Presupuesto sin vaselina

El presupuesto del gobierno, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, es una ley de la república. Como tal, el gobierno envía un proyecto a la Asamblea, y esta lo puede aprobar, modificar, o rechazar.  En Costa Rica existe un vacío jurídico imperdonable, porque ninguna ley ni la Constitución establecen lo que sucede cuando el proyecto de ley de presupuesto es rechazado por la Asamblea, o cuando simplemente no es aprobado.

En otros países, cuando el poder legislativo no aprueba el presupuesto del gobierno, éste se ve forzado a cerrar sus operaciones. Recientemente tuvimos un nada edificante ejemplo de ello en los Estados Unidos, donde el gobierno estuvo parcialmente cerrado, excepto para operaciones de emergencia, del 1° al 16 de octubre de 2013. Para cualquiera que no sea un anarquista, esta no es una buena forma de encarar el problema.

En España, en cambio, la Constitución prevé que si la Ley de Presupuestos no es aprobada antes del primer día del ejercicio económico para el cual se planteó, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo presupuesto. En otras palabras, que si el presupuesto para el año calendario 2015 no es aprobado antes del 1° de enero de 2015, automáticamente se prorroga el presupuesto del 2014. Esto suena más razonable, y merece análisis y discusión pausados, sobre todo a la luz de la decisión del Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de dar por aprobado un presupuesto que recibió el voto negativo de la mayoría.

En realidad no tenemos muchas opciones en el menú: lo hacemos a la gringa y mandamos a cerrar el gobierno por unos días o semanas (cosa poco factible en este país donde todo el mundo espera que el Estado le resuelva sus problemas y satisfaga sus necesidades), o lo hacemos a la española y obligamos al gobierno a no gastar ni un cinco más que en el 2014, o lo hacemos a la Henry Mora e interpretamos que si el proyecto de presupuesto no es aprobado, igual entra en vigor.  Descartada la primera alternativa, veamos entonces las otras dos opciones.

La decisión de don Henry Mora presenta varios inconvenientes, que no son de poca monta. Debemos mencionar la doble burla al proceso democrático (al desconocer el voto de la mayoría), y al procedimiento legislativo. Permitir que un proyecto rechazado por la mayoría legislativa se convierta en ley por la vía de una dudosa interpretación, equivale al cierre técnico de la Asamblea Legislativa, con sus efectos deletéreos para la democracia. ¿Para qué desgastarse en discusiones estériles si podemos hacer que un proyecto de ley diseñado a gusto y antojo del gobierno de turno se convierta en ley mediante una acomodaticia interpretación del Presidente del Directorio Legislativo?

Si hacemos una analogía con cualquier otro proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, si el proyecto recibe tres dictámenes en comisión, el plenario no aprueba ninguno de ellos, y finalmente vota para rechazar el proyecto original, este se archiva. Si se tratara, por ejemplo, de una nueva Ley de Tránsito, seguiría vigente la ley “anterior”; NUNCA entraría en vigencia la ley rechazada. 

A favor de la decisión de don Henry Mora podemos señalar que se basó en un criterio de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que ya fue utilizado para dar por aprobado el presupuesto del 2012. Sin embargo, el error no crea derecho, y los perjuicios de dicho criterio superan por mucho los posibles beneficios.

Adoptar la salida española tiene varias ventajas. En primer lugar, evita el cierre del gobierno o su cese temporal de operaciones, y eso es percibido como un bien en nuestra sociedad. Segundo, esta solución es congruente con la práctica y con el ordenamiento jurídico costarricense: cuando un proyecto de ley es rechazado, continúa aplicándose la ley vigente hasta tanto no sea reformada.

Tercero, obliga al gobierno a negociar y a ser razonable. Dicho de otra forma se percibe mejor la importancia de este punto: la salida española evita las potenciales tendencias autoritarias de un gobierno con un respaldo tenue y una fracción legislativa de, digamos, 13 diputados, y le impide imponer su criterio a la fuerza. Porque si el proyecto de presupuesto se convierte en ley independientemente del resultado de la votación de los diputados, ¿para qué hacer la payasada de presentarlo, analizarlo, dictaminarlo y votarlo? Al gobierno le bastaría con presentar cualquier disparate – se me ocurre algo sin precedentes, como un aumento del 19% en el gasto, pero no seamos tan malpensados – dejar pasar el tiempo, y recibir el disparate de vuelta convertido en ley, con inmersión en agua bendita, fe de bautismo y bendición papal pa’que no le falte.

Por el bienestar de nuestra democracia, espero que prospere la consulta que prometieron plantear algunos diputados ante la Sala Constitucional. Ya hablaremos en otra ocasión de los efectos económicos, sociales y políticos de este fiasco presupuestario.

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