De huelgas, hipocresía, y libre competencia

En estos días de huelga en JAPDEVA he leído mucho sobre el tema, a pesar de no haber tenido tiempo de escribir… hasta ahora. ¿Por qué será que nadie ha notado – o hecho notar en lo que han escrito – la hipocresía y la doble moral del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA al erigirse en defensor de la “libre competencia”?  ¿A nadie más le llama la atención que un sindicato de una institución que durante cinco décadas ha tenido el monopolio de los servicios portuarios, ahora se declare paladín de la competencia?

Eso, mis queridos lectores, tiene varios nombres en el diccionario: hipocresía, cinismo y, no menos importante, fingimiento. Porque la defensa que hace don Ronaldo Blear – basta con sintonizar cualquier noticiero radial y ahí lo encontrarán en todas las emisiones – no es por la competencia, concepto que no le produce más que desprecio y desdén, sino por los odiosos privilegios y las gollerías contenidas en la convención colectiva de JAPDEVA, que el gobierno ha prometido revisar y renegociar. Veamos los hechos.

En los 51 años transcurridos desde la creación de JAPDEVA (1963), con su monopolio constitucional sobre las operaciones portuarias en el litoral caribeño costarricense, ¿cuántas marchas, manifestaciones y/o huelgas ha hecho SINTRAJAP – o cualquier otro sindicato costarricense – en contra del monopolio?  La respuesta no ha de sorprender a nadie: CERO.  Ni una sola vez en los 51 años anteriores al 21 de octubre de 2014 el monopolio portuario había sido causa de molestia para SINTRAJAP, ni mucho menos para don Ronaldo Blear.

No solo el monopolio de JAPDEVA nunca fue problemático para SINTRAJAP, sino que este sindicato – y su sempiterno Secretario General – fueron pieza vital en las manifestaciones en contra de la ruptura de los monopolios del ICE (el mal llamado combo ICE) que paralizaron a Costa Rica a finales del siglo XX.  Tanto así, que el Frente Interno de los Trabajadores del ICE anunció recientemente su apoyo a la huelga de JAPDEVA como muestra de “solidaridad ejecutiva a sus pares del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), porque cuando se dieron las protestas del Combo ICE, los muelleros hicieron lo mismo.”

Vamos viendo claramente una tendencia: los sindicatos costarricenses NUNCA han estado a favor de la competencia ni de la apertura. Pero estas no son las únicas pruebas de la hipocresía y del cinismo sindical. En este contexto, debemos preguntarnos cuántas acciones y recursos legales han interpuesto el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, sus afiliados y sus aliados, y cuántos paros y manifestaciones han hecho en contra de la concesión del megapuerto de contenedores. Y aquí, mis estimados lectores, les voy a quedar mal, porque no tengo una cifra exacta, pero han sido muchas las acciones que han impedido el inicio de las obras del puerto 4 años y 3 administraciones después de adjudicada la licitación. Los ejemplos abundan: tenemos este recurso ante la Sala Primera, esta acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta,  esta demanda presentada por la Cámara Nacional de Bananeros y SINTRAJAP en el Tribunal Contencioso Administrativo, este paro convocado por SINTRAJAP en junio del 2012, esta otra amenaza de huelga en noviembre de 2013, otra huelga más en enero del presente año, para no hablar de los bochornosos eventos con que representantes del Sindicato intentaron evitar la realización de la audiencia pública que por ley debía dar SETENA al proyecto del megapuerto, ni mucho menos de la actual huelga y los actos de vandalismo asociados al movimiento huelguístico en la provincia de Limón.

Queda más que claro que ni SINTRAJAP ni Ronaldo Blear están interesados en que la concesión se lleve adelante, ni siquiera en el caso de que se llegara a modificar la cláusula 9.1 del contrato de concesión, que es de la que cínicamente se agarra ahora esta camarilla de hipócritas que tiene secuestrada a la provincia de Limón completa, y pretende llevarse a Costa Rica entera entre las piernas.

La triste realidad es que los puertos de JAPDEVA son de los más ineficientes del mundo. En el Global Competitiveness Report 2014-2015 del Foro Económico Mundial, Costa Rica aparece en el puesto 115 en Calidad de la Infraestructura Portuaria, de un total de 144 países analizados. Salimos por debajo de lumbreras como Mali, Burkina Faso, Botsuana, Ruanda, Zimbabue y Paraguay, países sin mar, a los que se les califica la facilidad de acceso a algún puerto cercano para efectos de su comercio internacional.  También nos superan otros ejemplos dignos de emular, como Nicaragua, Gabón, Sierra Leona y Mozambique. Y si no salimos peor es porque el puerto concesionado de Caldera jala el promedio del país para arriba.  En los rankings de eficiencia portuaria, el complejo Moín-Limón consistentemente aparece entre los últimos 10 puestos del mundo. Una de las principales causas de esta situación, es el alto costo de la convención colectiva de JAPDEVA.

En el año 2011 denunciaba yo en este blog que JAPDEVA se veía obligada a tramitar un aumento de tarifas del orden del 21%, porque los costos de personal eran tales, que el dinero no alcanzaba para dar mantenimiento a los equipos ni para invertir en nuevo y mejor equipamiento, ni mucho menos para cumplir el otro cometido que por ley tiene esa institución, cual es invertir en obras para el desarrollo de la provincia de Limón. Don Luis Guillermo Solís lo tiene muy claro, y por eso la huelga se desató no cuando anunció que haría respetar el contrato de APM Terminals (cosa que hizo en marzo, cuando todavía era candidato para la segunda ronda electoral), sino cuando advirtió que quería renegociar los odiosos privilegios contenidos en su convención colectiva.  

La gente de SINTRAJAP, ni tonta que fuera, sabe que en presencia de un operador portuario mucho más eficiente que el estatal, se hará cada vez más difícil justificar y sostener las gollerías y vagabunderías negociadas en la convención colectiva.  Ese es el verdadero motivo de la huelga.  ¿Libre competencia? No seas tan miamorsh.

POST SCRIPTUM.  Un comentario acerca del cacareado monopolio de APM Terminals.  El contrato firmado sí le da al concesionario la exclusividad en la atención de barcos “fully-cellular container ships” (ver cláusula 9.1).  Esto, si bien constituye un monopolio, no constituye un monopolio privado, que sería ilegal en nuestro país. La figura de la concesión de obra es compleja, pero el principio fundamental es que la propiedad de la obra concesionada es, en todo momento, del Estado costarricense. En ese sentido, no importa quién sea el operador del puerto – un ente estatal o una empresa privada; lo relevante es quién es el propietario del monopolio, y no quién lo administre.  No se viola el artículo 121 constitucional (“Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales […] no podrán […] salir en forma alguna del dominio y control del Estado”) – porque el Estado simplemente escoge a una persona jurídica para que administre (o en este caso, construya y administre) un bien que le pertenece, manteniendo no solo la propiedad del activo, sino también la potestad regulatoria y de supervisión. Tampoco se viola el artículo 46 de la Constitución Política (“Son prohibidos los monopolios de carácter particular”), porque el monopolio sigue siendo del Estado.  Así lo había dicho la Sala IV hace casi década y media cuando se cuestionó el contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría (aunque en ese caso se utilizó una ley distinta de la de Concesión de Obra Pública), y lo ha reiterado ahora con el caso en cuestión.  En fin, y para que no nos llamemos a engaño, si hay un monopolio, pero en manos del Estado no solo es permitido, sino que es constitucionalmente obligatorio. Aunque no estemos de acuerdo con esa provisión constitucional.

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