La insistencia de Taliottón Solís en crear nuevos impuestos a las empresas de Zona Franca como parte del paquete impositivo que negoció con el gobierno, es la mejor receta para matar la gallina de los huevos de oro.
Que quede algo muy claro: lo que negoció el PAC con el gobierno, lejos de ser una reforma fiscal, es apenas una colección de parches al atrofiado sistema tributario costarricense, de efectos mayoritariamente regresivos, poco impacto en la recaudación (excepto por el cambio del impuesto de ventas al IVA y su incremento al 14%), y con el potencial de ahuyentar la inversión extranjera.
Con la gallina de los huevos de oro hay que tener mucho cuidado. El régimen de zonas francas en Costa Rica es responsable de más de la mitad de las exportaciones, y de alrededor del 40% de todos los nuevos empleos que genera el sector privado cada año. Además, y por si lo anterior fuera poca cosa, los salarios en zona franca son 60% superiores al promedio nacional.
Un reciente estudio de PROCOMER demuestra que por cada dólar de exoneración que reciben las empresas de zonas francas, éstas le generan ocho dólares de beneficio al país. Dicho estudio además revela que conforme el régimen de zonas francas ha venido madurando, su aporte al país ha venido creciendo. Hace apenas 5 años, en el 2006, el beneficio generado al país por las empresas de zona franca era de $4 por cada dólar de exoneración. Es decir, se ha duplicado en apenas un quinquenio y, conforme la industria local mejora sus estándares de calidad y se incorpora a los encadenamientos productivos con empresas de zona franca, el beneficio-país seguirá creciendo.
Después de 15 años de discusión y hueveo (como todo en Costa Rica), hace menos de dos años la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la Ley de Zonas Francas. Antes, cualquier empresa exportadora podía ingresar al régimen, hecho opuesto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual formamos parte. La OMC se preocupa por eliminar en la medida de lo posible las barreras al comercio internacional, y no tolera los subsidios a las exportaciones, ya que es una forma de competencia desleal. En otras palabras, un país no puede exonerar de impuestos a un grupo de industrias solo porque sean exportadoras.
De acuerdo con las modificaciones vigentes desde hace menos de dos años, el país otorga los beneficios de zona franca – primordialmente exoneraciones fiscales y una tramitología simplificada – a empresas pertenecientes a industrias designadas como clave para el desarrollo del país, independientemente de que exporten o produzcan para el mercado local. Dado que las leyes no son retroactivas, las empresas que ya gozaban de los beneficios a la exportación antes de la reforma, los mantienen hasta su vencimiento. Una vez que esto suceda, las empresas exportadoras que no sean parte de esas industrias clave tendrán que empezar a pagar impuestos en Costa Rica o buscarse otro país donde trasladarse.
De igual manera, si ahora la Asamblea Legislativa aprueba los impuestos de Ottón a las zonas francas, las empresas existentes no los tendrán que pagar. En ese sentido, el impacto fiscal del impuesto será despreciable. Uno de los principales factores que las empresas consideran al valorar un país es la seguridad jurídica que éste les ofrece. Seguridad jurídica no es – ni puede serlo – sinónimo de inamovilidad. Todo país tiene derecho, y la obligación, de revisar su legislación cada cierto tiempo para adecuarla a los tiempos y a las necesidades cambiantes. Por eso, cuando hace 2 años se modificó la legislación, nadie argumentó la inseguridad jurídica; la Ley de Zonas Francas ya tenía casi 30 años de existir, y la misma OMC pedía su modificación. Pero cuando dos años después se vuelve a cambiar la ley, la cosa ya empieza a parecer un jueguito – como el de la Ley de Tránsito. Cualquier alto ejecutivo de empresa multinacional tendría razón de pensar que hoy son los impuestos territoriales y a la repatriación de utilidades, pero en otro par de años, cuando otro Presidente más populistón que la actual necesite dinero para repartir a sus amiguitos, bien podrían empezar a cobrarle el impuesto de renta y meterle además aranceles a la importación de maquinaria, equipos y materias primas. Cuando las reglas no son claras, a nadie le gusta meterse al juego.
La cabezonada de Ottón es preocupante. Insistimos: el impacto en materia de recaudación será poco menos que nulo. Sin embargo, bien podría ser el principio del fin del régimen de zonas francas. Por las empresas no debemos derramar una lágrima, ellas se irán adonde más les caliente el sol. A las casi 60.000 personas que hoy trabajan en Zonas Francas, el país no va a tener dónde acomodarlas. Y menos con salarios como los que hoy ganan. A las empresas nacionales que hoy le venden más de $1.080 millones a las empresas de Zona Franca, tampoco les va a resultar factible colocar su producción, y se verán obligadas a despedir a otros cuantos miles de trabajadores.
Extraño concepto tiene Ottón de la solidaridad. O tal vez quiere deshacerse primero de las empresas extranjeras, para luego duplicarle los impuestos a las empresas nacionales para poder ayudar a los miles de desempleados de las zonas francas y de las empresas “encadenadas”. Solo que con esa receta provocará el cierre masivo de empresas nacionales, y más despidos. Tal vez ese es su objetivo; emulando a otros iluminados líderes latinoamericanos podría nacionalizar las industrias y llevarnos directo al despeñadero. Lamentablemente es posible estar peor de lo que estamos.
Que quede algo muy claro: lo que negoció el PAC con el gobierno, lejos de ser una reforma fiscal, es apenas una colección de parches al atrofiado sistema tributario costarricense, de efectos mayoritariamente regresivos, poco impacto en la recaudación (excepto por el cambio del impuesto de ventas al IVA y su incremento al 14%), y con el potencial de ahuyentar la inversión extranjera.
Con la gallina de los huevos de oro hay que tener mucho cuidado. El régimen de zonas francas en Costa Rica es responsable de más de la mitad de las exportaciones, y de alrededor del 40% de todos los nuevos empleos que genera el sector privado cada año. Además, y por si lo anterior fuera poca cosa, los salarios en zona franca son 60% superiores al promedio nacional.
Un reciente estudio de PROCOMER demuestra que por cada dólar de exoneración que reciben las empresas de zonas francas, éstas le generan ocho dólares de beneficio al país. Dicho estudio además revela que conforme el régimen de zonas francas ha venido madurando, su aporte al país ha venido creciendo. Hace apenas 5 años, en el 2006, el beneficio generado al país por las empresas de zona franca era de $4 por cada dólar de exoneración. Es decir, se ha duplicado en apenas un quinquenio y, conforme la industria local mejora sus estándares de calidad y se incorpora a los encadenamientos productivos con empresas de zona franca, el beneficio-país seguirá creciendo.
Después de 15 años de discusión y hueveo (como todo en Costa Rica), hace menos de dos años la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la Ley de Zonas Francas. Antes, cualquier empresa exportadora podía ingresar al régimen, hecho opuesto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual formamos parte. La OMC se preocupa por eliminar en la medida de lo posible las barreras al comercio internacional, y no tolera los subsidios a las exportaciones, ya que es una forma de competencia desleal. En otras palabras, un país no puede exonerar de impuestos a un grupo de industrias solo porque sean exportadoras.
De acuerdo con las modificaciones vigentes desde hace menos de dos años, el país otorga los beneficios de zona franca – primordialmente exoneraciones fiscales y una tramitología simplificada – a empresas pertenecientes a industrias designadas como clave para el desarrollo del país, independientemente de que exporten o produzcan para el mercado local. Dado que las leyes no son retroactivas, las empresas que ya gozaban de los beneficios a la exportación antes de la reforma, los mantienen hasta su vencimiento. Una vez que esto suceda, las empresas exportadoras que no sean parte de esas industrias clave tendrán que empezar a pagar impuestos en Costa Rica o buscarse otro país donde trasladarse.
De igual manera, si ahora la Asamblea Legislativa aprueba los impuestos de Ottón a las zonas francas, las empresas existentes no los tendrán que pagar. En ese sentido, el impacto fiscal del impuesto será despreciable. Uno de los principales factores que las empresas consideran al valorar un país es la seguridad jurídica que éste les ofrece. Seguridad jurídica no es – ni puede serlo – sinónimo de inamovilidad. Todo país tiene derecho, y la obligación, de revisar su legislación cada cierto tiempo para adecuarla a los tiempos y a las necesidades cambiantes. Por eso, cuando hace 2 años se modificó la legislación, nadie argumentó la inseguridad jurídica; la Ley de Zonas Francas ya tenía casi 30 años de existir, y la misma OMC pedía su modificación. Pero cuando dos años después se vuelve a cambiar la ley, la cosa ya empieza a parecer un jueguito – como el de la Ley de Tránsito. Cualquier alto ejecutivo de empresa multinacional tendría razón de pensar que hoy son los impuestos territoriales y a la repatriación de utilidades, pero en otro par de años, cuando otro Presidente más populistón que la actual necesite dinero para repartir a sus amiguitos, bien podrían empezar a cobrarle el impuesto de renta y meterle además aranceles a la importación de maquinaria, equipos y materias primas. Cuando las reglas no son claras, a nadie le gusta meterse al juego.
La cabezonada de Ottón es preocupante. Insistimos: el impacto en materia de recaudación será poco menos que nulo. Sin embargo, bien podría ser el principio del fin del régimen de zonas francas. Por las empresas no debemos derramar una lágrima, ellas se irán adonde más les caliente el sol. A las casi 60.000 personas que hoy trabajan en Zonas Francas, el país no va a tener dónde acomodarlas. Y menos con salarios como los que hoy ganan. A las empresas nacionales que hoy le venden más de $1.080 millones a las empresas de Zona Franca, tampoco les va a resultar factible colocar su producción, y se verán obligadas a despedir a otros cuantos miles de trabajadores.
Extraño concepto tiene Ottón de la solidaridad. O tal vez quiere deshacerse primero de las empresas extranjeras, para luego duplicarle los impuestos a las empresas nacionales para poder ayudar a los miles de desempleados de las zonas francas y de las empresas “encadenadas”. Solo que con esa receta provocará el cierre masivo de empresas nacionales, y más despidos. Tal vez ese es su objetivo; emulando a otros iluminados líderes latinoamericanos podría nacionalizar las industrias y llevarnos directo al despeñadero. Lamentablemente es posible estar peor de lo que estamos.
Precisamente esto mismo me explicaba una amiga... en realidad el problema es para las empresas que están evaluando venirse para acá, y sacando cuentas de lo que podría pasar si Ottón(to) quedá electo en la próxima... y todo por una juponada... puta, de verdad, qué miedo que ese mae quede... ese mae no echa para atrás por nada...
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