Contrabando, piratería y propiedad intelectual

Decía en mi artículo anterior que la encuesta publicada por La Nación el pasado jueves 31 de mayo que establece que la mitad de los ticos reconocemos haber adquirido artículos de contrabando en el último año es reveladora de una realidad más compleja, y es que la corrupción en nuestro país es un fenómeno generalizado. El comentario/pregunta de mi amiga Solentiname al pie de mi última entrada me ha hecho reflexionar sobre el tema y, aunque no voy a cambiar de opinión, si me parece que debo de calificarla y clarificarla.

Hay una diferencia fundamental entre contrabando y piratería.  El contrabandista hace ingresar al país producto original, evadiendo los controles aduaneros, de forma tal que uno puede comprar unas zapatillas Nike de contrabando 50% más baratas que otro par idéntico de zapatillas Nike importadas por los canales legales. 

El pirata, en cambio, produce una imitación del original, evadiendo el pago de ciertos derechos y el costo del mercadeo que hace el fabricante original.  Así, una camisa original del Barҫa puede costar hasta $140, de los cuales probablemente el equipo catalán se lleva $50, Nike otros $80, y el fabricante en China apenas $10.  Ese mismo fabricante, u otro como él, puede vender en el mercado negro un producto idéntico o similar por los mismos $10, pero probablemente intentará venderlo a un precio más cercano al del producto original.

Tenemos por otro lado al vendedor de camisetas que se para en la esquina de Wendy’s en la Avenida Central, o en cualquier rotonda de la Circunvalación, que vende camisas probablemente producidas en algún tallercito clandestino en algún barrio marginal de San José.  Se trata en este caso de versiones más pobres de las camisetas de la selección nacional o del Barҫa, que con su tela 100% poliéster inflamable en vez del Ultra Dry Fit del original, no pretenden engañar al comprador ni en diseño, ni en calidad, ni en apariencia, sino más bien ofrecer a la gente pobre la posibilidad de adquirir una prenda que le permita identificarse con el equipo de sus amores sin las locuras que a punta de marketing nos pretenden cobrar marcas más establecidas como Nike, Reebok o hasta Joma.

Tiene razón Sole cuando cuestiona si la gente que compra contrabando o productos pirateados podría comprar el original a los precios de oro que nos cobran por ellos.  La respuesta es que algunos si y otros no.  Cuando nos compramos una computadora y conscientemente decidimos no adquirir el Office porque el geek de la oficina nos lo instala de a gratis, no lo estamos haciendo porque no podamos comprar el software original, sino porque no nos viene mal ahorrarnos esos $200 ó $300, además de que nos cae mal Microsoft con la forma en que tiene acorralado el mercado.  Sin embargo, cuando la señora de Colonia Kennedy le compra a su chiquita una blusita con la estampa pirateada de La Sirenita por ₡1.500, es casi evidente que no podría comprar la alternativa “legal” que cuesta 20 veces tanto.

A fin de cuentas, lo importante es determinar qué nos lleva a actuar de una manera u otra.  Con el cuento de los impuestos que “solo afectan a los más ricos”, todo en nuestro país es significativamente más caro incluso que en países desarrollados.  Entre un esquema tributario diseñado para satisfacer la voracidad fiscal de nuestros gobernantes, y un marco legal sin dientes para erradicar las prácticas monopolísticas que aplican muchas empresas en nuestro país, nos tienen fritos a los consumidores.

No hay que ir muy lejos. Apenas anteayer Cable Tica estaba anunciando su nueva “gran oferta”: un paquete de internet con velocidad de bajada de 15 Mbps, por “tan solo” $98.88 al mes, impuesto de ventas incluido.  Resulta que el atorrante de Dean CóRnito se puso a buscar el precio de un servicio similar en Estados Unidos, y encontró que Verizon ofrece un paquete de 15 Mbps por $29.99, que es la tercera parte del costo en Costa Rica.  Es más, por el precio de 15 Mbps de Verizon en EEUU, Amnet ofrece una quinta parte de la velocidad en Costa Rica (3 Mbps).  Y para terminar de restregar sal en la herida, la empresa Qwest ofrece en EEUU un paquete de internet de 40 Mbps a $44.95, menos de la mitad de lo que cuestan los 15 Mbps de Cabletica.  Evidentemente estamos ante un mercado con una clara tendencia monopolística, pero nuestros reguladores no hacen nada el respecto.

Otro ejemplo más: un Kia Cerato Koup –estoy hablando de un carro pequeño, no de lujo – se vende nuevo en Estados Unidos desde $17.200.  En Costa Rica el precio de partida del mismo modelo es de $27.000, un 57% más caro.  Y peor si se trata de un carro de lujo: el Jeep Grand Cherokee Laredo se vende en Estados Unidos a menos de la mitad ($27.195) del precio en Costa Rica ($60.000).  Podría perder varias horas en internet para llenar esta página de ejemplos de las disparidades de precios entre un país – Costa Rica – con un  nivel de ingreso per cápita (PPA) de alrededor de $11.500 anuales, y otro país – Estados Unidos – con un ingreso más de cuatro veces mayor, pero no se trata de eso. El punto es que el consumidor costarricense – sin tratar de justificarlo – se ve muy tentado por el contrabando y la piratería, porque la realidad es que si pagáramos precio de lista la plata no nos alcanzaría para nada.

En otras palabras, el origen del problema es el mismo que el de otro problema más “macro” y del que a menudo hemos hablado: el de los déficits fiscales crónicos y recurrentes.  Tenemos un Estado excesivamente grande, que le pasa lo que advierte el proverbio: el que mucho abarca, poco aprieta.  Por estar dedicado a cien mil actividades, no alcanzan los recursos para nada, ni siquiera para combatir las prácticas monopolísticas y los abusos contra el consumidor. Además, mantener ese monstruo de Estado cuesta un ojo de la cara, y por eso los impuestos y aranceles son exageradamente altos.  Esto a su vez incentiva la evasión y facilita el contrabando (porque igual la policía fiscal no tiene los recursos necesarios para impedirlo). Es claro entonces que estamos ante un círculo vicioso.

Finalmente, una aclaración respecto a la propiedad intelectual.  Como economista, este autor ha estudiado y leído lo suficiente como para entender que los derechos de propiedad intelectual juegan un papel fundamental en los procesos de innovación que han dinamizado la economía a través de los tiempos, y muy especialmente en los últimos 20 ó 30 años.  Por ejemplo, una investigación para desarrollar una medicina o la cura de alguna enfermedad, tiende a ser extensa y onerosa.  Sería imposible para los laboratorios y empresas farmacéuticas financiar dichos procesos sin el incentivo que representa la posibilidad de patentar el descubrimiento y poder lucrar de él durante un período predeterminado de tiempo de manera exclusiva (o sea, como monopolio temporal).  Esto supone una injusticia para el enfermo que no puede pagar de su bolsillo dicho medicamento. Sin embargo, la solución no puede ser eliminar el sistema de patentes, ya que entonces la medicina ni siquiera hubiera sido desarrollada, con el resultado de que ni el paciente rico podría obtener la cura, ni el paciente pobre tendría la esperanza de poder acceder a ella ni siquiera si se gana la lotería.  En estos casos, una solución socialmente aceptable es que el sistema de medicina universal brinde a los asegurados acceso a los medicamentos patentados.

Habiendo dicho lo anterior, reconocemos también que el tema de la propiedad intelectual ha sido manoseado y estirado hasta el punto de ruptura. El día en que un botanista puede patentar una planta que se encontró en el bosque y que encierra el potencial de desarrollar curas y medicinas, las cosas han ido demasiado lejos.  La composición genética de esa planta encontrada en estado natural es y debe de permanecer como parte del acervo cultural de la humanidad.  De igual manera, cuando un músico pretende que se le pague un royalty cada vez que su canción suena en la radio – como si la estación de radio no hubiera pagado ya los derechos de autor al adquirir la música – es un abuso de la propiedad intelectual, como lo es el hecho de que por ponerle el escudo de la Asociación de Futbol de Argentina a una camiseta de rayas blancas y celestes, esta pase a costar $90, o que por poner la jeta de un dibujo animado en una camiseta, esta se tenga que vender a ₡37.500. 

En resumen, los derechos de propiedad intelectual pretenden remunerar de manera adecuada al científico o al artista cuyas obras protegen.  La pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar antes de que una obra, un invento o un descubrimiento pasen a ser parte del patrimonio de la humanidad. Si la protección se supone temporal, ¿cuántos años llegará a cumplir el octogenario Mickey Mouse antes de que tengamos que dejar de pagarle derechos al difunto Walt Disney?

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