Oscar Arias y los Derechos Humanos

El periodista Carlos Villalobos, de La Nación, en su sección Desde la Barra del día de hoy, se pregunta: "Aunque la política exterior nacional siempre ha sido abanderada de los derechos humanos, lectores de esta columna en Ginebra detallan que en el sétimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, nadie de la delegación tica abrió la boca y se limitaron a copatrocinar 14 proyectos de resolución propuestos por otros países. ¿Se nos agotaría la agenda de derechos humanos?" Usaremos este espacio para contestarle, porque la pregunta, cargadita como viene, tiene toda la razón de ser. La política exterior costarricense cambió de norte con la segunda llegada del Mesí… eh, perdón, de Oscar Arias al poder. En La Suiza Centroamericana la hemos bautizado la era de la prostitución diplomática.

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Uno esperaba, dados los antecedentes y el Premio Nobel de Oscar Arias, que el suyo fuera un gobierno abanderado de los derechos humanos, tal como lo sugiere el periodista Villalobos. En particular, y considerando que la situación de los derechos humanos en Costa Rica es bastante satisfactoria, uno esperaba que la política exterior de un segundo gobierno de Oscar Arias se basara en los valores democráticos y en el nivel de respeto de los derechos humanos en los diferentes países. Nada más alejado de la realidad. Como hemos mencionado en varios artículos anteriores, al romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China, Bruno Stagno, el actual Canciller, se pasó los citados valores por donde a Oscar Arias nunca le ha brillado el sol. Para nadie es noticia que China no es una democracia, y que es uno de los países con peor récord en materia de Derechos Humanos. Lo mismo se puede decir del acercamiento diplomático a los países árabes, ninguno de los cuales tiene un régimen democrático, y todos los cuales tienen récords en derechos humanos que en el mejor de los casos podemos considerar cuestionables.

Las movidas diplomáticas han sido seguidas de una serie de acciones – o falta evidente de ellas – que nos confirman que a la "súper progre" Cancillería de la Administración Arias Sánchez le importa un comino los derechos humanos. La brutal represión china de lo que empezó como manifestaciones pacíficas en Tíbet (aunque luego de la violenta represión degenerara en actos violentos por parte de algunos tibetanos también) no mereció el menor comentario por parte de nuestra Cancillería, que no abrió la boca ni para decir que la tenía de adorno. Evidentemente, billetera mata galán.

En el último período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según nos dice Carlos Villalobos, Costa Rica no hizo ninguna propuesta, y más bien se dedicó a apoyar propuestas de la más dudosa reputación. A la Costa Rica del Oscar Arias Reloaded le resulta más importante no importunar a ninguno de sus nuevos y platudos amigos, que defender con tesón la bandera de los derechos humanos. Esos nuevos amigos, como China y los países árabes, hacen mayoría junto con otros países de regímenes totalitarios en dicho Consejo, así como en la Asamblea General de la ONU. De China ya conocemos parte de lo que estamos recibiendo: un estadio, ayudas para damnificados de inundaciones, la posibilidad de terminar la carretera a San Carlos. Sospechamos que además hay otros "beneficios" de naturaleza privada que en la medida que nuestros gobernantes de turno logren mantenerlos bajo el prostituido velo del secreto que invocaron para escondernos el establecimiento de las relaciones con China, nunca los llegaremos a conocer. Más preocupante aún es no saber qué es lo que estamos recibiendo a cambio de establecer relaciones con países totalitarios y teocráticos del Medio Oriente, aparte del ingreso ilegal a Costa Rica de ciudadanos de esos países, ayudados por algún Cónsul tico en misión extranjera, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Los costarricenses tenemos derecho a saber qué andan haciendo nuestros diplomáticos como parte de la nueva y "súper progre" política exterior costarricense. Curiosamente, los medios de comunicación colectiva nacionales han preferido hacer la vista gorda, y de paso dejarnos a los ciudadanos en la más absoluta oscuridad. La taimada pregunta de don Carlos Villalobos en La Nación de hoy más bien sorprende, dada la línea de apoyo irrestricto al gobierno de Oscar Arias que sigue ese diario. En La Suiza Centroamericana, nos hemos enterado de que Costa Rica fue uno de los países que apoyaron en la Asamblea General de la ONU, a finales del año pasado, una nueva resolución que condena la difusión de críticas a la religión. ¿Habrase visto más descarado intento por coartar la libertad de expresión? ¿Y qué podemos decir de Costa Rica apoyando semejante iniciativa? El proyecto de resolución fue presentado a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica por Pakistán, ese progresista país musulmán donde recientemente mataron a la candidata presidencial Benazir Bhuto para evitar que el generalote de turno, Pervez Musharraf, que accedió al poder mediante golpe de estado y se mantuvo en él suspendiendo la constitución política en varias ocasiones, perdiera las elecciones. En realidad, el objetivo de la resolución aprobada por la ONU – con el voto afirmativo de Costa Rica – tiene poco o nada que ver con las críticas a las religiones, excepto por aquellas en contra del Islam. Esto es fácil de concluir de la lectura de la resolución. Para muestra un botón:

"La Asamblea General

[…]

9. Hace hincapié en la necesidad de luchar de manera efectiva contra la difamación de todas las religiones, en particular el Islam y los musulmanes."

Si la preocupación es por las críticas a las religiones, ¿por qué singularizar al Islam y a los musulmanes?

Esta resolución fue votada positivamente por la totalidad de los países árabes y de los países musulmanes no árabes, por países con importantes minorías musulmanas (como Trinidad & Tobago y Surinam), por los regímenes totalitarios de China, Cuba, Zimbabue, Corea del Norte, y otros de similar calaña; por los totalitarizantes de Rusia y Venezuela, por algunos "súper progres" como Bolivia y Nicaragua, y por supuesto, por Costa Rica. Israel, el país de la religión más vilipendiada en la historia de la humanidad, votó en contra de la resolución. También en contra se manifestaron todos los países de la Unión Europea, la mayoría de los países europeos no miembros de la UE, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia y algunas de las pequeñas islas del Pacífico. ¿En cuál vecindario hubiera preferido ver usted a su país?

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Pobrecito Dall’Anese

¡Pobrecito Francisco Dall’Anese! Lo detuvieron en Miami y lo trataron peor que a un delincuente. Y lo peor de todo es que los gringos sabían exactamente a quién estaban deteniendo. Semejante ofensa no había recibido Costa Rica desde la época de William Walker, allá a mediados del siglo XIX. No es casualidad. Nótese que el Presidente de Estados Unidos se llama George W. Bush, y la W es la inicial de Walker, que es justamente el apellido de soltera de su señora madre, Bárbara. A la larga y son primillos. Y seguramente Francisco Dall’Anese es descendiente de Juan Santamaría.

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La verdad es que desde los atentados terroristas del 11 de setiembre del 2001, cualquier barbudo es sospechoso de terrorismo en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, y es sometido a los más arbitrarios interrogatorios y detenciones, sobre todo cuando el barbudo es latinoamericano y el oficial aeroportuario es un gringo de origen latino con complejo de inferioridad. La actitud paranoica de los gringos es censurable y repudiable, pero a la vez comprensible viniendo de un país acostumbrado históricamente a pelear siempre en territorio ajeno y no a recibir ataques en el corazón de su propio territorio. Y Francisco Dall’Anese es barbudo.

Bromas aparte, el tema que motiva a Dean CóRnito a escribir estas líneas no es la arbitrariedad gringa – me parece correcto que la Cancillería haya enviado una enérgica protesta diplomática – sino el show que ha montado el mismo Fiscal General en torno a esta situación. Pero en esto de producciones artísticas don Francisco es todo en un experto, como explicaré más adelante

Empecemos por notar que Dall’Anese coordinó su visita a Miami con sus homólogos de los Estados Unidos, para entrevistar a un sospechoso/testigo de la causa ICE-Alcatel. Por medio de su carta al Canciller, nos enteramos de que pidió escolta policial para mientras estuviera en Miami, como si fuera la gran celebridad. Yo se de Ministros y Presidentes Ejecutivos de instituciones autónomas que viajan por motivo de su trabajo a diferentes partes del mundo y nunca piden una escolta policial, usualmente reservada únicamente para los más altos funcionarios tal como Presidente de la República. Quienes le conocen afirman que Dalla, como cariñosamente le dicen, tiene un ego que no cabe en el parque de la Sabana, y actitudes como esta lo confirman.

Cuando al Fiscal lo detienen en Miami y lo llevan a interrogar – potestad soberana que tiene Estados Unidos, como cualquier otro país – el mismo Dall’Anese nos confirma que en vez de contestar y salir rápido del embrollo, se dedicó a echarle en cara a Raymundo y todo el mundo que él – todos los 155 centímetros de él – era el Fiscal General de Costa Rica, el equivalente del Procurador Federal de los Estados Unidos, y a exigir un trato preferencial. Ojalá nadie me salga aquí con el telele de que como el hombre iba en viaje oficial, no tenían derecho a interrogarlo. No tengo la menor idea de qué haya movido a los gringos a actuar como lo hicieron, y es muy probable que no exista una razón. Pero no sería la primera vez que un funcionario público latinoamericano de relativo alto rango es detenido al ingresar a otro país por presuntos actos de corrupción o peor.

Al llegar a Costa Rica, el Fiscal General convoca a una conferencia de prensa para ventilar por ese medio lo que a estas alturas ya era un conflicto diplomático. En dicha conferencia, y en la carta al Canciller Bruno Stagno, el Sr. Dall’Anese usa frases grandilocuentes como “Costa Rica no debe soportar humillaciones”, “la ofensa que estaban haciendo a mi patria”, etc. Y en la mentada carta se da el taco de definir él lo que la Cancillería deberá hacer. Dice textualmente:

“Exigiré:

• Se imponga la responsabilidad penal a quienes me hicieron víctima de privación de libertad.

• Se indemnice al Gobierno de Costa Rica por los gastos en que ha incurrido.”

Pero de todo lo sucedido, lo más sorprendente son las palabras escogidas por Dall’Anese para describir el predicamento en que se encontró en el aeropuerto de Miami: “… me detuvieron y me trataron peor que a un delincuente pues nunca se respetaron mis derechos. Sabían exactamente a quién estaban deteniendo.” ¿Será tan corta la memoria del Fiscal General? ¿No habrá escuchado las mismas palabras, u otras muy similares, en otro lugar, y dirigidas justamente a él?

Cuando Miguel Ángel Rodríguez llegó a Costa Rica con pasaporte diplomático con el cargo de Secretario General de la OEA, habiendo anunciado a Dall’Anese su llegada y solicitado una cita para brindar sus declaraciones en el entonces incipiente caso que le involucraba, acaso no fue Francisco Dall’Anese Ruíz, Fiscal General de la República, quien coordinó con el Ministro de Inseguridad el espectáculo circense mediante el cual lo mandaron a bajar escoltado del avión, exhibirlo esposado ante las cámaras sin estar aún acusado de nada, y montarlo en la perrera y transportarlo a toda velocidad a los tribunales? ¿Acaso no sabía exactamente a quién estaba deteniendo? ¿Acaso no transcurrieron más de tres años desde ese vergonzoso incidente en el que se violaron todos los derechos del ex Presidente sin que se presentara una acusación formal en su contra? Recordemos que en aquel momento don Miguel Ángel Rodríguez no había sido ni siquiera acusado, y que al día de hoy ni siquiera ha habido juicio en su contra, por lo que sigue prevaleciendo la presunción de inocencia. En otras palabras, no podemos considerarlo un delincuente.

Más preocupante aún es lo que confiesa Dall’Anese en su carta al Ministro de Relaciones Exteriores: “… la persona imputada en los Estados Unidos se ha constituido en la última probabilidad que tiene el Ministerio Público costarricense de abrir una puerta para vincular a un sospechoso a un caso de corrupción de los más grandes investigados en la historia del país, contra el cual no se ha encontrado prueba sólida hasta el día de hoy.” Ignoramos si el sospechoso al que hace mención Dall’Anese es Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres, u otra persona de las múltiples que han sido embarradas con el caso ICE – Alcatel. Lo que si sabemos es que, sea quien sea, es una persona a la que desde el 2004 se le arruinó su reputación, y hoy el Fiscal General reconoce, mondo y lirondo, que cuatro años más tarde no hay prueba sólida en su contra y que “el caso no tiene fortaleza probatoria importante.”

A Dall’Anese alguien tiene que bajarlo de la nube. El atropello de los gringos no hizo más que inflarle el ego aún más. Entonces me toca a mi decirlo: don Francisco, usted no es Costa Rica. Ni siquiera es un funcionario electo por el pueblo. La arbitrariedad de los gringos es una violación de sus derechos personales, pero a Costa Rica nadie la ha humillado. Ojalá este incidente le enseñe a ser más cuidadoso con la reputación de las personas que investiga y más respetuoso de sus derechos. Como dicen en Estados Unidos: what goes around, comes around.

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El octavo mandamiento

La Iglesia Católica, por ser la representante de la religión oficial del Estado, tiene en Costa Rica un estatuto legal especial. No por ello está por encima de las leyes terrenales, aunque a veces parece importarle un comino. Hace casi tres años comenté en otro artículo sobre la noticia de que la Iglesia figuraba en el Top Ten de los patronos morosos con el Seguro Social. Ahora resulta que, al tiempo que estaba morosa, la Iglesia Católica manejaba inversiones por varias decenas de millones de dólares, utilizando fondos propios y captando recursos de religiosos y laicos (entiéndase: cristianos comunes y silvestres), prestando dineros para emprendimientos comerciales que nada tienen que ver con la misión de la Iglesia, y evadiendo en el proceso todas las leyes y regulaciones financieras imperantes en Costa Rica, e ignorando las advertencias de las entidades reguladoras.

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Sobre los hechos no hace falta profundizar; quien quiera saber más de ello puede consultar la interesantísima investigación que viene publicando La Nación desde hace varios días. Lo que resulta relevante es que, habiendo sido advertidos por la SUGEF desde el 2004 de que las actividades financieras que venían llevando a cabo eran ilegales, las continuaran realizando impunemente durante al menos tres años más. Y la advertencia fue directamente a la Conferencia Episcopal, una especie de junta directiva de obispos que así investidos son la máxima autoridad de la Iglesia Católica costarricense.

Resultan alarmantes las explicaciones que han dado los obispos y otros curas involucrados. Uno, el Sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga, es miembro de las Juntas Directivas de seis empresas del Grupo SAMA, un consorcio de empresas financieras y de inversiones. Con su firma se giraron los cheques de los desembolsos del préstamo de $3 millones a la empresaria suiza que denunció a la Iglesia. También con su firma se giraron instrucciones para mover fondos desde la cuenta de una empresa “offshore” – Sarita Trading – que manejaba las inversiones de la Iglesia. Él dice que – al menos en lo que a los cheques respecta – se usó fraudulentamente un sello con su firma. Extraño resulta que una persona que evidentemente entiende cómo funcionan las operaciones financieras – no en vano está Godínez en seis Directivas de empresas de ese giro – sea tan ingenua como para dejar un sello con su firma en manos de otra persona que tenía acceso a cuentas multimillonarias en las cuales únicamente necesitaba su firma para manipular los contenidos. Curiosamente, esa “otra” persona, Jorge Torres Fuentes, ex administrador de Servicios Pastorales, está muerto, lo que lo convierte en el chivo expiatorio por excelencia. Evidentemente, no puede defenderse.

Otro, Monseñor José Francisco Ulloa, es el Presidente de la Conferencia Episcopal, entidad a cuyo nombre se realizaron las actividades de intermediación financiera y la cual suponemos era propietaria de la bicoca de $60 millones que la empresa panameña Sarita Trading – manejada por Godínez desde Costa Rica – invertía con la asesoría de Servicios Bursátiles Internacionales, también de Panamá. Cuando se le consultó, Monseñor Ulloa dijo – palabras más palabras menos – haber escuchado el nombre Sarita Trading, pero no recordar el contexto en el cual lo había escuchado. Si yo en el lugar donde trabajo tuviera la responsabilidad de invertir 60 millones de dólares, me recordaría perfectamente del nombre de la sociedad a través de la cual se hizo la inversión. Probablemente estaría en contacto diario con esa empresa, y me sabría sus teléfonos, correos electrónicos, y demás información de contacto. Pero ese soy yo, que soy medio neurótico. En realidad, ¿qué persona normal se va a preocupar tanto por sesenta milloncillos (de dólares)?

Por último, resulta risible, por no decir ofensiva, la aseveración del abogado de la conferencia episcopal, el ex diputado y ex ministro Carlos Vargas Pagán, de que recomendó no denunciar el delito porque con la muerte de Torres “se extinguió la acción penal”. Es posible, pero muy difícil, que todas las actividades ilegales descubiertas en la Conferencia Episcopal hayan sido cometidas por un solo funcionario sin el conocimiento y la complicidad de otras personas. Si los actos de intermediación financiera ilegal fueron descubiertos por una investigación ordenada por ellos, los obispos, eternamente comprometidos con la ética y la verdad, debieron denunciarlos y no temer una investigación que llegara hasta el fondo del asunto.

El sigilo con que actuaron los máximos jerarcas de la Iglesia costarricense resulta sospechoso. La insistencia en achacarle todos los ilícitos a un difunto parece convenienciera y es calumniosa. La figueriana actitud de “no me acuerdo” y “de eso nada se” es una ofensa a la inteligencia no sólo de la grey católica, sino de todos los ciudadanos costarricenses sin distingo de credo. Parece que el Arzobispo Barrantes y los Obispos Ulloa y San Casimiro se olvidaron del mandamiento número ocho según el catecismo católico: “No darás falso testimonio ni mentirás”.

¡Por sus actos los conoceréis!

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El problema con las tarifas del ICE

Un aumento de "hasta un 72%" en las tarifas de un bien tan esencial y de primera necesidad como la electricidad es una bofetada en la cara del consumidor y un freno indecible al crecimiento y al desarrollo económico del país. Para hacer chocolate es necesario el cacao, dirán los sempiternos defensores del monopolio estatal. La realidad es que haciendo este chocolate se está desperdiciando todo el cacao del mundo, y un poquito más.


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Dicen que el aumento afecta más a quienes más consumen, lo cual es correcto, pero no debemos de caer en la trampa de creer que eso es sinónimo de que afecta más a quienes más tienen o menos a quienes menos tienen. Excluyendo del análisis a aquellos tan pobres que ni siquiera tienen aparatos eléctricos en su casa a no ser por unos bombillos para alumbrar y un viejo televisor para matar el rato, no necesariamente quienes más consumen son quienes más tienen o pueden pagar. Cierto que un ricachón con una casa de 600 metros cuadrados de construcción y 2.500 metros de jardín bellamente iluminado por las noches gastará más que una persona que vive en un apartamento de 95 metros, pero usualmente los más ricos tienen aparatos más nuevos y eficientes, mientras que los electrodomésticos y demás aparatos de los más pobres son más viejos y/o menos eficientes. También es cierto que a mayor nivel de ingreso, más pequeñas son las familias, factor este que incide en que los más pobres con electrodomésticos consuman una cantidad importante de electricidad. Valga esto como explicación de que cualquier muerto de hambre supera los 200KwH de consumo mínimo, y casi cualquiera también supera los 300KwH a partir de los cuales el ICE les romperá la jupa con el aumento del 72%.

Para darnos una idea, consideremos que la mayoría de los consumidores residenciales del ICE son rurales, ya que los mercados urbanos, al menos en el Valle Central, están primordialmente servidos por CNFL, ESPH y JASEC. El periódico La Nación de ayer miércoles 9 de abril nos informa que el 15% de los clientes del ICE consume más de 300KwH. La proporción es necesariamente mayor entre los consumidores urbanos, y cuando el aumento del ICE repercuta en los demás distribuidores, lo veremos con mayor claridad.

Hasta la fecha el país ha resistido bastante bien los embates de un precio internacional del petróleo que ya casi es de otra galaxia. En parte el precio del crudo es responsable de que el gobierno no haya logrado ponerle un freno a la inflación, pero comparado con otras épocas de fuertes aumentos del petróleo, a Costa Rica le está yendo de maravilla: el crecimiento ha sido espectacular, y la inflación no se ha desbocado. Al menos hasta que aparecieron las hadas madrinas del gasto en el ICE y se vinieron a cagar en la olla de leche. De aquí en adelante se nos viene una cadena de alzas que pronto nos van a recordar los más negros años de nuestra no muy distante historia cuando el nivel de inflación fácilmente superaba el 25% anual y llegó en algún annus horribilis a casi el 90%.

El problema de las tarifas del ICE no es – como nos quieren hacer creer su Presidente Ejecutivo y otras autoridades – causado por el incremento en el precio del petróleo, aunque es cierto que la generación térmica se encarece automáticamente porque su materia prima es justamente algún derivado del petróleo. Esta es una manifestación del problema – un síntoma – pero no es la causa del problema en sí. El verdadero problema reside en la combinación de la ineficiencia inherente en la operación de todo monopolio (sin importar si es estatal o privado) con una ley reguladora de los servicios públicos basada en un defectuoso principio de regulación tarifaria.

Desde hace varios años el ICE ha dejado de construir nuevas plantas de generación eléctrica no térmicas al ritmo que el país lo demanda. En buena medida se han pasado haciendo masturbaciones mentales con megaproyectos que de un solo arranque vendrían a duplicar la capacidad instalada del país, a expensas del entorno natural de las muchas áreas que serían inundadas con la construcción de las represas. Estos proyectos no han avanzado por varios motivos, entre los que podemos citar tres más relevantes: su impacto ambiental, la oposición del público (en buena medida relacionada con el impacto ambiental), y la propia ineptitud y terquedad de los sobones que ocupan la torre de marfil de Sabana Norte. El que una empresa que cuenta con un mercado cautivo y un regulador dispuesto a darle los incrementos tarifarios que se le pegue la gana no logre construir la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda es muestra de esa ineficiencia inherente de la que hablábamos en el párrafo anterior.

Por otra parte, la Ley de ARESEP carga con una buena dosis de la culpa de lo que está pasando. Algún legislador o grupo de legisladores con muy buenas intenciones pero nulos conocimientos de economía y regulación de servicios públicos decidió que las tarifas de los servicios como la electricidad deberían de fijarse con base en el principio del servicio al costo. Es decir, lo que cueste prestar el servicio, hay que reponerlo con las tarifas que pagan los consumidores. Esto llevó en el pasado a que un Regulador General no le permitiera al ICE generar un excedente necesario para hacer nuevas inversiones, porque de acuerdo con su interpretación de la ley, los excedentes (lo que llamamos utilidades o ganancias en las empresas privadas) no eran parte del costo de prestar el servicio. Esto también contribuyó al rezago en inversión productiva del ICE, aunque la razón primordial de dicho atraso es la que mencionábamos un párrafo arriba.

Sin embargo, el verdadero problema con el principio del servicio al costo no es la interpretación que un Regulador pueda hacer, sino la señal que envía a las empresas reguladas. Si lo que cueste producir y transportar el servicio hasta el consumidor final será recuperado por la vía de las tarifas, entonces no hay por qué hacer el menor esfuerzo para controlar el gasto. Si lo mismo se puede producir con dos empleados que con cinco, pues entonces cedamos a las presiones sindicales, aumentemos la planilla de la institución, y caguémonos de la risa viendo como la ARESEP nos sube las tarifas al punto de ahorcar a nuestros clientes. Traduciendo esto al ICE, tal y como lo reportó La Nación de hoy, en cada uno de los últimos tres años el incremento de la planilla ha superado a la inflación general en algunos puntos porcentuales. Ya en el 2007 el incremento de la planilla del ICE superó a la inflación en un 9%, y para el presente año la planilla está aumentando en un 30% (con respecto al año anterior, ó 20% por encima de la inflación) para el ICE como un todo, y en un 34% para el sector eléctrico de la institución. Para lograr estos astronómicos incrementos, la Junta Directiva del ICE aprobó el año pasado un aumento salarial extraordinario del 10% a todos sus trabajadores. Esto es, ADEMÁS de los ajustes semestrales decretados por el gobierno. Y para cerrar con broche de oro, a la "clase ejecutiva" se le ajustó los salarios en un 20% a un 40% este año.

En otras palabras, el principio del servicio al costo entronizado en la ley genera un incentivo perverso a la empresa regulada, de manera que ésta, o más bien sus dirigentes de turno, nada ganan con controlar el gasto, y si tienen mucho que perder si lo hacen. Así las cosas, una empresa ineficiente como el ICE, que no logra construir la capacidad generadora que el país necesita y se ve obligada a incrementar la generación térmica (no sólo más cara hoy en día por depender de los precios del petróleo, sino también mucho más contaminante), en vez de recibir un castigo del regulador, recibe un premio en la forma de un incremento del 72% en sus tarifas. Eso, amigos míos, es una aberración. Lastimosamente, esta vez esa aberración tendrá efectos serios sobre la economía del país, y contribuirá a engrosar las filas de la pobreza que finalmente habían adelgazado según las estadísticas del último año.

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