El ingreso promedio de los costarricenses nos ubica como un país de desarrollo medio; nuestros índices de desarrollo humano nos ubican casi al nivel de los países desarrollados. Sin embargo, nuestra infraestructura es de país subdesarrollado desolado por décadas de guerras. No es cierto el cuento de que somos un país pobre y que por eso no se puede hacer obra pública. Como me lo hizo ver mi amigo Marcelo (el che), si así fuera entonces las carreteras y puentes que datan de hace 80 y 40 y 20 años no podrían haber sido construidas, porque el país era aún más pobre entonces. El problema es uno de falta de visión de nuestros dirigentes políticos, incapacidad de gestión de la administración pública, multiplicidad de instancias de apelación y revisión de las contrataciones, y la existencia de intereses creados que se valen de todo lo anterior para impedir el progreso del país.
Tres diferentes diarios publican el día de hoy tres noticias que nos retratan de cuerpo entero y exhiben nuestra desnudez. Empezamos con el Diario Extra, que nos informa que el inicio de la ampliación de la carretera San José – San Ramón se atrasará una vez más, porque no se han expropiado todos los terrenos necesarios para las obras. Para beneficio de los lectores más jóvenes y de los cortos de memoria, les recuerdo que a finales de la administración Figueres Olsen, por ahí de 1997, se adjudicó a una empresa mexicana la ampliación de la carretera Bernardo Soto, desde al Aeropuerto Juan Santamaría hasta San Ramón. Esta empresa quebró pocos meses después, y las obras nunca se hicieron. Esta situación obligó al estado costarricense a volver a licitar este proyecto. La mayor parte de la Administración Rodríguez Echeverría se fue en nuevos estudios, y fue entonces cuando se decidió licitar como un solo paquete la totalidad de la vía desde La Sabana hasta San Ramón, y se le incluyó la ampliación de la radial Santa Ana – San Antonio de Belén y la construcción de un acceso entre Belén y Río Segundo de Alajuela. Si la memoria no me falla, la recepción de ofertas para esta nueva licitación tuvo lugar hacia finales del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez o principios de la Administración Pacheco. Y durante el actual gobierno valoraron las ofertas, adjudicaron las obras, y supongo que en el proceso enfrentaron mil y una apelaciones que atrasaron más aún la fecha de arranque. Resulta inconcebible que para un proyecto que lleva más de ocho años sobre la mesa, el estado costarricense haya sido incapaz de expropiar los terrenos necesarios. Ahora anuncian el inicio de obras para mayo del 2007. El problema es que así empezaron también con la construcción de la carretera San José – Caldera, y de tanto atraso provocado por la incapacidad de la administración pública para expropiar terrenos, el adjudicatario de esa concesión decidió retirarse del proyecto y otra vez está en la cola de un venado que la autopista se construya.
Seguimos con La Prensa Libre que nos informa que – finalmente – hay luz verde para la construcción de una nueva carretera entre San Ramón y Ciudad Quesada. De esta carretera se viene hablando hace no menos de 30 años, y de no ser por la “generosidad” del gobierno de Taiwán, seguiríamos hablando de ella por otros 30 años más. Con esta carretera se cortaría en 45 minutos el trayecto entre esas dos ciudades. Si mal no recuerdo, desde finales de la Administración Rodríguez Echeverría se había anunciado que la carretera sería construida mediante una donación y préstamo blando de Taiwán. Desconozco por qué habrán pasado otros cuatro años para que la construcción se haga realidad, pero supongo que en parte habrá tenido que ver con la costumbre que tiene Taiwán de ofrecer la ayuda al final de un gobierno para así quedar bien con el que sale y el que entra (dos por el precio de uno). La noticia de que finalmente ingresó el dinero taiwanés y por ende podrá empezar la obra es buena. Sin embargo, y aunque dicen que a caballo regalado no hay que revisarle el diente, pareciera que la carretera la van a construir con base en los estudios de demanda de hace 30 años: es inconcebible que la carretera se vaya a construir en dos carriles (uno en cada sentido). Por esa misma razón las principales carreteras del país presentan embotellamientos casi permanentes. Ya me imagino una visita al Arenal en plena época de zafra, creyendo uno que va a viajar cómodo y veloz por una carretera nueva, hasta que se tope uno con los tractores jalando caña a 25 Km. por hora, deteniendo el tráfico como igual sucede en las vías existentes hoy. Como dicen los gringos, same difference.
Terminamos con el reportaje de La Nación cuyo título lo dice todo: Lentitud del gobierno frena despegue del Santamaría. El caso del aeropuerto es diferente de los demás. Se licitó, se adjudicó, y después de veintitrés mil apelaciones y acciones de inconstitucionalidad, se dio la orden de inicio. Al principio se vieron rápidamente una serie de mejoras y ampliaciones importantes en el aeropuerto, pero al poco tiempo empezaron los representantes de los intereses creados y los politiquillos baratos a poner obstáculos en el camino. El artículo de La Nación describe cómo los esfuerzos de algunos diputados retrógradas infunden pavor en los funcionarios públicos responsable de tomar decisiones, razón por la cual las obras del Santamaría están paralizadas desde hace tres años. Recordemos que recientemente el Viceministro del MOPT y varios miembros del CETAC renunciaron, en buena medida por temor a tomar decisiones que permitan desentrabar el contrato, pero que con seguridad les hubiera acarreado problemas por lo que el mismo Ministro llama “terrorismo legislativo”.
El país está secuestrado por los intereses creados, los políticos que les ayudan, un sistema legal que permite las apelaciones ad nauseaum, y una administración pública con temor y sin capacidad para ejecutar. El problema no es de pobreza, en el sentido económico de la palabra. El problema es de pobreza mental. Y mientras tanto los productores nacionales siguen perdiendo competitividad.
Tres diferentes diarios publican el día de hoy tres noticias que nos retratan de cuerpo entero y exhiben nuestra desnudez. Empezamos con el Diario Extra, que nos informa que el inicio de la ampliación de la carretera San José – San Ramón se atrasará una vez más, porque no se han expropiado todos los terrenos necesarios para las obras. Para beneficio de los lectores más jóvenes y de los cortos de memoria, les recuerdo que a finales de la administración Figueres Olsen, por ahí de 1997, se adjudicó a una empresa mexicana la ampliación de la carretera Bernardo Soto, desde al Aeropuerto Juan Santamaría hasta San Ramón. Esta empresa quebró pocos meses después, y las obras nunca se hicieron. Esta situación obligó al estado costarricense a volver a licitar este proyecto. La mayor parte de la Administración Rodríguez Echeverría se fue en nuevos estudios, y fue entonces cuando se decidió licitar como un solo paquete la totalidad de la vía desde La Sabana hasta San Ramón, y se le incluyó la ampliación de la radial Santa Ana – San Antonio de Belén y la construcción de un acceso entre Belén y Río Segundo de Alajuela. Si la memoria no me falla, la recepción de ofertas para esta nueva licitación tuvo lugar hacia finales del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez o principios de la Administración Pacheco. Y durante el actual gobierno valoraron las ofertas, adjudicaron las obras, y supongo que en el proceso enfrentaron mil y una apelaciones que atrasaron más aún la fecha de arranque. Resulta inconcebible que para un proyecto que lleva más de ocho años sobre la mesa, el estado costarricense haya sido incapaz de expropiar los terrenos necesarios. Ahora anuncian el inicio de obras para mayo del 2007. El problema es que así empezaron también con la construcción de la carretera San José – Caldera, y de tanto atraso provocado por la incapacidad de la administración pública para expropiar terrenos, el adjudicatario de esa concesión decidió retirarse del proyecto y otra vez está en la cola de un venado que la autopista se construya.
Seguimos con La Prensa Libre que nos informa que – finalmente – hay luz verde para la construcción de una nueva carretera entre San Ramón y Ciudad Quesada. De esta carretera se viene hablando hace no menos de 30 años, y de no ser por la “generosidad” del gobierno de Taiwán, seguiríamos hablando de ella por otros 30 años más. Con esta carretera se cortaría en 45 minutos el trayecto entre esas dos ciudades. Si mal no recuerdo, desde finales de la Administración Rodríguez Echeverría se había anunciado que la carretera sería construida mediante una donación y préstamo blando de Taiwán. Desconozco por qué habrán pasado otros cuatro años para que la construcción se haga realidad, pero supongo que en parte habrá tenido que ver con la costumbre que tiene Taiwán de ofrecer la ayuda al final de un gobierno para así quedar bien con el que sale y el que entra (dos por el precio de uno). La noticia de que finalmente ingresó el dinero taiwanés y por ende podrá empezar la obra es buena. Sin embargo, y aunque dicen que a caballo regalado no hay que revisarle el diente, pareciera que la carretera la van a construir con base en los estudios de demanda de hace 30 años: es inconcebible que la carretera se vaya a construir en dos carriles (uno en cada sentido). Por esa misma razón las principales carreteras del país presentan embotellamientos casi permanentes. Ya me imagino una visita al Arenal en plena época de zafra, creyendo uno que va a viajar cómodo y veloz por una carretera nueva, hasta que se tope uno con los tractores jalando caña a 25 Km. por hora, deteniendo el tráfico como igual sucede en las vías existentes hoy. Como dicen los gringos, same difference.
Terminamos con el reportaje de La Nación cuyo título lo dice todo: Lentitud del gobierno frena despegue del Santamaría. El caso del aeropuerto es diferente de los demás. Se licitó, se adjudicó, y después de veintitrés mil apelaciones y acciones de inconstitucionalidad, se dio la orden de inicio. Al principio se vieron rápidamente una serie de mejoras y ampliaciones importantes en el aeropuerto, pero al poco tiempo empezaron los representantes de los intereses creados y los politiquillos baratos a poner obstáculos en el camino. El artículo de La Nación describe cómo los esfuerzos de algunos diputados retrógradas infunden pavor en los funcionarios públicos responsable de tomar decisiones, razón por la cual las obras del Santamaría están paralizadas desde hace tres años. Recordemos que recientemente el Viceministro del MOPT y varios miembros del CETAC renunciaron, en buena medida por temor a tomar decisiones que permitan desentrabar el contrato, pero que con seguridad les hubiera acarreado problemas por lo que el mismo Ministro llama “terrorismo legislativo”.
El país está secuestrado por los intereses creados, los políticos que les ayudan, un sistema legal que permite las apelaciones ad nauseaum, y una administración pública con temor y sin capacidad para ejecutar. El problema no es de pobreza, en el sentido económico de la palabra. El problema es de pobreza mental. Y mientras tanto los productores nacionales siguen perdiendo competitividad.
Antes la ley permitía multar al que apelara por joder, pero la Sala Constituiconal quitó eso, aduciendo el sacrosanto derecho al berreo. En las licitaciones grandes, por ejemplo del ICE, es usual que te tirés 2 y 3 años con readjudicaciones y apelaciones de la readjudicación. Si el Gobierno fuera el blog de Tugo, seguramente estaríamos mandándolo al carajo a diario. Ahora solo nos queda esperar hasta las elecciones-
ResponderBorrarQue triste todo lo que describe este post. Pero lo más triste del caso, es que todo es verdad. Hace mucho que en los medios de comunicación, no dan una noticia alentadora con respecto al desarrollo de este nuestro país. Aparte de tantas promesas, solo cosas negativas salen a relucir por todo lado. ¿En que país vivimos?
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