicación. Les prometo en el futuro cercano analizar las posiciones de los candidatos en los demás temas incluidos en el reportaje que dio origen a este comentario.

jueves, 24 de noviembre de 2005

El escorial

Para las elecciones del próximo año, hay 14 partidos políticos disputándose la Presidencia de la República. Ante tal proliferación de candidatos, es imposible conocerlos a todos o tan siquiera saber sus nombres, mucho menos lo que piensan. En algunos artículos anteriores hemos comentado diversos temas de política electoral limitándonos a tal vez seis de los candidatos, “los que más suenan”, y ni siquiera nos hemos molestado en mencionar a los demás. Y si no fuera porque con su estupidez nos dan de qué hablar, no los mencionaríamos hoy tampoco, siendo que la más reciente encuesta refleja una intención de voto de apenas el 5% para la categoría Otros, que consiste de una lista de 9 candidatos. Hoy vamos a enfilar nuestras críticas hacia tres de esos candidatos de relleno.

En primer lugar, nos referiremos a dos candidatos de partidos “cristianos”, si es que ese término se puede usar sin caer en imprecisiones. Don Juan José Vargas, actual diputado y candidato por el Partido Patria Primero, se lleva esta semana el título de candidato más abominable. En un debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), este predicador de plaza de pueblo metido a diputado y a candidato presidencial se rajó a decir que se había lanzado a la candidatura por
“un deber patriótico porque me metí como una última opción pacífica para cambiar el país. Si no gano, voy a cambiar la Biblia por una AK 47”.
Yo creía que en Costa Rica uno de los pocos requisitos para aspirar a la Presidencia era respetar el ordenamiento jurídico del país; que en este país los partidos que proponen el uso de la fuerza como medio para alcanzar el poder no tenían cabida dentro de los torneos electorales democráticos. De hecho, me enteré donde JD Clarke que el artículo 58 del Código Electoral establece que todo partido debe de hacer “formal promesa de respetar el orden constitucional, de acuerdo con su sistema de democracia representativa”. A mi me resulta evidente que estas declaraciones del Sr. Vargas son suficientes para que el Tribunal Supremo de Elecciones anule su candidatura.

Mi Biblia por una AK 47”. Al mejor estilo de Ricardo III. Pero, le aclaro a mis lectores, al verse perdido en el campo de batalla, Ricardo III lo que quería era canjear su reino por un caballo con el cual salir huyendo. Aquí pareciera que hay una inversión de papeles; si don Juan José hubiera vivido en esa época, le hubiera servido a Ricardo III para huir. Este zarandajo de candidato nos haría un gran favor si, leyendo las encuestas, huyera al verse perdido, en vez de andar lanzando amenazas sin sentido. Sólo eso nos falta aquí: un fundamentalista con ganas de imponernos por la fuerza su interpretación de los designios divinos para Costa Rica.

Seguimos con don Bolívar Serrano, candidato presidencial del Partido Renovación Costarricense, otro partido “cristiano”, que por cierto fue el que nos hizo el favor de llevar a aquel otro escalador de monumentos de cuyo nombre no quiero acordarme a la Asamblea Legislativa. Resulta que don Bolívar, otro predicador de plaza de pueblo, habló la semana pasada con Dios, y el Altísimo le confirmó que él ganaría las elecciones presidenciales. Creo que estas declaraciones de don Bolívar no requieren de mayor comentario, máxime viniendo de un candidato que muy probablemente no saque ni el 1% de los votos. El Partido Renovación Costarricense obtuvo el 1.07% de los votos en las elecciones del 2002, y con tan desteñida labor parlamentaria es difícil prever que repitan semejante hazaña.

Lo que yo me pregunto, muy a propósito de estas declaraciones de Juan José Vargas y de Bolívar Serrano, es qué habrá pasado con aquello que me enseñaron en las clases de Cívica en el cole, de que los religiosos no pueden aspirar a puestos políticos ni de elección popular. Porque hasta donde logré entender, la prohibición se refería cualquier líder religioso; quisiera creer que el impedimento no era exclusivo para las sotanas de la Iglesia Católica. Ya en otra ocasión escribimos sobre la conveniencia de la separación entre estado e iglesia; valga entonces agregar que creemos necesaria la separación entre estado y cualquier iglesia, entendiendo por iglesia la “oficialía” de cualquier religión. ¿Si un cura católico no puede aspirar a la Presidencia de la República, por qué un predicador cristiano si? ¿Por qué un partido que usa como insignia un símbolo religioso puede participar en la vida política nacional? Ya va siendo hora de que nos demos cuenta del peligro que representa tanta permisividad. Tal vez deberíamos de estar agradecidos con los candidatos Vargas y Serrano por exponerlo de una manera tan clara.

Concluimos el artículo con don Humberto Arce, actual diputado del Bloque Patriótico y candidato presidencial del Partido Unión Patriótica. El día de ayer nos alborotó con su anuncio de que haría espectaculares revelaciones de los negocios turbios de Oscar Arias. Quien escribe estas líneas, que ya en otras ocasiones se ha declarado no-Arista, pero anda buscando una buena razón para no votar por él que no sea “porque me cae mal”, esperó las “revelaciones” con ansiedad. ¿Qué hubo al final de cuentas? Una vulgar cortina de humo, nada más. La gran denuncia fue que tres empresas constructoras contratadas por una empresa propiedad de los hermanos Rodrigo y Oscar Arias Sánchez para construir una urbanización en Heredia en la década pasada, están morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Si bien en La Suiza Centroamericana no condonamos la morosidad ni la evasión, tenemos muy claro que no se puede culpar a ninguna persona ni empresa por las malas acciones de sus proveedores o subcontratistas que están bajo administración independiente. Si esto que acabo de decir salió muy enredado, entonces pregúntese usted, estimado lector, si tiene seguridad de que el pulpero donde acostumbra comprar su melcochón para el desayuno del domingo paga sus cuotas obrero-patronales. ¿El dueño del restaurante donde cenó el sábado pasado? ¿El empresario autobusero de la ruta que usted usa? Y si resultara que alguno de ellos evade sus pagos o está moroso, ¿se creería usted culpable de ello? ¿Ha construido usted casa? ¿Está seguro de que la empresa constructora paga puntualmente la totalidad de sus cuotas a la CCSS?

Don Humberto, a los políticos como usted – arribistas, oportunistas, y egomaníacos – ya los conocemos. El pueblo les dice políticos tradicionales. No importa que el suyo sea un partido nuevo. Gracias a Dios, usted es uno de los nueve de la categoría de Otros que entre todos no van a sacar más del 5% del voto.

miércoles, 23 de noviembre de 2005

Un obstáculo al desarrollo

Una Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas conformada por representantes de los sectores público y privado, que se ha estado reuniendo a lo largo de ocho meses bajo la coordinación de un experto internacional en la materia, ha encontrado serias deficiencias en la Contraloría General de la República. Sus conclusiones son lapidarias:
“La Contraloría no es lo suficientemente abierta y transparente; existe una debilidad institucional en lo que respecta a planificación; se percibe que el ente fiscalizador del Estado abusa de su poder al imponer criterios en determinadas resoluciones, al tiempo que se ha convertido en juez y parte, pues no actúa de forma proactiva y más bien propicia la lentitud en los trámites y que el proceso de refrendo se considera complejo y engorroso sobre todo en lo concerniente a los trámites y plazos”.
En varias ocasiones nos hemos referido en La Suiza Centroamericana a este tema. Hemos dicho muchas veces que las leyes y procedimientos de la contratación administrativa tienen que ser profundamente reformados, ya que lo que tenemos hoy no permite al Estado llevar a cabo ninguna contratación importante. Ejemplos abundan: la construcción de la carretera San José – Caldera fue adjudicada hace unos cinco años, sin que a la fecha haya podido arrancar; las concesiones para la operación y ampliación de varias terminales de Puerto Caldera también fueron adjudicadas desde el gobierno anterior y aún no ven la luz del día; el proyecto de “internet avanzada” sufrió atrasos durante cuatro años, de manera que cuando el ICE finalmente lo pudo lanzar, de avanzada lo único que le quedaba es el nombre. Cuando se logra concretar la contratación, después de años de intentarlo, resulta imposible ejecutar las obras por las múltiples trabas existentes, muchas de las cuales son puestas en el camino por una Contraloría que no termina de entender cuál es su verdadero y legítimo papel. Como ejemplo de esto último basta decir una palabra: Alterra.

Hace poco más de seis meses, cuando La Suiza Centroamericana estaba en pañales y la mayoría de mis lectores actuales no me habían descubierto, escribí una crítica a la Contraloría, que verdaderamente les recomiendo leer. Entre otras cosas, concluí lo siguiente:
“Mientras la Contraloría General de la República no entienda que su función, al menos en el campo de la infraestructura, es facilitar los procedimientos de contratación asegurando su transparencia y la calidad de los resultados, este país no va a salir del atolladero”.
Pero las críticas de la Comisión son mucho más severas. Encontró que en la Contraloría se dan criterios duales, y no están estandarizados los criterios de elaboración de carteles, de evaluación de ofertas y de adjudicación. En otras palabras, lo que es aceptable en un cartel o en una adjudicación, es rechazado en el siguiente, con lo cual la administración pública no sabe a qué atenerse. Y no perdamos de vista la aseveración de que la Contraloría “más bien propicia la lentitud en los trámites”. Un verdadero obstáculo al desarrollo.

Los artículos periodísticos (La Prensa Libre, La Nación, Diario Extra) cubriendo el informe de esta Comisión de Transparencia son bastante escuetos, por lo que no nos queda más que suponer que han hecho recomendaciones puntuales y específicas para introducir cambios en la Contraloría y en la legislación. Confiamos además que la actual Contralora tendrá la suficiente gallardía para impulsar los cambios que resulten necesarios.

Pero no todo es culpa de la Contraloría. Otro tema al que nos hemos referido en infinidad de ocasiones en La Suiza Centroamericana es a la posibilidad que tienen los participantes en las licitaciones públicas de presentar apelaciones casi sin limitaciones, prácticamente impidiendo la ejecución de los contratos.

Abundan en el país los abogados que viven de embarcar a sus clientes a apelar licitaciones. Y las posibilidades que la ley les otorga son casi infinitas. En primer lugar, las empresas participantes pueden objetar el cartel de licitación, cosa que pueden hacer primero ante la administración que lo produjo, y luego ante la Contraloría General de la República. Si estas apelaciones son rechazadas, el interesado puede acudir a la Sala Cuarta si considera que sus derechos constitucionales han sido violados con la publicación del cartel de licitación. Asumiendo que eventualmente el cartel queda en firme, se procede a la recepción y evaluación de ofertas. En el caso de una institución autónoma, su Junta Directiva hace la adjudicación (en teoría, siguiendo la recomendación de los técnicos de la institución). Las empresas participantes pueden apelar el acto de adjudicación ante la misma Junta Directiva. Si la apelación es rechazada, las empresas pueden acudir entonces a la Contraloría, cuya primera decisión también puede ser apelada directamente ante la oficina del Contralor. Cuando el Contralor General emite su resolución final, se agota lo que los abogados llaman la vía administrativa (es decir, se acaban las instancias de apelación ante la administración pública). Pueden entonces acudir los interesados a los tribunales de justicia, planteando un juicio contencioso-administrativo. La resolución de este tribunal puede ser apelada ante una corte superior. Y si todavía queda alguien insatisfecho, puede acudir a la Sala Constitucional una vez más. Además, cuando las apelaciones son verdaderamente mal intencionadas, se enreda el procedimiento con denuncias penales en contra de los funcionarios públicos responsables de la adjudicación y en contra de las empresas competidoras, con lo cual muchas veces no se puede continuar el trámite de adjudicación hasta tanto no se resuelvan estas acciones paralelas.

De manera que simultáneamente con los cambios que se deberán hacer en la Contraloría, se debería de poner un límite a las instancias de apelación. De no ser así, las mejoras en la CGR caerán en el vacío.

lunes, 21 de noviembre de 2005

Nuevos impuestos, más burocracia

Mientras que algunos creen que subir los impuestos nos hará ricos, otros creen que la manera de combatir la burocratización del sector público es creando nuevas burocracias. Por extensión, podríamos concluir que exponernos al mosquito del dengue disminuiría la probabilidad de contagiarnos.

Un reportaje de La Nación del día de hoy nos informa que en este momento existen en la Asamblea Legislativa tres proyectos para crear nuevas entidades públicas cuyas funciones vendrían a duplicar las de instituciones existentes. Se trata de proyectos regionalistas, probablemente bien intencionados en su afán de resolver problemas que tienen regiones del país alejadas del Valle Central, pero tan mal diseñados que resulta peor la medicina que la enfermedad.

El diputado Julián Watson (PLN, Limón) propone la creación de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA), la cual se financiaría mediante un nuevo impuesto de $0.50 por tonelada de mercadería movida a través de los puertos del Caribe. Considerando que entre importaciones y exportaciones el año pasado se manejaron 8 millones de toneladas en el complejo Moín/Limón, este proyecto generaría unos $4 millones de dólares; casi dos mil millones de colones al tipo de cambio actual.

ECIMACSA crearía un Centro Científico Marino, un parque industrial, un proyecto para drenar los ríos y reducir el impacto de las inundaciones, y apoyaría la construcción de infraestructura (puentes, puertos, aeropuertos). En el proyecto original se incluía un mercado de artesanías, un paseo turístico del mar, y una iniciativa turística en Isla Uvita, que no sabemos si sobreviven en la versión actual. Además del absurdo de encargar tareas tan disímiles a una sola institución, no olvidemos que en la provincia de Limón ya existe una institución encargada de promover proyectos para el desarrollo regional. Se trata de JAPDEVA, cuyas siglas quieren decir Junta de Administración Portuaria y de DESARROLLO de la Vertiente Atlántica.

En un artículo que escribí hace seis meses, había hecho un análisis de cómo podría impactar este proyecto de ley a los exportadores, pequeños, medianos y grandes. No lo voy a repetir aquí por consideraciones de espacio. Me quiero concentrar en las justificaciones que da el Diputado Watson para la creación de este nuevo elefante blanco. Cuando el periodista de La Nación le preguntó que para qué una nueva entidad si vendría a duplicar las funciones de JAPDEVA, le contestó que la nueva burocracia es necesaria porque “el Estado está muy burocratizado”, y que “JAPDEVA […] está colapsada, más del 80% de los recursos se destinan a la administración”.

Encuentro tremendamente interesante que la solución propuesta a un estado burocratizado sea crear más burocracia. Además, si JAPDEVA está colapsada, ¿por qué no la arreglamos o la cerramos? ¿Por qué crear una nueva institución con objetivos muy similares (al menos en parte)? Dice don Julián que es que “la nueva institución tiene objetivos definidos”. Pero resulta que si uno se lee la ley de creación de JAPDEVA, también la Junta tiene objetivos definidos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con esta nueva entidad? El asunto radica en que ECIMACSA es una sociedad anónima; que si bien el Estado es propietario del 100% de sus acciones, al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Puede ser que eso le de mayor agilidad, pero ¿quién garantiza que los recursos se utilicen como debe de ser si esa empresa prácticamente queda por la libre? Es que 2.000 millones de colones anuales es mucha plata como para que quede sin control.

Otro de los proyectos es para la creación de la Empresa de Servicios de Pérez Zeledón, entidad municipal que según su proponente (Paulino Rodríguez, PLN, Pérez Zeledón) se encargará de brindar servicios de alcantarillado, alumbrado público, electricidad y hasta telefonía. Lo interesante de esta propuesta es que la Municipalidad, a través de la empresa de servicios públicos, tendría que negociar con el ICE y con AyA para administrar su infraestructura en la región. Con lo debilitado que está el régimen municipal en nuestro país, ¿a quién se le puede imaginar que la Municipalidad de Pérez Zeledón tendrá los recursos para contratar los ingenieros hidráulicos y eléctricos y mecánicos y demás expertos que requiere la administración y mantenimiento de las redes de acueductos, alcantarillado, eléctrica y telefónica? Por supuesto, se crearían nuevos impuestos para hacerlo, y la lista es impresionante:

1) El 10% de lo que se recaude del impuesto a las habitaciones que el ICT cobra a los hoteles del cantón se trasladaría a la Municipalidad. Este no es un impuesto nuevo, es un destino nuevo para un impuesto existente y cuyo acto generador, el turismo, nada tiene que ver con el objeto de esta ley.

2) se cobraría un impuesto del “50% del valor bruto de la producción de las explotaciones de recursos naturales y no renovables de Pérez Zeledón”. Ojo, si usted va a sacar materiales de un tajo en el cantón de P.Z., deberá entregar a la Municipalidad el 50% del precio de venta de los materiales. Del otro 50%, podrá usted pagar salarios, dar mantenimiento a su maquinaria, hacer todos los demás gastos relacionados con el manejo de su empresa, y sacar una ganancia. No hay que ser vidente para entender que el costo de la construcción se va a disparar en San Isidro.

3) La mitad de los ingresos de los parques nacionales y áreas protegidas ubicadas en el cantón irán a financiar a la Empresa de Servicios Públicos. Eso es tener visión: dejar sin la mitad de sus ya de por sí magros ingresos a los parques nacionales, donde se preserva lo poco que queda de recursos naturales y biodiversidad más o menos intactos. Es un hecho que los parques nacionales son la principal razón por la cual el turista extranjero visita Costa Rica, también es conocida la falta de recursos que acusa el Sistema Nacional de Áreas de Conservación; quitémosle la mitad de sus ingresos, y tal vez los turistas dejen de visitar la zona de P.Z. cuando los servicios en los parques se empiecen a deteriorar, y entonces la empresa de Servicios Públicos se quedará sin estos ingresos y sin los provenientes del impuesto a las habitaciones hoteleras. Y de paso, un montón de gente que vive del turismo en la región perderán sus empleos, sus empresas, sus ingresos.

Por último, el diputado Sigifredo Aiza (PLN, Guanacaste) propone la creación de una Corporación de Desarrollo Sostenible de Guanacaste, con objetivos tan disímiles como comercializar los productos guanacastecos en el exterior y el desarrollo de infraestructura portuaria y ferrocarrilera. ¿Cómo se financiaría? Con $5 del impuesto de salida pagado por los pasajeros que usan el aeropuerto de Liberia, el 15% del impuesto sobre la renta de las empresas de la provincia, y con impuestos a la venta de electricidad y al consumo privado de agua en Guanacaste.

Hay que reconocer que estos disparates surgen de una muy triste realidad: el Estado Costarricense no atiende de manera efectiva ni oportuna las necesidades de la ciudadanía. Pero duplicar la burocracia nunca será la solución para la excesiva burocracia estatal. Y, por si no se habían dado cuenta, crear más y más impuestos con destino específico como los que son necesarios para financiar estos proyectos, es un sinsentido. Los Ministros de Hacienda nunca cumplen con los destinos establecidos en la ley, y lo que termina sucediendo es que nos quedamos con la vieja burocracia, con la nueva burocracia, y con las obras sin hacerse. Difícilmente una buena receta para el desarrollo.

viernes, 18 de noviembre de 2005

Open letter to all Costa Ricans and Nicaraguans

Dear brethren:

During these ominous days for the relations between our peoples, I would like to issue a call to prudence on both sides of our common border. A stupid border dispute promoted by two of the worst Administrations our peoples have seen in a long time, has grown out of proportion to the point where expressions of mutual resentment have been issued by – undesirable, I suspect – members of our respective societies.

First of all, please accept, my Nicaraguan (nica) brothers, the apologies of a Costa Rican citizen (tico) who feels nauseated by the inhuman lack of action of a handful of Costa Rican policemen the day of the death of José Natividad Canda. I can assure you that beyond the racist expressions of a few individuals who do not represent the Costa Rican society, the majority in this country feels that what happened that day was unacceptable and that those responsible will have to be punished in the manner provided by the law. A human being was subjected to torture for two hours, under the joyful watch of a few crass individuals and a few policemen who do not deserve to wear their uniform, and that is unforgivable. “The lad shouldn’t have been there,” they say. “The man had a criminal record”. Yes, it is true, but it is also irrelevant. The death penalty does not exist in our country, and much less the (legal) possibility to take justice in our own hands. Natividad Canda was a human being who traveled the wrong path, but because of that not less deserving of our compassion. It doesn’t matter whether he was Nicaraguan, black, Chinese, Jewish or gringo; whether he was a thief of an elementary-school teacher.

Please understand that in Costa Rica we have a legal system that works fairly well. It is sometimes slower than we would like, but in the end justice prevails. Those heartless individuals who, having had the opportunity to act to save Mr. Canda’s life didn’t do it, will have to face justice and pay for their actions and/or their omissions. Their faces were caught on video.

I beg our northern neighbors not to take this heinous incident out of context. The death of Natividad Canda was not the product of any persecution of ticos against nicas, after all the man got himself into the situation by trespassing into private property. Sadly, the Costa Rican authorities have been losing the grip on security in our country, and violent crime has become a staple in our daily lives. I invite you to check any of our local newspapers on any random day to verify this. It is not a matter of ticos against nicas, it is a matter of criminals against citizens of good will. Crime does not discriminate: both perpetrators and victims are ticos and nicas, all at once.

Regarding the San Juan river, please be assured that we ticos do not wish to make it our possession. Please understand that we have a wretch of a government that isn’t capable of handling a simple worker’s strike, much less could we expect it to know how to handle the relations with our neighbors. That you have a wretch of a government that isn’t capable of dealing with its (former) supporters; much less could we expect it to know how to deal with your neighbors. That ticos and nicas are still neighbors, friends, brothers, in spite of the imaginary conflicts that result out of the incompetence of our governments. Don’t be swayed by the opportunistic rhetoric of your political leaders of the day; you know full well that Costa Rica doesn’t have an army and it poses no real threat to Nicaragua.

It is true that Costa Rica claims navigation rights in the San Juan. Of course; but that doesn’t hide any secret pretension of ownership of the river. It is necessary that we achieve mutual recognition of the fact that our border strip is mostly covered by jungle, and that the river represents the only means of communication and is the lifeline for the residents of the area. Whether Costa Rica’s police have the right to navigate the river armed, let the International Court of Justice in The Hague decide it. For it is a matter of international law, not of the daily relationship between two peoples. But please understand that, when Costa Rica decides to resort to the International Court, it does so seeking a peaceful solution to a conflict that over the course of more than seven years, four different Administrations, two each from Nicaragua and Costa Rica, haven’t been able to resolve. We ticos know that the resolutions of that tribunal are binding; the possibility exists that the resolution will be contrary to the interests of our government. But that is better than keeping the conflict alive for ever and ever.

In the past few weeks I have addressed a couple of open letters to the political “leaders” of Nicaragua. Both were written in sarcastic style, ridiculing their turpitude just as I ridicule the turpitude of our own President (and his Cabinet) on an almost daily basis from these pages. I ask of you, my Costa Rican and Nicaraguan brothers, that we learn to differentiate what is a rift between politicians from what should be the normal relations between two sibling peoples. Abel Pacheco and Enrique Bolaños will soon be out of the political scene (and I can’t thank God enough for that); we, the common citizens, will be around for quite awhile longer.

That we have and will have differences, I have no doubt about it. Let’s learn to respect and value those things that make us unique, and let us place more importance on those that we have in common. Lets live in peace, in an environment of mutual respect and good neighborly relations. Lets make sure that our children don’t even get to know about resentment and hatred between our peoples, for we are brothers.

Sincerely,

Dean CóRnito

Carta abierta a ticos y nicas

Queridos hermanos:

En estos días aciagos para las relaciones entre nuestros pueblos, quisiera hacer un llamado a la cordura a ambos lados de nuestra frontera común. Un estúpido diferendo fronterizo fomentado por dos gobiernos de lo peor que han visto nuestros pueblos en muchos años, se ha magnificado hasta generar expresiones inaceptables de resentimiento mutuo, provenientes de algunos elementos – sospecho indeseables – de nuestras respectivas sociedades.

En primer lugar, acepten mis hermanos nicaragüenses las disculpas de un tico que se siente asqueado por la inhumana impavidez exhibida por algunos policías ticos el día de la muerte de José Natividad Canda. Yo les aseguro que, más allá de algunas expresiones racistas de algunos individuos que no representan a la sociedad costarricense, el sentir de las mayorías en este país es que lo sucedido ese día es inaceptable y que los culpables (los humanos, no los perros) deberán ser castigados de la manera que para ello prevé nuestro sistema judicial. Un ser humano fue torturado durante dos horas, a vista y paciencia de una barra de pachucos y de algunos policías que no merecen vestir su uniforme, y eso no tiene perdón de Dios. ¿Que el muchacho estaba donde no debía? ¿Que tenía antecedentes penales? Si, es cierto, pero es irrelevante. En nuestro país no existe la condena de muerte, y menos aún la posibilidad (legal) de tomar la justicia por nuestras manos. Natividad Canda era un ser humano que transitaba el camino equivocado, pero no por ello menos merecedor de nuestra compasión. No importa si era nica, negro, chino, judío o gringo, si era ladrón o maestro de escuela.

Entendamos, eso sí, que en Costa Rica tenemos un sistema judicial que funciona más o menos bien. A veces es más lento de lo que quisiéramos, pero eventualmente la justicia llega. Los inescrupulosos que pudiendo actuar para salvar la vida de Natividad no lo hicieron, tendrán que enfrentar a la justicia y pagar por sus actos u omisiones. En video quedaron grabadas sus caras.

Les ruego a nuestros vecinos del norte que no saquen este odioso incidente de contexto. La muerte de Natividad Canda no fue producto de una persecución de ticos contra nicas; al final de cuentas el hombre se metió solito donde no debía. Lamentablemente, las autoridades costarricenses han ido perdiendo el control de la seguridad de nuestro país, y los crímenes violentos se han vuelto pan de cada día. Los invito a revisar la sección de Sucesos de cualquier periódico tico cualquier día, para que lo puedan comprobar ustedes mismos. No es una cuestión de ticos contra nicas, es una cuestión de delincuentes en contra de los ciudadanos de bien. Y la delincuencia no distingue nacionalidades: tanto perpetradores como víctimas son ticos y son nicas a la vez.

En cuanto al Río San Juan, tengan la seguridad de que los ticos no queremos adueñarnos de él. Que tenemos un pésimo gobierno que no sabe manejar una simple huelga de funcionarios públicos; mucho menos entonces sabrá manejar las relaciones con nuestros vecinos. Que ustedes también tienen un gobierno pésimo que no sabe manejar ni a sus propios (ex)partidarios; mucho menos podemos esperar que sepan manejar sus relaciones con sus vecinos. Que los pueblos tico y nica seguimos siendo vecinos, amigos, hermanos, muy a pesar de los conflictos imaginarios que resultan de la impericia de nuestros gobernantes. No se dejen llevar entonces por la retórica oportunista de sus gobernantes de turno; ustedes saben que Costa Rica no tiene ejército ni representa amenaza real ninguna para Nicaragua.

Es cierto que Costa Rica reclama derechos de navegación en el San Juan. Por supuesto, pero ello no esconde ninguna pretensión de propiedad sobre el río. Es necesario el reconocimiento mutuo de que tenemos una franja fronteriza por lo general selvática, donde el río representa la única vía de comunicación y la línea de subsistencia para los residentes de la zona. Si los policías ticos tienen derecho a navegar armados o no en el río, dejemos que sea la Corte Internacional de la Haya quien lo decida. Esa es materia de derecho internacional, no de relaciones entre pueblos. Pero por favor entiendan que cuando Costa Rica decide acudir a la Corte Internacional, lo hace para encontrar una solución pacífica a un diferendo que durante más de cinco años, dos gobiernos diferentes de Nicaragua y dos gobiernos diferentes de Costa Rica no han podido solucionar. Los ticos sabemos que las decisiones de ese Tribunal son vinculantes; que existe la posibilidad de que el fallo no sea favorable al planteamiento de nuestro gobierno, pero que es mejor eso que mantener el conflicto vivo per secula seculorum.

En las últimas semanas he escrito dos cartas abiertas a los líderes políticos de Nicaragua. Ambas fueron escritas en un estilo sarcástico, burlándome de su torpeza como me burlo de la torpeza de nuestro propio Presidente (y su desgobierno) casi todos los días desde esta trinchera. Yo les pido, hermanos ticos y nicas, que sepamos separar las diferencias entre políticos de lo que deberían de ser las relaciones normales entre dos pueblos hermanos. Abel Pacheco y Enrique Bolaños pronto saldrán del escenario político (gracias infinitas a Dios por ello); nosotros, los ciudadanos comunes, estaremos aquí por mucho tiempo más.

Que tenemos y tendremos diferencias, no lo pongo en duda. Aprendamos a respetar y valorar aquellas cosas que nos diferencian, y démosle más importancia a las que nos unen. Sepamos vivir en paz, respetándonos mutuamente para facilitar la convivencia. Preocupémonos de que nuestros hijos ni siquiera lleguen a conocer de odios y resentimientos entre pueblos hermanos.

Atentamente,

Dean CóRnito

jueves, 17 de noviembre de 2005

La falacia de la carga impositiva

En su columna Sub/versiones de hoy, Leonardo Garnier defiende la necesidad de aprobar nuevos impuestos con el argumento de que en los países desarrollados se dedica una mayor proporción de la producción al pago de impuestos que en Costa Rica y otros países en vías de desarrollo. No es la primera vez que escucho el argumento, ni es Leonardo Garnier su único defensor. Pero no por mucho repetirlo, un argumento falaz deja de serlo.

Afirma don Leonardo Garnier que la gente vive mejor en los países donde pagan más impuestos. Cita como ejemplos a los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, donde según él la carga impositiva oscila entre el 33% y el 36% de la producción nacional. Dice don Leonardo que en Costa Rica la carga impositiva es del 13.5%. Agrega que la falta de recursos del gobierno impide hacer un buen chocolate, por aquello de que no se puede hacer chocolate sin cacao. Aunque don Leonardo Garnier no cita la fuente de las cifras, no dudo ni por un instante de su honestidad intelectual y las doy por ciertas (o al menos provenientes de un estudio serio). Pero tampoco por ello el argumento deja de ser falaz. Veamos.

1) La primer pregunta que salta a la mente de quien escribe estas líneas es: ¿Quién y cómo define lo que es vivir mejor? Yo he de suponer que en un país en el que se vive bien la gente tiene ganas de vivir. Si es así, entonces don Leonardo debe explicar la paradoja de que, según estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la tasa de suicidios entre la población masculina es de 9.7 por cada 100,000 hombres en Costa Rica, de 21.4 en Dinamarca, y de 32.5 en Finlandia. Pareciera ser que los escandinavos tienen más razones para quitarse la vida que nosotros.

2) Aún asumiendo que de alguna manera objetiva se pueda determinar que los ciudadanos de los países nórdicos viven mejor que los ticos, surge una nueva, y tal vez más complicada pregunta. ¿La gente en Dinamarca y Suecia vive mejor que en Costa Rica porque sus impuestos son superiores, o porque sus ingresos son superiores? Nadie deriva placer de pagar impuestos, aunque sí obtenemos beneficios de los servicios que nos presta el Estado, para lo cual es necesario dotarlo de recursos. Pero, en principio, la gente vive mejor cuando tiene un mejor ingreso y un mayor poder adquisitivo que le permite conseguir vivienda digna, educación de calidad, atención médica de primera, alimentos sanos y en buenas cantidades, y algunas comodidades y lujos que hacen que la vida no sea una monótona lucha por apenas subsistir. Es cierto que en los países nórdicos tienen sistemas públicos de educación y salud envidiables pero, ¿son ricos porque los tienen, o los tienen porque son ricos?

3) Pareciera que don Leonardo sugiere la existencia de una relación causal entre impuestos altos y mejor nivel de vida. El hecho de que pudiera existir una relación estadística no significa que haya una relación causal del tipo “mayores impuestos provocan un mejor nivel de vida”. Hacer la identidad entre relación estadística y causalidad es un razonamiento falaz. Peor aún, esa relación estadística ni siquiera existe. Existen países ricos con cargas impositivas mucho menores que las de los escandinavos, en cuenta Inglaterra, Irlanda, Australia y Estados Unidos.

4) En todo caso, lo relevante no es cuál es la carga impositiva de un país cuando es rico, sino cuál era cuando era país pobre o en vías de desarrollo. Es decir, lo importante para un país como Costa Rica es saber cuáles estrategias de desarrollo han utilizado los países exitosos. Un caso reciente es Irlanda, que pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos en menos de 20 años, utilizando una estrategia de impuestos bajos y decrecientes durante el período de su despegue y consolidación.

No podemos perder de vista que en Noruega y Suecia y Finlandia y Dinamarca, tienen gobiernos relativamente eficientes y, sobre todo, honestos y transparentes. Destinar el 35% de la producción nacional a los impuestos es casi un placer cuando el Estado, en contraprestación, brinda servicios de primerísima calidad y acceso universal. Es cierto que sin cacao no se puede hacer buen chocolate, como lo ha afirmado don Leonardo. Es cierto también que con los impuestos que pagamos en Costa Rica, no da para hacer un chocolate tan espeso como el de Escandinavia. Pero si los ciudadanos viéramos que el Estado Costarricense hace lo mejor posible con los “escasos” recursos que recibe, entonces tal vez aceptaríamos de mejor gana pagar más impuestos para recibir a cambio mejores servicios.

El problema del Estado Costarricense no es (única ni primordialmente) de falta de recursos. El principal problema es más bien el desperdicio de recursos, la existencia de instituciones obsoletas, cuya razón de ser dejó de existir hace muchos años, y la existencia de burocracias excesivas que no se justifican a la luz de lo que produce la mayoría de los entes públicos. Cuando hablo de desperdicio, no me refiero al gasto en galletas y licor para las recepciones de la Asamblea Legislativa, ni al gasto en viajes al exterior de los diputados, ni otras babosadas que los políticos populistas amenazan con recortar de primerito si llegan al poder. Es cierto que en esas cosas se hacen gastos excesivos e innecesarios, pero representan un porcentaje tan ínfimo del gasto público, que la solución no va por ahí. El frío no está en las cobijas.

Lo hemos dicho muchas veces en La Suiza Centroamericana: darle más ingresos a un estado donde más del 90% de los ingresos se va en el pago de salarios, deudas e intereses, es como echar la plata al inodoro. Antes de ir de ridículos a subir la carga impositiva del país porque en los países ricos pagan más impuestos, debemos de entrarle al gasto público, pero debemos de entrarle en serio. Durante décadas, cada nuevo gobierno que ha llegado ha planteado la necesidad de un nuevo paquete fiscal. La solución es siempre la fácil: más impuestos. Es poco lo que se ha hecho por mejorar la recaudación, y nada lo que se ha hecho por racionalizar el gasto. Cuando tengamos un Estado capaz de invertir en infraestructura, en seguridad, en educación, en salud, en vivienda, y no un Estado que es una mera agencia de empleo (porque no le alcanza el dinero para más que pagar salarios), entonces si: veamos hasta dónde nos cubre la cobija, y aportemos los recursos necesarios para ampliarla. Al final de cuentas, yo si creo que eventualmente será necesario subir la carga impositiva. Pero no en las actuales circunstancias.

miércoles, 16 de noviembre de 2005

Proclama de ANEP

El pasado viernes 11 de noviembre, en el artículo Una ofensa a la inteligencia cité una proclama sindical incitando a la violencia en contra del TLC. Algunos lectores me escribieron pidiendo que revelara la fuente de tal exabrupto. Dado que el día de hoy no me alcanzó el tiempo para escribir un comentario, y que el comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) es tan claro y tan grave que no requiere de mayor comentario de mi parte, aquí se los transcribo completo. Pueden también encontrar el texto en el sitio web de la ANEP, en la sección de Comunicados, en los del mes de octubre.

"Alerta Roja en todos los sectores sociales
El envío del TLC a la Asamblea: Hacia la confrontación social
completamente abierta y de alta intensidad


Los mecanismos para el más profundo
y extendido Referéndum de la Calle
van hacia su activación total


Finalmente, el Presidente de la República, don Abel Pacheco de la Espriella, cedió. Las presiones del Gobierno de los Estados Unidos de América y la multimillonaria campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra la población costarricense, a favor del TLC, lograron su objetivo. El nefasto proyecto geoestratégico estadounidense, vestido de ropaje de tratado comercial, llega en este día a la Asamblea Legislativa.

Se abre así lo que será un doloroso y prolongado escenario de una confrontación social completamente abierta y de alta intensidad. Se activan así los mecanismo para propiciar el más profundo y extendido Referéndum de la Calle, jamás presenciado en la historia nacional. La alerta roja en todos los sectores sociales y cívicos ha quedado activada.

La Cumbre de los Sectores Sociales, celebrada el pasado 14 de abril en el Teatro Popular Melico Salazar, fue absolutamente clara. La llegada del TLC a la Asamblea Legislativa será considerada como el disparador político de una cadena de acciones particulares y coordinadas; sectoriales, locales, regionales y nacionales, desde lo más simple a lo altamente complejo, empleando toda clase de formas de lucha, tradicionales y no tradicionales, típicas y atípicas, de resistencia pasiva y de resistencia activa.

Estamos hablando de la defensa estratégica de la concepción de Estado Social de Derecho, forjado durante muchas décadas bajo los ideales de costarricenses tan ilustres como el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, como el Lic. Manuel Mora Valverde, como don José Figueres Ferrer.

Las tácticas y las estrategias de la resistencia popular, así como los momentos propicios y la calidad de lucha que los mismos exhiban, están definidas prácticamente su totalidad. El país presenciará cada aspecto en los momentos clave.

Bien dice el refrán popular que "en guerra avisada no muere soldado". La provocación estratégica de la oligarquía financiera neoliberal, de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC, entre otros segmentos de la clase política tradicional, ha sido lanzada. Ante semejante reto, se asume el mismo en toda su dimensión y con todas sus consecuencias.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 21 de octubre de 2005."

martes, 15 de noviembre de 2005

Para reír. ¿O llorar?

Cuando hace un par de semanas hice un análisis de la propaganda electoral que había visto hasta ese momento, dos colegas blogueros (Beto y Roy) me comentaron que había dejado por fuera al PUSC. No fue por olvido ni por error; simplemente no había visto ningún anuncio de ese partido. Hoy entiendo el por qué.

Nos informa La Prensa Libre que el PUSC no tiene en estos momentos ni siquiera cien mil colones para hacer publicidad. Nadie duda que el PUSC fue duramente golpeado por los escándalos de corrupción que involucraron a sus dos expresidentes y a varios partidarios más, y esta carencia de dinero no es más que el reflejo de la realidad que está viviendo ese partido. A casi nadie le gusta donar dinero a una causa perdedora, y menos querrá la gente aparecer en las listas de donantes de un partido tan cuestionado. Pero no es este el tema que me provoca la risa hasta el punto del llanto, sino las declaraciones de la actual jefa de fracción del PUSC y candidata a la Vicepresidencia Primera en la fórmula de don Ricardo Toledo.

Definitivamente, hay mucha gente en la política que cree aquello de que lo importante es figurar, sin importar de qué manera ni con cuál mensaje. Pareciera que eso le pasó a doña Lilliana Salas. Cuando un partido político no tiene dinero en plena campaña política, y un periódico le da la oportunidad de difundir su mensaje (por pequeña que sea la circulación del diario), es triste ver que desperdicien la oportunidad con una sarta de contradicciones y tonteras.

La diputada-candidata-a-la-vicepresidencia empieza relativamente bien, dadas las circunstancias, reconociendo que el partido está pasando penurias financieras y que los escándalos de corrupción del año pasado definitivamente afectaron su situación económica. Reconoce además, que debido a la falta de recursos el candidato presidencial tiene una presencia prácticamente nula en los medios, frente a las campañas millonarias que están haciendo otros partidos como el PLN y el Movimiento Libertario.

De ahí en adelante, verdaderamente da lástima. Dice doña Lilliana:
“Nosotros estamos pasando penurias económicas para financiar los gastos de campaña, por eso, no entendemos de dónde sacan tanto dinero otros partidos políticos para tener una campaña de propaganda tan agresiva”.
¡Como que si el PUSC fuera nuevo en estas lides! Acaso no recuerdan que en todas las campañas anteriores, ya a estas alturas ese partido estaba pautando cantidades importantes de publicidad televisiva, radial, y en prensa? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué otros partidos si estén recibiendo donaciones de sus simpatizantes? Por favor, no me salgan con mojigaterías baratas.
“Por otra parte, nosotros estamos conscientes que al final todo ese gasto en propaganda tendrá que ser pagado por los costarricenses, por lo que el PUSC ha decidido abogar por una campaña de más mística y trabajo de hormiga, es decir; aquella que está relacionada con el mensaje directo al corazón, tocando puertas por todo el país”.
Y aquí no cabe más que preguntarle directamente a doña Lilliana, y al otro diputado/candidato Ricardo Toledo, ¿por qué entonces impidieron (con la ayuda de sus amigos del PLN) la reducción del monto de la deuda política que se estaba negociando en la Asamblea y que contaba con el apoyo de los candidatos del PAC, del ML, y de Álvarez Desanti? La respuesta es muy sencilla: porque el PUSC le está apostando al ingreso de esos dineros adelantados de la deuda política para hacer una fuerte segunda mitad de campaña, con más anuncios de tele y menos “trabajo de hormiga”, con más cuñas radiales y menos tocadera de puertas por todo el país. De hecho, así lo deja ver la misma diputada/candidata Salas:
“Lo que estamos haciendo es negociar con las empresas en cuestión para canjear la publicidad por deuda política, pero por el momento no se ha logrado nada aún. El PUSC espera conseguir algunos recursos para tener presencia en la radio, prensa y televisión conforme se acerque el día de las elecciones”.
Pero de todas las contradicciones, la siguiente es mi favorita:
“El socialcristiano no es un partido político, sino una institución e ideología que va más allá. Nadie nos ha desplazado del lugar que tenemos en la política nacional. Simplemente estamos cambiando la forma de hacer política, pues la gente está cansada de ser interrumpida cuando mira su programa favorito”.
¿Cuál de las dos afirmaciones tenemos que creer: la de que la gente “está cansada de ser interrumpida cuando mira su programa favorito” y por eso el PUSC no va a hacer publicidad que irrespete ese deseo del elector, o la de que “el PUSC espera conseguir algunos recursos para tener presencia en la radio, prensa y televisión”? ¿Cómo es que no se da cuenta de sus propias contradicciones? ¿Cómo es que se atreve a decir cosas así sin siquiera sonrojarse? Porque o nos tragamos la payasada esa de que están cambiando la forma de hacer política, trabajando con gran mística y no haciendo publicidad tradicional para no interrumpir al elector mientras ve su programa favorito, o nos creemos la más factible afirmación de que no tienen plata pero andan moviendo cielo y tierra para, en la primera oportunidad que tengan, interrumpirnos mientras vemos nuestro programa favorito en la tele.

Qué suerte tenemos los ticos de que esta gente no tiene ni la más remota probabilidad de ganar las elecciones. Porque si así empezamos, imaginemos no más donde terminaríamos. Yo propongo que el adelanto de la deuda política sea proporcional a lo que digan las encuestas a principios de enero del 2006, y no proporcional a los votos obtenidos hace cuatro años. Así, la probabilidad de que el PUSC se gaste seis mil millones de colones en propaganda inservible se vería drásticamente reducida. Lástima que tendrían que ser los mismos políticos quienes deberían de aprobar un cambio de esta naturaleza.

lunes, 14 de noviembre de 2005

Popurrí noticioso

Con la implementación de un nuevo sistema de información llamado TICA, la recaudación en la aduana de Caldera ha subido un 50%. En la Aduana Central la recaudación más bien bajó un 4.6% durante el mes de octubre (comparado con igual período del año anterior). Lo interesante del caso es que la recaudación promedio por declaración subió en la Aduana Central en 8.1%. ¿Por qué entonces la baja en la recaudación total? Porque el sistema TICA no ha sido implementado aún en la Aduana Santamaría, y muchos importadores que usaban la Aduana Central se han pasado a la Santamaría. Esa actitud de los importadores que se han pasado de aduana es como exprimirle las últimas gotas al trapo húmedo; en cuanto implementen el TICA en la Aduana Santamaría conoceremos la magnitud de la evasión. Y si por la víspera (Caldera) se saca el día, agradables sorpresas nos llevaremos. Por eso en La Suiza Centroamericana hemos insistido que no es prudente crear más impuestos si no cobramos bien los que ya existen.

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Según investigadores del proyecto Estado de la Nación, la Encuesta de Hogares del 2004 confirma que la región Brunca (compuesta de los cantones de Corredores, Golfito, Pérez Zeledón, Osa, Coto Brus y Buenos Aires) sigue siendo la más pobre del país. El dato interesante que reveló la Encuesta de este año es que las remesas que envían los hijos de estos cantones que se han marchado a vivir en el extranjero (principalmente en Estados Unidos) constituyen el 7,6% de los ingresos de las familias, lo que representa más del doble que en cualquier otra región del país, y más del doble de lo que fue en el año 2000. Ya lo decíamos en un artículo anterior: la región Brunca ha quedado prácticamente excluida de la globalización. Las grandes inversiones extranjeras se ubican primordialmente en la GAM y en ciertas zonas de alto desarrollo turístico (Guanacaste), gracias a la ausencia de una política estatal que fomente la diversificación geográfica de la inversión. La falta de empleos obliga a los jóvenes de la Zona Sur a salir de allá en busca de mejores oportunidades. Sigamos negando la posibilidad de nuevas inversiones generadoras de empleo, y sigamos promoviendo tácitamente la concentración de la inversión donde el desempleo es mucho menor, y seguiremos generando pobreza para las zonas más pobres del país.

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La justa huelga de los empleados del AyA, que ya va por el día 36 sin que el gobierno haya sido capaz de resolverla, ha tomado un giro hacia lo peor. Ahora que la huelga ha sido declarada ilegal, el troglodita de Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, se ha involucrado en el asunto, y tuvo la genial idea de que en adelante los funcionarios de AyA le den la espalda al Presidente Ejecutivo de la institución cada vez que lo vean. Con ideas así, con una muestra de madurez como esta, no entendemos cómo la huelga aún no ha podido ser solucionada. Que viva la chabacanería sindical.

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Oscar Arias defiende la necesidad de nuevos impuestos. Ante la disyuntiva de criticarlo por buscar la salida fácil (lo difícil, pero correcto, sería reestructurar el gasto para eliminar el desperdicio), o alabarlo por decirlo tan abiertamente en plena campaña, en La Suiza Centroamericana nos inclinamos por lo primero. Como lo dije en un artículo anterior, “la mejor medida de nuestro nivel de domesticación es que en un país donde los políticos mienten impunemente en campaña (y todos lo sabemos), el único tema en el que son sinceros es con respecto a sus intenciones de subir más los impuestos. Eso lo dicen al pedir nuestros votos. ¡Y nosotros se los damos!”.

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El camino al cielo está pavimentado de buenas intenciones. El refrán le cae al pelo a la errada iniciativa de dos diputados del PLN de exonerar a las juntas de educación del pago de los servicios públicos de agua y electricidad. El agua y la luz que las escuelas consuman no es gratis, alguien tendrá que pagarlas. Lo más probable es que a todos los ticos nos suban el agua y la luz para absorber la diferencia. El problema es que si los servicios son gratis, el desperdicio no tendrá límite. Lo más transparente es que las cuentas del agua y luz de las escuelas se paguen con los dineros que se transfieren del presupuesto nacional a las juntas de educación. Si es necesario un impuesto para ello, al menos tendrá la virtud de no propiciar el despilfarro.

viernes, 11 de noviembre de 2005

Una ofensa a la inteligencia

¿Qué opinaría usted, estimado lector, si el cirujano que lo operó supuestamente para extirparle un cáncer en el estómago, le dice: aunque tiene usted un cáncer, lo que le hice fue una liposucción y decidí mejor dejar la extirpación del cáncer para una cirugía futura? Eso, exactamente eso, es lo que ha hecho nuestro gobierno al enviar a la Asamblea un proyecto de ley de fortalecimiento del ICE que mantiene el monopolio estatal en telecomunicaciones.

Para nadie que le haya seguido el rastro a La Suiza Centroamericana es un secreto que quien escribe estas líneas apoya el TLC. Pero este comentario no se trata del TLC ni de la posición que cada quien tenga al respecto, sino de la congruencia que uno debería esperar en las acciones y palabras de nuestros gobernantes. Si el actual gobierno hubiera decidido que en su visión de mundo (¿cuál?, me preguntarán muchos de ustedes) el TLC no le conviene al país, este comentario no tendría razón de ser. Pero habiendo decidido el gobierno, después de muchas cavilaciones y atrasos, finalmente enviar a la Asamblea Legislativa el texto del TLC con los Estados Unidos, uno esperaría que sus acciones subsecuentes fueran coherentes con su decisión. El TLC requiere de la aprobación previa a su entrada en vigencia de una serie de leyes que se conocen como agenda de implementación. No hay que confundir con las agendas complementarias, que en principio buscan mejorar las condiciones de competitividad del país para maximizar el aprovechamiento de los potenciales beneficios del TLC. Las leyes de la agenda de implementación proporcionan sustento a algunos compromisos generales asumidos en el Tratado, cuyo detalle regulatorio no corresponde al TLC, pero es necesario para su vigencia.

Así, en el TLC el país asumió el compromiso de fortalecer el ICE y a la vez permitir la competencia en las redes privadas de datos y en telefonía celular. Ese es el compromiso general, pero el detalle de cómo se fortalece al ICE o cómo se va a permitir la competencia no es materia del Tratado y corresponde a las leyes costarricenses determinarlo. Entonces, si el gobierno, que por cierto inició y concluyó las negociaciones del TLC (señal inequívoca de que estaba de acuerdo con él), decidió enviarlo a la Asamblea, lo lógico, congruente, consecuente y decente es que propusiera también proyectos de ley de la agenda de implementación que fueran consistentes con los postulados del Tratado. En vez de hacer eso, el gobierno ha decidido enviar este mamarracho que, según ellos libera al ICE de las amarras que le impiden competir, pero no sólo mantiene sino que refuerza el monopolio que tiene esa institución en materia de telecomunicaciones, y en particular en telefonía celular. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué es necesario liberar las amarras que le impiden competir, si no es para ponerlo a competir?

El representante del gobierno dijo a La Nación que pretenden subsanar el defecto con un segundo proyecto, una ley marco de telecomunicaciones, donde se abriría el mercado a la competencia. Que ese segundo proyecto está siendo redactado, y que una vez concluido será discutido con el ICE. Que únicamente después de eso lo enviarán a la Asamblea. Dados los tiempos en que se mueve este gobierno, eso no es más que un descarado anuncio de que este es otro tema más que dejarán para el próximo gobierno. Y yo me pregunto, ¿si saben que el proyecto de ley que están proponiendo tiene una contradicción de tal magnitud, para qué lo envían? ¿Por qué no envían de una vez el proyecto correcto? ¿Se habrán preguntado estas pobres víctimas de nuestro sistema educativo que pasaría si la Asamblea aprueba el TLC y la “ley de fortalecimiento del ICE” pero no la “ley marco de telecomunicaciones”?

No hay que ser un genio para entender cómo funciona el ajedrez político. En la Asamblea, al igual que entre la ciudadanía, hay quienes quieren la apertura del mercado sin considerar necesario el fortalecimiento del ICE, y hay quienes quieren el fortalecimiento del ICE sin apertura. Si un proyecto de ley ofrece sólo una de las dos cosas (por ejemplo apertura), va a ser imposible convencer a los que quieren la otra (fortalecimiento) que lo apoyen. Para tratar de poner a ambos grupos de acuerdo, lo lógico sería incluir ambas cosas en un solo proyecto que todos puedan apoyar. El temor que tiene el autor de estas líneas, que cree en la necesidad de la apertura con fortalecimiento, es que el hecho de estar en plena campaña política hará muy difícil a los diputados aperturistas oponerse a un proyecto de ley que únicamente garantiza el fortalecimiento del ICE. Y entonces, si esa ley llega a ser aprobada, cuando sea hora de discutir la de apertura, los que deseaban el fortalecimiento sin apertura por supuesto que echarán toda la maquinaria en contra. Y nos quedaríamos con un ICE con menos controles y sin competencia. Válgame Dios.

En otras ocasiones hemos conjeturado que, ante la indolencia e inacción del actual gobierno, este país está siendo manejado por los dirigentes sindicales que una y otra vez han amenazado con violentar el ordenamiento jurídico. No olvidemos que estos son los sindicatos que hicieron la siguiente proclama:
“La llegada del TLC a la Asamblea Legislativa será considerada como el disparador político de una cadena de acciones particulares y coordinadas; sectoriales, locales, regionales y nacionales, desde lo más simple a lo altamente complejo, empleando toda clase de formas de lucha, tradicionales y no tradicionales, típicas y atípicas, de resistencia pasiva y de resistencia activa”.
Sin embargo, la llegada del TLC a la Asamblea no ha provocado ninguna de las acciones ahí descritas. Hay dos posibilidades: o los sindicatos no tienen el poder de convocatoria para hacerlo, o el actual gobierno negoció con ellos el envío de esta ley de fortalecimiento del monopolio del ICE a cambio de su silencio. Si lo primero, qué triste entonces que el gobierno no tenga la coherencia ideológica para apoyar sus propios proyectos. Si lo segundo, qué nefasto antecedente para el futuro del país y su gobernabilidad. Cualquiera que sea el caso, esta es otra forma más en que el actual gobierno le está haciendo un daño irreparable a nuestro querido país.

jueves, 10 de noviembre de 2005

La mona, aunque se vista de seda, mona se queda

Para las actuales elecciones, muchos personajes que no tuvieron la paciencia de esperar su turno en la fila de “presidenciables” de sus partidos, simplemente se salieron para formar casa aparte o unirse a una pre-existente que les ofreciera un acelerado ascenso a la candidatura. Antonio Álvarez supo que no le ganaba a Oscar Arias ni con Thiery Henry en su equipo, y se salió del PLN para formar la Unión para el Cambio. José Miguel Corrales, que ya había tenido su oportunidad pero había demostrado que no ganaría unas elecciones ni aunque fuera el único candidato, se fue a la Unión Patriótica de Humberto Arce para luego dejarla tirada apenas arrancando la carrera. José Manuel Echandi ni siquiera lo intentó dentro de su propio partido, el PUSC, porque le temió al efecto de los escándalos de corrupción que acabaron con dos expresidentes de ese partido por un tiempo en la cárcel. Se fue al Partido Unión Nacional, donde le ofrecieron la candidatura. José Miguel Villalobos saltó primero del PLN al PUSC, para finalmente salirse del bipartidismo que evidentemente tanto le gustaba, con el único afán de ser candidato presidencial. Para ello creó la Alianza Democrática Nacionalista. Todos ellos han tratado de proyectar una imagen de político “alternativo”, no tradicional, distanciándose de sus raíces firmemente ancladas en el bipartidismo. Pero, ¿lo logran?

Álvarez Desanti es el que menos lo intenta. Su programa de gobierno no se diferencia en gran cosa de la oferta del PLN de Oscar Arias. Como lo dijimos en un post anterior, parece estar haciendo campaña para el 2006, por lo que prácticamente ni menciona a los otros partidos. Su único objetivo es darse a conocer hoy para empezar la carrera con ventaja dentro de cuatro años.

José Miguel Corrales no cuenta porque, como lo dijimos arriba, abandonó la carrera presidencial apenas empezando. José Miguel Villalobos tampoco cuenta, porque desde que empezó la campaña formal (1º de octubre), no se ha escuchado absolutamente nada de él. Quizás ya entendió que nadie confía en un doble traidor como él, y decidió dejar de gastar plata en un sueño que nunca se hará realidad.

Lo cual nos deja con José Manuel Echandi del PUN. Este señor fue Presidente de la Junta de Protección Social al principio de la Administración Rodríguez Echeverría. Luego fue nombrado Defensor de los Habitantes, impulsado por el Presidente Rodríguez y la fracción legislativa del PUSC. Como Defensor, viendo que el puesto era un perfecto trampolín para sus aspiraciones, inició su distanciamiento del PUSC. De la Defensoría, como ya sabemos, saltó directamente a la candidatura presidencial del Partido Unión Nacional.

Una de las “estrategias” políticas de Echandi es la de hacer recorridos por lugares muy transitados por gente de extracción primordialmente popular. Ya en un par de ocasiones en las últimas semanas había leído sobre las caminatas que hizo en la Avenida Central de San José y en algún otro lugar que escapa ahora de mi memoria. El Diario Extra de hoy reporta que ayer hizo un recorrido por los mercados Central de San José y Borbón. Hasta aquí todo bien, sobre todo si consideramos que la publicidad es muy cara y el candidato necesita “presencia” para poder posicionarse en la mente del elector. Lo que resulta interesante, que me fui enterando en la Extra, es que el mensaje que Echandi da a las personas que se encuentra en la calle es el siguiente:
“Le pido a la gente que se incline por un partido que tiene una historia importante en el acontecer nacional que llevó figuras ilustres a la presidencia de la República”.
En un principio creí que don José Manuel se las estaba fumando muy verdes, porque me pareció que estaba pidiendo el voto para el PUSC o el PLN. Pero resulta que Dean CóRnito no está tan viejo después de todo, y no sabía que el Partido Unión Nacional tiene más de medio siglo en la escena política nacional, aunque llevaba más de 30 años de no figurar. Si es que se trata del mismo partido y no de uno nuevo con el mismo nombre, estaríamos entonces ante el partido que llevó a don Mario Echandi a la Presidencia en 1958. Además, en 1966 entró en coalición con el Partido Republicano, bajo la bandera de Unificación Nacional, llevando a la Presidencia a don José Joaquín Trejos. Por último, en un triste desenlace, el PUN hizo coalición en 1978 con varios partidos (Renovación Democrática, Demócrata Cristiano, y Republicano Calderonista) para llevar a la silla presidencial a don Rodrigo Carazo Odio, el peor presidente que tuvo Costa Rica en el siglo XX.

Vale la pena recordar que esta Coalición Unidad que ganó las elecciones de 1978 y perdió en las de 1982 con Rafael Ángel Calderón Fournier como candidato, fue la precursora del Partido Unidad Social Cristiana, que se presentó por primera vez con ese nombre a las elecciones de 1986, de nuevo con Calderón como candidato. La diferencia entre la Coalición Unidad y el Partido Unidad Social Cristiana es que la primera era el resultado de la unión temporal con fines electorales de diferentes partidos que, sin embargo, seguían existiendo independientemente y cada uno con su propia estructura, mientras que el nacimiento del Partido Unidad supuso la fusión total del los partidos coaligados y por ende la desaparición de sus estructuras independientes. Por esta razón arrastramos la duda de si el actual PUN es el mismo de antes o un bicho diferente con el mismo disfraz.

Pero volviendo a José Manuel Echandi, resulta que este candidato cuya publicidad dice algo como “si usted, como muchos otros, considera que el país necesita un cambio, entonces votará por mi”, y que se presenta como una verdadera opción de cambio, anda pidiendo el voto diciendo que su partido ha llevado a ciudadanos ilustres a la presidencia (aseveración indiscutible en los casos de Mario Echandi y José Joaquín Trejos). Entonces, ¿somos o no somos? ¿Es una oferta nueva o una versión reciclada de lo que eventualmente desembocó en el nacimiento del PUSC? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.

miércoles, 9 de noviembre de 2005

Open letter to President Bush

Mr. George W. Bush
President of the United States of America


Dear Mr. President:

I am writing to you from Costa Rica, a tiny speck of land in what is known as Central America. No, not Iowa. I mean Central America, as in what lies between Mexico and Colombia, not the heartland of what you call America. I am sure you are too busy, what with your very successful Iraqi campaign and with your most trusted advisors being so unfairly implicated in the case of the leak to the press of a CIA secret agent’s name. So I will ask you to forgive my audacity in writing to you from such an insignificant place at such an inopportune juncture, but this is important to my country.
Si usted prefiere leer la versión en español haga click aquí.
It so happens that last week you met the President of our tiny country in what must have been a very boring meeting in Mar del Plata, Argentina, where all the other guys insisted on speaking Spanish in spite of your presence there. He was the round-faced buffoon with 80’s-style bi-focals who apparently talked to you about the fact that ours is the only member country not to have yet ratified the Central American Free Trade Agreement (CAFTA). It has been reported in the local press that you told President Pacheco to take his time. This is exactly what I want to talk to you about.

You’ll see, our country is so tiny and insignificant that for a couple of years you did not care to send an Ambassador here. It is understandable. I am told that when you spread out your world map on the table to find out where the heck this country was the last time former Secretary of State Collin Powell brought up the issue, a fly stood on top of Costa Rica and Dick Cheney advised you to bomb the darned insect, after which a black hole replaced Costa Rica on the map and you just couldn’t find it.

This is relevant because, had you had an Ambassador here, perhaps he would have informed you that all Abel Pacheco has done since becoming President of Costa Rica is take his time. In fact, he takes time to take his time. The problem is he has been President since May of 2002. Bet you didn’t know that, busy as you were liberating Iraq from Al Qaeda. Never mind that Al Qaeda wasn’t there in the first place. Or that Al Qaeda was and still is hiding in that other country you already liberated from Al Qaeda, called Afghanistan. But I am straying from my point, which is that we Costa Ricans have been waiting for exactly three and a half years for our President to start doing something other than take his time to think (if, and this is a big if, he is at all capable of thinking), and now you come and tell him it is okay to take his time. Never mind that he has only six months to go as President of Costa Rica (and thank God we don’t have consecutive reelection in this country), or that all he is doing anyway is biding his time until his successor is chosen.

Dear Dubya: I appreciate the fact that you chose not to meddle in our internal affairs, harmful as your advice to Mr. Pacheco was. You would not believe his reaction. He was so happy that you, the self-proclaimed leader of the free world (which, of course, includes Iraq, Afghanistan, and your dear friends in Saudi Arabia) actually talked to him, that he hasn’t stopped talking about it and telling everyone that it is okay to keep procrastinating because you said so.

Mr. Bush, just in case you change your mind (and now that Karl Rove is toast,
it seems like you will be forced to change it) and decide that if Costa Rica doesn’t move forward with approval of CAFTA, then you should invade our country and turn us into a commonwealth of the United States, let me advise you against it. As President Bolaños of Nicaragua knows full well, we have the strongest and best trained armed forces in the region, and we are ready to drive yours away in a jiffy. Just in case you didn’t know, we in Costa Rica have 25 coast guards that were trained by the U.S. Marine Corps, and three Blackhawk helicopters. Right now they are busy preparing for the impending invasion of Nicaragua, but should you try your luck with us they will have no mercy on your soldiers.

Good night, and God bless... uhm ... God bless... uhm... what the heck: God bless the world.

Yours truly,

Dean CóRnito


Disclaimer: the opinions expressed in this letter do not necessarily reflect those of its author.