[Agence Tico-Suisse Presse] San José,
28 de agosto de 2019.
El
Observatorio Ciudadano Anti Corrupción de Costa Rica ha denunciado el desvío de
más de diez mil millones de colones a lo largo de cuatro años en el programa estrella
de la Administración Solís Rivera para la disminución de la pobreza, el Puente
al Desarrollo.
Dicho
programa nació en marzo de 2015 con la doble promesa de sacar a 54.600 familias de la pobreza extrema en los primeros cuatro años, y
de revolucionar la forma en que se atiende la pobreza en el país, proponiendo reducir los indicadores de pobreza extrema en un 57,5%. El entonces ministro de
Desarrollo Humano e Inclusión Social, Sr. Carlos Alvarado Quesada, afirmó que
se pretendía “pasar de una estrategia asistencialista a otra que fomente las
capacidades de las personas”, y para ello, se impuso como requisito para
ser beneficiario del programa que los miembros de la familia participaran en alguno de los programas de capacitación y educación que ofrecen diversas entidades
gubernamentales, con el fin de mejorar sus probabilidades de obtener un mejor
trabajo o abrir un negocio propio, y así no necesitar más de la ayuda estatal
para subsistir.
Como en
Costa Rica la gente no entiende el significado de la frase “el camino al
infierno está pavimentado de buenas intenciones”, el Puente al Desarrollo fue
recibido con aprobación casi universal por parte de una ciudadanía que, por
esos días, estaba más preocupada por el aventón en helicóptero a una asistente presidencial – y por conocer los pormenores de
las vacaciones pascuales del señor Presidente – que en analizar los detalles del nuevo programa anti
pobreza.
En un
artículo de opinión publicado el 27 de marzo de 2015, el propio Ministro
Alvarado reconoció que, en lo que respecta al combate a la pobreza, “la oferta institucional
está dispersa entre un archipiélago institucional; si una familia en pobreza
extrema necesita una beca escolar, debe ir a una institución. Si requiere una
para secundaria, debe ir a otra. Si busca un bono de vivienda, debe ir a una
tercera, y si solicita un seguro debe acudir a una cuarta, y así sucesivamente.
El sistema somete a la población en pobreza extrema a este periplo.” De hecho, el 5 de diciembre de 2011, más de
tres años antes, un reportaje de la periodista Leticia Vindas, de El
Financiero, había revelado que en el 2010 existían en Costa Rica alrededor de 44 programas sociales
operados por 24 instituciones estatales, a los que se destinó ese año el 2,2%
del PIB.
Enterrado en
las noticias de ese fin de mes de marzo de 2015, venía un pequeño detalle en el
que nadie, excepto un tal Dean CóRnito, bloguero anónimo, pareció reparar. Para
la construcción del Puente al Desarrollo, el IMAS iba a contratar 160 funcionarios nuevos, denominados cogestores en la jerga burocrática, quienes serían los encargados
de determinar las necesidades de las familias en pobreza extrema, y actuar como
puente entre ellas y el “archipiélago” de instituciones preexistentes encargadas
de ofrecer las distintas ayudas, y que durante los 20 años anteriores no habían
logrado disminuir el porcentaje de hogares viviendo en condiciones de pobreza
en Costa Rica.
A la tica,
la solución propuesta por la Administración Solís Rivera consistió en agregar
una nueva capa burocrática a la ya de por si inflada planilla asistencialista
del Estado costarricense. La idea de fusionar programas e instituciones con
funciones duplicadas ni siquiera fue considerada. No faltó entre los avezados
comentaristas del blog del tal Dean CóRnito quien hiciera la observación de que
el estado estaba contratando gavilanes institucionales para mediar entre las
familias pobres y las instituciones encargadas de atenderlas. Y fue justo allí
donde anidó el germen de los hechos que
ahora denuncia el Observatorio Ciudadano Anti Corrupción (OCAC-CR).
Una
auditoría externa realizada por el OCAC-CR durante el primer semestre del
presente año 2019, descubrió lo que la Auditoría Interna del IMAS y la Contraloría
General de la República, siempre papando moscas, fueron incapaces de detectar. Los
cogestores, que después de la huelga que efectuaron en mayo del 2016 lograron
una Convención Colectiva que les garantizaba salarios base superiores al millón
de colones mensuales, bonificaciones por
riesgo al visitar los barrios marginales habitados por los beneficiarios del
Puente al Desarrollo, y vacaciones profilácticas por el estrés generado por su
trabajo, estaban además cobrando un peaje a los beneficiarios del programa. En
promedio, se estimó que cada una de las familias beneficiarias debió ceder un
10% de su estipendio mensual (de ₡75.000 en el primer año, luego ajustado
semestralmente por inflación) al cogestor responsable de su caso para poder
permanecer en el programa. En aquellos
casos donde los jefes de hogar no deseaban participar de los programas de
estudio o capacitación ofrecidos por el archipiélago institucional antipobreza,
la comisión cobrada por los cogestores se duplicaba.
Es
importante aclarar que las cifras citadas en el párrafo anterior son promedios,
y que no todos los cogestores contratados por el IMAS participaron en el
esquema de corrupción descrito. Pero aun considerando los promedios, cada uno
de los cogestores que sí participó pudo mejorar sus ingresos en al menos ₡1.275.000
por mes. Lo cual, multiplicado por 160 cogestores por 48 meses, arroja la
friolera de ₡9.792 millones de colones desviados a los bolsillos de los
corruptos, sin considerar los ajustes por inflación.
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