Una reforma fiscal para la competitividad – Parte I

Desde este cibernético rincón, hemos montado una feroz batalla contra los paquetes de impuestos que los últimos 3 gobiernos han intentado vendernos, aunque mal disfrazados, como reformas tributarias. Ahora que los partidos de oposición se han organizado para tomar el control del Directorio Legislativo y de las comisiones permanentes y especiales del Congreso, y que han declarado muerto el paquete de ocurrencias de Fernando Herrero a nombre de Laura Chinchilla, este autor debe reconocer que considera necesaria una reforma fiscal, pero en el verdadero sentido de la palabra. Y quiere contribuir al debate tirando algunas líneas de lo que a su juicio diferencia los trillados paquetes de impuestos de una verdadera reforma.


Sin pretender entrar en una estéril discusión semántica, la clave está en que la propuesta sea una reforma fiscal, y no una reforma tributaria ni mucho menos un paquete de impuestos. La ecuación fiscal tiene dos componentes: el ingreso y el gasto. Ninguna propuesta que olímpicamente evite entrarle al tema del gasto merece ser aprobada en un país donde más del 80% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles y mayoritariamente improductivos. Ninguna institución puede justificar su existencia si para producir lo que de ella se espera se debe de gastar el 80% de sus ingresos en el personal que va a administrar el otro 20% de los ingresos. Por lo tanto, es necesario hablar de una reforma fiscal integral.

Duro como suena, es necesario como parte de cualquier reforma fiscal revisar y modificar la ley del Servicio Civil, de manera tal que se pueda ligar el desempeño a la remuneración en el sector público, y que se pueda eliminar aquellas plazas cuya existencia no tiene justificación. También es necesario hacer una revisión concienzuda de los resultados que producen una serie de oficinas e instituciones públicas que se pueden clasificar en al menos una de las siguientes categorías, y cerrar definitivamente las que no justifican su existencia:

1. Las que fueron creadas para resolver problemas puntuales y que, una vez superados, siguieron existiendo sin razón de ser. 
2. Las que duplican las funciones de otras.
3.  Las que nacieron como, o se han convertido en, botín político para dar empleos a donantes y pegabanderas.

La economía costarricense tiene un serio problema de competitividad. Durante el cuarto de siglo de vigencia del sistema de minidevaluciones, la falta de competitividad se intentó compensar manteniendo un tipo de cambio artificial que hacía que nuestras exportaciones fueran atractivas en los mercados internacionales. El resultado, como lo comenté en mi artículo anterior, fueron 25 años de inflación promedio del 14.5% anual, y la consecuente ampliación de la brecha de ingresos entre ricos y pobres. La política cambiaria beneficiaba a sectores pudientes de la economía (los exportadores), mientras que la inflación erosionaba los ingresos de quienes menos tienen. Si bien la política cambiaria atizaba el crecimiento sostenido del nivel de precios, es la falta de competitividad el factor principal para explicar la inflación crónica estructural que tiene el país y de la cual no nos hemos logrado librar en 30 años. Para ilustrárselo, piense mi estimado lector, en los gastos extraordinarios de un exportador que tiene que hacer llegar sus mercaderías desde el Valle Central al Puerto de Limón, con los constantes cierres de la carretera, los horarios caprichosos de los puertos caribeños, y las largas horas que tienen que esperar los camiones para ser descargados en uno de los puertos más ineficientes del mundo (la calidad de nuestra infraestructura portuaria quedó de 132 entre los 139 países evaluados en el Reporte de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial). Por cierto que en ese mismo reporte, la calidad de nuestras carreteras quedó en el puesto 111 de 139.

La competitividad se mejora con una política fiscal adecuada y un esfuerzo serio y significativo de simplificación de trámites. Por el lado del gasto, eliminar la burocracia que tantas trabas pone al progreso sería un buen comienzo, en especial considerando que en el índice del "tiempo necesario para iniciar un negocio", Costa Rica salió en el puesto 114 del Reporte de Competitividad. Hacer esto liberaría recursos para invertir en cuestiones tan “triviales” como formación de maestros para las nuevas exigencias de un mundo globalizado, construcción de escuelas, construcción de nuevas carreteras y reparación de las existentes, mejores puertos y aeropuertos, entrenamiento para los cuerpos policiales, construcción o ampliación de cárceles, etc. No está demás mencionar que en el apartado de “costos ocasionados a los negocios por el crimen y la violencia” del ya mencionado Reporte, nuestro país quedó en el puesto 115.

Es muy probable que el recorte de gastos no alcance para hacer las múltiples inversiones que durante las últimas 3 décadas el país ha dejado de hacer, por lo que será necesario generar mayores ingresos. Siempre en la línea de fomentar la competitividad, no podemos simplemente aumentar un par de puntos a las tasas vigentes de impuestos, o terminar de pasearnos en los pobres metiéndole impuestos a la canasta básica o aumentando los impuestos indirectos. Es necesario, en consecuencia, meterle el diente a nuestro fallido esquema tributario. Y es aquí donde quiero ser más específico en mis propuestas. Sin embargo, considerando la extensión de este artículo hasta este punto, dejaré para el próximo la presentación de mi propuesta de cómo debería de verse la parte tributaria en una reforma fiscal integral.

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