Que el PLN se ha convertido en una máquina para alcanzar el poder es
algo sabido al menos desde la década de los 80.
Atrás quedó cualquier pretensión de vida partidaria más allá de la
correspondiente al ciclo electoral. No más congresos ideológicos, capacitación
de líderes ni nada que se asemeje a un partido político en el buen sentido de
la palabra. Lo que si hay que alabarle al PLN es la consistencia de sus
propuestas, mil veces probadas, y mil veces demostrada su futilidad. Para muestra un botón. O varios.
La receta liberacionista para el desarrollo económico es favorecer a ciertos sectores productivos, a expensas de los demás. Es diseñar políticas que de antemano definen quiénes serán los ganadores, y quiénes los perdedores. Es la forma más burda del clientelismo: yo, desde el gobierno, lo beneficio a usted (digamos, señor exportador, empresario turístico, cooperativista, etc.) con políticas económicas selectivas, y usted, en campaña, me apoya con su dinero, logística, acceso a sus empleados, etc. Se crea una relación simbiótica donde cada parte necesita de la otra para tener éxito en sus respectivos ámbitos de acción.
La señal más clara de que así pretende Johnny Araya "mejorar" la
situación económica de Costa Rica es la escogencia de don Jorge Pattoni como candidato a la Vicepresidencia. Procede don Jorge de una de las empresas
más grandes de Costa Rica, que representa a la perfección la escogencia de
ganadores en la política económica liberacionista. La Dos Pinos está organizada
como cooperativa – una “forma asociativa de producción de la economía social” –
y, como tal, se beneficia de una exoneración del impuesto sobre la renta. Pero además, de unos años para acá, se ha
convertido en una exitosa empresa exportadora. Con ese nombramiento se hace un
guiño muy claro a dos de los sectores que más se han visto beneficiados por la
presencia del PLN en el poder, sectores que han recibido toda clase de
subsidios (la ya mencionada exoneración, los CATs, el régimen de importación
temporal, el de zonas francas, el tipo de cambio artificialmente inflado mediante
las minidevaluaciones diarias) que pagamos los demás costarricenses, los que ni
somos cooperativistas ni exportadores, y a quienes nos pretenden subir la luz
para bajársela a los productores.
La preferencia liberacionista de política social para la reducción de
la pobreza es el asistencialismo que, una vez más, crea dependencia y
clientelismo: yo, en el gobierno, lo beneficio a usted, ciudadano pobre, con becas,
bonos, y toda clase de ayudas en efectivo y en especie (comedores infantiles,
etc.), y usted me beneficia con su voto y tal vez una banderita puesta en el
techo de su tugurio. Esta es una política diseñada para que la pobreza nunca
disminuya – “les doy la ayuda necesaria para que no se me mueran de hambre,
pero apenas lo suficiente para que sigan siendo pobres”. Y, en efecto, la
pobreza no ha disminuido un ápice en los últimos 20 años. ¿Qué hace Johnny
Araya? Nombrar como su otra
Vicepresidenta a doña Silvia Lara Povedano, ex –Presidenta Ejecutiva del IMAS, la mera institución creada para perpetuar la
pobreza mediante el esquema asistencialista cuyo fracaso está más que
demostrado.
No solo en el campo electoral nos recomienda el PLN la misma receta de
siempre que, ya sabemos, no resuelve los problemas que agobian a Costa Rica. Otros ejemplos muy claros los tenemos en el
campo fiscal. ¿Se avecina una crisis? Hay que aumentar el gasto de manera
permanente. ¿Se desbocó el déficit? Hay que aumentar impuestos. Y así, cuando
la próxima crisis arrecie, podemos renovar el ciclo: más gasto, nuevos
impuestos, y el sector privado cada vez más estrujado y con menos capacidad de
generar empleo. Excepto, por supuesto, si como caballos de feria nos fijamos
únicamente en aquellos sectores de la economía que son los beneficiarios de las
políticas clientelistas del PLN de exoneraciones fiscales y otros subsidios.
El documento titulado En Ruta hacia la Consolidación Fiscal, que el gobierno ha puesto a circular, está lleno de ejemplos. Todo lo que propone en cuanto al gasto
público es limitar su crecimiento. Ni una sola propuesta para recortarlo. Y por
otro lado, la favorita de las recetas liberacionistas: crear nuevas entidades
burocráticas cuyas funciones dupliquen las de organismos existentes pero
inoperantes, o cambiarle el nombre a una entidad con la esperanza de que por
convertirse en Instituto lo que hoy es Dirección General, el trabajo
mejorará. El mencionado documento propone hacer ambas cosas.
Antes de entrarle al presente, ¿quiere el lector algunos ejemplos
históricos? Fácil: érase una vez una entidad llamada Instituto de Tierras y
Colonización (ITCO), encargada de administrar la “reforma agraria”, que no era otra cosa que
entregar tierras productivas a los campesinos para que las explotaran. Cuando se descubrió que las tierras
terminaban en manos de grandes terratenientes o grandes empresas agropecuarias,
la solución fue muy sencilla: cambiarle el nombre a Instituto de Desarrollo
Agrario (IDA). Como las irregularidades continuaron y la titulación de tierras para los
campesinos siguió sendo un calvario, encontraron una “nueva” solución:
cambiarle el nombre a Instituto de Desarrollo Rural (INDER). ¿Creerán que a la tercera va la vencida?
Entre las propuestas del documento de Consolidación Fiscal, quiero
destacar dos:
- “La DGT requiere ir dando los pasos para convertirse en una organización con la suficiente autonomía y flexibilidad como para administrar sus recursos. Con este fin se puede considerar crear un ente adscrito al Ministerio con un nivel de autonomía en el manejo del potencial humano y las estrategias de control…”. Esto, traducido por Dean CóRnito, dice que como la Dirección General de Tributación no sirve para un carajo, la quieren convertir en un ente descentralizado con nombre rimbombante para que siga no haciendo lo mismo que hoy no hace. Y si al lector esto no le recuerda al CONAVI, no estamos en nada.
- “Establecimiento de una institución rectora del empleo del Sector Público que permita establecer objetivos de política salarial para el sector público, revisar el marco legal relativo a las condiciones del empleo público, determinar políticas y prácticas para todas las instituciones públicas, brindar asesoría en materia de empleo, determinar marcos de gestión financiera y desarrollar un régimen de reemplazo de empleo público.” A Dean CóRnito esto le suena lindísimo. Pero esta “institución rectora del empleo” ya existe. Se llama “Servicio Civil”, y no sirve para un carajo. Y por eso, la solución à la PLN es crear una nueva entidad que duplique las funciones de la primera, sin que esta desaparezca (como el CNP, que no cumple ninguna función pero nadie se atreve a cerrarlo), todo con la ilusa esperanza de que este nuevo intento si funcione.
El problema, Terox, es que el sector más dinámico de la economía no contribuya para permitirle al país desarrollar la infraestructura productiva que tanto necesita para dinamizar la economía, y que tanto necesitan las mismas empresas de ZF para mejorar la competitividad. OJO: yo no estoy proponiendo terminar con el régimen de zonas francas; eso sería como matar la gallina de los huevos de oro. Dos observaciones:
ResponderBorrar1. Hace muy poco se cambiaron las reglas de juego de las zonas francas (oportunidad desperdiciada, como sostendré en el punto #2), por lo que creo inconveniente - por aquello de la seguridad jurídica - volver a hacerlo tan pronto. Pero si creo que cualquier esfuerzo por mejorar el modelo de desarrollo tiene que ser inclusivo, y no me refiero solo a los potenciales beneficiarios, sino también a los eventuales nuevos "obligados". Todos tenemos que contribuir para mejorar la competitividad, y TODOS tenemos que contribuir para sacar a 1.200.000 personas de la pobreza.
2. Lo que defiendo es un nuevo esquema tributario con impuestos más bajos pero de base más amplia, que incluya como contribuyentes a TODOS los sectores productivos del país. ¿Cómo lo lográs sin espantar a la inversión extranjera? Haciéndolo gradual: empezás a bajar los impuestos poco a poco, conforme vas incluyendo a los sectores exonerados. Y anunciás que a las ZFs no las vas a tocar por 10 años, momento a partir del cual empezarán a pagar un impuesto sobre la renta razonable, en el orden del 5% al 8%, poco más, poco menos (habría que hacer un estudio comparativo internacional para determinar el porcentaje que no va a causar una desbandada de la inversión). Esto se debió de haber hecho la última vez que se modificó el régimen de ZF. Lamentablemente pudo más la politiquería. En todo caso, la tendencia en el mundo es a cobrar impuestos bajos a este tipo de empresas que antes tenían exoneraciones totales.
Le agradecería mucho, si aún revisa este blog, me explique el ¿por qué el uso de un intangible, para su producción, explotación o uso si la autorización del titular, no es considerado un "robo"?
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