Es muy probable que algunos de mis lectores se opongan a la apertura del mercado de telecomunicaciones o, en otras palabras, a la ruptura del monopolio del ICE en ese campo. Es muy probable que mis lectores sepan o se imaginen que yo favorezco la apertura y la ruptura del monopolio. Independientemente de nuestras respectivas posiciones, creo que todos podemos estar de acuerdo en que 28 meses de trabajo son demasiados para no producir resultados.
Desde hace días se venía escuchando que la vida de la Comisión Mixta legislativa que tenía a su cargo generar propuestas para el fortalecimiento del ICE y la apertura de los mercados no iba a ser prolongada. Hace dos años y cuatro meses se creó esta comisión, y en todo este tiempo no ha dado ni del cuerpo. Enhorabuena que la Asamblea haya decidido no darle más tiempo, porque el desperdicio de recursos públicos es injustificado. Hagamos un poco de historia.
Hace 28 meses, mucho antes de que se firmara el TLC, la Asamblea creó este adefesio llamado Comisión Mixta. Se trata de un grupo que reúne a diputados y “representantes” de la “sociedad civil” (o sea, representantes sindicales, representantes de los gremios empresariales, ambientalistas, etc.), con la intención de redactar un proyecto de ley “consensuado”. Estas comisiones mixtas son monstruos de mil cabezas que nunca han servido para un carajo. Imagínese usted, paciente lector de mis monsergas, que la comisión mixta del ICE (la que estamos analizando en este artículo) estaba compuesta por 20 personas: 11 diputados y nueve representantes de la sociedad civil. ¿Cuándo ha podido un grupo de 20 personas ponerse de acuerdo para redactar un proyecto de ley? Una cosa es discutir un tema y lograr consensos sobre temas amplios; otra muy diferente y virtualmente imposible es ponerse de acuerdo en el detalle de la redacción de una ley.
Además, los supuestos representantes de la sociedad civil no son, en realidad, legítimos representantes de nadie (o lo son de grupos muy reducidos). ¿O es que acaso ser emisario de los 12,000 afiliados de los sindicatos del sector público, o de los 2,500 empresarios que pertenecen a las diversas cámaras, confiere legitimidad o representatividad a esos seudo-representantes de la sociedad civil? Por supuesto, su opinión es importante. Pero para recabarla, una comisión de diputados – que son los verdaderos representantes electos por el pueblo – puede convocarlos a sesiones específicas en calidad de “expertos”, de “representantes de sectores interesados”, o de simples ciudadanos interesados, en vez de sufrir su presencia permanente (y entrabante) en la comisión.
Esta mañita de convocar comisiones mixtas – que ya tiene varios años y no es creación de los actuales diputados – es otra forma más que han encontrado nuestros gobernantes de eludir sus responsabilidades. En nuestra imperfecta democracia, los diputados son los legítimos representantes del pueblo; son quienes han sido votados por la ciudadanía para analizar y/o proponer leyes y para decidir sobre ellas. Delegar esa función en una comisión mixta no es nada más que un vulgar intento por diluir su propia responsabilidad. Tal vez alguno de los abogados que me honran con su lectura encuentre la manera de plantear la inconstitucionalidad de las comisiones mixtas, y le habremos hecho un gran favor al país.
Por último, no puedo dejar de referirme a la composición de esta comisión mixta en particular. Si de lo que se trataba era de buscar consensos, se debió de poner en ella a diputados que supieran lo que es usar su cabeza en frío y que fueran capaces de escuchar, negociar, y ceder. Suficientemente complicado iba a ser conciliar las posiciones de sindicatos y empresarios, o de ambientalistas y empresarios, como para además complicar la comisión con una pobre escogencia de sus miembros diputados. Esta comisión nació muerta desde que a su cabeza se puso a Gloria Valerín, una de las diputadas más intolerantes de la actual Asamblea, sobre todo que otro de sus miembros era Federico Malavassi, que le disputa a doña Gloria el título de Señorita Intolerancia del Congreso 2002-2006.
Ahora que la Asamblea ha decidido no darle más tiempo a esta comisión mixta, lo que queda es esperar a que el gobierno presente su propio proyecto para que una nueva comisión – esta vez de puros diputados – lo dictamine. Las opiniones de todos los grupos de interés ya son conocidas para los diputados, y constan en las actas de la difunta comisión mixta, así que no deberían de perder más tiempo en eso. Y cada uno de nosotros, a prenderle velitas al santo de su preferencia para que el gobierno se digne a cumplir sus obligaciones y para que esta vez escojan a lo menos malo de la Asamblea para conformar la comisión.
Desde hace días se venía escuchando que la vida de la Comisión Mixta legislativa que tenía a su cargo generar propuestas para el fortalecimiento del ICE y la apertura de los mercados no iba a ser prolongada. Hace dos años y cuatro meses se creó esta comisión, y en todo este tiempo no ha dado ni del cuerpo. Enhorabuena que la Asamblea haya decidido no darle más tiempo, porque el desperdicio de recursos públicos es injustificado. Hagamos un poco de historia.
Hace 28 meses, mucho antes de que se firmara el TLC, la Asamblea creó este adefesio llamado Comisión Mixta. Se trata de un grupo que reúne a diputados y “representantes” de la “sociedad civil” (o sea, representantes sindicales, representantes de los gremios empresariales, ambientalistas, etc.), con la intención de redactar un proyecto de ley “consensuado”. Estas comisiones mixtas son monstruos de mil cabezas que nunca han servido para un carajo. Imagínese usted, paciente lector de mis monsergas, que la comisión mixta del ICE (la que estamos analizando en este artículo) estaba compuesta por 20 personas: 11 diputados y nueve representantes de la sociedad civil. ¿Cuándo ha podido un grupo de 20 personas ponerse de acuerdo para redactar un proyecto de ley? Una cosa es discutir un tema y lograr consensos sobre temas amplios; otra muy diferente y virtualmente imposible es ponerse de acuerdo en el detalle de la redacción de una ley.
Además, los supuestos representantes de la sociedad civil no son, en realidad, legítimos representantes de nadie (o lo son de grupos muy reducidos). ¿O es que acaso ser emisario de los 12,000 afiliados de los sindicatos del sector público, o de los 2,500 empresarios que pertenecen a las diversas cámaras, confiere legitimidad o representatividad a esos seudo-representantes de la sociedad civil? Por supuesto, su opinión es importante. Pero para recabarla, una comisión de diputados – que son los verdaderos representantes electos por el pueblo – puede convocarlos a sesiones específicas en calidad de “expertos”, de “representantes de sectores interesados”, o de simples ciudadanos interesados, en vez de sufrir su presencia permanente (y entrabante) en la comisión.
Esta mañita de convocar comisiones mixtas – que ya tiene varios años y no es creación de los actuales diputados – es otra forma más que han encontrado nuestros gobernantes de eludir sus responsabilidades. En nuestra imperfecta democracia, los diputados son los legítimos representantes del pueblo; son quienes han sido votados por la ciudadanía para analizar y/o proponer leyes y para decidir sobre ellas. Delegar esa función en una comisión mixta no es nada más que un vulgar intento por diluir su propia responsabilidad. Tal vez alguno de los abogados que me honran con su lectura encuentre la manera de plantear la inconstitucionalidad de las comisiones mixtas, y le habremos hecho un gran favor al país.
Por último, no puedo dejar de referirme a la composición de esta comisión mixta en particular. Si de lo que se trataba era de buscar consensos, se debió de poner en ella a diputados que supieran lo que es usar su cabeza en frío y que fueran capaces de escuchar, negociar, y ceder. Suficientemente complicado iba a ser conciliar las posiciones de sindicatos y empresarios, o de ambientalistas y empresarios, como para además complicar la comisión con una pobre escogencia de sus miembros diputados. Esta comisión nació muerta desde que a su cabeza se puso a Gloria Valerín, una de las diputadas más intolerantes de la actual Asamblea, sobre todo que otro de sus miembros era Federico Malavassi, que le disputa a doña Gloria el título de Señorita Intolerancia del Congreso 2002-2006.
Ahora que la Asamblea ha decidido no darle más tiempo a esta comisión mixta, lo que queda es esperar a que el gobierno presente su propio proyecto para que una nueva comisión – esta vez de puros diputados – lo dictamine. Las opiniones de todos los grupos de interés ya son conocidas para los diputados, y constan en las actas de la difunta comisión mixta, así que no deberían de perder más tiempo en eso. Y cada uno de nosotros, a prenderle velitas al santo de su preferencia para que el gobierno se digne a cumplir sus obligaciones y para que esta vez escojan a lo menos malo de la Asamblea para conformar la comisión.
Pues 48 meses son más que 28 (evidentemente...) y tampoco ves que este gobierno haya hecho nada...
ResponderBorrarSi algo bueno nos dejan las comisiones del ICE y la Reforma Fiscal, es que pasarán años antes de que se les vuelva a ocurrir que algo sensato puede salir de una comisión mixta. Esto no ha sido más que populachería y una caricatura de la llamada participación ciudadana.
ResponderBorrarKlever
Sole, tristemente tenés toda la razón.
ResponderBorrarKlever, totalmente de acuerdo. Pero ojalá así lo entiendan los futuros diputados; no nos vayan a salir con aquello de que nadie aprende en piel ajena.