Mientras que algunos creen que subir los impuestos nos hará ricos, otros creen que la manera de combatir la burocratización del sector público es creando nuevas burocracias. Por extensión, podríamos concluir que exponernos al mosquito del dengue disminuiría la probabilidad de contagiarnos.
Un reportaje de La Nación del día de hoy nos informa que en este momento existen en la Asamblea Legislativa tres proyectos para crear nuevas entidades públicas cuyas funciones vendrían a duplicar las de instituciones existentes. Se trata de proyectos regionalistas, probablemente bien intencionados en su afán de resolver problemas que tienen regiones del país alejadas del Valle Central, pero tan mal diseñados que resulta peor la medicina que la enfermedad.
El diputado Julián Watson (PLN, Limón) propone la creación de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA), la cual se financiaría mediante un nuevo impuesto de $0.50 por tonelada de mercadería movida a través de los puertos del Caribe. Considerando que entre importaciones y exportaciones el año pasado se manejaron 8 millones de toneladas en el complejo Moín/Limón, este proyecto generaría unos $4 millones de dólares; casi dos mil millones de colones al tipo de cambio actual.
ECIMACSA crearía un Centro Científico Marino, un parque industrial, un proyecto para drenar los ríos y reducir el impacto de las inundaciones, y apoyaría la construcción de infraestructura (puentes, puertos, aeropuertos). En el proyecto original se incluía un mercado de artesanías, un paseo turístico del mar, y una iniciativa turística en Isla Uvita, que no sabemos si sobreviven en la versión actual. Además del absurdo de encargar tareas tan disímiles a una sola institución, no olvidemos que en la provincia de Limón ya existe una institución encargada de promover proyectos para el desarrollo regional. Se trata de JAPDEVA, cuyas siglas quieren decir Junta de Administración Portuaria y de DESARROLLO de la Vertiente Atlántica.
En un artículo que escribí hace seis meses, había hecho un análisis de cómo podría impactar este proyecto de ley a los exportadores, pequeños, medianos y grandes. No lo voy a repetir aquí por consideraciones de espacio. Me quiero concentrar en las justificaciones que da el Diputado Watson para la creación de este nuevo elefante blanco. Cuando el periodista de La Nación le preguntó que para qué una nueva entidad si vendría a duplicar las funciones de JAPDEVA, le contestó que la nueva burocracia es necesaria porque “el Estado está muy burocratizado”, y que “JAPDEVA […] está colapsada, más del 80% de los recursos se destinan a la administración”.
Encuentro tremendamente interesante que la solución propuesta a un estado burocratizado sea crear más burocracia. Además, si JAPDEVA está colapsada, ¿por qué no la arreglamos o la cerramos? ¿Por qué crear una nueva institución con objetivos muy similares (al menos en parte)? Dice don Julián que es que “la nueva institución tiene objetivos definidos”. Pero resulta que si uno se lee la ley de creación de JAPDEVA, también la Junta tiene objetivos definidos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con esta nueva entidad? El asunto radica en que ECIMACSA es una sociedad anónima; que si bien el Estado es propietario del 100% de sus acciones, al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Puede ser que eso le de mayor agilidad, pero ¿quién garantiza que los recursos se utilicen como debe de ser si esa empresa prácticamente queda por la libre? Es que 2.000 millones de colones anuales es mucha plata como para que quede sin control.
Otro de los proyectos es para la creación de la Empresa de Servicios de Pérez Zeledón, entidad municipal que según su proponente (Paulino Rodríguez, PLN, Pérez Zeledón) se encargará de brindar servicios de alcantarillado, alumbrado público, electricidad y hasta telefonía. Lo interesante de esta propuesta es que la Municipalidad, a través de la empresa de servicios públicos, tendría que negociar con el ICE y con AyA para administrar su infraestructura en la región. Con lo debilitado que está el régimen municipal en nuestro país, ¿a quién se le puede imaginar que la Municipalidad de Pérez Zeledón tendrá los recursos para contratar los ingenieros hidráulicos y eléctricos y mecánicos y demás expertos que requiere la administración y mantenimiento de las redes de acueductos, alcantarillado, eléctrica y telefónica? Por supuesto, se crearían nuevos impuestos para hacerlo, y la lista es impresionante:
1) El 10% de lo que se recaude del impuesto a las habitaciones que el ICT cobra a los hoteles del cantón se trasladaría a la Municipalidad. Este no es un impuesto nuevo, es un destino nuevo para un impuesto existente y cuyo acto generador, el turismo, nada tiene que ver con el objeto de esta ley.
2) se cobraría un impuesto del “50% del valor bruto de la producción de las explotaciones de recursos naturales y no renovables de Pérez Zeledón”. Ojo, si usted va a sacar materiales de un tajo en el cantón de P.Z., deberá entregar a la Municipalidad el 50% del precio de venta de los materiales. Del otro 50%, podrá usted pagar salarios, dar mantenimiento a su maquinaria, hacer todos los demás gastos relacionados con el manejo de su empresa, y sacar una ganancia. No hay que ser vidente para entender que el costo de la construcción se va a disparar en San Isidro.
3) La mitad de los ingresos de los parques nacionales y áreas protegidas ubicadas en el cantón irán a financiar a la Empresa de Servicios Públicos. Eso es tener visión: dejar sin la mitad de sus ya de por sí magros ingresos a los parques nacionales, donde se preserva lo poco que queda de recursos naturales y biodiversidad más o menos intactos. Es un hecho que los parques nacionales son la principal razón por la cual el turista extranjero visita Costa Rica, también es conocida la falta de recursos que acusa el Sistema Nacional de Áreas de Conservación; quitémosle la mitad de sus ingresos, y tal vez los turistas dejen de visitar la zona de P.Z. cuando los servicios en los parques se empiecen a deteriorar, y entonces la empresa de Servicios Públicos se quedará sin estos ingresos y sin los provenientes del impuesto a las habitaciones hoteleras. Y de paso, un montón de gente que vive del turismo en la región perderán sus empleos, sus empresas, sus ingresos.
Por último, el diputado Sigifredo Aiza (PLN, Guanacaste) propone la creación de una Corporación de Desarrollo Sostenible de Guanacaste, con objetivos tan disímiles como comercializar los productos guanacastecos en el exterior y el desarrollo de infraestructura portuaria y ferrocarrilera. ¿Cómo se financiaría? Con $5 del impuesto de salida pagado por los pasajeros que usan el aeropuerto de Liberia, el 15% del impuesto sobre la renta de las empresas de la provincia, y con impuestos a la venta de electricidad y al consumo privado de agua en Guanacaste.
Hay que reconocer que estos disparates surgen de una muy triste realidad: el Estado Costarricense no atiende de manera efectiva ni oportuna las necesidades de la ciudadanía. Pero duplicar la burocracia nunca será la solución para la excesiva burocracia estatal. Y, por si no se habían dado cuenta, crear más y más impuestos con destino específico como los que son necesarios para financiar estos proyectos, es un sinsentido. Los Ministros de Hacienda nunca cumplen con los destinos establecidos en la ley, y lo que termina sucediendo es que nos quedamos con la vieja burocracia, con la nueva burocracia, y con las obras sin hacerse. Difícilmente una buena receta para el desarrollo.
Un reportaje de La Nación del día de hoy nos informa que en este momento existen en la Asamblea Legislativa tres proyectos para crear nuevas entidades públicas cuyas funciones vendrían a duplicar las de instituciones existentes. Se trata de proyectos regionalistas, probablemente bien intencionados en su afán de resolver problemas que tienen regiones del país alejadas del Valle Central, pero tan mal diseñados que resulta peor la medicina que la enfermedad.
El diputado Julián Watson (PLN, Limón) propone la creación de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA), la cual se financiaría mediante un nuevo impuesto de $0.50 por tonelada de mercadería movida a través de los puertos del Caribe. Considerando que entre importaciones y exportaciones el año pasado se manejaron 8 millones de toneladas en el complejo Moín/Limón, este proyecto generaría unos $4 millones de dólares; casi dos mil millones de colones al tipo de cambio actual.
ECIMACSA crearía un Centro Científico Marino, un parque industrial, un proyecto para drenar los ríos y reducir el impacto de las inundaciones, y apoyaría la construcción de infraestructura (puentes, puertos, aeropuertos). En el proyecto original se incluía un mercado de artesanías, un paseo turístico del mar, y una iniciativa turística en Isla Uvita, que no sabemos si sobreviven en la versión actual. Además del absurdo de encargar tareas tan disímiles a una sola institución, no olvidemos que en la provincia de Limón ya existe una institución encargada de promover proyectos para el desarrollo regional. Se trata de JAPDEVA, cuyas siglas quieren decir Junta de Administración Portuaria y de DESARROLLO de la Vertiente Atlántica.
En un artículo que escribí hace seis meses, había hecho un análisis de cómo podría impactar este proyecto de ley a los exportadores, pequeños, medianos y grandes. No lo voy a repetir aquí por consideraciones de espacio. Me quiero concentrar en las justificaciones que da el Diputado Watson para la creación de este nuevo elefante blanco. Cuando el periodista de La Nación le preguntó que para qué una nueva entidad si vendría a duplicar las funciones de JAPDEVA, le contestó que la nueva burocracia es necesaria porque “el Estado está muy burocratizado”, y que “JAPDEVA […] está colapsada, más del 80% de los recursos se destinan a la administración”.
Encuentro tremendamente interesante que la solución propuesta a un estado burocratizado sea crear más burocracia. Además, si JAPDEVA está colapsada, ¿por qué no la arreglamos o la cerramos? ¿Por qué crear una nueva institución con objetivos muy similares (al menos en parte)? Dice don Julián que es que “la nueva institución tiene objetivos definidos”. Pero resulta que si uno se lee la ley de creación de JAPDEVA, también la Junta tiene objetivos definidos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con esta nueva entidad? El asunto radica en que ECIMACSA es una sociedad anónima; que si bien el Estado es propietario del 100% de sus acciones, al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Puede ser que eso le de mayor agilidad, pero ¿quién garantiza que los recursos se utilicen como debe de ser si esa empresa prácticamente queda por la libre? Es que 2.000 millones de colones anuales es mucha plata como para que quede sin control.
Otro de los proyectos es para la creación de la Empresa de Servicios de Pérez Zeledón, entidad municipal que según su proponente (Paulino Rodríguez, PLN, Pérez Zeledón) se encargará de brindar servicios de alcantarillado, alumbrado público, electricidad y hasta telefonía. Lo interesante de esta propuesta es que la Municipalidad, a través de la empresa de servicios públicos, tendría que negociar con el ICE y con AyA para administrar su infraestructura en la región. Con lo debilitado que está el régimen municipal en nuestro país, ¿a quién se le puede imaginar que la Municipalidad de Pérez Zeledón tendrá los recursos para contratar los ingenieros hidráulicos y eléctricos y mecánicos y demás expertos que requiere la administración y mantenimiento de las redes de acueductos, alcantarillado, eléctrica y telefónica? Por supuesto, se crearían nuevos impuestos para hacerlo, y la lista es impresionante:
1) El 10% de lo que se recaude del impuesto a las habitaciones que el ICT cobra a los hoteles del cantón se trasladaría a la Municipalidad. Este no es un impuesto nuevo, es un destino nuevo para un impuesto existente y cuyo acto generador, el turismo, nada tiene que ver con el objeto de esta ley.
2) se cobraría un impuesto del “50% del valor bruto de la producción de las explotaciones de recursos naturales y no renovables de Pérez Zeledón”. Ojo, si usted va a sacar materiales de un tajo en el cantón de P.Z., deberá entregar a la Municipalidad el 50% del precio de venta de los materiales. Del otro 50%, podrá usted pagar salarios, dar mantenimiento a su maquinaria, hacer todos los demás gastos relacionados con el manejo de su empresa, y sacar una ganancia. No hay que ser vidente para entender que el costo de la construcción se va a disparar en San Isidro.
3) La mitad de los ingresos de los parques nacionales y áreas protegidas ubicadas en el cantón irán a financiar a la Empresa de Servicios Públicos. Eso es tener visión: dejar sin la mitad de sus ya de por sí magros ingresos a los parques nacionales, donde se preserva lo poco que queda de recursos naturales y biodiversidad más o menos intactos. Es un hecho que los parques nacionales son la principal razón por la cual el turista extranjero visita Costa Rica, también es conocida la falta de recursos que acusa el Sistema Nacional de Áreas de Conservación; quitémosle la mitad de sus ingresos, y tal vez los turistas dejen de visitar la zona de P.Z. cuando los servicios en los parques se empiecen a deteriorar, y entonces la empresa de Servicios Públicos se quedará sin estos ingresos y sin los provenientes del impuesto a las habitaciones hoteleras. Y de paso, un montón de gente que vive del turismo en la región perderán sus empleos, sus empresas, sus ingresos.
Por último, el diputado Sigifredo Aiza (PLN, Guanacaste) propone la creación de una Corporación de Desarrollo Sostenible de Guanacaste, con objetivos tan disímiles como comercializar los productos guanacastecos en el exterior y el desarrollo de infraestructura portuaria y ferrocarrilera. ¿Cómo se financiaría? Con $5 del impuesto de salida pagado por los pasajeros que usan el aeropuerto de Liberia, el 15% del impuesto sobre la renta de las empresas de la provincia, y con impuestos a la venta de electricidad y al consumo privado de agua en Guanacaste.
Hay que reconocer que estos disparates surgen de una muy triste realidad: el Estado Costarricense no atiende de manera efectiva ni oportuna las necesidades de la ciudadanía. Pero duplicar la burocracia nunca será la solución para la excesiva burocracia estatal. Y, por si no se habían dado cuenta, crear más y más impuestos con destino específico como los que son necesarios para financiar estos proyectos, es un sinsentido. Los Ministros de Hacienda nunca cumplen con los destinos establecidos en la ley, y lo que termina sucediendo es que nos quedamos con la vieja burocracia, con la nueva burocracia, y con las obras sin hacerse. Difícilmente una buena receta para el desarrollo.
Este es un excelente blog... pense que tambien les podria interesar el mio
ResponderBorrarhttp://costaricamodels.blogspot.com
la idea de crear una nueva entidad en limon no esta tan mala, ya que como dice el diputado japdeva es pura burocracia y casi todos sus recursos son para administracion (entiendase chorizo)
ResponderBorraral crear una nueva entidad se puede empezar bien desde el inicio, sin tantas convenciones colectivas sin tanto gasto innecesario.
japdeva como todos sabemos es una mina de oro para los sindicalistas que ganan millones por hacer nada.
y Dean, tu dices ahi que si no es mejor arreglar japdeva, pero imaginemonos que les quieran quitar alguno de los privilegios que tienen, ya me imagino las huelgas... seguro terminan quemando limon entero. Claro que lo mejor seria arreglar lo malo, pero me parece que eso es un caso perdido lastimosamente