Ni presta el hacha ni pica la leña

Por encontrarme en vacaciones auto-impuestas (léase, la Sra. De Córnito no me permitió acercarme a una computadora desde el 24 de diciembre hasta ayer), no pude comentar oportunamente la noticia publicada por La Nación el 26 de diciembre del año pasado, que da cuenta de la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de frenar la iniciativa privada para el desarrollo de obras por concesión. Pero tanto me hirvió la sangre cuando la leí, que el tema se me quedó dando vueltas en la cabeza y me veo forzado a empezar el año con un comentario al respecto.

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No quiero ser muy radical en mi crítica del Ministro de Obras Públicas, ya que no le conozco ni logro deducir de lo que leo si el desastre vial es su culpa o si él es una víctima más de un gobierno sin prioridades ni rumbo claro. Reconocemos que los antecedentes no le favorecen, pero también que la mano de naipes con que le tocó jugar nunca fue muy favorable. En todo caso, carga con al menos parte de la responsabilidad. Sin embargo, esa decisión de impedir el desarrollo de concesión de obras por iniciativa privada es simplemente nefasta.

Resulta que nuestra ya de por si inoperante ley de concesión de obra pública contempla la posibilidad de que empresas privadas propongan el desarrollo de obras bajo esa modalidad. La empresa interesada debe de realizar todos los estudios necesarios (diseño, factibilidad, ambientales, etc.), y presentarlos al Consejo Nacional de Concesiones para que el proyecto sea licitado. Si la empresa proponente no gana la licitación, el Estado le reembolsa el costo de los estudios efectuados (monto que es cobrado al ganador de la licitación). Hasta aquí todo bien.

Esta herramienta que contempla la ley no había sido utilizada porque el Gobierno de la República no había publicado el Reglamento necesario para su operación. Finalmente, hace no mucho tiempo (en julio del 2004) el Reglamento fue publicado y, ante la ya conocida inacción del actual desgobierno, no fue sorprendente que varias empresas iniciaran los estudios necesarios para proponer el desarrollo de obras que el Estado no estaba haciendo con recursos propios ni tampoco por medio de la concesión. La primera en llegar a la meta fue una empresa colombiana, Conalvías, que propuso arreglar y ampliar la carretera San José- Limón (Ruta 32), a cambio de un peaje de $1.09 (más o menos 550 colones al tipo de cambio actual). Según informa La Nación, otras empresas estaban realizando los estudios para obras tan diversas (y necesarias) como hacer pasos a desnivel (puentes o túneles) en todas las rotondas de la carretera de Circunvalación, o un parqueo subterráneo en el centro de San José, entre el edificio de Correos y el del Club Unión.

Hacía algunos meses el CNC había rechazado la propuesta de la empresa colombiana para la carretera a Limón con el argumento de que no correspondía a los planes que tenía el Ministerio para esa vía. El problema es que el Gobierno no publica cuáles son sus planes para esa vía (ni para la mayoría de las demás); si lo hiciera, ya las empresas conocerían los carteles de licitación y por ende los requisitos establecidos por las autoridades para el desarrollo de los proyectos, en cuyo caso no cabría la propuesta por iniciativa privada. La justificación que dieron para rechazar la oferta de esta empresa fue – viéndolo fríamente – como decirle que quienes hicieron el diseño cometieron el error de no ser adivinos, de no haber leído las mentes de los funcionarios que tienen algunas ideas de lo que habría que hacer con esa carretera, pero que no lo han puesto por escrito en un documento que el público interesado pueda leer.

Ahora – y andamos con reacción retardada, porque resulta que la decisión es del 13 de octubre del 2005 – deciden cerrar por completo la recepción de propuestas privadas para el desarrollo de obras públicas. Las “justificaciones” son nuevamente inaceptables. Dicen las autoridades del CNC que esto se “hizo en espera de que las entidades de servicios públicos del Estado identifiquen y hagan públicos los proyectos que son de su interés”. Peor aún, dice el Ministro que la iniciativa privada se podría prestar para que los intereses creados del sector privado impidan el desarrollo de obras estratégicas para el gobierno. En sus propias palabras:

“Se me ocurre que alguien que no quiera un desarrollo de un aeropuerto regional, presenta una iniciativa diferente a los intereses del Estado, pero con sustento económico, eso nos podría dilatar meses”.

Todo es posible en la viña del Señor. Pero la evidencia no apoya esta tesitura. Hasta ahora ningún proyecto de iniciativa privada ha sido presentado que constituya un obstáculo para el desarrollo de una iniciativa pública. En todo caso, para prevenir esta no del todo impensable situación, bastaría con modificar el Reglamento para que el Estado pueda rechazar ad portas cualquier propuesta privada que entre en conflicto con un proyecto público real y debidamente publicitado.

En conjunto, las “justificaciones” del Consejo Nacional de Concesiones y de su Presidente – el Ministro de Obras Públicas – suenan a excusas baratas y sinsentido. Las instituciones públicas deberían de hacer públicas sus intenciones y proyectos futuros como parte de un ejercicio de transparencia y de eficiencia administrativa permanente. No debería de ser necesario ahora darles tiempo para que publiquen lo que de oficio debieron de hacer toda la vida.

En materia de concesión de obra, y especialmente de vialidad, el actual gobierno no ha producido un solo proyecto nuevo en cuatro años; los que suenan todos vienen de la Administración anterior. Las autoridades de la Administración Pacheco de la Espriella están empecinadas en impedir a toda costa el avance del país. Primero se aseguraron de no hacer nada durante cuatro años, y ahora además pretenden frenar al sector privado para que tampoco éste pueda hacer nada por sacar el país adelante. Bonita herencia la que nos dejan a los ticos.

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