Nos informa La Nación que en esta tercera legislatura se han aprobado “apenas” 28 leyes, en su mayoría intrascendentes. Yo soy de la tesis de que el problema de este país es el exceso de leyes, no la falta de ellas. La labor de la Asamblea Legislativa se debe de medir en términos de la trascendencia de las leyes que aprueba, y la calidad y aplicabilidad de esas leyes.
Existen en Costa Rica casi diez mil leyes. Yo me pregunto: ¿hay alguien que las pueda conocer todas? Digo, porque en caso de meterse en una torta no puede uno alegar desconocimiento de la ley. Supongo que una inmensa mayoría de esas leyes están en el más absoluto desuso porque pareciera que fueron redactadas por personas que no pasaron primer grado (de primaria, por si acaso a alguien le cabe la duda), o porque no son más que meros saludos a la bandera. Porque en nuestro país algunos diputados creen que los problemas se resuelven con solo aprobar una ley, sin importar si existen los recursos para hacer lo que la ley manda (en la mayoría de los casos NO) o para que las autoridades vigilen su cumplimiento (tampoco).
En los países civilizados las leyes son dotadas de recursos que garanticen su cumplimiento. En Costa Rica no. En otros países algunas leyes trascendentales tienen fecha de vencimiento. Llegado ese momento, el Congreso tiene la obligación de ordenar una evaluación de los resultados obtenidos, de la cual dependerá si la ley es renovada o cancelada. En Costa Rica, las leyes, aún las que cumplen objetivos de corto plazo, se quedan en los libros per secula seculorum. Por ejemplo, leyes que crean incentivos fiscales para estimular el desarrollo de industrias o actividades económicas incipientes, pueden seguir vigentes 20, 30 ó más años después, y por supuesto los empresarios siguen obteniendo los beneficios (ni tontos que fueran), aún cuando la industria esté plenamente consolidada. Me disculpan, pero si después de 20 años de recibir incentivos fiscales (exoneraciones, CATS, artículo 11, o cómo quiera que se llamen) una empresa aún los necesita, esa empresa nunca va a ser viable por si misma, y es mejor darle cristiana sepultura inmediatamente sin seguir derrochando los recursos de todos los babosos que pagamos impuestos. La idea de un diputado costarricense de medir los resultados de una ley se reduce a escuchar las mil y un excusas del chupasangre beneficiario de por qué debe seguir recibiendo el “beneficio temporal”. Y como desde la “gran reforma educativa” de don Uladislao Gámez en las escuelas de Costa Rica nos domesticaron a no pensar ni cuestionar, la palabra del chupasangre ha de ser la santa e infalible verdad.
En un país con inflación crónica, otro problema de algunas de nuestras leyes es que los genios que las redactan introducen multas para castigar algunas violaciones, pero esas multas son fijadas en colones. ¿Sabía usted que la multa por destruir las obras de ornato presentes en los parques y jardines públicos oscila entre los dos y los cien colones (Art. 41 de la Ley de Construcciones)? Vaya algún pachuco a destruir las hermosas esculturas que han ubicado en los alrededores del Banco Central, y con los cien pesos no compramos ni un adoquín para empezar a tapar el hueco en el “bulevar”. Las multas, señores Diputados, se deberían de establecer por Reglamento, de manera que puedan ser ajustadas periódicamente. La ley únicamente debería de crear la autorización para que los montos de las multas puedan ser definidos por la vía reglamentaria. O en el peor de los casos, recurrir a los “salarios mínimos” que han usado en algunas leyes.
Pero el peor problema de todos, como lo decía al principio, es el exceso de leyes y las contradicciones que irremediablemente eso produce. Cualquiera que haya tenido que hacer un trámite o gestión ante cualquier institución pública puede dar fe de ello (pienso, por ejemplo, y me da escalofríos hacerlo, en Migración, en cualquiera de las dependencias del MOPT, INVU, SETENA, Ministerio de Salud). Cuando esas leyes, además, son implementadas por genios de la Administración Pública especialistas en enredar procedimientos e inventar requisitos estúpidos o llanamente imposibles de cumplir, lo que resulta es el caos más absoluto. Para muestra, un botón.
Hace unos meses acompañé a mi doña, que es extranjera, a renovar su licencia de conducir. Uno de los pasos (razonable, valga anotar) que hay que cumplir en la oficina de licencias es pagar las multas que haya uno acumulado desde que sacó la licencia la última vez. En esta era del Internet y de las computadoras interconectadas, si usted es tico un funcionario del departamento de Licencias introduce su número de cédula en una computadora y en cuestión de segundos tiene en pantalla el desglose de las multas pendientes, si es que las hay. Pero si usted es extranjero, después de hacer fila durante dos horas en la sede del departamento de licencias, tiene que irse al Consejo de Seguridad Vial en la Uruca para que sea un funcionario de esa dependencia el que ingrese su número de cédula de residencia en la computadora para corroborar si hay multas. Lo más triste de todo es que la base de datos es la misma, y reside en un servidor al que tienen acceso tanto el funcionario de Licencias como el del COSEVI. Pero a algún genio de la administración pública se le ocurrió hacer que todos los extranjeros que lleguen a pedir o renovar licencia se tengan que trasladar a la Uruca para hacer este trámite y después volver al departamento de Licencias allá por el Liceo de Costa Rica para continuar con la gestión. ¿Y la pérdida de tiempo? M´porta mi.
No, señores periodistas, no les exijan a nuestros diputados más leyes. Exijamos mejores leyes. Y que ojalá destinen ocho meses al año a evaluar las leyes existentes y derogar las que no sirven para un carajo.
Existen en Costa Rica casi diez mil leyes. Yo me pregunto: ¿hay alguien que las pueda conocer todas? Digo, porque en caso de meterse en una torta no puede uno alegar desconocimiento de la ley. Supongo que una inmensa mayoría de esas leyes están en el más absoluto desuso porque pareciera que fueron redactadas por personas que no pasaron primer grado (de primaria, por si acaso a alguien le cabe la duda), o porque no son más que meros saludos a la bandera. Porque en nuestro país algunos diputados creen que los problemas se resuelven con solo aprobar una ley, sin importar si existen los recursos para hacer lo que la ley manda (en la mayoría de los casos NO) o para que las autoridades vigilen su cumplimiento (tampoco).
En los países civilizados las leyes son dotadas de recursos que garanticen su cumplimiento. En Costa Rica no. En otros países algunas leyes trascendentales tienen fecha de vencimiento. Llegado ese momento, el Congreso tiene la obligación de ordenar una evaluación de los resultados obtenidos, de la cual dependerá si la ley es renovada o cancelada. En Costa Rica, las leyes, aún las que cumplen objetivos de corto plazo, se quedan en los libros per secula seculorum. Por ejemplo, leyes que crean incentivos fiscales para estimular el desarrollo de industrias o actividades económicas incipientes, pueden seguir vigentes 20, 30 ó más años después, y por supuesto los empresarios siguen obteniendo los beneficios (ni tontos que fueran), aún cuando la industria esté plenamente consolidada. Me disculpan, pero si después de 20 años de recibir incentivos fiscales (exoneraciones, CATS, artículo 11, o cómo quiera que se llamen) una empresa aún los necesita, esa empresa nunca va a ser viable por si misma, y es mejor darle cristiana sepultura inmediatamente sin seguir derrochando los recursos de todos los babosos que pagamos impuestos. La idea de un diputado costarricense de medir los resultados de una ley se reduce a escuchar las mil y un excusas del chupasangre beneficiario de por qué debe seguir recibiendo el “beneficio temporal”. Y como desde la “gran reforma educativa” de don Uladislao Gámez en las escuelas de Costa Rica nos domesticaron a no pensar ni cuestionar, la palabra del chupasangre ha de ser la santa e infalible verdad.
En un país con inflación crónica, otro problema de algunas de nuestras leyes es que los genios que las redactan introducen multas para castigar algunas violaciones, pero esas multas son fijadas en colones. ¿Sabía usted que la multa por destruir las obras de ornato presentes en los parques y jardines públicos oscila entre los dos y los cien colones (Art. 41 de la Ley de Construcciones)? Vaya algún pachuco a destruir las hermosas esculturas que han ubicado en los alrededores del Banco Central, y con los cien pesos no compramos ni un adoquín para empezar a tapar el hueco en el “bulevar”. Las multas, señores Diputados, se deberían de establecer por Reglamento, de manera que puedan ser ajustadas periódicamente. La ley únicamente debería de crear la autorización para que los montos de las multas puedan ser definidos por la vía reglamentaria. O en el peor de los casos, recurrir a los “salarios mínimos” que han usado en algunas leyes.
Pero el peor problema de todos, como lo decía al principio, es el exceso de leyes y las contradicciones que irremediablemente eso produce. Cualquiera que haya tenido que hacer un trámite o gestión ante cualquier institución pública puede dar fe de ello (pienso, por ejemplo, y me da escalofríos hacerlo, en Migración, en cualquiera de las dependencias del MOPT, INVU, SETENA, Ministerio de Salud). Cuando esas leyes, además, son implementadas por genios de la Administración Pública especialistas en enredar procedimientos e inventar requisitos estúpidos o llanamente imposibles de cumplir, lo que resulta es el caos más absoluto. Para muestra, un botón.
Hace unos meses acompañé a mi doña, que es extranjera, a renovar su licencia de conducir. Uno de los pasos (razonable, valga anotar) que hay que cumplir en la oficina de licencias es pagar las multas que haya uno acumulado desde que sacó la licencia la última vez. En esta era del Internet y de las computadoras interconectadas, si usted es tico un funcionario del departamento de Licencias introduce su número de cédula en una computadora y en cuestión de segundos tiene en pantalla el desglose de las multas pendientes, si es que las hay. Pero si usted es extranjero, después de hacer fila durante dos horas en la sede del departamento de licencias, tiene que irse al Consejo de Seguridad Vial en la Uruca para que sea un funcionario de esa dependencia el que ingrese su número de cédula de residencia en la computadora para corroborar si hay multas. Lo más triste de todo es que la base de datos es la misma, y reside en un servidor al que tienen acceso tanto el funcionario de Licencias como el del COSEVI. Pero a algún genio de la administración pública se le ocurrió hacer que todos los extranjeros que lleguen a pedir o renovar licencia se tengan que trasladar a la Uruca para hacer este trámite y después volver al departamento de Licencias allá por el Liceo de Costa Rica para continuar con la gestión. ¿Y la pérdida de tiempo? M´porta mi.
No, señores periodistas, no les exijan a nuestros diputados más leyes. Exijamos mejores leyes. Y que ojalá destinen ocho meses al año a evaluar las leyes existentes y derogar las que no sirven para un carajo.
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