El Gobierno de Costa Rica – hablo en términos genéricos sin referirme a una Administración en particular – dice no tener dinero para hacer las multimillonarias inversiones necesarias para modernizar nuestra infraestructura productiva. Por lo anterior, desde el gobierno de Figueres Olsen, las distintas administraciones han intentado recurrir al capital privado – por medio de la concesión de obra – para hacerle frente a las múltiples necesidades del país.
La mayoría de los intentos han fracasado. Algunos por la incompetencia de nuestros funcionarios públicos de carrera, incapaces de redactar un cartel de licitación que ofrezca condiciones que hagan el negocio atractivo para la empresa privada a la vez que conveniente para el país. Otros porque el negocio de la concesión a nivel mundial está lamentablemente plagado de empresas cuyo modelo de negocios se basa en ganar los concursos con ofertas imposibles de cumplir, para luego sacar su ganancia a punta de demandas en los estrados judiciales. Y otros más, por la mezquindad de nuestros políticos de TODOS los partidos que, cuando forman gobierno defienden las bondades de la concesión, pero cuando son oposición se oponen a todo lo que promueva la Administración de turno. Por su parte, el pueblo pretende que los proyectos sean realizados por empresas con vocación de Madre Teresa, que no tengan intención de obtener ganancias, y si ello es estrictamente necesario, entonces que las obtengan siempre a costas de OTROS, no de NOSotros. ¿Peaje? Cóbrelo en Escazú, pero por favor no en Ciudad Colón. En Orotina si, pero en Atenas no. Etcétera, etcétera, etcétera.
La historia reciente está plagada de ejemplos de carteles mal redactados, tanto que los procesos licitatorios se prolongan durante años y años para al final ser declarados desiertos, o desincentivando la participación de un número importante de empresas, como en el reciente caso de la licitación de las frecuencias de telefonía celular. Se dice que más de 200 empresas manifestaron interés, por lo menos 10 compraron el cartel de licitación, pero sólo dos empresas ofertaron.
La carretera Bernardo Soto es ejemplo de casi todo lo que se pudo hacer mal. El proyecto fue adjudicado por primera vez en 1994, con un costo de $10 millones. Diecisiete años y tres readjudicaciones más tarde, el costo del proyecto se estima en más de $500 millones, y aún no arranca. De una parte, el consorcio adjudicado hace más de 4 años no ha podido conseguir el financiamiento para iniciar la construcción. Por otra parte, en 17 años nuestro inoperante Estado no ha podido terminar de expropiar los terrenos necesarios. Mientras tanto, los costos siguen creciendo exponencialmente, y los ticos seguimos esperando.
Podríamos llenar unas 8 páginas tamaño legal con ejemplos de todo lo que hemos hecho mal; baste con solo mencionar algunos de los proyectos : la concesión de los puertos de Limón, que no pasa de la eterna y estéril discusión con los sindicatos de JAPDEVA, como si ellos fueran los propietarios de uno de los más caros e ineficientes puertos del mundo (132 entre 139 países según el Reporte de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial); el Aeropuerto Juan Santamaría, que 10 años después de iniciada, no ha logrado construir la infraestructura cuyo plan maestro exigía para el final del tercer año de la concesión; la fallida concesión de ferrocarriles en la que ninguna empresa del mundo se interesó; la concesión de la cárcel de Pococí, que luego de adjudicada fue cancelada unilateralmente por el gobierno, exponiendo al país a una demanda multimillonaria; la carretera a Caldera (need I say more?).
Lo triste de todo esto es que los ticos, y en particular nuestros políticos, hemos asumido una actitud – de la cual el autor de este blog no está libre – de pretender que los procesos y los proyectos sean perfectos, impidiendo así que cosas buenas se hagan. En política, lo perfecto es enemigo de lo bueno y, dado nuestro historial, ya va siendo hora de que nos conformemos con simplemente bueno. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global ya mencionado, nuestro país se ubica en la posición 56 entre 139 países analizados, lo cual no es desplome, aunque podría ser mejor. Lo interesante es ver las áreas en las que fallamos miserablemente. Como lo mencioné arriba, la calidad de nuestros puertos queda en la posición 132 de 139 países analizados. Tristemente, países sin acceso al mar, y algunos de ellos ejemplo de todo lo que NO queremos ser, como Austria (48), Eslovaquia (78), Zambia (95), Uganda (101), Burundi (120) y Bolivia (127) salen mejor calificados en este rubro. A ellos se les califica la facilidad de acceso a puertos marítimos, ante la carencia de puertos propios.
En las demás áreas de infraestructura también estamos para el tigre:
• Calidad de las carreteras: 111 entre 139 países
• Calidad de la infraestructura ferroviaria: 100 de 139
• Calidad e la infraestructura de transporte aéreo: 80 de 139
• Suscripciones a telefonía celular: 119 entre 139
Los ticos tenemos que escoger. Podemos seguir creyéndonos la cantaleta esa que nos traemos desde los años 60 de la maravilla de instituciones públicas que tenemos y cómo hemos logrado niveles sorprendentes de desarrollo, o podemos despertarnos a la realidad y ponernos de nuevo a trabajar para progresar. Nada más para dar un ejemplo cercano, Panamá nos superó en el índice de competitividad global (53 versus nuestro 56), pero también en todos los subíndices relacionados con infraestructura: carreteras (59), ferrocarriles (58), puertos (11), aeropuertos (24), y telefonía celular (7). No está demás recordar a mis queridos y ojalá anonadados lectores que ya hace algunos años Panamá también nos superó en ingreso per cápita ($7.133 en 2009, versus $6.345 en Costa Rica ese mismo año). Oficialmente, y por si no lo sabían, ya no somos el país más desarrollado del istmo centroamericano.
El punto es que, lamentable como suena, tenía razón doña Karla González cuando dijo ante la enésima comisión legislativa dedicada a “investigar” los diversos proyectos de concesión, que es mejor la carretera a Caldera con todas sus fallas, que nada. Los defectos pueden ser corregidos y, en todo caso, la carretera no es más insegura que la carretera a Limón por el cerro del Zurquí. De igual manera, y para los que tienen un poco más de edad será fácil entenderlo, es mejor el Aeropuerto de Alterra/Aeris con todos sus atrasos, que el changarro que llamábamos Aeropuerto del Coco antes del año 2000. ¿Y quién no recuerda el desmadre que era hacer la revisión vehicular antes de RITEVE? ¿Alguno de mis lectores tuvo la suerte de tener que acudir al taller de revisión ubicado por el INVU - Las Cañas, cuando era el único del país? ¿Qué me dicen del chorizazo que era el infame Eco-marchamo?
Quien esto escribe tiene plena certeza de que buena parte de los problemas de la concesión de obra pública en nuestro país se deben a la excesiva persecución política emprendida desde la Asamblea Legislativa en las últimas cuatro legislaturas: desde el año 2000, el Congreso ha creado al menos CINCO comisiones investigadoras de los proyectos de concesión de obra pública que nada han resuelto, pero han provocado mucho daño y causado inseguridad jurídica al inversionista – rubro en el que el país quedó en el puesto 127 de 139 en el Índice de Competitividad.
Estamos buscando una perfección imposible en un mar de mediocridad. Queremos que los taludes de la carretera a Caldera no se derrumben, pero nuestro Estado – suponemos que por ahorrarse unos cinquitos – no expropió los terrenos necesarios para hacerlos con una gradiente razonable en vez de casi verticales. Queremos que nuestras cárceles no sean administradas con criterio mercantil, pero somos incapaces de resolver el problema de la sobrepoblación penal por la vía tradicional. Queremos un aeropuerto internacional con 20 puertas de embarque, pero diez años después de que arrancó la concesión del Juan Santamaría el Estado no ha logrado trasladar las instalaciones de RECOPE y de COOPESA a donde no impidan el crecimiento de la terminal.
Ahora resulta que TODOS los ticos somos defensores a ultranza de la competencia, y enemigos rabiosos de los monopolios. Que los libertarios me salgan con ese telele, lo entiendo, aunque en el caso de la revisión técnica vehicular es un sinsentido descomunal. Pero que los del PAC y del PASE me salgan con su “oposición al monopolio”, no jodás!!! En teoría económica es bien conocido que cuando por diversos motivos un servicio público no se puede brindar en régimen de competencia, se puede promover en su lugar la competencia por el servicio: eso, justamente, es lo que persigue toda licitación. En el caso de un país pequeño como el nuestro, y con un registro único de la propiedad, pensar en un esquema de competencia para la revisión vehicular carece de todo sentido. En estos casos, competencia se convierte en “competencia hacia abajo”: con los precios fijados por el regulador, la única manera de diferenciarse es en calidad de servicio. Dado que a nadie le divierte someterse a la revisión vehicular, los proveedores buscan facilitar el proceso relajando los estándares de chequeo. Es la receta perfecta para el relajo, tal como el que vivimos en los negros años del Eco-marchamo en nuestro país. Pero nuestros egregios diputados están seguros de que, sin conocimiento alguno de los principios elementales, pueden diseñar un sistema que esta vez si sea perfecto.
Como gran cosa, a la Defensoría de los Habitantes no se le ocurrió nada mejor que presentar denuncias penales contra todos los ex-Ministros y algunos funcionarios que tuvieron que ver con la concesión de la carretera San José - Caldera. Si bien este autor cree que cada palo debe de aguantar su propia vela, ponerse a acusar a Raymundo y todo el mundo sin mayor sustento ni distinción de circunstancias solo puede tener un resultado final: que en el futuro nadie en su sano juicio quiera volver a meterse en el embrollo de un proyecto en concesión, y mucho menos aceptar un puesto político. Así nos aseguramos de que los menos aptos accedan al poder, y que nos quedemos per secula seculorum sin el santo y sin la limosna: sin infraestructura hecha por el Estado por falta de recursos, y sin infraestructura hecha por el sector privado por la excesiva demonización del tema.
¿Hasta cuándo, señores?
La mayoría de los intentos han fracasado. Algunos por la incompetencia de nuestros funcionarios públicos de carrera, incapaces de redactar un cartel de licitación que ofrezca condiciones que hagan el negocio atractivo para la empresa privada a la vez que conveniente para el país. Otros porque el negocio de la concesión a nivel mundial está lamentablemente plagado de empresas cuyo modelo de negocios se basa en ganar los concursos con ofertas imposibles de cumplir, para luego sacar su ganancia a punta de demandas en los estrados judiciales. Y otros más, por la mezquindad de nuestros políticos de TODOS los partidos que, cuando forman gobierno defienden las bondades de la concesión, pero cuando son oposición se oponen a todo lo que promueva la Administración de turno. Por su parte, el pueblo pretende que los proyectos sean realizados por empresas con vocación de Madre Teresa, que no tengan intención de obtener ganancias, y si ello es estrictamente necesario, entonces que las obtengan siempre a costas de OTROS, no de NOSotros. ¿Peaje? Cóbrelo en Escazú, pero por favor no en Ciudad Colón. En Orotina si, pero en Atenas no. Etcétera, etcétera, etcétera.
La historia reciente está plagada de ejemplos de carteles mal redactados, tanto que los procesos licitatorios se prolongan durante años y años para al final ser declarados desiertos, o desincentivando la participación de un número importante de empresas, como en el reciente caso de la licitación de las frecuencias de telefonía celular. Se dice que más de 200 empresas manifestaron interés, por lo menos 10 compraron el cartel de licitación, pero sólo dos empresas ofertaron.
La carretera Bernardo Soto es ejemplo de casi todo lo que se pudo hacer mal. El proyecto fue adjudicado por primera vez en 1994, con un costo de $10 millones. Diecisiete años y tres readjudicaciones más tarde, el costo del proyecto se estima en más de $500 millones, y aún no arranca. De una parte, el consorcio adjudicado hace más de 4 años no ha podido conseguir el financiamiento para iniciar la construcción. Por otra parte, en 17 años nuestro inoperante Estado no ha podido terminar de expropiar los terrenos necesarios. Mientras tanto, los costos siguen creciendo exponencialmente, y los ticos seguimos esperando.
Podríamos llenar unas 8 páginas tamaño legal con ejemplos de todo lo que hemos hecho mal; baste con solo mencionar algunos de los proyectos : la concesión de los puertos de Limón, que no pasa de la eterna y estéril discusión con los sindicatos de JAPDEVA, como si ellos fueran los propietarios de uno de los más caros e ineficientes puertos del mundo (132 entre 139 países según el Reporte de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial); el Aeropuerto Juan Santamaría, que 10 años después de iniciada, no ha logrado construir la infraestructura cuyo plan maestro exigía para el final del tercer año de la concesión; la fallida concesión de ferrocarriles en la que ninguna empresa del mundo se interesó; la concesión de la cárcel de Pococí, que luego de adjudicada fue cancelada unilateralmente por el gobierno, exponiendo al país a una demanda multimillonaria; la carretera a Caldera (need I say more?).
Lo triste de todo esto es que los ticos, y en particular nuestros políticos, hemos asumido una actitud – de la cual el autor de este blog no está libre – de pretender que los procesos y los proyectos sean perfectos, impidiendo así que cosas buenas se hagan. En política, lo perfecto es enemigo de lo bueno y, dado nuestro historial, ya va siendo hora de que nos conformemos con simplemente bueno. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global ya mencionado, nuestro país se ubica en la posición 56 entre 139 países analizados, lo cual no es desplome, aunque podría ser mejor. Lo interesante es ver las áreas en las que fallamos miserablemente. Como lo mencioné arriba, la calidad de nuestros puertos queda en la posición 132 de 139 países analizados. Tristemente, países sin acceso al mar, y algunos de ellos ejemplo de todo lo que NO queremos ser, como Austria (48), Eslovaquia (78), Zambia (95), Uganda (101), Burundi (120) y Bolivia (127) salen mejor calificados en este rubro. A ellos se les califica la facilidad de acceso a puertos marítimos, ante la carencia de puertos propios.
En las demás áreas de infraestructura también estamos para el tigre:
• Calidad de las carreteras: 111 entre 139 países
• Calidad de la infraestructura ferroviaria: 100 de 139
• Calidad e la infraestructura de transporte aéreo: 80 de 139
• Suscripciones a telefonía celular: 119 entre 139
Los ticos tenemos que escoger. Podemos seguir creyéndonos la cantaleta esa que nos traemos desde los años 60 de la maravilla de instituciones públicas que tenemos y cómo hemos logrado niveles sorprendentes de desarrollo, o podemos despertarnos a la realidad y ponernos de nuevo a trabajar para progresar. Nada más para dar un ejemplo cercano, Panamá nos superó en el índice de competitividad global (53 versus nuestro 56), pero también en todos los subíndices relacionados con infraestructura: carreteras (59), ferrocarriles (58), puertos (11), aeropuertos (24), y telefonía celular (7). No está demás recordar a mis queridos y ojalá anonadados lectores que ya hace algunos años Panamá también nos superó en ingreso per cápita ($7.133 en 2009, versus $6.345 en Costa Rica ese mismo año). Oficialmente, y por si no lo sabían, ya no somos el país más desarrollado del istmo centroamericano.
El punto es que, lamentable como suena, tenía razón doña Karla González cuando dijo ante la enésima comisión legislativa dedicada a “investigar” los diversos proyectos de concesión, que es mejor la carretera a Caldera con todas sus fallas, que nada. Los defectos pueden ser corregidos y, en todo caso, la carretera no es más insegura que la carretera a Limón por el cerro del Zurquí. De igual manera, y para los que tienen un poco más de edad será fácil entenderlo, es mejor el Aeropuerto de Alterra/Aeris con todos sus atrasos, que el changarro que llamábamos Aeropuerto del Coco antes del año 2000. ¿Y quién no recuerda el desmadre que era hacer la revisión vehicular antes de RITEVE? ¿Alguno de mis lectores tuvo la suerte de tener que acudir al taller de revisión ubicado por el INVU - Las Cañas, cuando era el único del país? ¿Qué me dicen del chorizazo que era el infame Eco-marchamo?
Quien esto escribe tiene plena certeza de que buena parte de los problemas de la concesión de obra pública en nuestro país se deben a la excesiva persecución política emprendida desde la Asamblea Legislativa en las últimas cuatro legislaturas: desde el año 2000, el Congreso ha creado al menos CINCO comisiones investigadoras de los proyectos de concesión de obra pública que nada han resuelto, pero han provocado mucho daño y causado inseguridad jurídica al inversionista – rubro en el que el país quedó en el puesto 127 de 139 en el Índice de Competitividad.
Estamos buscando una perfección imposible en un mar de mediocridad. Queremos que los taludes de la carretera a Caldera no se derrumben, pero nuestro Estado – suponemos que por ahorrarse unos cinquitos – no expropió los terrenos necesarios para hacerlos con una gradiente razonable en vez de casi verticales. Queremos que nuestras cárceles no sean administradas con criterio mercantil, pero somos incapaces de resolver el problema de la sobrepoblación penal por la vía tradicional. Queremos un aeropuerto internacional con 20 puertas de embarque, pero diez años después de que arrancó la concesión del Juan Santamaría el Estado no ha logrado trasladar las instalaciones de RECOPE y de COOPESA a donde no impidan el crecimiento de la terminal.
Ahora resulta que TODOS los ticos somos defensores a ultranza de la competencia, y enemigos rabiosos de los monopolios. Que los libertarios me salgan con ese telele, lo entiendo, aunque en el caso de la revisión técnica vehicular es un sinsentido descomunal. Pero que los del PAC y del PASE me salgan con su “oposición al monopolio”, no jodás!!! En teoría económica es bien conocido que cuando por diversos motivos un servicio público no se puede brindar en régimen de competencia, se puede promover en su lugar la competencia por el servicio: eso, justamente, es lo que persigue toda licitación. En el caso de un país pequeño como el nuestro, y con un registro único de la propiedad, pensar en un esquema de competencia para la revisión vehicular carece de todo sentido. En estos casos, competencia se convierte en “competencia hacia abajo”: con los precios fijados por el regulador, la única manera de diferenciarse es en calidad de servicio. Dado que a nadie le divierte someterse a la revisión vehicular, los proveedores buscan facilitar el proceso relajando los estándares de chequeo. Es la receta perfecta para el relajo, tal como el que vivimos en los negros años del Eco-marchamo en nuestro país. Pero nuestros egregios diputados están seguros de que, sin conocimiento alguno de los principios elementales, pueden diseñar un sistema que esta vez si sea perfecto.
Como gran cosa, a la Defensoría de los Habitantes no se le ocurrió nada mejor que presentar denuncias penales contra todos los ex-Ministros y algunos funcionarios que tuvieron que ver con la concesión de la carretera San José - Caldera. Si bien este autor cree que cada palo debe de aguantar su propia vela, ponerse a acusar a Raymundo y todo el mundo sin mayor sustento ni distinción de circunstancias solo puede tener un resultado final: que en el futuro nadie en su sano juicio quiera volver a meterse en el embrollo de un proyecto en concesión, y mucho menos aceptar un puesto político. Así nos aseguramos de que los menos aptos accedan al poder, y que nos quedemos per secula seculorum sin el santo y sin la limosna: sin infraestructura hecha por el Estado por falta de recursos, y sin infraestructura hecha por el sector privado por la excesiva demonización del tema.
¿Hasta cuándo, señores?
Hace rato que no publicás un post con el que esté yo tan de acuerdo... jejeje
ResponderBorrarAlgo similar te comenté yo cuando publicaste sobre la carretera a Caldera, y sus defectos...
Normalmente, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, pero si ese país es Costa Rica, los ciegos andan tratanto de ensartarle el único ojo bueno al pobre tuerto... y no quedan contentos hasta que todos sean "igualiticos".
RiTeve es el mejor ejemplo. La gente se opone porque los obliga a arreglar el chunche todos los años, no porque sea monopolio o porque pagar 10 mil pesos una vez al año sea muy caro (puta, si no puede pagar 10 rojos, ¿cómo va a tener carro?), entonces los políticos, en lugar de explicar racionalmente lo absurdo de esos cuestionamientos, se apuntan a la crítica sin sentido, sólo para ganar "puntos" con la gradería de sol...
Y eso se reproduce con cualquier otra cosa que quiera hacer el gobierno... al punto que ya se satanizó la concesión...
Estamos feos...
Totalmente de acuerdo, Terox. Decime, ¿tenemos que empezar a preocuparnos cuando estamos tan de acuerdo? Jajajaja.
ResponderBorrarA lo mejor... pero ojo que yo estuve de acuerdo antes que vos... (al menos en lo de Caldera)... jajajaja
ResponderBorrar;-)
ResponderBorrarSuelo visitar su blog ya que me agrada bastante leerlo, pero no suelo escribir comentarios. Sin embargo, el artículo tan interesante que publicó en esta oportunidad, del que me encuentro ampliamente de acuerdo, pesó lo suficiente para que publicara mi congratulación por el excelente análisis que efectuó de la realidad de un país, que por efecto de situaciones como el "cálculo político" no progresa como debería ser. Coincido en que la concesión de obra pública no seguirá siendo un sistema muy atractivo para el sector privado, ya que habrán detractores que con el fin de protagonizar y buscar su propio beneficio dificultarán estos procesos en toda la medida posible, a pesar de que el Gobierno no tiene la capacidad de cumplir a cabalidad con todas las obras de infraestructura que propicien un mejor desarrollo.
ResponderBorrarDefinitivamente un excelente artículo. Saludos.
Muchas gracias por sus palabras, Hackerman. Lo invito a participar más a menudo; al final de cuentas lo más enriquecedor es el debate y el intercambio de ideas.
ResponderBorrarSaludos.