Hasta la fecha, el tema de la seguridad ciudadana no ha sido prioridad para la Administración Arias Sánchez. La prensa nos ha reportado que varios ministros, viceministros y presidentes de instituciones autónomas han sufrido las mismas consecuencias que los ciudadanos comunes y silvestres vivimos a diario: asaltos y bajonazos a plena luz del día, robos y retención de personas en sus viviendas, desfalcos, timos, y estafas. Un ministro de seguridad que adora las cámaras y cada vez que puede le echa las culpas de sus fallas a sus predecesores, el único éxito del que se puede ufanar es de la gran cantidad de drogas que se ha decomisado en el país en los últimos dos años. Y eso ni siquiera es producto de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública.
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El tratado tico-gringo de patrullaje conjunto, que data de mucho antes de que Oscar Arias asumiera la presidencia por segunda vez y con él Fernando Berrocal llegara a la cima del MSP, es la principal razón, junto con la alta probabilidad de que hoy pasan por nuestro territorio muchas más drogas que hace cinco años, de que hoy nuestra policía atrape más y mayores cargamentos de droga que en el pasado.
Si por la víspera se saca el día, el recientemente anunciado paquete de reformas conocido como “Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana” únicamente servirá de catapulta para la campaña presidencial de una figura muy cercana al liberacionismo Arista, que anda más preocupado por el tema de la sucesión en el 2010 que por el de la seguridad de quienes no contamos con guardaespaldas pagados con los impuestos del pueblo. Oscar y Rodrigo Arias no quisieran servir en bandeja un segundo período al Partido Liberación Nacional si este llegara a ser aprovechado por un “no-Arista” como Rolando Araya Monge ó un “traidor” como Antonio Álvarez Desanti.
Confieso no haber leído el paquete hasta ahora, así que me guío por lo reseñado en los medios de prensa nacionales y no refutado por ninguna autoridad gubernamental. La más preocupante ocurrencia es la que permitiría al Ministerio de Hacienda utilizar los dineros decomisados a cualquier persona sospechosa de actividades ilícitas (o que no pueda explicar satisfactoriamente el origen de su fortuna), sin tener que esperar un juicio que declare la culpabilidad del imputado. La primera víctima de semejante ocurrencia sería la presunción de inocencia: toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En La Suiza Centroamericana no condonamos las actividades ilícitas ni celebramos las riquezas provenientes de ellas. Creemos firmemente que nuestros juzgados deberían de ser más eficientes y céleres a la hora de resolver los casos que se le presentan; creemos, en resumen, en una justicia pronta y cumplida. Determinada la culpabilidad de un encartado, creemos que el Estado debe de tener la potestad inmediata de confiscar los bienes derivados de las actividades ilícitas del reo, y utilizarlos para combatir la criminalidad o para cualquier otro propósito de bien común que resulte prioritario. Pero de ahí a permitir a las autoridades incautar y utilizar los bienes de un sospechoso que no ha sido juzgado, hay una gran distancia. La segunda víctima, y más importante, de semejante ocurrencia, es la seguridad jurídica, hermana de la libertad
A mi amigo Marcelo, el che, recientemente le retuvieron sin justificación alguna unos dineros que transfirió de Argentina a un banco privado en Costa Rica, provenientes de una propiedad que vendió en aquel país en la época del “corralito” bancario y que por ende nunca depositó en un banco allá. La venta de la propiedad estuvo más que demostrada, pero el hecho de haber tenido la plata literalmente “bajo el colchón” durante más de cuatro años dio pie para que en aras de una malentendida “investigación de oficio” los dineros fueran retenidos tan arbitrariamente como quince días después fueran liberados sin explicación y sin disculpa. Que las leyes se pueden usar de escudo para perjudicar al ciudadano común no debería de sorprender a nadie. Para quien haya leído a Kafka, y aún para quienes no lo hayan hecho, no debería de resultar ajena la noción de que por oscuros motivos (tales como la persecución política), las autoridades gubernamentales pueden desear perjudicar a un ciudadano, y nada más fácil que acusándolo frívolamente de algún ilícito para, sin darle oportunidad de ejercer su defensa ante un juzgado competente, decomisarle sus bienes y gastárselos. Si después la persona resulta absuelta, pasarán más de mil años antes de que el presupuesto nacional incluya la partida para devolver al ciudadano sus pertenencias y, cuando lo hagan, será a precios ridículos establecidos por un perito parcializado y pagado por el erario nacional, probablemente con los mismos fondos incautados al ciudadano afectado.
Otra brillante ocurrencia incluida en el paquete es la de limitar a una la cantidad de armas que puede registrar una persona. Dean CóRnito aclara de antemano que no posee un arma de fuego, nunca ha poseído una, nunca ha disparado una, no sabe cómo hacerlo, ni le interesa aprender. En lo personal, si no me permiten registrar ni siquiera un arma, no me afectaría. Pero el tema de interés aquí es el de la seguridad ciudadana y no el interés particular. Quien crea que el problema de inseguridad en este país se origina en las armas registradas, o que el problema de la inseguridad se acaba restringiendo el registro de armas por parte de los ciudadanos que si respetan las leyes es, por decirlo bonito, un grandísimo iluso. Para nadie es un secreto, y menos aún para la Ministra de Justicia, el Ministro de Seguridad, el Fiscal General, y el director del OIJ (coautores del paquete de ocurrencias), que el problema de armas en este país se debe a un mercado negro que supera por mucho al mercado legal. Limitar el registro de armas a una por persona lo único que hará es incrementar el número de armas no registradas, que son las que casi nunca pueden rastrear nuestras autoridades policiales y judiciales después de un crimen justamente porque…. ¡NO existen registros de ellas!
No todo en el paquete de ocurrencias es malo, pero no se percibe de lo que hemos podido conocer que el proyecto de ley obedezca a una estrategia bien pensada y para aplicar desde ahora y para el largo plazo para combatir las fuentes de la inseguridad ciudadana. Nadie puede argumentar en contra de la prohibición de inscribir armas por parte de agresores domésticos conocidos, pero la realidad es que el agresor que quiera volarle la tapa de los sesos a su mujer lo hará con pistola registrada, o con rifle de cacería o, en última instancia, con machete o martillo.
Tampoco podemos discutir con la propuesta de permitir a las municipalidades la cancelación de los permisos de operación a los negocios de compra y venta que reciban artículos robados, pero la realidad es que la ley hoy en día ofrece las herramientas para atacar la “receptación de bienes robados” y enviar a la cárcel a los topadores, pero nuestras autoridades han decidido no hacer uso de dichas herramientas, al menos no con “los grandes”. ¿Quién no conoce a un pobre muerto de hambre que ha ido a parar con sus huesos en la chirola por haber comprado de buena fe una moto usada que resultó ser robada? Yo les garantizo que es más efectivo enjaular al dueño de cualquier casa de empeño que cerrarle el negocio (que puede reabrir de manera clandestina sin permisos municipales, o simplemente cambiarse a otra jurisdicción), pero no es él quien va a la cárcel, sino el cliente que compra las cochinadas que el otro ofrece.
Así es como nos llenamos en este bendito país de leyes inútiles y engorrosas. Al menos esta vez el paquete puede lograr su principal objetivo: encumbrar a doña Laura Chinchilla, hasta ahora de gris desempeño en el gobierno, a la candidatura presidencial por el PLN. Porque nada mejor que una mujer que demuestre tener los pantalones bien puestos y se abandere con un intento de ley que proyecta la imagen de “duro contra el crimen”, máxime si esa mujer es cercana a los hermanitos Arias, como lo debe de ser para que le hayan ofrecido una Vicepresidencia.
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El tratado tico-gringo de patrullaje conjunto, que data de mucho antes de que Oscar Arias asumiera la presidencia por segunda vez y con él Fernando Berrocal llegara a la cima del MSP, es la principal razón, junto con la alta probabilidad de que hoy pasan por nuestro territorio muchas más drogas que hace cinco años, de que hoy nuestra policía atrape más y mayores cargamentos de droga que en el pasado.
Si por la víspera se saca el día, el recientemente anunciado paquete de reformas conocido como “Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana” únicamente servirá de catapulta para la campaña presidencial de una figura muy cercana al liberacionismo Arista, que anda más preocupado por el tema de la sucesión en el 2010 que por el de la seguridad de quienes no contamos con guardaespaldas pagados con los impuestos del pueblo. Oscar y Rodrigo Arias no quisieran servir en bandeja un segundo período al Partido Liberación Nacional si este llegara a ser aprovechado por un “no-Arista” como Rolando Araya Monge ó un “traidor” como Antonio Álvarez Desanti.
Confieso no haber leído el paquete hasta ahora, así que me guío por lo reseñado en los medios de prensa nacionales y no refutado por ninguna autoridad gubernamental. La más preocupante ocurrencia es la que permitiría al Ministerio de Hacienda utilizar los dineros decomisados a cualquier persona sospechosa de actividades ilícitas (o que no pueda explicar satisfactoriamente el origen de su fortuna), sin tener que esperar un juicio que declare la culpabilidad del imputado. La primera víctima de semejante ocurrencia sería la presunción de inocencia: toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En La Suiza Centroamericana no condonamos las actividades ilícitas ni celebramos las riquezas provenientes de ellas. Creemos firmemente que nuestros juzgados deberían de ser más eficientes y céleres a la hora de resolver los casos que se le presentan; creemos, en resumen, en una justicia pronta y cumplida. Determinada la culpabilidad de un encartado, creemos que el Estado debe de tener la potestad inmediata de confiscar los bienes derivados de las actividades ilícitas del reo, y utilizarlos para combatir la criminalidad o para cualquier otro propósito de bien común que resulte prioritario. Pero de ahí a permitir a las autoridades incautar y utilizar los bienes de un sospechoso que no ha sido juzgado, hay una gran distancia. La segunda víctima, y más importante, de semejante ocurrencia, es la seguridad jurídica, hermana de la libertad
A mi amigo Marcelo, el che, recientemente le retuvieron sin justificación alguna unos dineros que transfirió de Argentina a un banco privado en Costa Rica, provenientes de una propiedad que vendió en aquel país en la época del “corralito” bancario y que por ende nunca depositó en un banco allá. La venta de la propiedad estuvo más que demostrada, pero el hecho de haber tenido la plata literalmente “bajo el colchón” durante más de cuatro años dio pie para que en aras de una malentendida “investigación de oficio” los dineros fueran retenidos tan arbitrariamente como quince días después fueran liberados sin explicación y sin disculpa. Que las leyes se pueden usar de escudo para perjudicar al ciudadano común no debería de sorprender a nadie. Para quien haya leído a Kafka, y aún para quienes no lo hayan hecho, no debería de resultar ajena la noción de que por oscuros motivos (tales como la persecución política), las autoridades gubernamentales pueden desear perjudicar a un ciudadano, y nada más fácil que acusándolo frívolamente de algún ilícito para, sin darle oportunidad de ejercer su defensa ante un juzgado competente, decomisarle sus bienes y gastárselos. Si después la persona resulta absuelta, pasarán más de mil años antes de que el presupuesto nacional incluya la partida para devolver al ciudadano sus pertenencias y, cuando lo hagan, será a precios ridículos establecidos por un perito parcializado y pagado por el erario nacional, probablemente con los mismos fondos incautados al ciudadano afectado.
Otra brillante ocurrencia incluida en el paquete es la de limitar a una la cantidad de armas que puede registrar una persona. Dean CóRnito aclara de antemano que no posee un arma de fuego, nunca ha poseído una, nunca ha disparado una, no sabe cómo hacerlo, ni le interesa aprender. En lo personal, si no me permiten registrar ni siquiera un arma, no me afectaría. Pero el tema de interés aquí es el de la seguridad ciudadana y no el interés particular. Quien crea que el problema de inseguridad en este país se origina en las armas registradas, o que el problema de la inseguridad se acaba restringiendo el registro de armas por parte de los ciudadanos que si respetan las leyes es, por decirlo bonito, un grandísimo iluso. Para nadie es un secreto, y menos aún para la Ministra de Justicia, el Ministro de Seguridad, el Fiscal General, y el director del OIJ (coautores del paquete de ocurrencias), que el problema de armas en este país se debe a un mercado negro que supera por mucho al mercado legal. Limitar el registro de armas a una por persona lo único que hará es incrementar el número de armas no registradas, que son las que casi nunca pueden rastrear nuestras autoridades policiales y judiciales después de un crimen justamente porque…. ¡NO existen registros de ellas!
No todo en el paquete de ocurrencias es malo, pero no se percibe de lo que hemos podido conocer que el proyecto de ley obedezca a una estrategia bien pensada y para aplicar desde ahora y para el largo plazo para combatir las fuentes de la inseguridad ciudadana. Nadie puede argumentar en contra de la prohibición de inscribir armas por parte de agresores domésticos conocidos, pero la realidad es que el agresor que quiera volarle la tapa de los sesos a su mujer lo hará con pistola registrada, o con rifle de cacería o, en última instancia, con machete o martillo.
Tampoco podemos discutir con la propuesta de permitir a las municipalidades la cancelación de los permisos de operación a los negocios de compra y venta que reciban artículos robados, pero la realidad es que la ley hoy en día ofrece las herramientas para atacar la “receptación de bienes robados” y enviar a la cárcel a los topadores, pero nuestras autoridades han decidido no hacer uso de dichas herramientas, al menos no con “los grandes”. ¿Quién no conoce a un pobre muerto de hambre que ha ido a parar con sus huesos en la chirola por haber comprado de buena fe una moto usada que resultó ser robada? Yo les garantizo que es más efectivo enjaular al dueño de cualquier casa de empeño que cerrarle el negocio (que puede reabrir de manera clandestina sin permisos municipales, o simplemente cambiarse a otra jurisdicción), pero no es él quien va a la cárcel, sino el cliente que compra las cochinadas que el otro ofrece.
Así es como nos llenamos en este bendito país de leyes inútiles y engorrosas. Al menos esta vez el paquete puede lograr su principal objetivo: encumbrar a doña Laura Chinchilla, hasta ahora de gris desempeño en el gobierno, a la candidatura presidencial por el PLN. Porque nada mejor que una mujer que demuestre tener los pantalones bien puestos y se abandere con un intento de ley que proyecta la imagen de “duro contra el crimen”, máxime si esa mujer es cercana a los hermanitos Arias, como lo debe de ser para que le hayan ofrecido una Vicepresidencia.
Definitivamente, Sobrado está sobrando...
ResponderBorrarAnonadado estoy yo!!! ¿Quién diantres es Sobrado y que vela tiene en este entierro?
ResponderBorrarEsa ya me la olía, no creás, en los últimos meses se me ha afinado el olfatillo político en cuestión de patrañas electorales...
ResponderBorrarMirá, lo de el decomiso de activos de supuesto origen delictivo funcionó súper bien en Irlanda, pero allá hay leyes de verdad, ordenadas y bien planteadas y que, además, no son elásticas como aquí. Si supieran los legisladores no sólo cómo redactarla bien sino cómo hacer que se aplique como se debe, te cuento que sería maravilloso, sobre todo porque nuestra suiza centroamericana (ojo que no hablo de este tu interesantísimo blog) se ha convertido poco a poco en un paraíso de lavado de dinero de una amplia gama de delitos.
A mí en lo personal me tiene harta la inseguridad y si pudiera me compraba una pistola, de no ser porque me conozco lo histérica que soy y en la de menos me jalo una torta, entonces mejor machete estate en tu vaina. Aunque te digo que, a pesar de que creo que la violencia sólo genera más de lo mismo, las cosas están llegando al punto en que la única solución parece ser el armarse hasta los dientes.
¿Qué irá a pasar? ¿Adonde iremos a parar? Son preguntas que ahorita mismo, me daría miedo conocer la respuesta.