Un aumento de "hasta un 72%" en las tarifas de un bien tan esencial y de primera necesidad como la electricidad es una bofetada en la cara del consumidor y un freno indecible al crecimiento y al desarrollo económico del país. Para hacer chocolate es necesario el cacao, dirán los sempiternos defensores del monopolio estatal. La realidad es que haciendo este chocolate se está desperdiciando todo el cacao del mundo, y un poquito más.
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Dicen que el aumento afecta más a quienes más consumen, lo cual es correcto, pero no debemos de caer en la trampa de creer que eso es sinónimo de que afecta más a quienes más tienen o menos a quienes menos tienen. Excluyendo del análisis a aquellos tan pobres que ni siquiera tienen aparatos eléctricos en su casa a no ser por unos bombillos para alumbrar y un viejo televisor para matar el rato, no necesariamente quienes más consumen son quienes más tienen o pueden pagar. Cierto que un ricachón con una casa de 600 metros cuadrados de construcción y 2.500 metros de jardín bellamente iluminado por las noches gastará más que una persona que vive en un apartamento de 95 metros, pero usualmente los más ricos tienen aparatos más nuevos y eficientes, mientras que los electrodomésticos y demás aparatos de los más pobres son más viejos y/o menos eficientes. También es cierto que a mayor nivel de ingreso, más pequeñas son las familias, factor este que incide en que los más pobres con electrodomésticos consuman una cantidad importante de electricidad. Valga esto como explicación de que cualquier muerto de hambre supera los 200KwH de consumo mínimo, y casi cualquiera también supera los 300KwH a partir de los cuales el ICE les romperá la jupa con el aumento del 72%.
Para darnos una idea, consideremos que la mayoría de los consumidores residenciales del ICE son rurales, ya que los mercados urbanos, al menos en el Valle Central, están primordialmente servidos por CNFL, ESPH y JASEC. El periódico La Nación de ayer miércoles 9 de abril nos informa que el 15% de los clientes del ICE consume más de 300KwH. La proporción es necesariamente mayor entre los consumidores urbanos, y cuando el aumento del ICE repercuta en los demás distribuidores, lo veremos con mayor claridad.
Hasta la fecha el país ha resistido bastante bien los embates de un precio internacional del petróleo que ya casi es de otra galaxia. En parte el precio del crudo es responsable de que el gobierno no haya logrado ponerle un freno a la inflación, pero comparado con otras épocas de fuertes aumentos del petróleo, a Costa Rica le está yendo de maravilla: el crecimiento ha sido espectacular, y la inflación no se ha desbocado. Al menos hasta que aparecieron las hadas madrinas del gasto en el ICE y se vinieron a cagar en la olla de leche. De aquí en adelante se nos viene una cadena de alzas que pronto nos van a recordar los más negros años de nuestra no muy distante historia cuando el nivel de inflación fácilmente superaba el 25% anual y llegó en algún annus horribilis a casi el 90%.
El problema de las tarifas del ICE no es – como nos quieren hacer creer su Presidente Ejecutivo y otras autoridades – causado por el incremento en el precio del petróleo, aunque es cierto que la generación térmica se encarece automáticamente porque su materia prima es justamente algún derivado del petróleo. Esta es una manifestación del problema – un síntoma – pero no es la causa del problema en sí. El verdadero problema reside en la combinación de la ineficiencia inherente en la operación de todo monopolio (sin importar si es estatal o privado) con una ley reguladora de los servicios públicos basada en un defectuoso principio de regulación tarifaria.
Desde hace varios años el ICE ha dejado de construir nuevas plantas de generación eléctrica no térmicas al ritmo que el país lo demanda. En buena medida se han pasado haciendo masturbaciones mentales con megaproyectos que de un solo arranque vendrían a duplicar la capacidad instalada del país, a expensas del entorno natural de las muchas áreas que serían inundadas con la construcción de las represas. Estos proyectos no han avanzado por varios motivos, entre los que podemos citar tres más relevantes: su impacto ambiental, la oposición del público (en buena medida relacionada con el impacto ambiental), y la propia ineptitud y terquedad de los sobones que ocupan la torre de marfil de Sabana Norte. El que una empresa que cuenta con un mercado cautivo y un regulador dispuesto a darle los incrementos tarifarios que se le pegue la gana no logre construir la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda es muestra de esa ineficiencia inherente de la que hablábamos en el párrafo anterior.
Por otra parte, la Ley de ARESEP carga con una buena dosis de la culpa de lo que está pasando. Algún legislador o grupo de legisladores con muy buenas intenciones pero nulos conocimientos de economía y regulación de servicios públicos decidió que las tarifas de los servicios como la electricidad deberían de fijarse con base en el principio del servicio al costo. Es decir, lo que cueste prestar el servicio, hay que reponerlo con las tarifas que pagan los consumidores. Esto llevó en el pasado a que un Regulador General no le permitiera al ICE generar un excedente necesario para hacer nuevas inversiones, porque de acuerdo con su interpretación de la ley, los excedentes (lo que llamamos utilidades o ganancias en las empresas privadas) no eran parte del costo de prestar el servicio. Esto también contribuyó al rezago en inversión productiva del ICE, aunque la razón primordial de dicho atraso es la que mencionábamos un párrafo arriba.
Sin embargo, el verdadero problema con el principio del servicio al costo no es la interpretación que un Regulador pueda hacer, sino la señal que envía a las empresas reguladas. Si lo que cueste producir y transportar el servicio hasta el consumidor final será recuperado por la vía de las tarifas, entonces no hay por qué hacer el menor esfuerzo para controlar el gasto. Si lo mismo se puede producir con dos empleados que con cinco, pues entonces cedamos a las presiones sindicales, aumentemos la planilla de la institución, y caguémonos de la risa viendo como la ARESEP nos sube las tarifas al punto de ahorcar a nuestros clientes. Traduciendo esto al ICE, tal y como lo reportó La Nación de hoy, en cada uno de los últimos tres años el incremento de la planilla ha superado a la inflación general en algunos puntos porcentuales. Ya en el 2007 el incremento de la planilla del ICE superó a la inflación en un 9%, y para el presente año la planilla está aumentando en un 30% (con respecto al año anterior, ó 20% por encima de la inflación) para el ICE como un todo, y en un 34% para el sector eléctrico de la institución. Para lograr estos astronómicos incrementos, la Junta Directiva del ICE aprobó el año pasado un aumento salarial extraordinario del 10% a todos sus trabajadores. Esto es, ADEMÁS de los ajustes semestrales decretados por el gobierno. Y para cerrar con broche de oro, a la "clase ejecutiva" se le ajustó los salarios en un 20% a un 40% este año.
En otras palabras, el principio del servicio al costo entronizado en la ley genera un incentivo perverso a la empresa regulada, de manera que ésta, o más bien sus dirigentes de turno, nada ganan con controlar el gasto, y si tienen mucho que perder si lo hacen. Así las cosas, una empresa ineficiente como el ICE, que no logra construir la capacidad generadora que el país necesita y se ve obligada a incrementar la generación térmica (no sólo más cara hoy en día por depender de los precios del petróleo, sino también mucho más contaminante), en vez de recibir un castigo del regulador, recibe un premio en la forma de un incremento del 72% en sus tarifas. Eso, amigos míos, es una aberración. Lastimosamente, esta vez esa aberración tendrá efectos serios sobre la economía del país, y contribuirá a engrosar las filas de la pobreza que finalmente habían adelgazado según las estadísticas del último año.
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Dicen que el aumento afecta más a quienes más consumen, lo cual es correcto, pero no debemos de caer en la trampa de creer que eso es sinónimo de que afecta más a quienes más tienen o menos a quienes menos tienen. Excluyendo del análisis a aquellos tan pobres que ni siquiera tienen aparatos eléctricos en su casa a no ser por unos bombillos para alumbrar y un viejo televisor para matar el rato, no necesariamente quienes más consumen son quienes más tienen o pueden pagar. Cierto que un ricachón con una casa de 600 metros cuadrados de construcción y 2.500 metros de jardín bellamente iluminado por las noches gastará más que una persona que vive en un apartamento de 95 metros, pero usualmente los más ricos tienen aparatos más nuevos y eficientes, mientras que los electrodomésticos y demás aparatos de los más pobres son más viejos y/o menos eficientes. También es cierto que a mayor nivel de ingreso, más pequeñas son las familias, factor este que incide en que los más pobres con electrodomésticos consuman una cantidad importante de electricidad. Valga esto como explicación de que cualquier muerto de hambre supera los 200KwH de consumo mínimo, y casi cualquiera también supera los 300KwH a partir de los cuales el ICE les romperá la jupa con el aumento del 72%.
Para darnos una idea, consideremos que la mayoría de los consumidores residenciales del ICE son rurales, ya que los mercados urbanos, al menos en el Valle Central, están primordialmente servidos por CNFL, ESPH y JASEC. El periódico La Nación de ayer miércoles 9 de abril nos informa que el 15% de los clientes del ICE consume más de 300KwH. La proporción es necesariamente mayor entre los consumidores urbanos, y cuando el aumento del ICE repercuta en los demás distribuidores, lo veremos con mayor claridad.
Hasta la fecha el país ha resistido bastante bien los embates de un precio internacional del petróleo que ya casi es de otra galaxia. En parte el precio del crudo es responsable de que el gobierno no haya logrado ponerle un freno a la inflación, pero comparado con otras épocas de fuertes aumentos del petróleo, a Costa Rica le está yendo de maravilla: el crecimiento ha sido espectacular, y la inflación no se ha desbocado. Al menos hasta que aparecieron las hadas madrinas del gasto en el ICE y se vinieron a cagar en la olla de leche. De aquí en adelante se nos viene una cadena de alzas que pronto nos van a recordar los más negros años de nuestra no muy distante historia cuando el nivel de inflación fácilmente superaba el 25% anual y llegó en algún annus horribilis a casi el 90%.
El problema de las tarifas del ICE no es – como nos quieren hacer creer su Presidente Ejecutivo y otras autoridades – causado por el incremento en el precio del petróleo, aunque es cierto que la generación térmica se encarece automáticamente porque su materia prima es justamente algún derivado del petróleo. Esta es una manifestación del problema – un síntoma – pero no es la causa del problema en sí. El verdadero problema reside en la combinación de la ineficiencia inherente en la operación de todo monopolio (sin importar si es estatal o privado) con una ley reguladora de los servicios públicos basada en un defectuoso principio de regulación tarifaria.
Desde hace varios años el ICE ha dejado de construir nuevas plantas de generación eléctrica no térmicas al ritmo que el país lo demanda. En buena medida se han pasado haciendo masturbaciones mentales con megaproyectos que de un solo arranque vendrían a duplicar la capacidad instalada del país, a expensas del entorno natural de las muchas áreas que serían inundadas con la construcción de las represas. Estos proyectos no han avanzado por varios motivos, entre los que podemos citar tres más relevantes: su impacto ambiental, la oposición del público (en buena medida relacionada con el impacto ambiental), y la propia ineptitud y terquedad de los sobones que ocupan la torre de marfil de Sabana Norte. El que una empresa que cuenta con un mercado cautivo y un regulador dispuesto a darle los incrementos tarifarios que se le pegue la gana no logre construir la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda es muestra de esa ineficiencia inherente de la que hablábamos en el párrafo anterior.
Por otra parte, la Ley de ARESEP carga con una buena dosis de la culpa de lo que está pasando. Algún legislador o grupo de legisladores con muy buenas intenciones pero nulos conocimientos de economía y regulación de servicios públicos decidió que las tarifas de los servicios como la electricidad deberían de fijarse con base en el principio del servicio al costo. Es decir, lo que cueste prestar el servicio, hay que reponerlo con las tarifas que pagan los consumidores. Esto llevó en el pasado a que un Regulador General no le permitiera al ICE generar un excedente necesario para hacer nuevas inversiones, porque de acuerdo con su interpretación de la ley, los excedentes (lo que llamamos utilidades o ganancias en las empresas privadas) no eran parte del costo de prestar el servicio. Esto también contribuyó al rezago en inversión productiva del ICE, aunque la razón primordial de dicho atraso es la que mencionábamos un párrafo arriba.
Sin embargo, el verdadero problema con el principio del servicio al costo no es la interpretación que un Regulador pueda hacer, sino la señal que envía a las empresas reguladas. Si lo que cueste producir y transportar el servicio hasta el consumidor final será recuperado por la vía de las tarifas, entonces no hay por qué hacer el menor esfuerzo para controlar el gasto. Si lo mismo se puede producir con dos empleados que con cinco, pues entonces cedamos a las presiones sindicales, aumentemos la planilla de la institución, y caguémonos de la risa viendo como la ARESEP nos sube las tarifas al punto de ahorcar a nuestros clientes. Traduciendo esto al ICE, tal y como lo reportó La Nación de hoy, en cada uno de los últimos tres años el incremento de la planilla ha superado a la inflación general en algunos puntos porcentuales. Ya en el 2007 el incremento de la planilla del ICE superó a la inflación en un 9%, y para el presente año la planilla está aumentando en un 30% (con respecto al año anterior, ó 20% por encima de la inflación) para el ICE como un todo, y en un 34% para el sector eléctrico de la institución. Para lograr estos astronómicos incrementos, la Junta Directiva del ICE aprobó el año pasado un aumento salarial extraordinario del 10% a todos sus trabajadores. Esto es, ADEMÁS de los ajustes semestrales decretados por el gobierno. Y para cerrar con broche de oro, a la "clase ejecutiva" se le ajustó los salarios en un 20% a un 40% este año.
En otras palabras, el principio del servicio al costo entronizado en la ley genera un incentivo perverso a la empresa regulada, de manera que ésta, o más bien sus dirigentes de turno, nada ganan con controlar el gasto, y si tienen mucho que perder si lo hacen. Así las cosas, una empresa ineficiente como el ICE, que no logra construir la capacidad generadora que el país necesita y se ve obligada a incrementar la generación térmica (no sólo más cara hoy en día por depender de los precios del petróleo, sino también mucho más contaminante), en vez de recibir un castigo del regulador, recibe un premio en la forma de un incremento del 72% en sus tarifas. Eso, amigos míos, es una aberración. Lastimosamente, esta vez esa aberración tendrá efectos serios sobre la economía del país, y contribuirá a engrosar las filas de la pobreza que finalmente habían adelgazado según las estadísticas del último año.
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