El presupuesto del gobierno, de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente, es una ley de la república. Como tal, el gobierno envía un proyecto
a la Asamblea, y esta lo puede aprobar, modificar, o rechazar. En Costa Rica existe un vacío jurídico
imperdonable, porque ninguna ley ni la Constitución establecen lo que sucede
cuando el proyecto de ley de presupuesto es rechazado por la Asamblea, o cuando
simplemente no es aprobado.
