Oscar Arias y los incentivos turísticos
Hace unos años, en la década de los años noventas, reventaron sendos escándalos en el país por abusos que fueron descubiertos con los incentivos que otorgaba el estado a las empresas exportadoras (CATs) y a las turísticas (Artículo 11). En el primer caso, empresas que presentaban facturas de exportaciones falsas, recibían incentivos fiscales por esas exportaciones inexistentes. En el segundo, empresas correctamente amparadas a los incentivos fiscales que otorgaba la Ley de Incentivos Turísticos, vendían acciones a un precio menor que el valor fiscal de las mismas, pero reportaban la venta al valor fiscal, con lo cual el inversionista podía deducir de sus impuestos el importe más alto.
Las defraudaciones fueron multimillonarias; en algunos casos, prácticamente se puede decir que el Estado aportó la totalidad de los recursos para la construcción de hoteles que, por supuesto, quedaban en manos privadas. Muchos casos llegaron a juicio, y algunos de los responsables terminaron en la cárcel, o al menos eso quisiéramos creer.
Lo que yo nunca entendí es por qué debe el Estado financiar, mediante incentivos o subsidios directos, actividades empresariales que, si no son rentables, no tienen razón de existir. A principios de los años ochentas, cuando el país aún dependía de cuatro productos tradicionales de exportación (café, banano, azúcar, carne), era justificable incentivar la diversificación. De igual manera, en aquellos años cuando apenas llegaban al país 200.000 turistas anuales, tenía lógica contribuir al desarrollo de la industria turística. Lo que no era justificable es que veinte años más tarde, los mismos incentivos siguieran existiendo.
Lo lógico hubiera sido destinar todos los recursos que se fueron en incentivos, a mejorar la infraestructura productiva y turística, para eliminar así los principales obstáculos que enfrentaban los productores nacionales. Lamentablemente, lo lógico no era lo que servía a los intereses del clientelismo político. El resultado: 25 años después seguimos teniendo una infraestructura deplorable que encarece las exportaciones y dificulta el movimiento de turistas, y un puñado de rateros en las cárceles del país por haber abusado de los incentivos.
El mejor ejemplo de que los “incentivos fiscales” no son necesarios lo constituye el desarrollo turístico de la península de Nicoya. Bastó con que un gobierno ampliara y acondicionara el Aeropuerto de Liberia para la llegada de vuelos internacionales, y que construyera (gracias a una donación extranjera) un puente sobre el Tempisque, para que la región despegara. Empresarios, de los “de a de veras”, vieron las oportunidades y empezaron a construir, ampliar, y remodelar hoteles, restaurantes, etc., y un grupo de ellos se unió para crear un fondo de garantía para la primer aerolínea que estableciera vuelos itinerados a Liberia. Y así llegó Delta primero, más gracias al gringo Patillo de Hacienda Pinilla que al Presidente Pacheco o al Ministro de Turismo, y ahora cuatro o cinco aerolíneas tienen vuelos regulares a Liberia.
Me pongo a pensar en todo lo que hubiera podido hacer Costa Rica con los dineros de los incentivos fiscales (aún los que fueron otorgados en buena lid), y me dan escalofríos. Tal vez tuviéramos un aeropuerto internacional decente sin un administrador/concesionario conflictivo. Tal vez puertos de primera que no fueran ni los más caros ni los más lerdos de Centroamérica. Quizás carreteras decentes con varios carriles para que no tuviéramos que subir el Cambronero ni el Aguacate detrás de un camión de carga a 20 Km/h. Pero lo que se hizo fue socializar el costo y privatizar las ganancias.
Los únicos incentivos que un Estado debe otorgar en condiciones normales, son mejorar las condiciones para los empresarios, dándoles una buena infraestructura para que puedan sacar su producto al mercado, dándoles seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, claridad reglamentaria y legal, trámites simples, y eliminando los monopolios que encarecen la actividad (como los de seguros, combustibles y telecomunicaciones). Darles condiciones competitivas, claro que sí. Es un imperativo, si se quiere, moral. Pero de ninguna manera debe el Estado coger los recursos de todos los costarricenses y distribuirlos entre empresarios de uno o varios sectores privilegiados, que es lo que ha sucedido en nuestro país mientras asistimos al triste espectáculo del desmantelamiento de la red de solidaridad social.
Resulta que ahora Oscar Arias quiere convertirse en el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El Diario Extra de hoy nos reporta que el Palomo de la Paz ofreció reinstaurar los incentivos fiscales al sector turístico. Es difícil entender bien el artículo, que por una parte asegura que no se trata de incentivos fiscales, pero por el otro cita a don Oscar diciendo textualmente:
Esperamos poder conocer el programa de gobierno de Oscar Arias y ojalá escuchar directamente de él sus planes, en este caso, para la industria turística. Si alguno de mis amables lectores planea asistir al seminario que INCAE organiza para del 4 al 16 de agosto, donde hablarán entre otros Franklin Chang, Rodrigo Gámez, y Oscar Arias, que por favor se lo pregunten y nos reporten de regreso. Sabemos que nos leen en INCAE (aunque nunca nos han dejado comentarios), así que esperamos que esta petición no caiga en oídos sordos.
Las defraudaciones fueron multimillonarias; en algunos casos, prácticamente se puede decir que el Estado aportó la totalidad de los recursos para la construcción de hoteles que, por supuesto, quedaban en manos privadas. Muchos casos llegaron a juicio, y algunos de los responsables terminaron en la cárcel, o al menos eso quisiéramos creer.
Lo que yo nunca entendí es por qué debe el Estado financiar, mediante incentivos o subsidios directos, actividades empresariales que, si no son rentables, no tienen razón de existir. A principios de los años ochentas, cuando el país aún dependía de cuatro productos tradicionales de exportación (café, banano, azúcar, carne), era justificable incentivar la diversificación. De igual manera, en aquellos años cuando apenas llegaban al país 200.000 turistas anuales, tenía lógica contribuir al desarrollo de la industria turística. Lo que no era justificable es que veinte años más tarde, los mismos incentivos siguieran existiendo.
Lo lógico hubiera sido destinar todos los recursos que se fueron en incentivos, a mejorar la infraestructura productiva y turística, para eliminar así los principales obstáculos que enfrentaban los productores nacionales. Lamentablemente, lo lógico no era lo que servía a los intereses del clientelismo político. El resultado: 25 años después seguimos teniendo una infraestructura deplorable que encarece las exportaciones y dificulta el movimiento de turistas, y un puñado de rateros en las cárceles del país por haber abusado de los incentivos.
El mejor ejemplo de que los “incentivos fiscales” no son necesarios lo constituye el desarrollo turístico de la península de Nicoya. Bastó con que un gobierno ampliara y acondicionara el Aeropuerto de Liberia para la llegada de vuelos internacionales, y que construyera (gracias a una donación extranjera) un puente sobre el Tempisque, para que la región despegara. Empresarios, de los “de a de veras”, vieron las oportunidades y empezaron a construir, ampliar, y remodelar hoteles, restaurantes, etc., y un grupo de ellos se unió para crear un fondo de garantía para la primer aerolínea que estableciera vuelos itinerados a Liberia. Y así llegó Delta primero, más gracias al gringo Patillo de Hacienda Pinilla que al Presidente Pacheco o al Ministro de Turismo, y ahora cuatro o cinco aerolíneas tienen vuelos regulares a Liberia.
Me pongo a pensar en todo lo que hubiera podido hacer Costa Rica con los dineros de los incentivos fiscales (aún los que fueron otorgados en buena lid), y me dan escalofríos. Tal vez tuviéramos un aeropuerto internacional decente sin un administrador/concesionario conflictivo. Tal vez puertos de primera que no fueran ni los más caros ni los más lerdos de Centroamérica. Quizás carreteras decentes con varios carriles para que no tuviéramos que subir el Cambronero ni el Aguacate detrás de un camión de carga a 20 Km/h. Pero lo que se hizo fue socializar el costo y privatizar las ganancias.
Los únicos incentivos que un Estado debe otorgar en condiciones normales, son mejorar las condiciones para los empresarios, dándoles una buena infraestructura para que puedan sacar su producto al mercado, dándoles seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, claridad reglamentaria y legal, trámites simples, y eliminando los monopolios que encarecen la actividad (como los de seguros, combustibles y telecomunicaciones). Darles condiciones competitivas, claro que sí. Es un imperativo, si se quiere, moral. Pero de ninguna manera debe el Estado coger los recursos de todos los costarricenses y distribuirlos entre empresarios de uno o varios sectores privilegiados, que es lo que ha sucedido en nuestro país mientras asistimos al triste espectáculo del desmantelamiento de la red de solidaridad social.
Resulta que ahora Oscar Arias quiere convertirse en el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El Diario Extra de hoy nos reporta que el Palomo de la Paz ofreció reinstaurar los incentivos fiscales al sector turístico. Es difícil entender bien el artículo, que por una parte asegura que no se trata de incentivos fiscales, pero por el otro cita a don Oscar diciendo textualmente:
“Resulta inevitable referirse a la política de incentivos fiscales al sector. Estoy convencido de que los incentivos fiscales son imprescindibles para el desarrollo turístico”Hay que reconocer que don Oscar habla de incentivos no fiscales, y parece andar por el rumbo correcto: habla de fortalecer el sistema de parques nacionales y áreas protegidas, programas de formación de recurso humano, y construcción de la infraestructura necesaria para potenciar el desarrollo, entre otras cosas. Pero el doble discurso es muy preocupante, y lleva a Dean CóRnito a preguntarse si no será esta la primera de una serie de ofertas similares que hará a otros sectores productivos, en el mejor estilo de la política clientelista que tanto daño ha hecho al país. Nos preguntamos también si será esta la forma de don Oscar de contrarrestar los populistas ofrecimientos de Ricardo Toledo. Nos preguntamos, en resumen, si habrá por quién votar en el 2006.
Esperamos poder conocer el programa de gobierno de Oscar Arias y ojalá escuchar directamente de él sus planes, en este caso, para la industria turística. Si alguno de mis amables lectores planea asistir al seminario que INCAE organiza para del 4 al 16 de agosto, donde hablarán entre otros Franklin Chang, Rodrigo Gámez, y Oscar Arias, que por favor se lo pregunten y nos reporten de regreso. Sabemos que nos leen en INCAE (aunque nunca nos han dejado comentarios), así que esperamos que esta petición no caiga en oídos sordos.
Ups, lástima que no puedo en esos días porque los 4500 dólares me sobraban...
ResponderBorrarLo mismo digo yo...
ResponderBorrarIván, no vi la entrevista porque no acostumbro ver CNN, y aunque la hubiera querido ver por tu recomedación, hoy tuve un día de locos y no tuve chance de ver TV. En todo caso, ahí ya dejé un post sobre la aprobación del TLC, espero lo disfrutés...
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