Tanta publicidad le hizo el gobierno de doña Laura Chinchilla, y tanta esperanza levantaron de que por fin se planteara una verdadera reforma fiscal que viniera a resolver los problemas estructurales crónicos de nuestras finanzas públicas, que ahora que se ha conocido la propuesta, ha provocado una gran decepción. La primera reforma fiscal con eslogan de la historia – “un tributo a Costa Rica” – no pasa de ser un paquetazo de impuestos más, como muchos otros antes, sin ninguna coherencia ni consistencia lógica, y con el único objetivo de aumentar la recaudación a corto plazo para mantener a flote a un Estado esclerótico, ineficiente y muy glotón.
Una verdadera reforma fiscal debe de buscar aumentar la recaudación de manera sostenible a lo largo del tiempo, cumpliendo con una serie de criterios políticos como los que usualmente son mencionados en el debate: justicia distributiva, eficacia en la recaudación, impacto positivo sobre el crecimiento económico. Pero además, y para diferenciarse de un simple aumento de impuestos, debe de atacar con seriedad la otra mitad de la ecuación de las finanzas públicas: el gasto. Una verdadera reforma fiscal debe de proponer recortes sostenibles en el gasto público – ojalá sin afectar la inversión –, y debe introducir los criterios y mecanismos para evitar el despilfarro – el de verdad, que nada tiene que ver con el gasto en galletas y licor. En la mayoría de estos criterios, la propuesta del Ministro Herrero se queda corta.
En primer lugar, hay que señalar que según las cifras del propio Ministerio de Hacienda, el 68% de los nuevos ingresos esperados provendrá de la conversión del impuesto de ventas a un verdadero impuesto al valor agregado (IVA). Este autor nada tiene en contra de la aplicación de la metodología del IVA, que es la tendencia moderna y – lo poco bueno entre tanta incoherencia hay que reconocerlo – es una manera muy eficaz de recaudar impuestos. Este tipo de impuestos indirectos son los más difíciles de evadir y los más fáciles de controlar. Sin embargo, los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, lo cual quiere decir que afectan más a quienes menores ingresos tienen. Nótese que más de dos terceras partes de los nuevos ingresos pretendidos provienen de un impuesto de naturaleza regresiva, y eso no tiene nada de justicia.
Para empeorar la regresividad de la propuesta, el nuevo IVA gravaría a cerca de 200 bienes y servicios que hoy forman parte de una especie de canasta básica de bienes exonerados. Aunque en buena práctica tributaria es necesario cerrar los “huecos” presentes en la legislación tributaria y este autor estaría de acuerdo con gravar la mayoría de estos artículos, eso solo se puede hacer en el contexto de una verdadera reforma fiscal que genere la mayoría de sus ingresos de otras fuentes, y no a expensas de los más pobres.
El segundo pilar del aumento en la recaudación lo constituye una reforma tímida y parcial al impuesto de renta, que es un impuesto directo y en principio progresivo. De aquí se pretende obtener el 24% de los nuevos ingresos, es decir, menos de la cuarta parte. Esta reforma pretende igualar el tratamiento fiscal que reciben diferentes tipos de ingresos, y en ese sentido es positiva. Sin embargo, al subir los impuestos a los dividendos, a los intereses obtenidos de los ahorros, y a los intereses pagados a entidades del exterior, la propuesta vendrá a desestimular el ahorro y a encarecer la inversión. Este es el tipo de reforma que es necesaria para el país, pero absolutamente inconveniente en la actual coyuntura económica de contracción de la producción, tanto a nivel interno como internacional. La economía actual está para ser estimulada, no para enfriarla con una reforma de esta naturaleza.
Para agravar la naturaleza recesionaria de esta mal llamada reforma fiscal, se propone duplicar el impuesto al traspaso de bienes inmuebles (del 1.5% al 3%). Esto encarecerá la vivienda, y afectará negativamente al ya de por si deprimido sector de la construcción, que es uno de los principales motores de crecimiento de la economía. Este, por cierto, es también un impuesto indirecto, con el que se pretende allegar a las arcas del Estado un 4% de los recursos nuevos, elevando la proporción de ingresos nuevos generados mediante este tipo de impuestos regresivos al 72%, casi tres cuartas partes del total.
Con estas medidas el gobierno pretende aumentar la recaudación en 2.5% del PIB, unos 500 mil millones de colones. Adicionalmente, con un esfuerzo por mejorar la recaudación de los impuestos existentes, pretende aumentar la recaudación en otro 0,25% del PIB (otros 50.000 millones), cifra absolutamente risible si consideramos que la evasión actual representa más del 28% del PIB. Es decir, el esfuerzo que pretende hacer el Ministro Herrero para mejorar la recaudación propone lograr cobrar menos de un 1% de la evasión total… prácticamente nada.
Visto de otra manera, hoy en día el gobierno recauda en impuestos alrededor de un 14% del PIB, pero si cobrara bien la totalidad de los impuestos existentes, llegaría a triplicar esa cifra (más del 40% del PIB). Ningún país del mundo alcanza una recaudación del 100% de sus impuestos, pero si el Ministerio se propusiera reducir la evasión del 65% actual al 50%, aumentaría la recaudación en más de 6 puntos porcentuales del PIB, y no sería necesario el paquete de nuevos impuestos. De hecho, durante la segunda Administración Arias Sánchez, el hoy diputado y entonces Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, logró aumentar la recaudación en 2.5% del PIB sin aprobar nuevos impuestos, pero cobrando mejor los existentes. Esa cifra, 2.5% del PIB, es justamente lo que quiere lograr don Fernando Herrero. Dada la tremenda ineficiencia de nuestra burocracia y el despilfarro de nuestro sector público, lo más lógico en la coyuntura actual de estancamiento sería emular el esfuerzo del exministro y buscar reducir la evasión en serio, en lugar de recurrir al expediente del aumento impositivo.
Por el lado del gasto, el gobierno pretende reducirlo en un 0.20% del PIB, unos 40.000 millones de colones. Si hoy en día el gobierno se gasta alrededor del 18% del PIB, ese recorte vendría a representar una reducción del gasto de apenas poco más del 1%; un esfuerzo a todas luces insuficiente. Se plantean bienvenidos recortes del 20% en rubros como publicidad, consultorías, alimentos y bebidas (las famosas galletas y licores), pero no existe un solo planteamiento para revisar la importancia estratégica de infinidad de programas gubernamentales e instituciones estatales cuya razón de ser dejó de existir hace varias décadas, o de otros donde resulta más cara la generación del beneficio que la injusticia o el daño que supuestamente vienen a reparar. La propuesta de no generar nuevas plazas en el sector público no es un recorte, sino una medida de contención del gasto que es muy fácil de violar. Basta con una buena huelga de funcionarios públicos en cualquier institución para que estas intenciones pasen a empedrar el largo camino al infierno.
Hay mucho más que decir, pero este artículo ya va quedando demasiado largo, así que quedará para otra ocasión. El tema dará para mucho más debate y estoy seguro de que tarde o temprano me sentiré compelido a volver a escribir sobre él. Como conclusión, hemos de decir que esperábamos otra cosa del gobierno de Laura Chinchilla, nunca más de lo mismo. Este es un paquete de impuestos mal disfrazado de reforma fiscal, cuya propuesta en materia impositiva vendría a profundizar la crisis económica y a empeorar la distribución del ingreso al recargar el grueso de los nuevos impuestos en la gente de menores recursos, y cuya propuesta en materia de control del gasto no es más que un saludo a la bandera. Una propuesta tan mala merece el mismo destino que el de la propuesta igualmente mala del gobierno de Abel Pacheco de ingrata memoria, y que obligó al país a perder 4 años de estéril discusión. Lástima las oportunidades perdidas.
Una verdadera reforma fiscal debe de buscar aumentar la recaudación de manera sostenible a lo largo del tiempo, cumpliendo con una serie de criterios políticos como los que usualmente son mencionados en el debate: justicia distributiva, eficacia en la recaudación, impacto positivo sobre el crecimiento económico. Pero además, y para diferenciarse de un simple aumento de impuestos, debe de atacar con seriedad la otra mitad de la ecuación de las finanzas públicas: el gasto. Una verdadera reforma fiscal debe de proponer recortes sostenibles en el gasto público – ojalá sin afectar la inversión –, y debe introducir los criterios y mecanismos para evitar el despilfarro – el de verdad, que nada tiene que ver con el gasto en galletas y licor. En la mayoría de estos criterios, la propuesta del Ministro Herrero se queda corta.
En primer lugar, hay que señalar que según las cifras del propio Ministerio de Hacienda, el 68% de los nuevos ingresos esperados provendrá de la conversión del impuesto de ventas a un verdadero impuesto al valor agregado (IVA). Este autor nada tiene en contra de la aplicación de la metodología del IVA, que es la tendencia moderna y – lo poco bueno entre tanta incoherencia hay que reconocerlo – es una manera muy eficaz de recaudar impuestos. Este tipo de impuestos indirectos son los más difíciles de evadir y los más fáciles de controlar. Sin embargo, los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, lo cual quiere decir que afectan más a quienes menores ingresos tienen. Nótese que más de dos terceras partes de los nuevos ingresos pretendidos provienen de un impuesto de naturaleza regresiva, y eso no tiene nada de justicia.
Para empeorar la regresividad de la propuesta, el nuevo IVA gravaría a cerca de 200 bienes y servicios que hoy forman parte de una especie de canasta básica de bienes exonerados. Aunque en buena práctica tributaria es necesario cerrar los “huecos” presentes en la legislación tributaria y este autor estaría de acuerdo con gravar la mayoría de estos artículos, eso solo se puede hacer en el contexto de una verdadera reforma fiscal que genere la mayoría de sus ingresos de otras fuentes, y no a expensas de los más pobres.
El segundo pilar del aumento en la recaudación lo constituye una reforma tímida y parcial al impuesto de renta, que es un impuesto directo y en principio progresivo. De aquí se pretende obtener el 24% de los nuevos ingresos, es decir, menos de la cuarta parte. Esta reforma pretende igualar el tratamiento fiscal que reciben diferentes tipos de ingresos, y en ese sentido es positiva. Sin embargo, al subir los impuestos a los dividendos, a los intereses obtenidos de los ahorros, y a los intereses pagados a entidades del exterior, la propuesta vendrá a desestimular el ahorro y a encarecer la inversión. Este es el tipo de reforma que es necesaria para el país, pero absolutamente inconveniente en la actual coyuntura económica de contracción de la producción, tanto a nivel interno como internacional. La economía actual está para ser estimulada, no para enfriarla con una reforma de esta naturaleza.
Para agravar la naturaleza recesionaria de esta mal llamada reforma fiscal, se propone duplicar el impuesto al traspaso de bienes inmuebles (del 1.5% al 3%). Esto encarecerá la vivienda, y afectará negativamente al ya de por si deprimido sector de la construcción, que es uno de los principales motores de crecimiento de la economía. Este, por cierto, es también un impuesto indirecto, con el que se pretende allegar a las arcas del Estado un 4% de los recursos nuevos, elevando la proporción de ingresos nuevos generados mediante este tipo de impuestos regresivos al 72%, casi tres cuartas partes del total.
Con estas medidas el gobierno pretende aumentar la recaudación en 2.5% del PIB, unos 500 mil millones de colones. Adicionalmente, con un esfuerzo por mejorar la recaudación de los impuestos existentes, pretende aumentar la recaudación en otro 0,25% del PIB (otros 50.000 millones), cifra absolutamente risible si consideramos que la evasión actual representa más del 28% del PIB. Es decir, el esfuerzo que pretende hacer el Ministro Herrero para mejorar la recaudación propone lograr cobrar menos de un 1% de la evasión total… prácticamente nada.
Visto de otra manera, hoy en día el gobierno recauda en impuestos alrededor de un 14% del PIB, pero si cobrara bien la totalidad de los impuestos existentes, llegaría a triplicar esa cifra (más del 40% del PIB). Ningún país del mundo alcanza una recaudación del 100% de sus impuestos, pero si el Ministerio se propusiera reducir la evasión del 65% actual al 50%, aumentaría la recaudación en más de 6 puntos porcentuales del PIB, y no sería necesario el paquete de nuevos impuestos. De hecho, durante la segunda Administración Arias Sánchez, el hoy diputado y entonces Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, logró aumentar la recaudación en 2.5% del PIB sin aprobar nuevos impuestos, pero cobrando mejor los existentes. Esa cifra, 2.5% del PIB, es justamente lo que quiere lograr don Fernando Herrero. Dada la tremenda ineficiencia de nuestra burocracia y el despilfarro de nuestro sector público, lo más lógico en la coyuntura actual de estancamiento sería emular el esfuerzo del exministro y buscar reducir la evasión en serio, en lugar de recurrir al expediente del aumento impositivo.
Por el lado del gasto, el gobierno pretende reducirlo en un 0.20% del PIB, unos 40.000 millones de colones. Si hoy en día el gobierno se gasta alrededor del 18% del PIB, ese recorte vendría a representar una reducción del gasto de apenas poco más del 1%; un esfuerzo a todas luces insuficiente. Se plantean bienvenidos recortes del 20% en rubros como publicidad, consultorías, alimentos y bebidas (las famosas galletas y licores), pero no existe un solo planteamiento para revisar la importancia estratégica de infinidad de programas gubernamentales e instituciones estatales cuya razón de ser dejó de existir hace varias décadas, o de otros donde resulta más cara la generación del beneficio que la injusticia o el daño que supuestamente vienen a reparar. La propuesta de no generar nuevas plazas en el sector público no es un recorte, sino una medida de contención del gasto que es muy fácil de violar. Basta con una buena huelga de funcionarios públicos en cualquier institución para que estas intenciones pasen a empedrar el largo camino al infierno.
Hay mucho más que decir, pero este artículo ya va quedando demasiado largo, así que quedará para otra ocasión. El tema dará para mucho más debate y estoy seguro de que tarde o temprano me sentiré compelido a volver a escribir sobre él. Como conclusión, hemos de decir que esperábamos otra cosa del gobierno de Laura Chinchilla, nunca más de lo mismo. Este es un paquete de impuestos mal disfrazado de reforma fiscal, cuya propuesta en materia impositiva vendría a profundizar la crisis económica y a empeorar la distribución del ingreso al recargar el grueso de los nuevos impuestos en la gente de menores recursos, y cuya propuesta en materia de control del gasto no es más que un saludo a la bandera. Una propuesta tan mala merece el mismo destino que el de la propuesta igualmente mala del gobierno de Abel Pacheco de ingrata memoria, y que obligó al país a perder 4 años de estéril discusión. Lástima las oportunidades perdidas.
Muy bien, como de costumbre..
ResponderBorrarLastimosamente yo creo que el gobierno ya tiene negociado los votos..
Pero vamos a ver qué pasa..
Diay, es que habría que ponerle el cascabel al gato o a los dos gatos: la evasión y el despilfarro estatal.
ResponderBorrarHabría que hacer una verdadera reforma del Estado junto con la Tributaria... pero ¿quién se atreve?
Buena entrada, me ayudó a comprender más la situación.
ResponderBorrarY como dice H3dicho, es posible que ya se tienen comprados los votos para pasar esta "reforma"...
Saludos don Dean
H3Dicho y Enmidoxa: yo no creo que tengan los votos amarrados, pero habrá que ver. La Asamblea siempre es una cajita de Pandora donde nada se puede dar por sentado, y menos en un tema tan sensible como subir impuestos. Por otro lado, el artículo de ayer en La Nación de Rodolfo Méndez no presenta muy buenos augurios para el campo "anti paquete".
ResponderBorrarTerox, eso justamente es lo que hay que hacer: ponerle la cascabel al gato, en vez de darle más y más recursos a un Estado cada día más y más infeciente y despilfarrador. Una reforma del Estado es necesaria, pero mucho más comprensiva que una reforma fiscal. Me conformo con lo segundo, ya que en este país las grandes decisiones se toman con gotero. Una reforma fiscal seria obligará a empezar a considerar una reforma del Estado.
Saludos, y feliz año a todos!!!
Con lo de los votos, tampoco creo que los tenga negociados, por ejemplo el ML no se puede dar el lujo de darle la espalda a su base, ya se hizo suficiente daño durante la campaña como para arriesgarse a perder toda posibilidad de financiamiento para futuras elecciones, el PAC se ha manifestado en contra desde el principio del plan (para sorpresa grata e inesperada) y el PUSC tiene que buscar una forma de reconciliarse con quien sea que vota por ellos.
ResponderBorrarLo que hace falta en la asamblea es un Malavassi que frene el nuevo paquetazo que nos quieren meter, vamos a ver quien está dispuesto a hacer lo que se debe hacer para frenarlo.
Dean, ¿por qué no te hacé un post (o una serie) de cuál sería una verdadera reforma fiscal? Sería muy interesante intercambiar criterios...
ResponderBorrarGonzo, el problema es que me parece que los del PUSC más bien se quieren reconciliar con quién les puede ofrecer trabajo en el futuro (o sea, la otra mitad del PLUSC), no con su cada vez más exiguos votantes.
ResponderBorrarTerox, me la pusiste difícil. El Ministerio de Hacienda lleva al menos 8 años estudiando una reforma fiscal, para haber salido con ese mamarracho ahora. No es soplar y hacer botellas, y con el tiempo que le puedo dedicar a este blog, no podría hacer una propuesta de esa naturaleza. Trataré al menos de plantear un esbozo de líneas generales!!!