El derecho de tenencia y portación de armas

Dean CóRnito nunca ha tenido un arma, no sabe usarlas y, francamente, no logra entender la fascinación de muchas personas con ellas.  Siendo liberal, ha tenido que tomar la decisión consciente de nunca involucrarse en el debate sobre “el derecho o no” a las armas, porque si bien su corazón liberal le dicta que cada quien debe ser libre para decidir cómo manejar sus cosas, su intelecto le dice que los juegos con armas son una soberana estupidez.   Sin embargo, cuando la imbecilidad se convierte en política pública, y el cinismo en discurso oficial, un liberal que se respete no tiene más opción que dejar a un lado su natural aversión a las armas para ejercer, por primera vez en su vida, la defensa del derecho de las personas a tener y/o portar armas.

Ya en otras ocasiones en este blog he manifestado mi preocupación por el desagradable tufo autoritario que percibo en muchas actuaciones de nuestro gobierno. Y, aunque no me he referido a ello por falta de tiempo, la bochornosa decisión de enjaular media ciudad de Alajuela para impedir a los manifestantes acercarse a su majestad Laurita I durante las celebraciones del 11 de abril recién pasado,  es nada más la más reciente y más grosera, pero no la única muestra de ese autoritarismo que ha permeado en la clase política dominante, completamente desprovista de clase.

Ahora nos sale con una nueva y grandiosa genialidad don Mario Zamora Cordero, el Ministro de Seguridad. En su cruzada por prohibir la posesión de armas legalmente adquiridas, hoy defiende uno de esos proyectos de ley que lamentablemente abundan en nuestra historia, destinado a convertirse en monumento a la estupidez humana y a la ineficacia de las leyes pensadas con el culo.

El proyecto para reformar la Ley de Armas y Explosivos, presentado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, y candorosamente defendido por don Mario Zamora, pretende dificultar la adquisición e inscripción de armas por la vía legal. No entraré aquí en los detalles, pero puede el estimado lector consultar este reportaje de La Nación, y su correspondiente infográfico, para comprobar que el tiempo que será necesario para inscribir un arma superará los tres meses, y el costo del trámite más el arma podría incrementarse en un 60% con respecto al presente. 

Parte don Mario Zamora de la infundada noción de que esto “se traducirá en una reducción de homicidios, de lesiones y agresiones relacionadas con el uso de armas de fuego”, como si la mayoría de los crímenes en nuestro país se efectuaran con armas legalmente inscritas.  Muy por el contrario, la aprobación de este aberrante proyecto de ley fomentará el crecimiento del mercado negro de armas, y probablemente también la violencia asociada con éste.  ¿O ya nadie se acuerda del asalto al arsenal de la Policía de Tránsito?  La comisión de crímenes no se reducirá, pero el aumento desmedido del costo de adquirir armas por la vía legal tendrá, inexorablemente, el efecto aumentar la oferta de armas de contrabando.

El proyecto de ley, aparentemente, también contempla dar a las autoridades el poder discrecional de suspender los permisos de uso de armas en zonas geográficas y/o momentos y circunstancias de su antojo. Es decir, si usted logró superar ridícula la carrera de obstáculos que supondrá haber obtenido un arma de manera legal, pero además tiene la mala fortuna de vivir en una zona donde hay un recrudecimiento de la criminalidad violenta, papá Estado puede negarle su derecho a usar su arma en ese momento y lugar, aún si su vida corre peligro. Dejemos que sea el mismo Ministro el que se los diga, en sus propias palabras. 

Hablando de una situación vivida en Limón el año pasado, cuando el enfrentamiento armado entre pandillas resultó en varios asesinatos, dice don Mario que “en casos similares podríamos generar un decreto de suspensión de tenencia de armas, (...) igual bajo determinadas condiciones o en épocas de fiestas cívicas (...) donde a veces se presenta un incremento en el uso de armas de fuego, para poder suspender de manera momentánea y aleatoria bajo justificaciones técnicas los permisos dados por el Estado.”

No se qué sea más triste, si la pobreza argumental o la semántica, pero evidentemente el vocablo aleatoria nunca debió de aparecer en semejante afirmación ministerial. O es aleatoria la suspensión (y tal vez el hecho de que el Ministro lo haya dicho constituya un desliz Freudiano), o se hace “bajo justificaciones técnicas”. En ninguno de los dos casos se sostiene.  Porque si hay algo de lo que podemos tener certeza es que los pandilleros limonenses no se andan matando con armas registradas, que dejan un rastro muy fácil de seguir.

El proyecto de ley también propone limitar a cinco la cantidad de armas que puede inscribir una persona jurídica.  Este sería, de cuajo, el final de los servicios privados de seguridad, lamentablemente tan necesarios ante la incapacidad de nuestros cuerpos de seguridad de garantizarnos justamente eso: nuestra seguridad.  Yo sueño con ver el día en que todas las empresas de seguridad desparezcan, porque hayan dejado de ser necesarias. Mientras tanto, por favor, permítanles trabajar y permítannos a los ciudadanos intentar dormir bajo la falsa ilusión de seguridad que nos brinda el sereno.

Todo lo anterior es, a lo sumo, muestra de la infinitud de la estupidez humana, comparada alguna vez por Albert Einstein con el tamaño del universo.  Más grave aún resulta la argumentación filosófica utilizada por el Ministro Zamora para defender las bondades de la ley.  Dice que “el derecho a las armas no es un derecho de los particulares, es una prerrogativa y una concesión del Estado.”  Esto, señores, es el fundamento de todos los totalitarismos conocidos, sin importar cuál extremo del espectro ideológico los haya engendrado. Es poner al Estado como ente superior y todopoderoso por encima de los ciudadanos y sus derechos, cuando es exactamente al revés.  

El Estado no es más que una forma que tenemos los ciudadanos de organizarnos para procurar una adecuada conducción de los asuntos públicos, pero NUNCA es la fuente de nuestros derechos. Por el contrario, el Estado existe únicamente por delegación de la ciudadanía, y todos sus poderes y prerrogativas emanan de la voluntad popular. En una democracia liberal, no puede un funcionario público cercenar derechos ciudadanos y convertirlos en “prerrogativas del Estado” que éste concede de vuelta a la ciudadanía a su antojo y ocurrencia.  El poder reside en el pueblo, que no es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos.

No debemos permitir que ninguna estadística manoseada con fines propagandísticos de pie a la cancelación de nuestros derechos.  Este mismo Ministro, y el gobierno que lo sostiene, han desarrollado un ya largo historial de rechazo a los más elementales derechos de la ciudadanía: desde los atropellos a los manifestantes en el campus de la UCR hace un tiempo, o la forma en que fue reprimida una protesta frente a la CCSS hace unos meses, hasta el sitio de Alajuela el 11 de abril, impidiendo el ejercicio efectivo del derecho de protesta y la libertad de expresión, y pasando ahora – por medio de la estupidez de las armas – a avisarnos que en su enfermiza visión de mundo, los derechos que tenemos los ciudadanos lo son únicamente por gracia concedida del todopoderoso Estado.

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