La ICC se termina sin ley

Ante la noticia publicada por La Nación de ayer en el sentido de que los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) se podrían terminar - según lo advirtieron la vocera oficial de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, y Congresistas estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano en una sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica - el Partido Acción Ciudadana ha emitido un Comunicado de Prensa que es el equivalente político de hacer el tiro de la avestruz: meter la jupa en la tierra y negarse a ver la realidad.

El PAC insiste en dos cosas:

1. que el TLC es renegociable, a pesar de que uno de los Congresistas ya mencionados dijo que Estados Unidos

"nunca ha renegociado un acuerdo comercial y es casi imposible que eso suceda".

2. Que para eliminar los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, es necesario que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley derogatoria.

Lamentablemente, mucha gente respetable ha caído en la trampa demagógica del PAC. Pretendo hacer aquí un análisis para desvirtuar la mentira. Para que vean que soy buena gente, el primer punto se los voy a conceder: es posible renegociar el TLC. Aunque la probabilidad sea incómodamente cercana a cero. Aunque a mí no me engañan. Pero en teoría existe la posibilidad. Nunca cesa de sorprenderme la gente con tanta capacidad para el autoengaño, y hasta me caen bien. Por eso les concedo el punto. Pero no así el punto segundo.

La ley de implementación de la ICC tiene provisiones que permiten al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos excluir países, aunque la ICC siga existiendo. Textualmente dice:

"(B) The President may, after the requirements of subsection (a)(2) and paragraph (2) have been met--

(i) withdraw or suspend the designation of any country as a CBTPA beneficiary country"

[TRADUCCIÓN: "(B) El Presidente podrá, después de que los requisitos de la subsección (a)(2) y párrafo (2) hayan sido cumplidos--

(i) retirar o suspender la designación de cualquier país como país beneficiario de la CBTPA].

Recordemos que la ICC beneficia también a los países del Caribe que no son parte del CAFTA, de manera que para ellos los beneficios seguirán existiendo. Pero el U.S.-Caribbean Trade Partnership Act of 2000, que es la ley que dio caracter "permanente" al Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA por sus siglas en inglés, que es lo mismo que conocemos en español como Ley de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe) dice que para que un país continue siendo beneficiario, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, "participate in negotiations toward the completion of the FTAA or another free trade agreement" (participar en las negociaciones tendientes a completar el ALCA u otro tratado de libre comercio).

No es necesario un acto de fe para comprender que si un país participa en dichas negociaciones y luego se retira del acuerdo, está violando el espíritu de dicha "exigencia". En todo caso, la misma ley de implementación da al Presidente la potestad de excluir de la ICC a un país por otros motivos, tales como no cooperar satisfactoriamente en la lucha contra el narcotráfico, o no respetar a satisfacción (de los Estados Unidos, por supuesto), la propiedad intelectual de las empresas y personas estadounidenses. De manera que si se trata de montar el caso para excluir a Costa Rica de la ICC, el Presidente Bush tiene muchas armas en su arsenal. A nadie debería de sorprender que las use.

Así que, en conclusión, aunque es cierto que para derogar la ICC se requiere de una ley, para excluir a Costa Rica todo lo que se requiere es de una decisión presidencial. Señores del PAC: se les ruega más seriedad.

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Pena ajena: doble dosis

En nuestra búsqueda incesante de un candidato o partido político por el cual votar, estamos llegando a la convicción de que ellos más bien están haciendo un esfuerzo supremo por no obtener el voto de este autor. Y sería la primera vez en la historia de Costa Rica que un partido político rechazara un voto, para no hablar de que varios partidos políticos lo hicieran en una misma elección. Dicha señal de madurez política es alentadora (yeah, right!). Por otra parte, Dean CóRnito sufre de serios problemas psicológicos producto del rechazo que siente (ya voy, Ofelia).

Este autor no es amigo del Plan Fiscal, y de eso hay en este blog abundante prueba (#1, #2, #3, #4, #5, #6). En alguna ocasión en el pasado no muy lejano, nos encomendamos “a Dios y a los Libertarios” para que nos protegieran de esta aberración fiscal, y la verdad es que hemos estado harto agradecidos con ellos por haber impedido hasta ahora la aprobación de este mal diseñado paquete de impuestos. Pero el día de hoy estamos simplemente asqueados.

Resulta que un grupo de mal llamados empresarios ofreció pagar a los diputados del Movimiento Libertario las dietas perdidas en los últimos dos meses en que han estado rompiendo el quórum legislativo para impedir el avance del paquetazo tributario. Que estos mal llamados empresarios hayan ofrecido dinero, no ha de sorprendernos; son los que viven pegados de la teta del favor político, en vez de estar velando por la salud financiera de sus empresas desde adentro. Y digo que son mal llamados empresarios, porque con esa denominación y sus aberrantes actitudes ensucian el nombre del verdadero empresario, aquel que invierte y produce y genera empleos, aquel que arriesga y pierde y se levanta y vuelve a arriesgar hasta toparse con el éxito.

Insisto, que estos mal llamados empresarios hayan ofrecido dinero a los Diputados, no nos sorprende. Pero que el Jefe de Fracción del ML piense que no hay nada inmoral en recibir esos dineros, es fiel reflejo de su limitada fibra moral y capacidad intelectual. Un político sagaz – sin importar si es decente o corruptible – se hubiera llenado la boca con un discurso moralista, diciendo que la lucha contra los impuestos es de principios, y que el sacrificio económico que supone renunciar a las dietas por no asistir a las sesiones del Plenario Legislativo es una molestia menor que gustoso asume en aras de un objetivo superior. Además hubiera criticado acremente a quienes hicieron la oferta, por pretender prostituir el ejercicio de la democracia. Pero a este nefasto personaje llamado Carlos Herrera, Jefe de Fracción del ML, no le dio el ayote para darse cuenta de la animalada que tan cándidamente se rajó a decir frente a los micrófonos de La Nación.

El Movimiento Libertario ha tenido un crecimiento importante en las preferencias de los votantes en el último mes. Uno esperaría que, si quieren mantener esa tendencia creciente, las autoridades del Partido (léase Otto Guevara, dueño supremo de la agrupación) lo censuren fuertemente y sometan el caso a investigación de su Tribunal interno de Ética. Y mientras dan curso al debido proceso, que lo separen del puesto de Jefe de Fracción.

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En otro orden de cosas, durante muchos meses analistas políticos y gente relacionada con el comercio exterior han venido advirtiendo en nuestro país que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio podría suponer el fin de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, un programa de concesiones unilaterales del gobierno gringo mediante el cual buena parte de las exportaciones costarricenses entran hoy a los Estados Unidos libres de impuestos (o con aranceles reducidos). Cada vez que alguien se atrevió a hacer semejante afirmación, fue acusado de vende patrias, de mentiroso, o de apocalíptico anticipado. Un partido político, el PAC, basó su oposición al TLC en una pretensión de renegociar el TLC de manera bilateral con los Estados Unidos, y con la “tranquilidad” de que si Costa Rica quedaba por fuera del TLC, siempre iba a obtener los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).

La noticia que trae La Nación de hoy, que nos informa que la vocera de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (una especie de Ministerio de Comercio Exterior) anunció que los beneficios de la ICC se mantendrán vigentes únicamente en el tanto que los países firmantes del TLC estén trabajando en aras de su incorporación al tratado, debe de servir como un llamado de atención a los irresponsables que creen que el mundo se va a detener a esperar a que Costa Rica tome una decisión.

Lo que corresponde ahora, como lo dije hace varios meses, es que el candidato presidencial del PAC defina su posición. Ya sabemos que él hubiera preferido una renegociación del TLC. Ahora también sabemos con certeza que el TLC no es renegociable (así lo hicieron ver congresistas norteamericanos que ayer tuvieron una audiencia en la Comisión Legislativa que analiza el Tratado). Más aún, sabemos que sin TLC no hay ICC. Esto quiere decir que un altísimo porcentaje de nuestras exportaciones – y los miles de empleos que en su producción se generan – corren el peligro de perder toda medida de competitividad si se llegan a ver en la situación de tener que pagar aranceles para ingresar a los Estados Unidos, que dicho sea de paso, es – y por mucho – el principal destino de nuestros productos.

Sabiendo todo eso, ojalá que no nos salga con más evasivas y cuentos de hadas. Que se decida: ¿apoya el TLC en estas circunstancias? Y si su respuesta es negativa, ¿qué alternativa nos propone?

Los indicios no son muy halagüeños. Espero equivocarme, pero creo que la respuesta del PAC dará pena ajena. Pero los votantes sabremos a qué atenernos.

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El tiempo nos dio la razón

Uno de muchos argumentos que hemos utilizado en varios artículos para explicar nuestra oposición al Plan Fiscal, es que nos parece inconveniente dotar al Estado de más recursos por la vía de un incremento de impuestos, cuando los actuales no son bien recaudados. En La Suiza Centroamericana hemos insistido en la necesidad de reformar la administración tributaria, y hemos sido coherentes al exigir que la gestión de cobro de los impuestos se haga con mayor eficiencia antes de que decidamos si es necesario subir los impuestos existentes o crear nuevos. Sólo cuando sepamos con qué contamos podremos determinar qué nos hace falta.

La Nación nos informa en un valiosísimo reportaje el día de hoy que la evasión del impuesto sobre la renta (ISR) en nuestro país es del orden del 70%. O sea, que a lo sumo se recauda el 30% de lo que se debería. Si la recaudación fuera del 100%, sólo por concepto de impuesto sobre la renta ingresaría este año 334.000 millones de colones más. Y si echamos el impuesto de ventas (IV) en la canasta, donde la evasión se estima en el 50%, la diferencia ente la recaudación real y la teórica sería de 464.000 millones de colones este año, sumando ambos impuestos. Sólo para referencia, el monto contemplado para inversión en el presupuesto nacional del 2006 es de poco más de 100.000 millones. Imagínese, estimado lector, lo que podríamos lograr con esos recursos. Y eso, sin subir un solo impuesto.

Esa es la teoría. En la vida real, no es razonable esperar una recaudación del 100%. Ya que hablar de Chile está de moda en este blog, es interesante notar que la periodista Patricia Leitón de La Nación reporta que en ese país la recaudación del impuesto sobre la renta ronda el 60% del total. Si nos ponemos ese porcentaje como meta, estaríamos duplicando la recaudación por concepto de ISR. En dinero contante y sonante, la recaudación adicional sería de alrededor de 143.000 millones por ISR, y de 26.000 millones por IV. Es decir que si lográsemos recaudar el 60% del total de cada uno de esos impuestos, podríamos contar con 169.000 millones de colones adicionales este año. En comparación, con el Plan Fiscal se pretende aumentar la recaudación en unos 200.000 millones anuales. Entonces, si mejorásemos la recaudación, el Plan Fiscal prácticamente no sería necesario. Con el agravante, como lo hemos comentado en diversos artículos anteriores, de que una vez aprobados los nuevos impuestos, cederá la presión por mejorar la eficiencia en la recaudación. ¿Para qué socar tuercas si los ingresos están entrando por otro lado?

Lo más grave, estimadísimo lector, es que cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda nos dicen que con el Plan Fiscal se recaudarían unos 200.000 millones adicionales, la afirmación se basa en pura teoría, y de la que resulta más improbable. ¿A qué me refiero? Resulta que el día de hoy, en Costa Rica tenemos un sistema de ISR bastante sencillito: los impuestos se cobran únicamente a la producción que los residentes de este país hacemos en suelo nacional. Las ventas de la Dos Pinos en Guatemala no pagan impuestos en Costa Rica, así como Franklin Chang no tenía la obligación de tributar en Costa Rica sobre el salario que percibía en la NASA. Ahora, con ese sistema tan sencillo, la Administración Tributaria apenas logra recaudar el 30% del impuesto correspondiente a la renta generada por las empresas y las personas. Uno de los principales cambios que introduciría el Plan Fiscal de ser aprobado sería la “obligación” que tendríamos todos los costarricenses de pagar impuestos sobre los ingresos o renta que generemos en el extranjero. En el papel, esto suena muy lindo y equitativo. En la realidad, ¿qué diablos nos hace creer que nuestra incompetente administración tributaria tendrá capacidad para perseguir los ingresos que Perico de los Palotes genera en Timbuktú, si no tiene capacidad para encontrar los que genera en el cantón de Upala?

La aprobación del Plan Fiscal obligará a la administración tributaria a desviar recursos hacia la imposible tarea de perseguir los ingresos de los ticos en el extranjero, desatendiendo la fiscalización y auditoraje de los ingresos que generamos en Tiquicia. Consecuentemente, la aprobación del Plan Fiscal promoverá una mayor evasión. Otra razón más para oponérsele.

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Chile vs. Costa Rica: Modelo económico

A propósito de una discusión que se armó en otro foro en torno al modelo económico chileno, escribí las líneas que aparecen a continuación, a efectos de comparar los resultados del llamado modelo chileno con los de Costa Rica. Tengamos claro que en Chile han adoptado un modelo económico liberal, donde la mayoría de los servicios públicos se prestan en un régimen de competencia, donde el tipo de cambio es determinado por libre flotación en el mercado, y la inversión en infraestructura la hace mayoritariamente el sector privado bajo la figura de la concesión de obra pública. En Costa Rica, en contraste, la mayoría de los servicios públicos son prestados en régimen monopolístico por empresas e instituciones estatales, el tipo de cambio es determinado por el Banco Central de acuerdo con una fórmula econométrica, y la inversión pública no se hace porque al Estado no le alcanza el dinero y tampoco permite que el sector privado la haga.

Antes de iniciar, permítanme mis estimados lectores una introducción metodológica. Los indicadores económicos y sociales pueden tener defectos de diseño y de medición. Muchas veces, además, los indicadores son utilizados para medir cosas para las que no fueron diseñados.

Un ejemplo de defecto de diseño lo presenta el Índice de Precios al Consumidor que se utiliza en Costa Rica, ya que se calcula utilizando una canasta de bienes de consumo y de servicios que está completamente desactualizada. De manera tal que lo que en realidad mide el IPC es el índice de los precios actuales de algunos de los artículos que los ticos de clase media de la GAM consumíamos la última vez que se actualizó la canasta (que creo que fue hace 11 años).

Un ejemplo de defecto de medición lo presenta el Coeficiente de Gini, que en buena teoría mide cómo es la distribución del ingreso de la población. Para calcularlo es necesario conocer cómo se reparte el ingreso nacional entre los diferentes grupos (típicamente se usan quintiles, que son grupos de 20% de la población, desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico). El problema que se presenta es que, al menos en una sociedad como la costarricense, justamente los dos grupos más críticos en esta medición – el 20% más pobre y el 20% más rico – son quienes más fácilmente pueden esconder sus ingresos, distorsionando la medición. Los ricos tienen a su disposición sofisticadas herramientas legales, financieras y tributarias para reducir sus ingresos aparentes. Los pobres, en particular los campesinos y los que trabajan en la economía informal, generan buena parte de sus ingresos al margen del mercado, de manera tal que no son captados en las mediciones. La familia que tiene una vaca y una huerta y es autosuficiente en productos lácteos y vegetales, no comprará esos artículos en la feria del agricultor ni en la pulpería, y por lo tanto esa producción no es medida al calcular el PIB.

Un ejemplo de querer usar un indicador para algo para lo que no fue diseñado lo tenemos en el uso del PIB per cápita como un indicador de bienestar. El PIB per cápita es un indicador del nivel de ingreso promedio, pero el bienestar depende de muchas cosas más que el ingreso, en cuenta un ambiente sano, acceso a servicios de salud y educación, tiempo libre, etc. Siendo que la medición del Coeficiente de Gini se basa en el ingreso de las personas, y haciendo la salvedad de los posibles defectos de medición del coeficiente, no podemos utilizar el coeficiente de Gini como un indicador de la justicia de un sistema económico en una acepción que no sea estrictamente la de justicia distributiva. Pero así como el bienestar no es igual a ingresos, la justicia no es igual a justicia distributiva. Por ello, y por todas las razones hasta aquí expuestas, es necesario medir la evolución de una economía utilizando más de un indicador. Y eso es lo que pretendo hacer. Todos los datos utilizados a continuación han sido obtenidos del sitio web de la CEPAL.

El coeficiente de Gini en Chile es de 0.55 (2003), mientras que el de Costa Rica es de 0.488 (2002). Por la forma en que está definido este indicador, un coeficiente de Gini de 1.0 indicaría que una sola persona obtiene el 100% del ingreso del país. Un coeficiente de 0.0 indicaría que cada persona obtiene exactamente lo mismo que los demás, cosa a la que algunos se referirían como justicia absoluta, pero que yo prefiero denominar con el más neutro término de equidad absoluta. Así las cosas, la distribución del ingreso es menos equitativa en Chile que en Costa Rica. Pero si queremos poder valorar lo que algunos han llamado el milagro económico chileno, tenemos que analizar su evolución.

Resulta que el coeficiente de Gini de Chile fue de 0.554 en 1990 y de 0.55 en el 2003. Permaneció prácticamente invariable, producto del malvado modelo neoliberal de ese país. En Costa Rica, para contrastar, el Gini fue de 0.438 en 1990 y pasó a 0.488 en el 2002. Se deterioró significativamente, cortesía del solidario Estado costarricense que proporciona una serie de servicios de manera monopólica. Ni presta el hacha ni pica la madera.

Pero, como lo sostuve anteriormente, no se puede utilizar un único indicador para comparar a dos países. Así que veamos otros.

Pobreza e Indigencia: el porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza en Chile fue de 45.1% en 1987, 27.5% en 1994, y 18.8% en 2003. En Costa Rica, ese porcentaje fue de 23.6% en 1981, 26.3% en 1990, y 20.3% en 2002. Chile empezó con un nivel de pobreza de casi el doble que el nuestro, y terminó con uno 7.4% menor. Más aún, Chile redujo su pobreza en un 58% entre 1987 y 2003; Costa Rica la redujo en 14% entre 1981 y 2002. Malvado el sistema chileno.

Otro dato interesante es el de la pobreza extrema o indigencia. El porcentaje de familias viviendo en esa condición en Chile pasó de 17.4% en 1987, a 7.6% en 1994, y a 4.7% en 2003. En Costa Rica, el porcentaje de indigentes pasó de 6.9% en 1981, a 9.9% en 1990, y a 8.2% en 2002. Mientras que Chile redujo su pobreza extrema en un 73% entre 1987 y 2003, Costa Rica más bien la incrementó en un 19%, cortesía del solidario Estado que tenemos.

Por último, la proporción de población urbana viviendo en tugurios en el 2001 fue de 8.6% en Chile, versus 12.8% en Costa Rica, casi un 50% más en nuestro país.

Salud: el gasto público en Salud (como proporción del PIB) creció del 2.0% en 1990 al 3.1% en 2001 en Chile. En Costa Rica bajó del 7.2% en 1990 al 5.7% en el 2001. Si bien nuestra inversión en salud sigue siendo mayor, la tendencia nos indica que hay un país que avanza y uno que retrocede. Lo más interesante de esto es lo que Chile ha logrado con esos niveles de inversión, versus lo que Costa Rica ha logrado.

Por ejemplo, el número de camas de hospital cayó de 2.1 por cada mil habitantes en Costa Rica en 1990, a 1.4 camas en 2002. Chile logró mantener su número de camas en 2.5 por mil habitantes durante el mismo período. El porcentaje de menores de cinco años con problemas de desnutrición fue del 1% en Chile versus 5% en Costa Rica en el período 1995-2002. La tasa de mortalidad infantil en Chile fue de 14.1 por cada mil nacimientos vivos en el quinquenio 1990-1995, y bajó a 8.0 para el quinquenio 2000-2005. La de Costa Rica fue de 14.5 en el primer período, y de 10.5 en el segundo. La esperanza de vida al nacer promedio en el quinquenio 1990-1995 fue de 76.2 años para Costa Rica y de 74.3 años para Chile. Es decir, casi dos años más de vida para el tico. Para el quinquenio 2000-2005, fue de 78.1 años en Costa Rica, versus 77.7 años en Chile. La diferencia se redujo a unos cinco meses de vida.

¿Cómo es que Chile logró avanzar y casi alcanzar a Costa Rica con un gasto menor? Haciendo un gasto público más eficiente, y utilizando de manera efectiva la participación privada en la provisión de servicios. Cosas, ambas, a las que en Costa Rica les tenemos pavor.

Educación: a riesgo de aburrir, la situación se repite. El gasto público en educación pasó del 2.7% del PIB en 1990 al 4.0% en 2000 en Chile, mientras que en Costa Rica prácticamente se estancó: fue del 4.6% en 1990, y del 4.8% en 2000.

En el año 2003 la asistencia escolar en el quintil más bajo (el 20% más pobre de la población) fue de 97.2% entre los 7 y los 12 años de edad y de 72.9% entre los 13 y los 19 años de edad en Costa Rica, versus 99.1% y 81.4% respectivamente en Chile. Ese malvado modelo neoliberal chileno está siendo más exitoso que el nuestro en dar oportunidades a los más pobres. Esto explica la disminución de la pobreza en ese país.

La tasa neta de matrícula en la educación secundaria fue de 35.7% en Costa Rica en 1990, y pasó a 49.5% en el 2000. En Chile, fue de 54.6% y 74.5% respectivamente. Y en lo que respecta al tercer nivel de enseñanza, la tasa bruta de matrícula en Costa Rica cayó de 26.9% a 16.6% entre 1990 y 2000, mientras que para Chile más bien creció del 20.7% al 38.0% en el mismo período.

De nuevo, la tendencia claramente revela un país que progresa, y uno que se estanca o retrocede. Un país que mejora las oportunidades de sus jóvenes, y en particular las de sus pobres, y otro que más bien condena a toda una generación a no poder salir del atolladero. El benefactor y paternalista Estado solidario costarricense es el que está quedando mal en la comparación.

Competencia versus Monopolio: en Chile han privatizado y/o abierto a la competencia la provisión de servicios tales como acueductos, alcantarillados, generación y distribución eléctrica, y telefonía. Vale la pena entonces ver los resultados, en comparación con nuestro sistema de provisión monopolística de los mismos servicios.

Para el año 2003, el porcentaje de hogares urbanos con acceso a agua por tubería fue de 99.0% en Chile y de 99.5% en Costa Rica. El 99.6% de los hogares urbanos chilenos tenían servicio eléctrico, versus 99.8% en Costa Rica. Y el 91.7% de los hogares urbanos chilenos contaban con un sistema de disposición de excretas (alcantarillado sanitario), versus, óigase bien, un 45.9% en Costa Rica. Lamentablemente no encontré cifras disponibles para las áreas rurales o la totalidad de la población. Pero todo parece indicar que las malvadas y codiciosas empresas privadas en Chile no están haciendo mal su labor. Prácticamente iguales en agua potable y electricidad, pero nos duplican en cobertura del alcantarillado.

La capacidad instalada de generación eléctrica creció en un 157.5% entre 1990 y 2002 en Chile, versus un 97.4% en Costa Rica. Esto refleja el mayor dinamismo de la economía chilena, y demuestra que la inversión privada es capaz de abastecer la demanda.

El número de líneas de telefonía celular en Chile pasó de 6.7 por cada 100 habitantes a 73.24 en el 2003, mientras que en Costa Rica pasó de 10.5 a 45.89 en el mismo período. Esta diferencia refleja las rigideces de nuestro “bienamado”monopolio para atender la demanda.

Macroeconomía: la producción en Chile crece a un ritmo superior al de nuestro país. El PIB per cápita, indicador del nivel de ingreso promedio de las personas, creció en un 1% en 1990, 7.2% en 1995, y 3.2% en el 2000. En Costa Rica para los mismos años el PIB per cápita varió en un 1.3%, 1.4% y – 0.5% respectivamente. Este es otro factor que explica la importante disminución de la pobreza en Chile y el estancamiento en Costa Rica.

Este crecimiento, valga aclarar, no vino a costas de una dilapidación de los recursos naturales del país, como algunos podrían pensar. La superficie cubierta por bosque decreció en Chile en un 1.43% entre 1990 y el 2000, mientras que en Costa Rica decreció en un 7.45% en el mismo período.

Habiendo liberado al Estado de una serie de actividades que a todas luces el sector privado está en perfectas condiciones de realizar, en Chile han logrado imprimir dinamismo a la economía, a la vez que redujeron la inflación (el impuesto que más golpea a los pobres), todo con un sistema cambiario flexible. Así, la inflación en Chile (medida por el IPC) fue del 33.4% en 1980 y del 26% en 1990, y lograron bajarla al 7.6% en 1996, al 3.8% en el 2000, y al 2.8% en el 2003. Mientras tanto, la inflación en Costa Rica fue del 18.1% en 1980, 19% en 1990, 17.5% en 1996, 10% en el 2000, y 9.4% en el 2003. Para este año superará el 14%.

Conclusión: producto de la liberalización aplicada en Chile, su economía ha tenido un desempeño superior a la nuestra. Si bien la distribución del ingreso no ha mejorado, la disminución de la pobreza es palpable. Al final de cuentas, más le importa al pobre lo que pone sobre su mesa y la calidad del techo que pone sobre su cabeza, que los millones que pueda acumular en el banco el más rico del país. Este comentario no pretende disculpar lo que a todas luces sigue siendo una debilidad del modelo chileno, que ha sido reconocida por todos los partidos del espectro político de ese país en las recientes elecciones. Pero el éxito de las políticas económicas utilizadas en Chile es innegable, y más importante aún es que el país está en la senda del progreso, ya que la tendencia en todas las áreas analizadas es hacia la mejora. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Costa Rica.

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El Paquete Fiscal no es conveniente

En diversas ocasiones hemos dicho que el Paquete Fiscal que con tanto ahínco ha promovido el actual gobierno no es conveniente para el país. Nuestra posición es razonada y la hemos expuesto en varios artículos anteriores. Además, hemos explicado que no nos oponemos a la creación de nuevos impuestos porque no creamos en los impuestos, sino porque los actuales no son bien recolectados, y los recursos que recibe el Estado son generalmente desperdiciados. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), reportado por La Nación de hoy, nos brinda un respaldo importante.

El estudio de la CEPAL, titulado Reforma tributaria para el desarrollo humano en Centroamérica, encuentra que la recaudación promedio en Centroamérica fue del 13.5% del PIB en el 2003 (13% en Costa Rica), y argumenta que esa “cantidad de recursos es insuficiente para mejorar la educación y la salud, construir la infraestructura necesaria para el desarrollo y proveer la seguridad jurídica y ciudadana que requiere la inversión privada”. Antes de que mis detractores corran a concluir que esta frase más bien refuerza el argumento de quienes defienden el actual paquete fiscal porque es necesario para subir la carga fiscal, los invito a armarse de paciencia y leer los siguientes párrafos.

Este autor está plenamente de acuerdo con que una recaudación de impuestos equivalente al 13% del PIB es insuficiente para financiar los servicios estatales básicos. Por mandato constitucional deberíamos de destinar el 6% del PIB a educación, lo cual sólo nos dejaría otro 7% para salud, infraestructura, seguridad, justicia, reducción de la pobreza, etc. Con lo que no estoy de acuerdo es con la conclusión de que es necesario crear más impuestos en este momento, y menos aún podría estar de acuerdo con la defensa de un plan fiscal que no cumple con ninguno de los principios básicos de justicia, eficiencia y sencillez necesarios para el éxito de todo sistema tributario. Y, como decía antes, el estudio en cuestión me ha dado nuevos argumentos.

Dice la CEPAL que

“a medida que aumenta el ingreso per cápita, también lo hacen la carga tributaria y el gasto público, ya que mientras más elevados sean los ingresos de un país, mayor será su capacidad para financiar gastos públicos y gastos sociales básicos”.

En otras palabras, pretender subir los impuestos para mejorar el nivel de vida es como poner la carreta delante de los bueyes. Sin embargo, lo que más llama la atención de este estudio son sus recomendaciones. A través del documento, sus autores defienden la tesis de que el gasto social es insuficiente en Centroamérica, lo que atribuyen a una recaudación también insuficiente. Consecuentemente, la primera recomendación apunta a incrementar la recaudación, en el sentido de mejorar la recaudación de los impuestos existentes (simplificar el sistema tributario con menos impuestos, pero de base amplia), antes que crear nuevos impuestos o incrementar las tasas de los existentes. En sus palabras,

“cuando se busca incrementar la presión tributaria, más que incrementar tasas es preciso ampliar las bases imponibles de los tributos”,

y también resulta necesario

“dar forma a un sistema tributario sustentado en pocos tributos, que tengan bases imponibles amplias y generales y tasas moderadas. Hay que realizar significativos esfuerzos, dirigidos a ampliar no sólo la base imponible del IVA sino también la del impuesto sobre la renta de las personas y el impuesto sobre la renta de las sociedades, eliminando exenciones y desgravaciones que se traducen en un trato desigual a los distintos contribuyentes”.

Si bien en un principio la Reforma Fiscal persiguió estos objetivos con alguna congruencia, a su paso por la Asamblea se incrementaron las tasas, que pasaron de moderadas a altas (al menos en cuanto al impuesto sobre la renta), y se crearon toda clase de exoneraciones para satisfacer las demandas o aplacar la oposición de todo tipo de grupos de presión. Lo que quedó es un paquete fiscal más, con bases más amplias para los impuestos, pero con tasas más altas que las inicialmente propuestas y una serie de exoneraciones discriminatorias. Las mayores tasas incentivan la evasión y desestimulan el crecimiento, y las exoneraciones no son más que huecos en la legislación para que los más vivillos y los más poderosos puedan evitar el pago de sus impuestos.

El estudio hace otras recomendaciones que no vienen al caso de este comentario, algunas relacionadas con la integración centroamericana y otras con aspectos más bien técnicos del diseño de los distintos impuestos. Concluye con la recomendación de mejorar la administración tributaria, sobre lo cual dice textualmente:

“Habrá que redoblar los esfuerzos por mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia de la administración tributaria y aduanera. De no hacerlo, ninguna reforma tributaria tendrá éxito”.

Esta es otra área en la que el paquete fiscal se queda corto, como lo hemos analizado en otra ocasión. Y no es la única. Como parte de esta recomendación de mejoría de la administración tributaria, el estudio de la CEPAL dice que

“debería acentuarse la tendencia a eliminar pequeños impuestos, tasas, derechos, contribuciones y patentes. Estos pequeños tributos tienen poco rendimiento, y obligan a movilizar gran cantidad de personas y de papeles que distraen al fisco de sus objetivos centrales”.

Sin embargo, el paquete fiscal no hace absolutamente nada por eliminar el sinfín de “pequeños tributos” (empecemos por los timbres) que existen en nuestro país.

Hace unas tres semanas, en un artículo que titulé La falacia de la carga impositiva, rebatí el argumento de quienes dicen que una mayor carga tributaria es un requisito para vivir mejor. El fondo de mi argumento es que no es la cantidad de impuestos que se paguen, sino cómo se usen los recursos, lo que puede hacer una diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Argumenté que en las actuales circunstancias es necesario primero racionalizar el gasto público (eliminar el desperdicio y las duplicidades) y mejorar la recaudación de los impuestos existentes como vía para incrementar la carga tributaria, que no es otra cosa que el porcentaje de la producción nacional (medida por el PIB) que representan los impuestos. Reconocí incluso que eventualmente podrá ser necesario crear más impuestos (o subir los actuales), para que se generen los recursos necesarios para que el Estado costarricense pueda brindar servicios de calidad con una cobertura universal. Pero como lo he dicho en muchas ocasiones, con el desperdicio que tenemos hoy en día, darle nuevos impuestos al Gobierno es incentivarlo a no hacer un esfuerzo por mejorar la recaudación ni tampoco controlar y hacer más eficiente el gasto. Y si encima consideramos que los nuevos impuestos vendrían cortesía de un paquete fiscal mal diseñado, que promueve la ineficiencia y la injusticia tributaria, debemos entonces prestar mucha atención a la advertencia que hace el estudio de la CEPAL:

“los sistemas tributarios aumentan la concentración del ingreso. En el caso de Costa Rica, el efecto del sistema tributario sobre la distribución del ingreso en el 2000 es marginal”.

Si se aprueba el paquete fiscal, no podemos más que esperar que la distribución del ingreso no mejore, y que tal vez vaya a empeorar.

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Popurrí electoral

El miércoles recién pasado, Oscar Arias dio a conocer su programa de gobierno. No hemos tenido tiempo para leerlo, pero quisiera hacer algunos comentarios basado en lo reportado por La Nación el día de ayer.

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Oscar Arias ofrece en su programa de gobierno reinstaurar los incentivos fiscales para la industria turística. Estos incentivos, que fueron eliminados durante la Administración Rodríguez por el uso fraudulento que muchos hicieron de ellos, pretenden fomentar la construcción y ampliación de hoteles y otras instalaciones turísticas. El problema es que, siendo el del turismo un negocio privado, si resultara rentable construir más habitaciones de hotel, los verdaderos empresarios los construirían sin necesidad de incentivos fiscales. Quien quiera entender un poco más del chorizo que muchos hicieron en el pasado con estos incentivos, así como las razones por las cuales son innecesarios e inconvenientes, le recomiendo leer este artículo que al respecto escribí hacia finales de julio.

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La oferta de crear nuevos incentivos fiscales para la actividad turística es una muestra más de que Oscar Arias es el candidato del “status quo”, de “lo mismo de siempre”. La oferta es parte de la política clientelista que tanto daño ha hecho al país al menos desde la década de 1970, donde se gobierna para satisfacer los intereses de los grupos de presión y no los de las mayorías. Si el gobierno quisiera ayudar al desarrollo turístico del país, debería de invertir recursos significativos en publicidad en los mercados meta, y dejar que los empresarios hagan frente al incremento en el número de visitantes con sus recursos propios y los del financiamiento bancario o accionario que puedan conseguir.

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Cuando políticos como Oscar Arias y Abel Pacheco nos dicen que el Paquete Fiscal es para poner a los ricos a pagar como tales, esto es lo que no nos dicen: que los impuestos recaerán principalmente sobre las clases medias, para financiar los proyectos de los grandes empresarios que se beneficiarán de los incentivos fiscales. Y cuando políticos como Otón Solís y el PAC caen en la trampa populista y apoyan la creación de esos nuevos impuestos – siendo que ni la recaudación de los actuales es buena, ni el gasto público es eficiente – no entendemos en qué están pensando. Es más, ni siquiera sabemos si están pensando.

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Aparentemente, el mismo miércoles de esta semana don Ricardo Toledo publicó algo que hizo llamar también Plan de Gobierno. Tampoco lo he leído – y sinceramente, no creo que vaya a perder el tiempo en eso – pero, por lo que dice La Nación, es el reflejo de lo que ha sido hasta ahora la campaña del PUSC y lo que hemos venido diciendo en La Suiza Centroamericana al respecto: nada de sustancia, una ausencia casi total de propuestas, y una serie de metas tiradas al aire sin ningún soporte. Para muestra un botón: dice La Nación que el programa “cita como prioridad la reducción de la pobreza del 21% actual a un 10%, aunque la forma de lograrlo se menciona en forma general”.

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Algunos candidatos no tienen los pies sobre la tierra. Don Álvaro Montero Mejía, un reciclado nostálgico de la izquierda tradicional militante de los años 70, y candidato presidencial por el Partido Rescate Nacional (para mayores señas, el que participó en el debate de Repretel vistiendo una camiseta con el símbolo de su partido debajo del saco), se quedó sin posibilidad de inscribir candidatos a la Vicepresidencia, a las diputaciones, y a los puestos municipales. ¿La razón? El señor Montero Mejía tiene tal arrastre popular, que no logró ni siquiera conseguir quórum para la Asamblea Nacional de su propio partido en la que nombraron a los candidatos a esos puestos. Consecuentemente, el Tribunal Supremo de Elecciones desconoció las decisiones de esa Asamblea sin quórum, y no aceptó inscribir las candidaturas mencionadas. Sin embargo, el candidato dijo que la decisión del TSE es el resultado de “presiones de Óscar Arias para alterar el equilibrio de fuerzas electorales”. Como se habrán dado cuenta, este autor no es simpatizante de Oscar Arias, así que sin que medie ningún afán de defenderlo, no puedo dejar de decir: ¿cómo se va a “alterar el equilibrio de fuerzas” si un partiducho que no sacaría ni el 0.5% de los votos sale de escena? Si Oscar Arias tiene motivos para perseguir a don Álvaro (como lo insinúa el segundo), buscará formas de hacerle verdadero daño (por ejemplo, quitarle el espacio tan aburrido que tiene en Canal 13, dejándolo sin esos ingresos). Sacarlo de una campaña en la que únicamente va a hacer el ridículo, es no es algo que a Oscar Arias le interese.

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Me leí en La Nación una entrevista a Jorge Eduardo Sánchez, Secretario General del PUSC y candidato a diputado en el primer lugar por San José, y no supe si el entrevistado fue Gorgojo o el Sr. Sánchez. Una joyita: inmediatamente después de decir “Soy el más vehemente opositor a la reelección presidencial”, don Jorge Eduardo se deja decir, sin siquiera tragar saliva, que “entre la reelección de Óscar Arias y la de Calderón, prefiero la de don Rafael Ángel, porque es un estadista”. O sea, lo que este señor quiso decir en la primera frase fue “soy el más vehemente opositor a la reelección presidencial de Oscar Arias”. Y eso sin entrar en consideraciones sobre la idoneidad de Calderón para la reelección.

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La entrevista con don Jorge Eduardo merece ser leída de manera íntegra. Por razones de espacio dejaré el tema aquí, no sin antes decir que al menos en una cosa coincido con el Sr. Sánchez, y es cuando se refirió a Ricardo Toledo diciendo que “el candidato ha sido más pequeño que el partido”. De eso no nos cabe la menor duda. Aunque don Jorge Eduardo crea que el PUSC sigue siendo el “gran” partido de sus años dorados y yo crea que no es más que un mal remedo de partido minoritario.

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