Henning Jensen y la libertad de expresión

No conozco a Henning Jensen, el ahora ex Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica, y, a juzgar por su reciente artículo expresando su oposición a un crédito del Banco Mundial para la construcción de nueva infraestructura en la UCR, tampoco creo compartir con él muchas opiniones. Sin embargo, su despido “por deslealtad”, anunciado por la Rectora Yamileth González, me parece una aberración descomunal y una vergüenza nacional.

Fue Voltaire, quien en una carta de 1770, escribió a su interlocutor: “Señor Abad, detesto lo que escribe, pero daría mi vida por hacer posible que pueda seguir escribiendo”. Para un liberal que se respete, es más importante el derecho a la libertad de expresión de las personas, que estar de acuerdo con ellas todo el tiempo. Despedir a una persona porque exprese una opinión diferente de la que deseamos escuchar es algo que podemos esperar en un político oportunista, mas no de una casa de enseñanza superior.

Yo no me trago el cuentito de Jensen de que su despido es una violación a la libertad de cátedra; al fin y al cabo él puede seguir dando clases en la UCR y enseñar a sus alumnos lo que se le venga en gana. Si es seguidor del humanismo, cree en el psicoanálisis, o defiende el estructuralismo; si es conductista o pertenece a la escuela de Gestalt, nadie –hasta donde tengo entendido – le ha limitado su libertad de enseñar según su conciencia, aunque en ello se dedique a adoctrinar más que a formar. Una universidad debe de fomentar el debate de ideas, y éste se debe de dar a todo nivel, no limitarse a las aulas.

El día en que un Vicerrector – y el de Investigación, para que no les falte – no pueda discrepar del rumbo que toma la Universidad o de las decisiones trascendentales que tome o deje de tomar su Administración, es el día en que hay que apagar las luces y mandar a cerrar el chinamo. Es el día en que la mediocridad – hija bastarda de la homogeneización de criterios – se ha convertido oficialmente en la bandera bajo la cual navega, como el proverbial pendejo, el capitán de ese barco esencial para el desarrollo del país. Es el día, en fin, en que la profundización del conocimiento ha dejado de ser la raison d’etre de la universidad, para convertirla en botín político de sus autoridades de turno.

No podemos coincidir con Henning Jensen cuando utiliza el concepto de autonomía universitaria para descartar cualquier tipo de evaluación externa del desempeño de las universidades estatales. Tampoco podemos coincidir con él cuando sostiene resabios ideológicos de 40 años atrás, como aquel de que una universidad no pueda hacer investigación aplicada ni vender sus resultados. Justamente lo primero es lo que necesita un país en vías de desarrollo como el nuestro, y lo segundo es un imperativo moral dada la delicada situación fiscal en que nos encontramos.

Dice don Henning que “la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la gestión de la calidad son procesos esenciales de la vida universitaria. Para ello no requerimos de indicaciones del Banco Mundial ni del Gobierno…”. Si bien estamos totalmente de acuerdo con la primera frase, tenemos casi que la obligación de discrepar de la segunda. La autonomía universitaria mal entendida, como la pregona el Dr. Jensen, ha llevado a que la UCR, y en general las universidades estatales no tecnológicas, se hayan convertido en fábricas de científicos sociales de dudosa preparación – a juzgar por su inhabilidad para lograr la más sencilla de las redacciones – inundando el mercado laboral de profesionales cuyas habilidades casi nadie demanda, y creando una escasez del tipo de profesionales que los sectores más dinámicos de la economía requieren para crecer y progresar. Y el gobierno, que siga aportado recursos, FEES, y calladito más bonito.

A pesar de lo que hemos dicho de las opiniones del Dr. Jensen, tenemos también que reconocer que el Banco Mundial no es lo que llamaríamos una santa paloma y, desacertadas como puedan parecernos, las advertencias de un intelectual de su calibre tienen que servirnos de campanada que nos obligue a cerciorarnos de que en la contratación del crédito se esté priorizando el interés nacional. Un Presidente de la República, que es escogido sobre una plataforma ideológica, puede darse el lujo de eliminar el disenso de su gabinete para mantener el rumbo que quiere trazar. Pero una universidad – y especialmente nuestra principal universidad – tiene más bien la obligación de facilitar la disensión, promover el cuestionamiento, y alentar el debate vigoroso de ideas, como único mecanismo efectivo conocido para profundizar el conocimiento humano, lograr el progreso, y difundir los resultados a la población en general, que debe de ser la beneficiaria última y principal de los importantes recursos públicos destinados a la manutención de las universidades.

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