La ICC se termina sin ley

Ante la noticia publicada por La Nación de ayer en el sentido de que los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) se podrían terminar - según lo advirtieron la vocera oficial de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, y Congresistas estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano en una sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica - el Partido Acción Ciudadana ha emitido un Comunicado de Prensa que es el equivalente político de hacer el tiro de la avestruz: meter la jupa en la tierra y negarse a ver la realidad.

El PAC insiste en dos cosas:

1. que el TLC es renegociable, a pesar de que uno de los Congresistas ya mencionados dijo que Estados Unidos

"nunca ha renegociado un acuerdo comercial y es casi imposible que eso suceda".

2. Que para eliminar los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, es necesario que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley derogatoria.

Lamentablemente, mucha gente respetable ha caído en la trampa demagógica del PAC. Pretendo hacer aquí un análisis para desvirtuar la mentira. Para que vean que soy buena gente, el primer punto se los voy a conceder: es posible renegociar el TLC. Aunque la probabilidad sea incómodamente cercana a cero. Aunque a mí no me engañan. Pero en teoría existe la posibilidad. Nunca cesa de sorprenderme la gente con tanta capacidad para el autoengaño, y hasta me caen bien. Por eso les concedo el punto. Pero no así el punto segundo.

La ley de implementación de la ICC tiene provisiones que permiten al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos excluir países, aunque la ICC siga existiendo. Textualmente dice:

"(B) The President may, after the requirements of subsection (a)(2) and paragraph (2) have been met--

(i) withdraw or suspend the designation of any country as a CBTPA beneficiary country"

[TRADUCCIÓN: "(B) El Presidente podrá, después de que los requisitos de la subsección (a)(2) y párrafo (2) hayan sido cumplidos--

(i) retirar o suspender la designación de cualquier país como país beneficiario de la CBTPA].

Recordemos que la ICC beneficia también a los países del Caribe que no son parte del CAFTA, de manera que para ellos los beneficios seguirán existiendo. Pero el U.S.-Caribbean Trade Partnership Act of 2000, que es la ley que dio caracter "permanente" al Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA por sus siglas en inglés, que es lo mismo que conocemos en español como Ley de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe) dice que para que un país continue siendo beneficiario, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, "participate in negotiations toward the completion of the FTAA or another free trade agreement" (participar en las negociaciones tendientes a completar el ALCA u otro tratado de libre comercio).

No es necesario un acto de fe para comprender que si un país participa en dichas negociaciones y luego se retira del acuerdo, está violando el espíritu de dicha "exigencia". En todo caso, la misma ley de implementación da al Presidente la potestad de excluir de la ICC a un país por otros motivos, tales como no cooperar satisfactoriamente en la lucha contra el narcotráfico, o no respetar a satisfacción (de los Estados Unidos, por supuesto), la propiedad intelectual de las empresas y personas estadounidenses. De manera que si se trata de montar el caso para excluir a Costa Rica de la ICC, el Presidente Bush tiene muchas armas en su arsenal. A nadie debería de sorprender que las use.

Así que, en conclusión, aunque es cierto que para derogar la ICC se requiere de una ley, para excluir a Costa Rica todo lo que se requiere es de una decisión presidencial. Señores del PAC: se les ruega más seriedad.

Twittear

Pena ajena: doble dosis

En nuestra búsqueda incesante de un candidato o partido político por el cual votar, estamos llegando a la convicción de que ellos más bien están haciendo un esfuerzo supremo por no obtener el voto de este autor. Y sería la primera vez en la historia de Costa Rica que un partido político rechazara un voto, para no hablar de que varios partidos políticos lo hicieran en una misma elección. Dicha señal de madurez política es alentadora (yeah, right!). Por otra parte, Dean CóRnito sufre de serios problemas psicológicos producto del rechazo que siente (ya voy, Ofelia).

Este autor no es amigo del Plan Fiscal, y de eso hay en este blog abundante prueba (#1, #2, #3, #4, #5, #6). En alguna ocasión en el pasado no muy lejano, nos encomendamos “a Dios y a los Libertarios” para que nos protegieran de esta aberración fiscal, y la verdad es que hemos estado harto agradecidos con ellos por haber impedido hasta ahora la aprobación de este mal diseñado paquete de impuestos. Pero el día de hoy estamos simplemente asqueados.

Resulta que un grupo de mal llamados empresarios ofreció pagar a los diputados del Movimiento Libertario las dietas perdidas en los últimos dos meses en que han estado rompiendo el quórum legislativo para impedir el avance del paquetazo tributario. Que estos mal llamados empresarios hayan ofrecido dinero, no ha de sorprendernos; son los que viven pegados de la teta del favor político, en vez de estar velando por la salud financiera de sus empresas desde adentro. Y digo que son mal llamados empresarios, porque con esa denominación y sus aberrantes actitudes ensucian el nombre del verdadero empresario, aquel que invierte y produce y genera empleos, aquel que arriesga y pierde y se levanta y vuelve a arriesgar hasta toparse con el éxito.

Insisto, que estos mal llamados empresarios hayan ofrecido dinero a los Diputados, no nos sorprende. Pero que el Jefe de Fracción del ML piense que no hay nada inmoral en recibir esos dineros, es fiel reflejo de su limitada fibra moral y capacidad intelectual. Un político sagaz – sin importar si es decente o corruptible – se hubiera llenado la boca con un discurso moralista, diciendo que la lucha contra los impuestos es de principios, y que el sacrificio económico que supone renunciar a las dietas por no asistir a las sesiones del Plenario Legislativo es una molestia menor que gustoso asume en aras de un objetivo superior. Además hubiera criticado acremente a quienes hicieron la oferta, por pretender prostituir el ejercicio de la democracia. Pero a este nefasto personaje llamado Carlos Herrera, Jefe de Fracción del ML, no le dio el ayote para darse cuenta de la animalada que tan cándidamente se rajó a decir frente a los micrófonos de La Nación.

El Movimiento Libertario ha tenido un crecimiento importante en las preferencias de los votantes en el último mes. Uno esperaría que, si quieren mantener esa tendencia creciente, las autoridades del Partido (léase Otto Guevara, dueño supremo de la agrupación) lo censuren fuertemente y sometan el caso a investigación de su Tribunal interno de Ética. Y mientras dan curso al debido proceso, que lo separen del puesto de Jefe de Fracción.

☺☻☺☻☺

En otro orden de cosas, durante muchos meses analistas políticos y gente relacionada con el comercio exterior han venido advirtiendo en nuestro país que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio podría suponer el fin de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, un programa de concesiones unilaterales del gobierno gringo mediante el cual buena parte de las exportaciones costarricenses entran hoy a los Estados Unidos libres de impuestos (o con aranceles reducidos). Cada vez que alguien se atrevió a hacer semejante afirmación, fue acusado de vende patrias, de mentiroso, o de apocalíptico anticipado. Un partido político, el PAC, basó su oposición al TLC en una pretensión de renegociar el TLC de manera bilateral con los Estados Unidos, y con la “tranquilidad” de que si Costa Rica quedaba por fuera del TLC, siempre iba a obtener los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).

La noticia que trae La Nación de hoy, que nos informa que la vocera de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (una especie de Ministerio de Comercio Exterior) anunció que los beneficios de la ICC se mantendrán vigentes únicamente en el tanto que los países firmantes del TLC estén trabajando en aras de su incorporación al tratado, debe de servir como un llamado de atención a los irresponsables que creen que el mundo se va a detener a esperar a que Costa Rica tome una decisión.

Lo que corresponde ahora, como lo dije hace varios meses, es que el candidato presidencial del PAC defina su posición. Ya sabemos que él hubiera preferido una renegociación del TLC. Ahora también sabemos con certeza que el TLC no es renegociable (así lo hicieron ver congresistas norteamericanos que ayer tuvieron una audiencia en la Comisión Legislativa que analiza el Tratado). Más aún, sabemos que sin TLC no hay ICC. Esto quiere decir que un altísimo porcentaje de nuestras exportaciones – y los miles de empleos que en su producción se generan – corren el peligro de perder toda medida de competitividad si se llegan a ver en la situación de tener que pagar aranceles para ingresar a los Estados Unidos, que dicho sea de paso, es – y por mucho – el principal destino de nuestros productos.

Sabiendo todo eso, ojalá que no nos salga con más evasivas y cuentos de hadas. Que se decida: ¿apoya el TLC en estas circunstancias? Y si su respuesta es negativa, ¿qué alternativa nos propone?

Los indicios no son muy halagüeños. Espero equivocarme, pero creo que la respuesta del PAC dará pena ajena. Pero los votantes sabremos a qué atenernos.

Twittear

El tiempo nos dio la razón

Uno de muchos argumentos que hemos utilizado en varios artículos para explicar nuestra oposición al Plan Fiscal, es que nos parece inconveniente dotar al Estado de más recursos por la vía de un incremento de impuestos, cuando los actuales no son bien recaudados. En La Suiza Centroamericana hemos insistido en la necesidad de reformar la administración tributaria, y hemos sido coherentes al exigir que la gestión de cobro de los impuestos se haga con mayor eficiencia antes de que decidamos si es necesario subir los impuestos existentes o crear nuevos. Sólo cuando sepamos con qué contamos podremos determinar qué nos hace falta.

La Nación nos informa en un valiosísimo reportaje el día de hoy que la evasión del impuesto sobre la renta (ISR) en nuestro país es del orden del 70%. O sea, que a lo sumo se recauda el 30% de lo que se debería. Si la recaudación fuera del 100%, sólo por concepto de impuesto sobre la renta ingresaría este año 334.000 millones de colones más. Y si echamos el impuesto de ventas (IV) en la canasta, donde la evasión se estima en el 50%, la diferencia ente la recaudación real y la teórica sería de 464.000 millones de colones este año, sumando ambos impuestos. Sólo para referencia, el monto contemplado para inversión en el presupuesto nacional del 2006 es de poco más de 100.000 millones. Imagínese, estimado lector, lo que podríamos lograr con esos recursos. Y eso, sin subir un solo impuesto.

Esa es la teoría. En la vida real, no es razonable esperar una recaudación del 100%. Ya que hablar de Chile está de moda en este blog, es interesante notar que la periodista Patricia Leitón de La Nación reporta que en ese país la recaudación del impuesto sobre la renta ronda el 60% del total. Si nos ponemos ese porcentaje como meta, estaríamos duplicando la recaudación por concepto de ISR. En dinero contante y sonante, la recaudación adicional sería de alrededor de 143.000 millones por ISR, y de 26.000 millones por IV. Es decir que si lográsemos recaudar el 60% del total de cada uno de esos impuestos, podríamos contar con 169.000 millones de colones adicionales este año. En comparación, con el Plan Fiscal se pretende aumentar la recaudación en unos 200.000 millones anuales. Entonces, si mejorásemos la recaudación, el Plan Fiscal prácticamente no sería necesario. Con el agravante, como lo hemos comentado en diversos artículos anteriores, de que una vez aprobados los nuevos impuestos, cederá la presión por mejorar la eficiencia en la recaudación. ¿Para qué socar tuercas si los ingresos están entrando por otro lado?

Lo más grave, estimadísimo lector, es que cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda nos dicen que con el Plan Fiscal se recaudarían unos 200.000 millones adicionales, la afirmación se basa en pura teoría, y de la que resulta más improbable. ¿A qué me refiero? Resulta que el día de hoy, en Costa Rica tenemos un sistema de ISR bastante sencillito: los impuestos se cobran únicamente a la producción que los residentes de este país hacemos en suelo nacional. Las ventas de la Dos Pinos en Guatemala no pagan impuestos en Costa Rica, así como Franklin Chang no tenía la obligación de tributar en Costa Rica sobre el salario que percibía en la NASA. Ahora, con ese sistema tan sencillo, la Administración Tributaria apenas logra recaudar el 30% del impuesto correspondiente a la renta generada por las empresas y las personas. Uno de los principales cambios que introduciría el Plan Fiscal de ser aprobado sería la “obligación” que tendríamos todos los costarricenses de pagar impuestos sobre los ingresos o renta que generemos en el extranjero. En el papel, esto suena muy lindo y equitativo. En la realidad, ¿qué diablos nos hace creer que nuestra incompetente administración tributaria tendrá capacidad para perseguir los ingresos que Perico de los Palotes genera en Timbuktú, si no tiene capacidad para encontrar los que genera en el cantón de Upala?

La aprobación del Plan Fiscal obligará a la administración tributaria a desviar recursos hacia la imposible tarea de perseguir los ingresos de los ticos en el extranjero, desatendiendo la fiscalización y auditoraje de los ingresos que generamos en Tiquicia. Consecuentemente, la aprobación del Plan Fiscal promoverá una mayor evasión. Otra razón más para oponérsele.

Twittear

Chile vs. Costa Rica: Modelo económico

A propósito de una discusión que se armó en otro foro en torno al modelo económico chileno, escribí las líneas que aparecen a continuación, a efectos de comparar los resultados del llamado modelo chileno con los de Costa Rica. Tengamos claro que en Chile han adoptado un modelo económico liberal, donde la mayoría de los servicios públicos se prestan en un régimen de competencia, donde el tipo de cambio es determinado por libre flotación en el mercado, y la inversión en infraestructura la hace mayoritariamente el sector privado bajo la figura de la concesión de obra pública. En Costa Rica, en contraste, la mayoría de los servicios públicos son prestados en régimen monopolístico por empresas e instituciones estatales, el tipo de cambio es determinado por el Banco Central de acuerdo con una fórmula econométrica, y la inversión pública no se hace porque al Estado no le alcanza el dinero y tampoco permite que el sector privado la haga.

Antes de iniciar, permítanme mis estimados lectores una introducción metodológica. Los indicadores económicos y sociales pueden tener defectos de diseño y de medición. Muchas veces, además, los indicadores son utilizados para medir cosas para las que no fueron diseñados.

Un ejemplo de defecto de diseño lo presenta el Índice de Precios al Consumidor que se utiliza en Costa Rica, ya que se calcula utilizando una canasta de bienes de consumo y de servicios que está completamente desactualizada. De manera tal que lo que en realidad mide el IPC es el índice de los precios actuales de algunos de los artículos que los ticos de clase media de la GAM consumíamos la última vez que se actualizó la canasta (que creo que fue hace 11 años).

Un ejemplo de defecto de medición lo presenta el Coeficiente de Gini, que en buena teoría mide cómo es la distribución del ingreso de la población. Para calcularlo es necesario conocer cómo se reparte el ingreso nacional entre los diferentes grupos (típicamente se usan quintiles, que son grupos de 20% de la población, desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico). El problema que se presenta es que, al menos en una sociedad como la costarricense, justamente los dos grupos más críticos en esta medición – el 20% más pobre y el 20% más rico – son quienes más fácilmente pueden esconder sus ingresos, distorsionando la medición. Los ricos tienen a su disposición sofisticadas herramientas legales, financieras y tributarias para reducir sus ingresos aparentes. Los pobres, en particular los campesinos y los que trabajan en la economía informal, generan buena parte de sus ingresos al margen del mercado, de manera tal que no son captados en las mediciones. La familia que tiene una vaca y una huerta y es autosuficiente en productos lácteos y vegetales, no comprará esos artículos en la feria del agricultor ni en la pulpería, y por lo tanto esa producción no es medida al calcular el PIB.

Un ejemplo de querer usar un indicador para algo para lo que no fue diseñado lo tenemos en el uso del PIB per cápita como un indicador de bienestar. El PIB per cápita es un indicador del nivel de ingreso promedio, pero el bienestar depende de muchas cosas más que el ingreso, en cuenta un ambiente sano, acceso a servicios de salud y educación, tiempo libre, etc. Siendo que la medición del Coeficiente de Gini se basa en el ingreso de las personas, y haciendo la salvedad de los posibles defectos de medición del coeficiente, no podemos utilizar el coeficiente de Gini como un indicador de la justicia de un sistema económico en una acepción que no sea estrictamente la de justicia distributiva. Pero así como el bienestar no es igual a ingresos, la justicia no es igual a justicia distributiva. Por ello, y por todas las razones hasta aquí expuestas, es necesario medir la evolución de una economía utilizando más de un indicador. Y eso es lo que pretendo hacer. Todos los datos utilizados a continuación han sido obtenidos del sitio web de la CEPAL.

El coeficiente de Gini en Chile es de 0.55 (2003), mientras que el de Costa Rica es de 0.488 (2002). Por la forma en que está definido este indicador, un coeficiente de Gini de 1.0 indicaría que una sola persona obtiene el 100% del ingreso del país. Un coeficiente de 0.0 indicaría que cada persona obtiene exactamente lo mismo que los demás, cosa a la que algunos se referirían como justicia absoluta, pero que yo prefiero denominar con el más neutro término de equidad absoluta. Así las cosas, la distribución del ingreso es menos equitativa en Chile que en Costa Rica. Pero si queremos poder valorar lo que algunos han llamado el milagro económico chileno, tenemos que analizar su evolución.

Resulta que el coeficiente de Gini de Chile fue de 0.554 en 1990 y de 0.55 en el 2003. Permaneció prácticamente invariable, producto del malvado modelo neoliberal de ese país. En Costa Rica, para contrastar, el Gini fue de 0.438 en 1990 y pasó a 0.488 en el 2002. Se deterioró significativamente, cortesía del solidario Estado costarricense que proporciona una serie de servicios de manera monopólica. Ni presta el hacha ni pica la madera.

Pero, como lo sostuve anteriormente, no se puede utilizar un único indicador para comparar a dos países. Así que veamos otros.

Pobreza e Indigencia: el porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza en Chile fue de 45.1% en 1987, 27.5% en 1994, y 18.8% en 2003. En Costa Rica, ese porcentaje fue de 23.6% en 1981, 26.3% en 1990, y 20.3% en 2002. Chile empezó con un nivel de pobreza de casi el doble que el nuestro, y terminó con uno 7.4% menor. Más aún, Chile redujo su pobreza en un 58% entre 1987 y 2003; Costa Rica la redujo en 14% entre 1981 y 2002. Malvado el sistema chileno.

Otro dato interesante es el de la pobreza extrema o indigencia. El porcentaje de familias viviendo en esa condición en Chile pasó de 17.4% en 1987, a 7.6% en 1994, y a 4.7% en 2003. En Costa Rica, el porcentaje de indigentes pasó de 6.9% en 1981, a 9.9% en 1990, y a 8.2% en 2002. Mientras que Chile redujo su pobreza extrema en un 73% entre 1987 y 2003, Costa Rica más bien la incrementó en un 19%, cortesía del solidario Estado que tenemos.

Por último, la proporción de población urbana viviendo en tugurios en el 2001 fue de 8.6% en Chile, versus 12.8% en Costa Rica, casi un 50% más en nuestro país.

Salud: el gasto público en Salud (como proporción del PIB) creció del 2.0% en 1990 al 3.1% en 2001 en Chile. En Costa Rica bajó del 7.2% en 1990 al 5.7% en el 2001. Si bien nuestra inversión en salud sigue siendo mayor, la tendencia nos indica que hay un país que avanza y uno que retrocede. Lo más interesante de esto es lo que Chile ha logrado con esos niveles de inversión, versus lo que Costa Rica ha logrado.

Por ejemplo, el número de camas de hospital cayó de 2.1 por cada mil habitantes en Costa Rica en 1990, a 1.4 camas en 2002. Chile logró mantener su número de camas en 2.5 por mil habitantes durante el mismo período. El porcentaje de menores de cinco años con problemas de desnutrición fue del 1% en Chile versus 5% en Costa Rica en el período 1995-2002. La tasa de mortalidad infantil en Chile fue de 14.1 por cada mil nacimientos vivos en el quinquenio 1990-1995, y bajó a 8.0 para el quinquenio 2000-2005. La de Costa Rica fue de 14.5 en el primer período, y de 10.5 en el segundo. La esperanza de vida al nacer promedio en el quinquenio 1990-1995 fue de 76.2 años para Costa Rica y de 74.3 años para Chile. Es decir, casi dos años más de vida para el tico. Para el quinquenio 2000-2005, fue de 78.1 años en Costa Rica, versus 77.7 años en Chile. La diferencia se redujo a unos cinco meses de vida.

¿Cómo es que Chile logró avanzar y casi alcanzar a Costa Rica con un gasto menor? Haciendo un gasto público más eficiente, y utilizando de manera efectiva la participación privada en la provisión de servicios. Cosas, ambas, a las que en Costa Rica les tenemos pavor.

Educación: a riesgo de aburrir, la situación se repite. El gasto público en educación pasó del 2.7% del PIB en 1990 al 4.0% en 2000 en Chile, mientras que en Costa Rica prácticamente se estancó: fue del 4.6% en 1990, y del 4.8% en 2000.

En el año 2003 la asistencia escolar en el quintil más bajo (el 20% más pobre de la población) fue de 97.2% entre los 7 y los 12 años de edad y de 72.9% entre los 13 y los 19 años de edad en Costa Rica, versus 99.1% y 81.4% respectivamente en Chile. Ese malvado modelo neoliberal chileno está siendo más exitoso que el nuestro en dar oportunidades a los más pobres. Esto explica la disminución de la pobreza en ese país.

La tasa neta de matrícula en la educación secundaria fue de 35.7% en Costa Rica en 1990, y pasó a 49.5% en el 2000. En Chile, fue de 54.6% y 74.5% respectivamente. Y en lo que respecta al tercer nivel de enseñanza, la tasa bruta de matrícula en Costa Rica cayó de 26.9% a 16.6% entre 1990 y 2000, mientras que para Chile más bien creció del 20.7% al 38.0% en el mismo período.

De nuevo, la tendencia claramente revela un país que progresa, y uno que se estanca o retrocede. Un país que mejora las oportunidades de sus jóvenes, y en particular las de sus pobres, y otro que más bien condena a toda una generación a no poder salir del atolladero. El benefactor y paternalista Estado solidario costarricense es el que está quedando mal en la comparación.

Competencia versus Monopolio: en Chile han privatizado y/o abierto a la competencia la provisión de servicios tales como acueductos, alcantarillados, generación y distribución eléctrica, y telefonía. Vale la pena entonces ver los resultados, en comparación con nuestro sistema de provisión monopolística de los mismos servicios.

Para el año 2003, el porcentaje de hogares urbanos con acceso a agua por tubería fue de 99.0% en Chile y de 99.5% en Costa Rica. El 99.6% de los hogares urbanos chilenos tenían servicio eléctrico, versus 99.8% en Costa Rica. Y el 91.7% de los hogares urbanos chilenos contaban con un sistema de disposición de excretas (alcantarillado sanitario), versus, óigase bien, un 45.9% en Costa Rica. Lamentablemente no encontré cifras disponibles para las áreas rurales o la totalidad de la población. Pero todo parece indicar que las malvadas y codiciosas empresas privadas en Chile no están haciendo mal su labor. Prácticamente iguales en agua potable y electricidad, pero nos duplican en cobertura del alcantarillado.

La capacidad instalada de generación eléctrica creció en un 157.5% entre 1990 y 2002 en Chile, versus un 97.4% en Costa Rica. Esto refleja el mayor dinamismo de la economía chilena, y demuestra que la inversión privada es capaz de abastecer la demanda.

El número de líneas de telefonía celular en Chile pasó de 6.7 por cada 100 habitantes a 73.24 en el 2003, mientras que en Costa Rica pasó de 10.5 a 45.89 en el mismo período. Esta diferencia refleja las rigideces de nuestro “bienamado”monopolio para atender la demanda.

Macroeconomía: la producción en Chile crece a un ritmo superior al de nuestro país. El PIB per cápita, indicador del nivel de ingreso promedio de las personas, creció en un 1% en 1990, 7.2% en 1995, y 3.2% en el 2000. En Costa Rica para los mismos años el PIB per cápita varió en un 1.3%, 1.4% y – 0.5% respectivamente. Este es otro factor que explica la importante disminución de la pobreza en Chile y el estancamiento en Costa Rica.

Este crecimiento, valga aclarar, no vino a costas de una dilapidación de los recursos naturales del país, como algunos podrían pensar. La superficie cubierta por bosque decreció en Chile en un 1.43% entre 1990 y el 2000, mientras que en Costa Rica decreció en un 7.45% en el mismo período.

Habiendo liberado al Estado de una serie de actividades que a todas luces el sector privado está en perfectas condiciones de realizar, en Chile han logrado imprimir dinamismo a la economía, a la vez que redujeron la inflación (el impuesto que más golpea a los pobres), todo con un sistema cambiario flexible. Así, la inflación en Chile (medida por el IPC) fue del 33.4% en 1980 y del 26% en 1990, y lograron bajarla al 7.6% en 1996, al 3.8% en el 2000, y al 2.8% en el 2003. Mientras tanto, la inflación en Costa Rica fue del 18.1% en 1980, 19% en 1990, 17.5% en 1996, 10% en el 2000, y 9.4% en el 2003. Para este año superará el 14%.

Conclusión: producto de la liberalización aplicada en Chile, su economía ha tenido un desempeño superior a la nuestra. Si bien la distribución del ingreso no ha mejorado, la disminución de la pobreza es palpable. Al final de cuentas, más le importa al pobre lo que pone sobre su mesa y la calidad del techo que pone sobre su cabeza, que los millones que pueda acumular en el banco el más rico del país. Este comentario no pretende disculpar lo que a todas luces sigue siendo una debilidad del modelo chileno, que ha sido reconocida por todos los partidos del espectro político de ese país en las recientes elecciones. Pero el éxito de las políticas económicas utilizadas en Chile es innegable, y más importante aún es que el país está en la senda del progreso, ya que la tendencia en todas las áreas analizadas es hacia la mejora. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Costa Rica.

Twittear

El Paquete Fiscal no es conveniente

En diversas ocasiones hemos dicho que el Paquete Fiscal que con tanto ahínco ha promovido el actual gobierno no es conveniente para el país. Nuestra posición es razonada y la hemos expuesto en varios artículos anteriores. Además, hemos explicado que no nos oponemos a la creación de nuevos impuestos porque no creamos en los impuestos, sino porque los actuales no son bien recolectados, y los recursos que recibe el Estado son generalmente desperdiciados. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), reportado por La Nación de hoy, nos brinda un respaldo importante.

El estudio de la CEPAL, titulado Reforma tributaria para el desarrollo humano en Centroamérica, encuentra que la recaudación promedio en Centroamérica fue del 13.5% del PIB en el 2003 (13% en Costa Rica), y argumenta que esa “cantidad de recursos es insuficiente para mejorar la educación y la salud, construir la infraestructura necesaria para el desarrollo y proveer la seguridad jurídica y ciudadana que requiere la inversión privada”. Antes de que mis detractores corran a concluir que esta frase más bien refuerza el argumento de quienes defienden el actual paquete fiscal porque es necesario para subir la carga fiscal, los invito a armarse de paciencia y leer los siguientes párrafos.

Este autor está plenamente de acuerdo con que una recaudación de impuestos equivalente al 13% del PIB es insuficiente para financiar los servicios estatales básicos. Por mandato constitucional deberíamos de destinar el 6% del PIB a educación, lo cual sólo nos dejaría otro 7% para salud, infraestructura, seguridad, justicia, reducción de la pobreza, etc. Con lo que no estoy de acuerdo es con la conclusión de que es necesario crear más impuestos en este momento, y menos aún podría estar de acuerdo con la defensa de un plan fiscal que no cumple con ninguno de los principios básicos de justicia, eficiencia y sencillez necesarios para el éxito de todo sistema tributario. Y, como decía antes, el estudio en cuestión me ha dado nuevos argumentos.

Dice la CEPAL que

“a medida que aumenta el ingreso per cápita, también lo hacen la carga tributaria y el gasto público, ya que mientras más elevados sean los ingresos de un país, mayor será su capacidad para financiar gastos públicos y gastos sociales básicos”.

En otras palabras, pretender subir los impuestos para mejorar el nivel de vida es como poner la carreta delante de los bueyes. Sin embargo, lo que más llama la atención de este estudio son sus recomendaciones. A través del documento, sus autores defienden la tesis de que el gasto social es insuficiente en Centroamérica, lo que atribuyen a una recaudación también insuficiente. Consecuentemente, la primera recomendación apunta a incrementar la recaudación, en el sentido de mejorar la recaudación de los impuestos existentes (simplificar el sistema tributario con menos impuestos, pero de base amplia), antes que crear nuevos impuestos o incrementar las tasas de los existentes. En sus palabras,

“cuando se busca incrementar la presión tributaria, más que incrementar tasas es preciso ampliar las bases imponibles de los tributos”,

y también resulta necesario

“dar forma a un sistema tributario sustentado en pocos tributos, que tengan bases imponibles amplias y generales y tasas moderadas. Hay que realizar significativos esfuerzos, dirigidos a ampliar no sólo la base imponible del IVA sino también la del impuesto sobre la renta de las personas y el impuesto sobre la renta de las sociedades, eliminando exenciones y desgravaciones que se traducen en un trato desigual a los distintos contribuyentes”.

Si bien en un principio la Reforma Fiscal persiguió estos objetivos con alguna congruencia, a su paso por la Asamblea se incrementaron las tasas, que pasaron de moderadas a altas (al menos en cuanto al impuesto sobre la renta), y se crearon toda clase de exoneraciones para satisfacer las demandas o aplacar la oposición de todo tipo de grupos de presión. Lo que quedó es un paquete fiscal más, con bases más amplias para los impuestos, pero con tasas más altas que las inicialmente propuestas y una serie de exoneraciones discriminatorias. Las mayores tasas incentivan la evasión y desestimulan el crecimiento, y las exoneraciones no son más que huecos en la legislación para que los más vivillos y los más poderosos puedan evitar el pago de sus impuestos.

El estudio hace otras recomendaciones que no vienen al caso de este comentario, algunas relacionadas con la integración centroamericana y otras con aspectos más bien técnicos del diseño de los distintos impuestos. Concluye con la recomendación de mejorar la administración tributaria, sobre lo cual dice textualmente:

“Habrá que redoblar los esfuerzos por mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia de la administración tributaria y aduanera. De no hacerlo, ninguna reforma tributaria tendrá éxito”.

Esta es otra área en la que el paquete fiscal se queda corto, como lo hemos analizado en otra ocasión. Y no es la única. Como parte de esta recomendación de mejoría de la administración tributaria, el estudio de la CEPAL dice que

“debería acentuarse la tendencia a eliminar pequeños impuestos, tasas, derechos, contribuciones y patentes. Estos pequeños tributos tienen poco rendimiento, y obligan a movilizar gran cantidad de personas y de papeles que distraen al fisco de sus objetivos centrales”.

Sin embargo, el paquete fiscal no hace absolutamente nada por eliminar el sinfín de “pequeños tributos” (empecemos por los timbres) que existen en nuestro país.

Hace unas tres semanas, en un artículo que titulé La falacia de la carga impositiva, rebatí el argumento de quienes dicen que una mayor carga tributaria es un requisito para vivir mejor. El fondo de mi argumento es que no es la cantidad de impuestos que se paguen, sino cómo se usen los recursos, lo que puede hacer una diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Argumenté que en las actuales circunstancias es necesario primero racionalizar el gasto público (eliminar el desperdicio y las duplicidades) y mejorar la recaudación de los impuestos existentes como vía para incrementar la carga tributaria, que no es otra cosa que el porcentaje de la producción nacional (medida por el PIB) que representan los impuestos. Reconocí incluso que eventualmente podrá ser necesario crear más impuestos (o subir los actuales), para que se generen los recursos necesarios para que el Estado costarricense pueda brindar servicios de calidad con una cobertura universal. Pero como lo he dicho en muchas ocasiones, con el desperdicio que tenemos hoy en día, darle nuevos impuestos al Gobierno es incentivarlo a no hacer un esfuerzo por mejorar la recaudación ni tampoco controlar y hacer más eficiente el gasto. Y si encima consideramos que los nuevos impuestos vendrían cortesía de un paquete fiscal mal diseñado, que promueve la ineficiencia y la injusticia tributaria, debemos entonces prestar mucha atención a la advertencia que hace el estudio de la CEPAL:

“los sistemas tributarios aumentan la concentración del ingreso. En el caso de Costa Rica, el efecto del sistema tributario sobre la distribución del ingreso en el 2000 es marginal”.

Si se aprueba el paquete fiscal, no podemos más que esperar que la distribución del ingreso no mejore, y que tal vez vaya a empeorar.

Twittear

Popurrí electoral

El miércoles recién pasado, Oscar Arias dio a conocer su programa de gobierno. No hemos tenido tiempo para leerlo, pero quisiera hacer algunos comentarios basado en lo reportado por La Nación el día de ayer.

☺☻☺☻☺

Oscar Arias ofrece en su programa de gobierno reinstaurar los incentivos fiscales para la industria turística. Estos incentivos, que fueron eliminados durante la Administración Rodríguez por el uso fraudulento que muchos hicieron de ellos, pretenden fomentar la construcción y ampliación de hoteles y otras instalaciones turísticas. El problema es que, siendo el del turismo un negocio privado, si resultara rentable construir más habitaciones de hotel, los verdaderos empresarios los construirían sin necesidad de incentivos fiscales. Quien quiera entender un poco más del chorizo que muchos hicieron en el pasado con estos incentivos, así como las razones por las cuales son innecesarios e inconvenientes, le recomiendo leer este artículo que al respecto escribí hacia finales de julio.

☺☻☺☻☺

La oferta de crear nuevos incentivos fiscales para la actividad turística es una muestra más de que Oscar Arias es el candidato del “status quo”, de “lo mismo de siempre”. La oferta es parte de la política clientelista que tanto daño ha hecho al país al menos desde la década de 1970, donde se gobierna para satisfacer los intereses de los grupos de presión y no los de las mayorías. Si el gobierno quisiera ayudar al desarrollo turístico del país, debería de invertir recursos significativos en publicidad en los mercados meta, y dejar que los empresarios hagan frente al incremento en el número de visitantes con sus recursos propios y los del financiamiento bancario o accionario que puedan conseguir.

☺☻☺☻☺

Cuando políticos como Oscar Arias y Abel Pacheco nos dicen que el Paquete Fiscal es para poner a los ricos a pagar como tales, esto es lo que no nos dicen: que los impuestos recaerán principalmente sobre las clases medias, para financiar los proyectos de los grandes empresarios que se beneficiarán de los incentivos fiscales. Y cuando políticos como Otón Solís y el PAC caen en la trampa populista y apoyan la creación de esos nuevos impuestos – siendo que ni la recaudación de los actuales es buena, ni el gasto público es eficiente – no entendemos en qué están pensando. Es más, ni siquiera sabemos si están pensando.

☺☻☺☻☺

Aparentemente, el mismo miércoles de esta semana don Ricardo Toledo publicó algo que hizo llamar también Plan de Gobierno. Tampoco lo he leído – y sinceramente, no creo que vaya a perder el tiempo en eso – pero, por lo que dice La Nación, es el reflejo de lo que ha sido hasta ahora la campaña del PUSC y lo que hemos venido diciendo en La Suiza Centroamericana al respecto: nada de sustancia, una ausencia casi total de propuestas, y una serie de metas tiradas al aire sin ningún soporte. Para muestra un botón: dice La Nación que el programa “cita como prioridad la reducción de la pobreza del 21% actual a un 10%, aunque la forma de lograrlo se menciona en forma general”.

☺☻☺☻☺

Algunos candidatos no tienen los pies sobre la tierra. Don Álvaro Montero Mejía, un reciclado nostálgico de la izquierda tradicional militante de los años 70, y candidato presidencial por el Partido Rescate Nacional (para mayores señas, el que participó en el debate de Repretel vistiendo una camiseta con el símbolo de su partido debajo del saco), se quedó sin posibilidad de inscribir candidatos a la Vicepresidencia, a las diputaciones, y a los puestos municipales. ¿La razón? El señor Montero Mejía tiene tal arrastre popular, que no logró ni siquiera conseguir quórum para la Asamblea Nacional de su propio partido en la que nombraron a los candidatos a esos puestos. Consecuentemente, el Tribunal Supremo de Elecciones desconoció las decisiones de esa Asamblea sin quórum, y no aceptó inscribir las candidaturas mencionadas. Sin embargo, el candidato dijo que la decisión del TSE es el resultado de “presiones de Óscar Arias para alterar el equilibrio de fuerzas electorales”. Como se habrán dado cuenta, este autor no es simpatizante de Oscar Arias, así que sin que medie ningún afán de defenderlo, no puedo dejar de decir: ¿cómo se va a “alterar el equilibrio de fuerzas” si un partiducho que no sacaría ni el 0.5% de los votos sale de escena? Si Oscar Arias tiene motivos para perseguir a don Álvaro (como lo insinúa el segundo), buscará formas de hacerle verdadero daño (por ejemplo, quitarle el espacio tan aburrido que tiene en Canal 13, dejándolo sin esos ingresos). Sacarlo de una campaña en la que únicamente va a hacer el ridículo, es no es algo que a Oscar Arias le interese.

☺☻☺☻☺

Me leí en La Nación una entrevista a Jorge Eduardo Sánchez, Secretario General del PUSC y candidato a diputado en el primer lugar por San José, y no supe si el entrevistado fue Gorgojo o el Sr. Sánchez. Una joyita: inmediatamente después de decir “Soy el más vehemente opositor a la reelección presidencial”, don Jorge Eduardo se deja decir, sin siquiera tragar saliva, que “entre la reelección de Óscar Arias y la de Calderón, prefiero la de don Rafael Ángel, porque es un estadista”. O sea, lo que este señor quiso decir en la primera frase fue “soy el más vehemente opositor a la reelección presidencial de Oscar Arias”. Y eso sin entrar en consideraciones sobre la idoneidad de Calderón para la reelección.

☺☻☺☻☺

La entrevista con don Jorge Eduardo merece ser leída de manera íntegra. Por razones de espacio dejaré el tema aquí, no sin antes decir que al menos en una cosa coincido con el Sr. Sánchez, y es cuando se refirió a Ricardo Toledo diciendo que “el candidato ha sido más pequeño que el partido”. De eso no nos cabe la menor duda. Aunque don Jorge Eduardo crea que el PUSC sigue siendo el “gran” partido de sus años dorados y yo crea que no es más que un mal remedo de partido minoritario.

Twittear

¿Mejor salud o menor inflación?

A punta de no haber hecho prácticamente ninguna inversión en cuatro años, unido a un tímido pero encomiable esfuerzo por mejorar la recaudación en los últimos dos años, la Administración Pacheco ha mejorado significativamente la situación fiscal, en comparación con los desastrosos primeros dos años del cuatrienio. La excusa para detener la inversión pública ha sido reducir el déficit para controlar la inflación. La realidad nos demuestra que, en vez de controlar los precios, la inflación más bien se ha disparado en los últimos dos años. Como resultado de la poca o nula inversión pública, la infraestructura y la educación se han deteriorado de manera tangible, y el cuadro de salud pública se ha estropeado. Recordemos que el número de casos de dengue este año supera en casi 300% los del año pasado.

En el 2001, el déficit del sector público fue del 2.92% del PIB. En el peor de los años de la Administración Rodríguez, el déficit del sector público fue del 3.76%. En los primeros dos años del actual gobierno el déficit fue de 5.39% y 4.50% respectivamente. Para el 2003 el déficit bajó al 3.63%, y para este año se espera una nueva reducción. Sin embargo, la inflación más bien ha crecido. Y a cambio, todo lo demás se ha deteriorado.

La inflación, valga la aclaración, puede tener muchos orígenes, y el déficit fiscal es uno de ellos. Sin embargo, la inflación es un problema primordialmente monetario: cuando la cantidad de dinero crece más rápido que la producción, cada vez hay proporcionalmente más dinero para comprar cantidades proporcionalmente menores de bienes, y los precios tienden a subir. Puesto más simple: si en una economía ficticia existen únicamente 100 colones y 10 chunches, cada chunche alcanzará un precio de 10 colones. Pero si al año siguiente hay 120 colones y la cantidad de chunches crece a 11, ahora el chunche pasará a valer 10.91 colones (120 entre 11). Ergo inflación. Por ello, en una versión económica de “zapatero a tus zapatos”, la recomendación que dan los economistas modernos es que para atacar la inflación se deben de usar instrumentos monetarios, no fiscales. De manera que no sorprende que a pesar de la reducción del déficit, la inflación se haya salido de control.

El problema es que los instrumentos de política monetaria de que usualmente dispone el Banco Central para combatir la inflación, han dejado de servir por causa de una política cambiaria obsoleta y que contradice los objetivos de crecimiento económico y menor inflación. Este tema fue explicado en un artículo anterior, que recomiendo leer a quienes quieran profundizar un poco en él.

Combatir la inflación utilizando como instrumento una política fiscal restrictiva, presenta problemas por partida triple: no es eficaz, provoca estancamiento o contracción de la economía, y resulta en un deterioro de los indicadores sociales y en la competitividad de los productores. El Defensor Adjunto de los Habitantes, don Daniel Soley, lo ha expresado de una forma muy clara. Según un artículo de La Prensa Libre de hoy,

Soley manifestó que la acción del gobierno en reducir o limitar el uso de las asignaciones presupuestarias a los campos prioritarios de desarrollo social, como es el caso de la salud, con el propósito de sanear las finanzas públicas o bajar el ritmo inflacionario constituye un error grave que incide en el progreso mismo de la sociedad, y la realización efectiva de los derechos humanos de los y las habitantes.

El mensaje de este artículo, y la razón por la cual compliqué con tanta explicación económica las muy claras palabras de este señor Soley, es que la supuesta dicotomía entre salud e inflación no existe, como tampoco existe entre infraestructura e inflación ni entre educación e inflación. No es cierto que tenemos que escoger entre tener menor inflación o mejores condiciones de salud, como se deduce de las políticas del actual gobierno. La realidad nos ha demostrado que las erradas políticas gubernamentales más bien han producido mayor inflación a la vez que – gracias a la falta de inversión social – se nos descalabró la salud, la educación, la infraestructura, y quién sabe cuántas cosas más. Si este gobierno hubiera hecho algo para combatir la inflación desde las políticas cambiaria y monetaria, no hubiera sido necesario reducir la inversión social, y hoy tendríamos una inflación más razonable, y una calidad de vida significativamente mejor.

En la propuesta de Presupuesto Nacional para el 2006 que el actual desgobierno envió a la Asamblea Legislativa, iba un recorte de 2.500 millones de colones en el campo de la salud, con respecto a lo que el Ministerio de Salud había solicitado a Hacienda. Y a riesgo de cansar con el cuento, no olvidemos que el 2005 ha sido el peor año en la historia del dengue en nuestro país, y que para el 2006 no sólo es necesario reducir su incidencia, sino que el país debe de prepararse para impedir la entrada de la epidemia de la gripe aviaria. No se sabe a ciencia cierta si en el Presupuesto finalmente aprobado ayer, los diputados reasignaron los 2.500 millones a Salud; según el artículo mencionado de La Prensa Libre la Ministra dice que si, pero el Defensor adjunto cree que no. Tampoco sabemos cómo se compara el monto presupuestado para Salud en el 2006 (con y sin los 2.500 millones de colones) , con el monto efectivamente asignado en el 2005. Lo que si sabemos es que el presupuesto de este año fue a todas luces insuficiente.

En otras ocasiones lo hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo. El daño que el actual gobierno le ha hecho al país va mucho más allá del 8 de mayo del 2006. Nos tomará muchísimos años recuperar la infraestructura, la educación, los índices de salud, y el poder adquisitivo que hemos perdido en estos cuatro años. La miopía de don Abel Pacheco y su equipo es realmente sorprendente: a pesar del clamor popular, insistieron en recortar el gasto público a su nivel vegetativo; a pesar de la evidencia de los resultados en contrario, insistieron en usar la política fiscal para combatir la inflación. Y a pesar de que cada día resulta más evidente que el más inmediato problema del Estado costarricense es uno de gasto superfluo e ineficiente, insisten en crear nuevos impuestos (que también tienen un efecto inflacionario y contraccionario a la vez) en vez de corregir la situación del gasto. Lo más triste es cuánta gente, viendo el fracaso de las actuales políticas, sigue creyendo que la solución es darle más ingresos a nuestro – hoy por hoy – inepto Estado.

Twittear

Los candidatos y la infraestructura

Siguiendo con el análisis del reportaje de Actualidad Económica sobre las posiciones de cinco candidatos con respecto a una serie de temas considerados por esa revista como cruciales para la “agenda complementaria” del TLC, les ofrezco hoy el resumen – comentado – de lo que dicen en materia de Infraestructura.

Antonio Álvarez sigue dejando la impresión de que no está preparado para gobernar. Si bien desde una perspectiva filosófico-ideológica parece tener claro el rumbo general que daría a las cosas, cuando tiene que hablar de propuestas específicas, en vez de hacerlas dice que hace falta más diagnóstico. En este caso dice, por ejemplo, que “debemos definir una lista de inversiones urgentes en materia de puertos, carreteras y aeropuertos” y “determinar aquellas en las que el volumen de tráfico permitiría realizar la obra mediante la figura de la concesión”. Uno esperaría que esas cosas ya estuvieran definidas, de manera que no se desperdicien en estudios y diagnósticos los muy valiosos meses de “luna de miel” de que disfruta todo gobierno nuevo. Insisto: después de cuatro años de absoluta inacción gubernamental, el país no puede darse el lujo de elegir a un gobernante que aún no tiene claro lo que llegará a hacer. Es una lástima, porque las ideas generales de don Antonio son buenas (en la opinión de quien escribe este comentario). En otros temas, dice don Antonio que declararía un estado de emergencia en infraestructura para agilizar la ejecución de las obras viales que no se hagan por concesión, y que avala la figura de la concesión para el desarrollo portuario.

Oscar Arias se va en una pura hablada, quejándose del estado en que se encuentra la infraestructura nacional, pero sin proponer soluciones. Al final, dice que en acato a una resolución de la Sala IV, se invertirán $130 millones anuales en las labores de CONAVI, con $100 millones para la infraestructura nacional y $30 millones para la cantonal. Esta es una señal positiva; representa más del doble de lo que se está invirtiendo hoy, pero no es la invención de la rueda: en los años 2000 y 2001 el gobierno invirtió en infraestructura montos aproximados o superiores a los $130 millones. Y ahora sabemos que dicha inversión no resultó suficiente. Por último, don Oscar Arias habla de continuar dando impulso a los ferrocarriles urbanos y de la necesidad de modernizar los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber (Liberia). Lamentablemente no proporciona mayor detalle.

Otto Guevara pareciera haberse contagiado de Antonio Álvarez en este tema, al afirmar que es necesario “determinar por qué no ha sido posible salir adelante” con los procesos de concesión. Una de las labores más importantes de un equipo de campaña es justamente hacer el diagnóstico antes de alcanzar la Presidencia, de manera que las soluciones sean presentadas al público durante la campaña y puedan ponerse en ejecución desde el primer día de gobierno. Por lo demás, don Otto basa su propuesta en reactivar las concesiones, lo cual puede servir para construir nuevas obras y hasta para reparar, ampliar y administrar algunos activos existentes, pero el simple mantenimiento vial no es una labor que se adecue a la figura de la concesión, y es una labor tremendamente necesaria que habrá de cumplir el Estado (y de eso no nos dice nada). En lo positivo, Guevara resalta la necesidad de simplificar los procedimientos licitatorios y de mejorar la forma de hacer contratos y licitaciones, pero todo referido a la figura de la concesión. Menciona, finalmente, cuatro proyectos que – entre otros – serían impulsados en una administración suya: una carretera a 4 carriles entre Peñas Blancas y Barranca, la ampliación y administración del Aeropuerto de Liberia, y la finalización de las carreteras Costanera Sur y Cuidad Colón-Puntarenas.

Otón Solís es partidario de desarrollar los puertos y aeropuertos utilizando la figura de la concesión de obra pública, así como la construcción de un canal seco que una ambos océanos. También habla de “rescatar” el ferrocarril, aunque sin relacionarlo con la concesión de obra. Destaca en su discurso la necesidad de llevar adelante los procesos licitatorios siguiendo estrictas normas de ética y transparencia, y apego a estrictos estándares ambientales. Hasta aquí, nos parece que sus planteamientos son buenos. Con respecto a la red vial nacional y cantonal, don Otón pareciera creer que el problema se soluciona nombrando gente que sepa administrar bien los recursos. Sus palabra textuales son: “Muchos de [los] errores del presente se deben a que se nombra gente que no sabe administrar dinero”. Si eso es lo que cree, demuestra un preocupante desconocimiento de cómo funcionan las cosas en la administración pública. Por supuesto que es indudablemente necesario tener gente capaz al frente de las entidades y programas. Pero tenemos el ejemplo de gente muy exitosa en el sector privado – de quienes no tenemos la menor duda de que saben cómo administrar dinero – que no han podido echar la maquinaria pública a andar. Sólo en el CONAVI podemos mencionar a don André Garnier y a la actual Contralora, doña Rocío Aguilar. El problema no es única ni principalmente de personas. Para empezar, en el tema del mantenimiento vial necesitamos el compromiso de que se va invertir la totalidad de los recursos recaudados con ese fin, y de eso don Otón no dice nada en esta entrevista. Y segundo, es necesario revisar la mecánica de los procesos licitatorios y reducir las instancias de apelación para que ellos lleguen a feliz conclusión. Creer que con solo nombrar al más gato de los administradores se van a resolver los problemas, es desconocer la historia reciente de nuestro país.

Ricardo Toledo no se sale de su papel de candidato de relleno. Nuevamente, cero propuestas, cero pensamiento. Únicamente habla de la necesidad de concluir proyectos que ya se iniciaron (como el de la carretera de Caldera), y de mejorar la infraestructura vial nacional y cantonal. No dice cómo, ni cuáles serán sus prioridades; lo único que si se acuerda de decirnos es que el Estado no tiene los recursos para hacer estas cosas. Por último, y para reconocerle algo positivo, dice que reactivaría el transporte de carga por ferrocarril.

Conclusión:cuando ayer me embarqué a hacer este análisis, pensé que me ayudaría a decantarme por un candidato. La realidad es que, después de haber analizado sus propuestas en dos áreas para mí de la mayor importancia, como lo son educación e infraestructura, la labor más bien se me está poniendo cuesta arriba. Y no porque haya encontrado multitud de respuestas satisfactorias, sino justamente por lo contrario. Antonio Álvarez parece tener buenas ideas pero no estar preparado para gobernar; Oscar Arias ofrece capacidad comprobada para ejecutar, pero exhibe un ideario algo anticuado de cosas que ya se han hecho sin mayor éxito; con Otto Guevara me une la creencia de que el Estado debe de limitarse a cumplir a cabalidad un pequeño número de funciones primordiales y actuar como facilitador para que el resto de servicios los provea el sector privado, pero me separa la observación de que áreas que en mi opinión son responsabilidad ineludible del estado, como lo son la educación y el mantenimiento vial, en la de él parecieran ser actividades que perfectamente se podrían dejar en manos privadas; Otón Solís cree que la luna es de queso y que las leyes de nuestro país son suficientemente buenas para impulsar el desarrollo, y que todo es cuestión de poner gente que sepa administrar dinero; y de Ricardo Toledo no puedo decir más que agradezco su candidatura porque nos da qué reírnos con sus ocurrencias y tonteras. Pero la búsqueda de más información continúa, y confiamos llegar a febrero con un candidato por el cual votar, aunque no estemos convencidos del 100% de sus propuestas (lo cual, hay que decirlo, nunca ha sido la intención ni sería razonable de esperar).

Twittear

Los candidatos y la educación

En el número actual de la revista Actualidad Económica, vigente hasta el 30 de noviembre, me he encontrado un interesante reportaje sobre lo que piensan cinco candidatos sobre cinco temas que la revista considera cruciales para la agenda complementaria que permitiría al país sacar el mayor provecho del Tratado de Libre Comercio. Los candidatos son Antonio Álvarez, Oscar Arias, Otto Guevara, Otón Solís, y Ricardo Toledo. Las áreas temáticas sobre las que fueron interrogados son Educación, Infraestructura, Sector Agrícola, Apoyo a las PyMEs y Simplificación de Trámites, y Apertura de Servicios Públicos. Por consideraciones de longitud, en este artículo les presento un resumen de lo principal en materia de Educación, todo a juicio de quien escribe estas líneas y salpicado, por supuesto, con mis propias opiniones e interpretaciones.

Antonio Álvarez empieza con algunas afirmaciones generales pero esperanzadoras. Dice que hay que mejorar los índices de educación y aclara que no se refiere sólo a los cuantitativos (años de escolaridad), sino también a los de calidad y pertinencia de la educación. Además afirma que la educación es la herramienta por excelencia que permitirá cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza, con lo que La Suiza Centroamericana coincide plenamente. También dice que la competitividad del país se debe basar en el conocimiento y no en la mano de obra barata. Touché! Lamentablemente, al pasar a las propuestas, dice que es necesario “encontrar las razones por las cuales los múltiples esfuerzos que se han realizado para mejorar el sistema educativo no han tenido impacto”. Esto suena a dedicar el gobierno a hacer diagnósticos; uno hubiera esperado que a estas alturas el diagnóstico estuviera hecho y existieran las propuestas concretas para resolver los problemas detectados. Creo que el país no tiene tiempo para seguir haciendo diagnósticos; cuando una persona aspira a la Presidencia lo ideal sería que esa decisión fuera resultado de su análisis previo de la realidad nacional (incluyendo los diagnósticos necesarios), y de la convicción de que sus propuestas son viables y resolverían los principales problemas detectados.

Oscar Arias demuestra, en este tema más que en cualquier otro, ser el político de “lo mismo de siempre”. Más allá de su propuesta de destinar el 8% del PIB a la educación (hoy en día la Constitución exige el 6%, pero los entendidos no creen que se esté cumpliendo), propone “aumentar las tasas de matrícula en la educación secundaria, crear un sistema de subsidios a las familias más necesitadas, mejorar el nivel de enseñanza de la matemática, de la informática y del idioma inglés en nuestras escuelas, fortalecer el desarrollo de destrezas vocacionales y otras competencias para el trabajo y hacer posible el acceso de todos nuestros centros educativos a la Internet y a bibliotecas bien suplidas”. El problema, como lo dijo Álvarez Desanti, es que ya existen programas para lograr todo eso y, evidentemente, no están funcionando. Más dinero, siempre bienvenido en un tema fundamental como la educación, difícilmente logrará cambiar algo si el problema es que los programas están mal diseñados. Como ya lo hemos dicho a propósito de el Plan Fiscal, primero es necesario revisar el gasto y mejorarlo, antes de echar más plata al inodoro.

Otto Guevara habla de “mejorar la calidad del gasto público en educación”, lo cual nos suena muy bien, pero también parece estar casado con la idea de no destinar ni un cinco más a la educación, cosa que concluida a priori nos parece un error. Estamos de acuerdo en primero optimizar el gasto, pero no en cerrarnos a la posibilidad de que después resulte necesario invertir más recursos públicos en educación. A favor del Movimiento Libertario, diré que es el único que hace una propuesta innovadora de reforma educativa, aunque no por ello original (ni aceptable). Básicamente imita una idea que han propuesto los Republicanos en Estados Unidos desde hace poco más de una década, que es la de entregar a cada estudiante un “voucher” o cupón equivalente a una cantidad predefinida de dinero. La escuela en que se matricule el estudiante recibirá del Estado el monto estipulado en el cupón, de manera que su presupuesto dependerá de la cantidad de alumnos que logre matricular. Si es una escuela privada, el alumno pagaría la diferencia entre el “voucher” y la matrícula establecida. La propuesta incluye además – como elemento necesario para su éxito – una mayor descentralización, dando a las Juntas Escolares mucha mayor autonomía para definir su oferta educativa. De esta manera, se estaría fomentando una especie de régimen de competencia entre las escuelas, y el sistema sería mucho más flexible que hoy para adaptar el currículum a las necesidades de poblaciones o regiones específicas. Un objetivo – no estipulado abiertamente – de un programa de “vouchers” como este, es dar la posibilidad de una educación privada a estudiantes de clase media que hoy no pueden darse ese lujo. Un problema importante es que este sistema, hasta donde tengo conocimiento, no ha sido probado en gran escala en ninguna parte, y si bien don Otto Guevara habla de hacer una prueba piloto en escuelas unidocentes, típicamente este tipo de escuelas existe donde no hay otras alternativas de educación, de manera que el componente “competitivo” de la propuesta no sería puesto a prueba. Otro problema es que, hasta la fecha, casi todos los esfuerzos de descentralización que ha llevado a cabo el Estado costarricense se han topado con la triste realidad de la falta de preparación de las personas encargadas de los órganos descentralizados (las Juntas de Educación en este caso). No está demás decir que dejar la educación pública en manos de gente sin preparación, no es aconsejable. Por último, si las escuelas públicas quedan en manos de gente sin la preparación adecuada y los estudiantes tienen ahora mayores posibilidades económicas (gracias al “voucher”) de optar por una educación privada, esta podría ser una receta para la desaparición de la educación pública, lujo que el país no puede ni debe darse.

Otón Solís centra su propuesta en dos áreas: la universalización de la enseñanza del idioma inglés, e incrementar la inversión en ciencia y tecnología. A mi gusto, se olvidó del bosque para concentrarse en un par de árboles, y ni siquiera se trata de los árboles dominantes del ecosistema. En La Suiza Centroamericana creemos en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés y en la necesidad de universalizarla. Para lograr ambas cosas Otón Solís hace propuestas específicas que aplaudimos, tales como un programa de capacitación a los docentes durante los primeros dos años de gobierno, y la introducción del segundo idioma desde la educación preescolar. Propone incluso una meta a 20 años plazo, que tendríamos que analizar con mucho detenimiento y mayores elementos antes de opinar sobre ella: que la mitad de las asignaturas se lleguen a dar en idioma inglés a todos los escolares del país. Sobre la inversión en ciencia y tecnología no profundiza; simplemente se limita a afirmar que es necesario incrementarla del 0.4% del PIB (actual) al 1.5% del PIB durante un eventual gobierno del PAC, y al 3% del PIB en un plazo de 15 años. De dónde saldrán los recursos o cómo y para qué se van a utilizar, son temas que no toca don Otón en esta ocasión. Pero, a fin de cuentas, creemos que la educación en Costa Rica presenta problemas desde su concepción, desde la definición de sus objetivos, además de los consabidos problemas de poca cobertura y alta deserción que es imperativo resolver. Lamentablemente las propuestas esbozadas por Solís son muy puntuales y se olvidan del panorama global de la educación.

Ricardo Toledo es otro que se olvidó de ver el panorama completo de la educación, y únicamente hace postulados generales sobre la importancia de la educación técnica y la necesidad de producir un “mayor número de mano de obra calificada que nos permita atraer mayores inversiones”. Pareciera que, como lo dijimos en una ocasión anterior, la propuesta de Toledo es educar a la gente para ser operarios de fábrica. Y no es que no creamos en la necesidad de una buena educación técnica para quienes no tienen otro horizonte; es que el problema de la educación en Costa Rica reside en que no está diseñada para fomentar la “empresarialidad” (“entrepreneurship”, en inglés) ni la curiosidad académica. Por lo demás, lo que nos dice (o nos deja de decir) don Ricardo es reflejo de lo que es la costumbre de su campaña: ninguna propuesta específica; ni siquiera una serie de postulados generales que al menos le indiquen al votante por dónde anda la procesión.

Como lo dije la vez pasada que hice un análisis de esta naturaleza, me parece muy valioso el ejercicio que nos presenta en esta ocasión Actualidad Económica. Para quienes aún buscamos un candidato que nos haga sentirnos cómodos si votamos por él, este tipo de reportaje es lo que necesitamos para tomar una decisión informada, máxime que hasta ahora sólo un partido (PAC) ha publicado su Plan de Gobierno y otro (PLN) ha anunciado su pronta publicación. Les prometo en el futuro cercano analizar las posiciones de los candidatos en los demás temas incluidos en el reportaje que dio origen a este comentario.

Twittear

El escorial

Para las elecciones del próximo año, hay 14 partidos políticos disputándose la Presidencia de la República. Ante tal proliferación de candidatos, es imposible conocerlos a todos o tan siquiera saber sus nombres, mucho menos lo que piensan. En algunos artículos anteriores hemos comentado diversos temas de política electoral limitándonos a tal vez seis de los candidatos, “los que más suenan”, y ni siquiera nos hemos molestado en mencionar a los demás. Y si no fuera porque con su estupidez nos dan de qué hablar, no los mencionaríamos hoy tampoco, siendo que la más reciente encuesta refleja una intención de voto de apenas el 5% para la categoría Otros, que consiste de una lista de 9 candidatos. Hoy vamos a enfilar nuestras críticas hacia tres de esos candidatos de relleno.

En primer lugar, nos referiremos a dos candidatos de partidos “cristianos”, si es que ese término se puede usar sin caer en imprecisiones. Don Juan José Vargas, actual diputado y candidato por el Partido Patria Primero, se lleva esta semana el título de candidato más abominable. En un debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), este predicador de plaza de pueblo metido a diputado y a candidato presidencial se rajó a decir que se había lanzado a la candidatura por

“un deber patriótico porque me metí como una última opción pacífica para cambiar el país. Si no gano, voy a cambiar la Biblia por una AK 47”.

Yo creía que en Costa Rica uno de los pocos requisitos para aspirar a la Presidencia era respetar el ordenamiento jurídico del país; que en este país los partidos que proponen el uso de la fuerza como medio para alcanzar el poder no tenían cabida dentro de los torneos electorales democráticos. De hecho, me enteré donde JD Clarke que el artículo 58 del Código Electoral establece que todo partido debe de hacer “formal promesa de respetar el orden constitucional, de acuerdo con su sistema de democracia representativa”. A mi me resulta evidente que estas declaraciones del Sr. Vargas son suficientes para que el Tribunal Supremo de Elecciones anule su candidatura.

“Mi Biblia por una AK 47”. Al mejor estilo de Ricardo III. Pero, le aclaro a mis lectores, al verse perdido en el campo de batalla, Ricardo III lo que quería era canjear su reino por un caballo con el cual salir huyendo. Aquí pareciera que hay una inversión de papeles; si don Juan José hubiera vivido en esa época, le hubiera servido a Ricardo III para huir. Este zarandajo de candidato nos haría un gran favor si, leyendo las encuestas, huyera al verse perdido, en vez de andar lanzando amenazas sin sentido. Sólo eso nos falta aquí: un fundamentalista con ganas de imponernos por la fuerza su interpretación de los designios divinos para Costa Rica.

Seguimos con don Bolívar Serrano, candidato presidencial del Partido Renovación Costarricense, otro partido “cristiano”, que por cierto fue el que nos hizo el favor de llevar a aquel otro escalador de monumentos de cuyo nombre no quiero acordarme a la Asamblea Legislativa. Resulta que don Bolívar, otro predicador de plaza de pueblo, habló la semana pasada con Dios, y el Altísimo le confirmó que él ganaría las elecciones presidenciales. Creo que estas declaraciones de don Bolívar no requieren de mayor comentario, máxime viniendo de un candidato que muy probablemente no saque ni el 1% de los votos. El Partido Renovación Costarricense obtuvo el 1.07% de los votos en las elecciones del 2002, y con tan desteñida labor parlamentaria es difícil prever que repitan semejante hazaña.

Lo que yo me pregunto, muy a propósito de estas declaraciones de Juan José Vargas y de Bolívar Serrano, es qué habrá pasado con aquello que me enseñaron en las clases de Cívica en el cole, de que los religiosos no pueden aspirar a puestos políticos ni de elección popular. Porque hasta donde logré entender, la prohibición se refería cualquier líder religioso; quisiera creer que el impedimento no era exclusivo para las sotanas de la Iglesia Católica. Ya en otra ocasión escribimos sobre la conveniencia de la separación entre estado e iglesia; valga entonces agregar que creemos necesaria la separación entre estado y cualquier iglesia, entendiendo por iglesia la “oficialía” de cualquier religión. ¿Si un cura católico no puede aspirar a la Presidencia de la República, por qué un predicador cristiano si? ¿Por qué un partido que usa como insignia un símbolo religioso puede participar en la vida política nacional? Ya va siendo hora de que nos demos cuenta del peligro que representa tanta permisividad. Tal vez deberíamos de estar agradecidos con los candidatos Vargas y Serrano por exponerlo de una manera tan clara.

Concluimos el artículo con don Humberto Arce, actual diputado del Bloque Patriótico y candidato presidencial del Partido Unión Patriótica. El día de ayer nos alborotó con su anuncio de que haría espectaculares revelaciones de los negocios turbios de Oscar Arias. Quien escribe estas líneas, que ya en otras ocasiones se ha declarado no-Arista, pero anda buscando una buena razón para no votar por él que no sea “porque me cae mal”, esperó las “revelaciones” con ansiedad. ¿Qué hubo al final de cuentas? Una vulgar cortina de humo, nada más. La gran denuncia fue que tres empresas constructoras contratadas por una empresa propiedad de los hermanos Rodrigo y Oscar Arias Sánchez para construir una urbanización en Heredia en la década pasada, están morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Si bien en La Suiza Centroamericana no condonamos la morosidad ni la evasión, tenemos muy claro que no se puede culpar a ninguna persona ni empresa por las malas acciones de sus proveedores o subcontratistas que están bajo administración independiente. Si esto que acabo de decir salió muy enredado, entonces pregúntese usted, estimado lector, si tiene seguridad de que el pulpero donde acostumbra comprar su melcochón para el desayuno del domingo paga sus cuotas obrero-patronales. ¿El dueño del restaurante donde cenó el sábado pasado? ¿El empresario autobusero de la ruta que usted usa? Y si resultara que alguno de ellos evade sus pagos o está moroso, ¿se creería usted culpable de ello? ¿Ha construido usted casa? ¿Está seguro de que la empresa constructora paga puntualmente la totalidad de sus cuotas a la CCSS?

Don Humberto, a los políticos como usted – arribistas, oportunistas, y egomaníacos – ya los conocemos. El pueblo les dice políticos tradicionales. No importa que el suyo sea un partido nuevo. Gracias a Dios, usted es uno de los nueve de la categoría de Otros que entre todos no van a sacar más del 5% del voto.

Twittear

Un obstáculo al desarrollo

Una Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas conformada por representantes de los sectores público y privado, que se ha estado reuniendo a lo largo de ocho meses bajo la coordinación de un experto internacional en la materia, ha encontrado serias deficiencias en la Contraloría General de la República. Sus conclusiones son lapidarias:

“La Contraloría no es lo suficientemente abierta y transparente; existe una debilidad institucional en lo que respecta a planificación; se percibe que el ente fiscalizador del Estado abusa de su poder al imponer criterios en determinadas resoluciones, al tiempo que se ha convertido en juez y parte, pues no actúa de forma proactiva y más bien propicia la lentitud en los trámites y que el proceso de refrendo se considera complejo y engorroso sobre todo en lo concerniente a los trámites y plazos”.

En varias ocasiones nos hemos referido en La Suiza Centroamericana a este tema. Hemos dicho muchas veces que las leyes y procedimientos de la contratación administrativa tienen que ser profundamente reformados, ya que lo que tenemos hoy no permite al Estado llevar a cabo ninguna contratación importante. Ejemplos abundan: la construcción de la carretera San José – Caldera fue adjudicada hace unos cinco años, sin que a la fecha haya podido arrancar; las concesiones para la operación y ampliación de varias terminales de Puerto Caldera también fueron adjudicadas desde el gobierno anterior y aún no ven la luz del día; el proyecto de “internet avanzada” sufrió atrasos durante cuatro años, de manera que cuando el ICE finalmente lo pudo lanzar, de avanzada lo único que le quedaba es el nombre. Cuando se logra concretar la contratación, después de años de intentarlo, resulta imposible ejecutar las obras por las múltiples trabas existentes, muchas de las cuales son puestas en el camino por una Contraloría que no termina de entender cuál es su verdadero y legítimo papel. Como ejemplo de esto último basta decir una palabra: Alterra.

Hace poco más de seis meses, cuando La Suiza Centroamericana estaba en pañales y la mayoría de mis lectores actuales no me habían descubierto, escribí una crítica a la Contraloría, que verdaderamente les recomiendo leer. Entre otras cosas, concluí lo siguiente:

“Mientras la Contraloría General de la República no entienda que su función, al menos en el campo de la infraestructura, es facilitar los procedimientos de contratación asegurando su transparencia y la calidad de los resultados, este país no va a salir del atolladero”.

Pero las críticas de la Comisión son mucho más severas. Encontró que en la Contraloría se dan criterios duales, y no están estandarizados los criterios de elaboración de carteles, de evaluación de ofertas y de adjudicación. En otras palabras, lo que es aceptable en un cartel o en una adjudicación, es rechazado en el siguiente, con lo cual la administración pública no sabe a qué atenerse. Y no perdamos de vista la aseveración de que la Contraloría “más bien propicia la lentitud en los trámites”. Un verdadero obstáculo al desarrollo.

Los artículos periodísticos (La Prensa Libre, La Nación, Diario Extra) cubriendo el informe de esta Comisión de Transparencia son bastante escuetos, por lo que no nos queda más que suponer que han hecho recomendaciones puntuales y específicas para introducir cambios en la Contraloría y en la legislación. Confiamos además que la actual Contralora tendrá la suficiente gallardía para impulsar los cambios que resulten necesarios.

Pero no todo es culpa de la Contraloría. Otro tema al que nos hemos referido en infinidad de ocasiones en La Suiza Centroamericana es a la posibilidad que tienen los participantes en las licitaciones públicas de presentar apelaciones casi sin limitaciones, prácticamente impidiendo la ejecución de los contratos.

Abundan en el país los abogados que viven de embarcar a sus clientes a apelar licitaciones. Y las posibilidades que la ley les otorga son casi infinitas. En primer lugar, las empresas participantes pueden objetar el cartel de licitación, cosa que pueden hacer primero ante la administración que lo produjo, y luego ante la Contraloría General de la República. Si estas apelaciones son rechazadas, el interesado puede acudir a la Sala Cuarta si considera que sus derechos constitucionales han sido violados con la publicación del cartel de licitación. Asumiendo que eventualmente el cartel queda en firme, se procede a la recepción y evaluación de ofertas. En el caso de una institución autónoma, su Junta Directiva hace la adjudicación (en teoría, siguiendo la recomendación de los técnicos de la institución). Las empresas participantes pueden apelar el acto de adjudicación ante la misma Junta Directiva. Si la apelación es rechazada, las empresas pueden acudir entonces a la Contraloría, cuya primera decisión también puede ser apelada directamente ante la oficina del Contralor. Cuando el Contralor General emite su resolución final, se agota lo que los abogados llaman la vía administrativa (es decir, se acaban las instancias de apelación ante la administración pública). Pueden entonces acudir los interesados a los tribunales de justicia, planteando un juicio contencioso-administrativo. La resolución de este tribunal puede ser apelada ante una corte superior. Y si todavía queda alguien insatisfecho, puede acudir a la Sala Constitucional una vez más. Además, cuando las apelaciones son verdaderamente mal intencionadas, se enreda el procedimiento con denuncias penales en contra de los funcionarios públicos responsables de la adjudicación y en contra de las empresas competidoras, con lo cual muchas veces no se puede continuar el trámite de adjudicación hasta tanto no se resuelvan estas acciones paralelas.

De manera que simultáneamente con los cambios que se deberán hacer en la Contraloría, se debería de poner un límite a las instancias de apelación. De no ser así, las mejoras en la CGR caerán en el vacío.

Twittear

Nuevos impuestos, más burocracia

Mientras que algunos creen que subir los impuestos nos hará ricos, otros creen que la manera de combatir la burocratización del sector público es creando nuevas burocracias. Por extensión, podríamos concluir que exponernos al mosquito del dengue disminuiría la probabilidad de contagiarnos.

Un reportaje de La Nación del día de hoy nos informa que en este momento existen en la Asamblea Legislativa tres proyectos para crear nuevas entidades públicas cuyas funciones vendrían a duplicar las de instituciones existentes. Se trata de proyectos regionalistas, probablemente bien intencionados en su afán de resolver problemas que tienen regiones del país alejadas del Valle Central, pero tan mal diseñados que resulta peor la medicina que la enfermedad.

El diputado Julián Watson (PLN, Limón) propone la creación de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA), la cual se financiaría mediante un nuevo impuesto de $0.50 por tonelada de mercadería movida a través de los puertos del Caribe. Considerando que entre importaciones y exportaciones el año pasado se manejaron 8 millones de toneladas en el complejo Moín/Limón, este proyecto generaría unos $4 millones de dólares; casi dos mil millones de colones al tipo de cambio actual.

ECIMACSA crearía un Centro Científico Marino, un parque industrial, un proyecto para drenar los ríos y reducir el impacto de las inundaciones, y apoyaría la construcción de infraestructura (puentes, puertos, aeropuertos). En el proyecto original se incluía un mercado de artesanías, un paseo turístico del mar, y una iniciativa turística en Isla Uvita, que no sabemos si sobreviven en la versión actual. Además del absurdo de encargar tareas tan disímiles a una sola institución, no olvidemos que en la provincia de Limón ya existe una institución encargada de promover proyectos para el desarrollo regional. Se trata de JAPDEVA, cuyas siglas quieren decir Junta de Administración Portuaria y de DESARROLLO de la Vertiente Atlántica.

En un artículo que escribí hace seis meses, había hecho un análisis de cómo podría impactar este proyecto de ley a los exportadores, pequeños, medianos y grandes. No lo voy a repetir aquí por consideraciones de espacio. Me quiero concentrar en las justificaciones que da el Diputado Watson para la creación de este nuevo elefante blanco. Cuando el periodista de La Nación le preguntó que para qué una nueva entidad si vendría a duplicar las funciones de JAPDEVA, le contestó que la nueva burocracia es necesaria porque “el Estado está muy burocratizado”, y que “JAPDEVA […] está colapsada, más del 80% de los recursos se destinan a la administración”.

Encuentro tremendamente interesante que la solución propuesta a un estado burocratizado sea crear más burocracia. Además, si JAPDEVA está colapsada, ¿por qué no la arreglamos o la cerramos? ¿Por qué crear una nueva institución con objetivos muy similares (al menos en parte)? Dice don Julián que es que “la nueva institución tiene objetivos definidos”. Pero resulta que si uno se lee la ley de creación de JAPDEVA, también la Junta tiene objetivos definidos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con esta nueva entidad? El asunto radica en que ECIMACSA es una sociedad anónima; que si bien el Estado es propietario del 100% de sus acciones, al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Puede ser que eso le de mayor agilidad, pero ¿quién garantiza que los recursos se utilicen como debe de ser si esa empresa prácticamente queda por la libre? Es que 2.000 millones de colones anuales es mucha plata como para que quede sin control.

Otro de los proyectos es para la creación de la Empresa de Servicios de Pérez Zeledón, entidad municipal que según su proponente (Paulino Rodríguez, PLN, Pérez Zeledón) se encargará de brindar servicios de alcantarillado, alumbrado público, electricidad y hasta telefonía. Lo interesante de esta propuesta es que la Municipalidad, a través de la empresa de servicios públicos, tendría que negociar con el ICE y con AyA para administrar su infraestructura en la región. Con lo debilitado que está el régimen municipal en nuestro país, ¿a quién se le puede imaginar que la Municipalidad de Pérez Zeledón tendrá los recursos para contratar los ingenieros hidráulicos y eléctricos y mecánicos y demás expertos que requiere la administración y mantenimiento de las redes de acueductos, alcantarillado, eléctrica y telefónica? Por supuesto, se crearían nuevos impuestos para hacerlo, y la lista es impresionante:

1) El 10% de lo que se recaude del impuesto a las habitaciones que el ICT cobra a los hoteles del cantón se trasladaría a la Municipalidad. Este no es un impuesto nuevo, es un destino nuevo para un impuesto existente y cuyo acto generador, el turismo, nada tiene que ver con el objeto de esta ley.

2) se cobraría un impuesto del “50% del valor bruto de la producción de las explotaciones de recursos naturales y no renovables de Pérez Zeledón”. Ojo, si usted va a sacar materiales de un tajo en el cantón de P.Z., deberá entregar a la Municipalidad el 50% del precio de venta de los materiales. Del otro 50%, podrá usted pagar salarios, dar mantenimiento a su maquinaria, hacer todos los demás gastos relacionados con el manejo de su empresa, y sacar una ganancia. No hay que ser vidente para entender que el costo de la construcción se va a disparar en San Isidro.

3) La mitad de los ingresos de los parques nacionales y áreas protegidas ubicadas en el cantón irán a financiar a la Empresa de Servicios Públicos. Eso es tener visión: dejar sin la mitad de sus ya de por sí magros ingresos a los parques nacionales, donde se preserva lo poco que queda de recursos naturales y biodiversidad más o menos intactos. Es un hecho que los parques nacionales son la principal razón por la cual el turista extranjero visita Costa Rica, también es conocida la falta de recursos que acusa el Sistema Nacional de Áreas de Conservación; quitémosle la mitad de sus ingresos, y tal vez los turistas dejen de visitar la zona de P.Z. cuando los servicios en los parques se empiecen a deteriorar, y entonces la empresa de Servicios Públicos se quedará sin estos ingresos y sin los provenientes del impuesto a las habitaciones hoteleras. Y de paso, un montón de gente que vive del turismo en la región perderán sus empleos, sus empresas, sus ingresos.

Por último, el diputado Sigifredo Aiza (PLN, Guanacaste) propone la creación de una Corporación de Desarrollo Sostenible de Guanacaste, con objetivos tan disímiles como comercializar los productos guanacastecos en el exterior y el desarrollo de infraestructura portuaria y ferrocarrilera. ¿Cómo se financiaría? Con $5 del impuesto de salida pagado por los pasajeros que usan el aeropuerto de Liberia, el 15% del impuesto sobre la renta de las empresas de la provincia, y con impuestos a la venta de electricidad y al consumo privado de agua en Guanacaste.

Hay que reconocer que estos disparates surgen de una muy triste realidad: el Estado Costarricense no atiende de manera efectiva ni oportuna las necesidades de la ciudadanía. Pero duplicar la burocracia nunca será la solución para la excesiva burocracia estatal. Y, por si no se habían dado cuenta, crear más y más impuestos con destino específico como los que son necesarios para financiar estos proyectos, es un sinsentido. Los Ministros de Hacienda nunca cumplen con los destinos establecidos en la ley, y lo que termina sucediendo es que nos quedamos con la vieja burocracia, con la nueva burocracia, y con las obras sin hacerse. Difícilmente una buena receta para el desarrollo.

Twittear

Open letter to all Costa Ricans and Nicaraguans

Dear brethren:

During these ominous days for the relations between our peoples, I would like to issue a call to prudence on both sides of our common border. A stupid border dispute promoted by two of the worst Administrations our peoples have seen in a long time, has grown out of proportion to the point where expressions of mutual resentment have been issued by – undesirable, I suspect – members of our respective societies.

First of all, please accept, my Nicaraguan (nica) brothers, the apologies of a Costa Rican citizen (tico) who feels nauseated by the inhuman lack of action of a handful of Costa Rican policemen the day of the death of José Natividad Canda. I can assure you that beyond the racist expressions of a few individuals who do not represent the Costa Rican society, the majority in this country feels that what happened that day was unacceptable and that those responsible will have to be punished in the manner provided by the law. A human being was subjected to torture for two hours, under the joyful watch of a few crass individuals and a few policemen who do not deserve to wear their uniform, and that is unforgivable. “The lad shouldn’t have been there,” they say. “The man had a criminal record”. Yes, it is true, but it is also irrelevant. The death penalty does not exist in our country, and much less the (legal) possibility to take justice in our own hands. Natividad Canda was a human being who traveled the wrong path, but because of that not less deserving of our compassion. It doesn’t matter whether he was Nicaraguan, black, Chinese, Jewish or gringo; whether he was a thief of an elementary-school teacher.

Please understand that in Costa Rica we have a legal system that works fairly well. It is sometimes slower than we would like, but in the end justice prevails. Those heartless individuals who, having had the opportunity to act to save Mr. Canda’s life didn’t do it, will have to face justice and pay for their actions and/or their omissions. Their faces were caught on video.

I beg our northern neighbors not to take this heinous incident out of context. The death of Natividad Canda was not the product of any persecution of ticos against nicas, after all the man got himself into the situation by trespassing into private property. Sadly, the Costa Rican authorities have been losing the grip on security in our country, and violent crime has become a staple in our daily lives. I invite you to check any of our local newspapers on any random day to verify this. It is not a matter of ticos against nicas, it is a matter of criminals against citizens of good will. Crime does not discriminate: both perpetrators and victims are ticos and nicas, all at once.

Regarding the San Juan river, please be assured that we ticos do not wish to make it our possession. Please understand that we have a wretch of a government that isn’t capable of handling a simple worker’s strike, much less could we expect it to know how to handle the relations with our neighbors. That you have a wretch of a government that isn’t capable of dealing with its (former) supporters; much less could we expect it to know how to deal with your neighbors. That ticos and nicas are still neighbors, friends, brothers, in spite of the imaginary conflicts that result out of the incompetence of our governments. Don’t be swayed by the opportunistic rhetoric of your political leaders of the day; you know full well that Costa Rica doesn’t have an army and it poses no real threat to Nicaragua.

It is true that Costa Rica claims navigation rights in the San Juan. Of course; but that doesn’t hide any secret pretension of ownership of the river. It is necessary that we achieve mutual recognition of the fact that our border strip is mostly covered by jungle, and that the river represents the only means of communication and is the lifeline for the residents of the area. Whether Costa Rica’s police have the right to navigate the river armed, let the International Court of Justice in The Hague decide it. For it is a matter of international law, not of the daily relationship between two peoples. But please understand that, when Costa Rica decides to resort to the International Court, it does so seeking a peaceful solution to a conflict that over the course of more than seven years, four different Administrations, two each from Nicaragua and Costa Rica, haven’t been able to resolve. We ticos know that the resolutions of that tribunal are binding; the possibility exists that the resolution will be contrary to the interests of our government. But that is better than keeping the conflict alive for ever and ever.

In the past few weeks I have addressed a couple of open letters to the political “leaders” of Nicaragua. Both were written in sarcastic style, ridiculing their turpitude just as I ridicule the turpitude of our own President (and his Cabinet) on an almost daily basis from these pages. I ask of you, my Costa Rican and Nicaraguan brothers, that we learn to differentiate what is a rift between politicians from what should be the normal relations between two sibling peoples. Abel Pacheco and Enrique Bolaños will soon be out of the political scene (and I can’t thank God enough for that); we, the common citizens, will be around for quite awhile longer.

That we have and will have differences, I have no doubt about it. Let’s learn to respect and value those things that make us unique, and let us place more importance on those that we have in common. Lets live in peace, in an environment of mutual respect and good neighborly relations. Lets make sure that our children don’t even get to know about resentment and hatred between our peoples, for we are brothers.

Sincerely,

Dean CóRnito

Twittear