Política de empobrecimiento colectivo

La política estatal de redistribución del ingreso en Costa Rica es un absoluto fiasco. Durante los últimos 20 años, la brecha de ingresos entre ricos y pobres se ha venido ensanchando, a la vez que el porcentaje de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza no se ha logrado reducir un ápice.  Uno de cada cinco ticos no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según datos del INEC, la cantidad promedio por hogar de niños menores de cinco años en el 20% más pobre de la población triplica la cantidad en el quintil más rico, y más que duplica la cantidad en el segundo quintil más rico. Trágicamente, se concluye entonces que el porcentaje de niños viviendo en condiciones de pobreza es mucho mayor que el de la población general.

Mejorar la distribución del ingreso no depende de incrementar los ingresos del Estado por la vía de nuevos impuestos o mayores tarifas de los servicios públicos, como los demagogos nos quieren hacer creer, porque lo que está fallando es el sistema de transferencia a los pobres de esos ingresos, o el esquema de reparto de los servicios que supuestamente financiamos con esos recursos.

En artículos anteriores veíamos como el 80% del presupuesto nacional se destina al pago de intereses y gastos de personal (salarios y pensiones). El otro 20% se reparte entre amortización de la deuda, otros gastos de operación como luz y agua, transferencias, e inversión pública. En el año 2005 se estimó que la inversión en carreteras, escuelas, cárceles, hospitales y clínicas, teatros, centros deportivos, etc., era de apenas el 4% del presupuesto. Quiere esto decir que para brindar el equivalente de 1 colón en servicios, el Estado se gasta 24 colones en administrar los programas asistenciales y de inversión pública que son su razón de existir. Visto de otra manera, de cada colón recaudado sólo 4 céntimos se destinarán a las actividades y programas que pretenden mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Insisto, el problema no es la falta de ingresos, sino el atrofiado sistema de distribución de los beneficios.

La propuesta del actual gobierno es subir la recaudación en 2.5% del PIB por la vía de nuevos impuestos, en aras de disminuir el déficit que oscila entre el 5% y el 6% del PIB. Eso es, en palabras de mi tío Adolfo de Juan Viñas de Turrialba, echar plata buena sobre la mala. Él es muy elegante. En mis palabras, es echar la plata por el inodoro.

Ya nos había advertido mi buen amigo Pakithor sobre el impacto inflacionario del paquete fiscal, y ayer lo confirmó nada menos que el Presidente del Banco Central en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para explicar los efectos de la mal llamada reforma fiscal. Tan solo en el primer año de vigencia, la inflación sería 4.2 puntos porcentuales superior a la que se daría en ausencia del paquetazo fiscal. Para el 2012 se estima una inflación del 5% sin paquete, o de 9.2% con paquete.

Para hacer justicia a don Rodrigo Bolaños antes de criticarlo, permítanme decir que él defendió el paquete tributario ante los diputados. Lo que dijo fue que con la aprobación del paquete propuesto, se daría un impacto en la inflación, de 4.2%, solo durante el primer año. Luego, según él, la inflación volvería a sus niveles programados de entre 3% y 5%. Sin el paquete, dijo don Rodrigo, para finales del 2016 la inflación podría dispararse y volver a superar los dos dígitos anuales. Pamplinas.

En primer lugar, todos mis lectores saben que un economista es un profesional que se pasa la primera mitad del año haciendo proyecciones, y la segunda mitad del año explicando por qué no se cumplieron. En segundo lugar, la mayoría de los economistas coinciden en que el impacto inflacionario de subir el IVA del 13% al 14% se sentirá, aunque de manera decreciente, a lo largo de dos o tres años, y no solo durante el primer año de vigencia. Tercero, hacer proyecciones a 6 años plazo con fines políticos y no como un ejercicio académico es una charlatanería, y se los ilustro con un ejemplo. Si durante el tercer trimestre del 2010 un economista hubiera hecho una proyección de inflación para el 2011, hubiera fallado miserablemente porque no tenía manera de imaginarse lo que estaba por estallar en el Medio Oriente, y el impacto que iba a tener en los precios del petróleo. Tarde o temprano vamos a pagar esa factura, y nadie lo podía preveer. Cuarto, las proyecciones de don Rodrigo contemplan dos escenarios: paquete tributario aprobado y paquete fiscal rechazado. En el caso de que sea rechazado, sus proyecciones son “céteris páribus”; es decir, todo queda igual, el déficit sigue creciendo, las tasas de interés suben, y cuando nos demos cuenta, Carazo nos habrá parecido un excelente administrador de la economía nacional. La realidad es que si el paquete fiscal es rechazado, al gobierno no le va a quedar otra alternativa más que apretar las tuercas de la recaudación y controlar el gasto en serio. Y entonces lo que pueda pasar para cuando Papá Noel nos visite en el 2016 será muy distinto que lo proyectado.

Se dice que la inflación es el más injusto y regresivo de los impuestos; afecta más a quienes tienen ingresos fijos (asalariados, pensionados), y entre ellos, golpea más a quienes menores ingresos tienen. Producto de la inflación, la recaudación fiscal crecerá en términos absolutos y, si el gobierno se amarra los pantalones y decreta aumentos salariales menores a la inflación (cosa que usualmente sucede), le alcanzará la plata para aumentar el gasto en otros rubros. Esa es la verdadera apuesta del actual gobierno. Es una apuesta al empobrecimiento colectivo.

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