La Iglesia Católica, por ser la representante de la religión oficial del Estado, tiene en Costa Rica un estatuto legal especial. No por ello está por encima de las leyes terrenales, aunque a veces parece importarle un comino. Hace casi tres años comenté en otro artículo sobre la noticia de que la Iglesia figuraba en el Top Ten de los patronos morosos con el Seguro Social. Ahora resulta que, al tiempo que estaba morosa, la Iglesia Católica manejaba inversiones por varias decenas de millones de dólares, utilizando fondos propios y captando recursos de religiosos y laicos (entiéndase: cristianos comunes y silvestres), prestando dineros para emprendimientos comerciales que nada tienen que ver con la misión de la Iglesia, y evadiendo en el proceso todas las leyes y regulaciones financieras imperantes en Costa Rica, e ignorando las advertencias de las entidades reguladoras.
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Sobre los hechos no hace falta profundizar; quien quiera saber más de ello puede consultar la interesantísima investigación que viene publicando La Nación desde hace varios días. Lo que resulta relevante es que, habiendo sido advertidos por la SUGEF desde el 2004 de que las actividades financieras que venían llevando a cabo eran ilegales, las continuaran realizando impunemente durante al menos tres años más. Y la advertencia fue directamente a la Conferencia Episcopal, una especie de junta directiva de obispos que así investidos son la máxima autoridad de la Iglesia Católica costarricense.
Resultan alarmantes las explicaciones que han dado los obispos y otros curas involucrados. Uno, el Sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga, es miembro de las Juntas Directivas de seis empresas del Grupo SAMA, un consorcio de empresas financieras y de inversiones. Con su firma se giraron los cheques de los desembolsos del préstamo de $3 millones a la empresaria suiza que denunció a la Iglesia. También con su firma se giraron instrucciones para mover fondos desde la cuenta de una empresa “offshore” – Sarita Trading – que manejaba las inversiones de la Iglesia. Él dice que – al menos en lo que a los cheques respecta – se usó fraudulentamente un sello con su firma. Extraño resulta que una persona que evidentemente entiende cómo funcionan las operaciones financieras – no en vano está Godínez en seis Directivas de empresas de ese giro – sea tan ingenua como para dejar un sello con su firma en manos de otra persona que tenía acceso a cuentas multimillonarias en las cuales únicamente necesitaba su firma para manipular los contenidos. Curiosamente, esa “otra” persona, Jorge Torres Fuentes, ex administrador de Servicios Pastorales, está muerto, lo que lo convierte en el chivo expiatorio por excelencia. Evidentemente, no puede defenderse.
Otro, Monseñor José Francisco Ulloa, es el Presidente de la Conferencia Episcopal, entidad a cuyo nombre se realizaron las actividades de intermediación financiera y la cual suponemos era propietaria de la bicoca de $60 millones que la empresa panameña Sarita Trading – manejada por Godínez desde Costa Rica – invertía con la asesoría de Servicios Bursátiles Internacionales, también de Panamá. Cuando se le consultó, Monseñor Ulloa dijo – palabras más palabras menos – haber escuchado el nombre Sarita Trading, pero no recordar el contexto en el cual lo había escuchado. Si yo en el lugar donde trabajo tuviera la responsabilidad de invertir 60 millones de dólares, me recordaría perfectamente del nombre de la sociedad a través de la cual se hizo la inversión. Probablemente estaría en contacto diario con esa empresa, y me sabría sus teléfonos, correos electrónicos, y demás información de contacto. Pero ese soy yo, que soy medio neurótico. En realidad, ¿qué persona normal se va a preocupar tanto por sesenta milloncillos (de dólares)?
Por último, resulta risible, por no decir ofensiva, la aseveración del abogado de la conferencia episcopal, el ex diputado y ex ministro Carlos Vargas Pagán, de que recomendó no denunciar el delito porque con la muerte de Torres “se extinguió la acción penal”. Es posible, pero muy difícil, que todas las actividades ilegales descubiertas en la Conferencia Episcopal hayan sido cometidas por un solo funcionario sin el conocimiento y la complicidad de otras personas. Si los actos de intermediación financiera ilegal fueron descubiertos por una investigación ordenada por ellos, los obispos, eternamente comprometidos con la ética y la verdad, debieron denunciarlos y no temer una investigación que llegara hasta el fondo del asunto.
El sigilo con que actuaron los máximos jerarcas de la Iglesia costarricense resulta sospechoso. La insistencia en achacarle todos los ilícitos a un difunto parece convenienciera y es calumniosa. La figueriana actitud de “no me acuerdo” y “de eso nada se” es una ofensa a la inteligencia no sólo de la grey católica, sino de todos los ciudadanos costarricenses sin distingo de credo. Parece que el Arzobispo Barrantes y los Obispos Ulloa y San Casimiro se olvidaron del mandamiento número ocho según el catecismo católico: “No darás falso testimonio ni mentirás”.
¡Por sus actos los conoceréis!
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Sobre los hechos no hace falta profundizar; quien quiera saber más de ello puede consultar la interesantísima investigación que viene publicando La Nación desde hace varios días. Lo que resulta relevante es que, habiendo sido advertidos por la SUGEF desde el 2004 de que las actividades financieras que venían llevando a cabo eran ilegales, las continuaran realizando impunemente durante al menos tres años más. Y la advertencia fue directamente a la Conferencia Episcopal, una especie de junta directiva de obispos que así investidos son la máxima autoridad de la Iglesia Católica costarricense.
Resultan alarmantes las explicaciones que han dado los obispos y otros curas involucrados. Uno, el Sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga, es miembro de las Juntas Directivas de seis empresas del Grupo SAMA, un consorcio de empresas financieras y de inversiones. Con su firma se giraron los cheques de los desembolsos del préstamo de $3 millones a la empresaria suiza que denunció a la Iglesia. También con su firma se giraron instrucciones para mover fondos desde la cuenta de una empresa “offshore” – Sarita Trading – que manejaba las inversiones de la Iglesia. Él dice que – al menos en lo que a los cheques respecta – se usó fraudulentamente un sello con su firma. Extraño resulta que una persona que evidentemente entiende cómo funcionan las operaciones financieras – no en vano está Godínez en seis Directivas de empresas de ese giro – sea tan ingenua como para dejar un sello con su firma en manos de otra persona que tenía acceso a cuentas multimillonarias en las cuales únicamente necesitaba su firma para manipular los contenidos. Curiosamente, esa “otra” persona, Jorge Torres Fuentes, ex administrador de Servicios Pastorales, está muerto, lo que lo convierte en el chivo expiatorio por excelencia. Evidentemente, no puede defenderse.
Otro, Monseñor José Francisco Ulloa, es el Presidente de la Conferencia Episcopal, entidad a cuyo nombre se realizaron las actividades de intermediación financiera y la cual suponemos era propietaria de la bicoca de $60 millones que la empresa panameña Sarita Trading – manejada por Godínez desde Costa Rica – invertía con la asesoría de Servicios Bursátiles Internacionales, también de Panamá. Cuando se le consultó, Monseñor Ulloa dijo – palabras más palabras menos – haber escuchado el nombre Sarita Trading, pero no recordar el contexto en el cual lo había escuchado. Si yo en el lugar donde trabajo tuviera la responsabilidad de invertir 60 millones de dólares, me recordaría perfectamente del nombre de la sociedad a través de la cual se hizo la inversión. Probablemente estaría en contacto diario con esa empresa, y me sabría sus teléfonos, correos electrónicos, y demás información de contacto. Pero ese soy yo, que soy medio neurótico. En realidad, ¿qué persona normal se va a preocupar tanto por sesenta milloncillos (de dólares)?
Por último, resulta risible, por no decir ofensiva, la aseveración del abogado de la conferencia episcopal, el ex diputado y ex ministro Carlos Vargas Pagán, de que recomendó no denunciar el delito porque con la muerte de Torres “se extinguió la acción penal”. Es posible, pero muy difícil, que todas las actividades ilegales descubiertas en la Conferencia Episcopal hayan sido cometidas por un solo funcionario sin el conocimiento y la complicidad de otras personas. Si los actos de intermediación financiera ilegal fueron descubiertos por una investigación ordenada por ellos, los obispos, eternamente comprometidos con la ética y la verdad, debieron denunciarlos y no temer una investigación que llegara hasta el fondo del asunto.
El sigilo con que actuaron los máximos jerarcas de la Iglesia costarricense resulta sospechoso. La insistencia en achacarle todos los ilícitos a un difunto parece convenienciera y es calumniosa. La figueriana actitud de “no me acuerdo” y “de eso nada se” es una ofensa a la inteligencia no sólo de la grey católica, sino de todos los ciudadanos costarricenses sin distingo de credo. Parece que el Arzobispo Barrantes y los Obispos Ulloa y San Casimiro se olvidaron del mandamiento número ocho según el catecismo católico: “No darás falso testimonio ni mentirás”.
¡Por sus actos los conoceréis!
Hola Dean, cómo estás.
ResponderBorrarIglesia Católica S.A., Iglesia Católica Corp., Iglesia Católica Banking Services., IC Financial Group.
¿Cómo se le explica esa nomenclatura a los viejitos que religiosamente van los domingos a misa y dejan su ofrenda? ¿Cómo se les explica que la IC es un fraude, a quién cree fervorosamente en ella?
Ya en el gobierno pasado con gusto pusieron las cuentas de la iglesia para intermediar financieramente en el asunto de los muelleros. Otros líderes antes hicieron fiesta con una emisora famosa.
Curioso que gente tan "espiritual" sea tan tan tan frecuentemente débil en la carne...
En fin, por sus frutos se identifican.
El esplendor de la Iglesia puede ofuscarse por los pecados y las debilidades de sus miembros.
ResponderBorrarPues sí, qué tirada que dios no colabore controlando a sus representantes cuando el arca está abierta. Pareciera que mientras las finanzas van bien dios no hace auditorías.
ResponderBorrarBueno, pero también puede ser que en realidad no representen a nadie y vivan chuleando a los crédulos.
Y los crédulos se lo merecen, porque a pesar de ver lo podrido de sus religiosos, los mantienen como líderes.
Este asunto de la iglesia católica es realmente lamentable y el precio va a ser alto. La sangría de fieles que viene sufriendo el catolicismo en favor de las cristiandades "fáciles", y no por ello menos onerosas, se va a ampliar por este tipo de asuntos.
ResponderBorrarLa iglesia católica necesita una profunda reflexión y una amplia remodelación para volver a sus principios.
Me alegra verte activo de nuevo, Dean.
Pues si, Rigo, es muy difícil convencer a los crédulos de los fraudes que se comenten en nombre de la religión (de cualquier religión). Creo que esto apunta a lo que dice Pakithor: la sangría de fieles va a ser grande... quizás por eso han tenido tanto éxito las iglesias crisitanas en los últimos 20 años.
ResponderBorrarBenedicto: emociona tener un visitante tan importante, pero con respecto a su comentario, todo lo que puedo decir es: ¿?
Gracias Pakithor, trataremos de mantenernos activos con menor intensidad que antes para que no llegue a chocar con las obligaciones!