De la mano con un sistema educativo que produce ciudadanos acríticos y mentalmente perezosos, las trabas al desarrollo normal de los negocios es otra de las razones por las cuales el país no logra reducir los niveles de pobreza. Esta combinación es un cocktail fatal, porque genera un círculo vicioso: ciudadanos mentalmente perezosos y educados para ser empleados (y no emprendedores) ocupan puestos en el sector público, desde los cuales les corresponde establecer regulaciones para los empresarios del sector privado. La mayoría de la ciudadanía, igualmente carente de criterio y de capacidad crítico-analítica, acepta las regulaciones y trámites engorrosos y aberrantes como algo normal (el costo de la paz social, dijo un candidato presidencial de quien, por su preparación académica, esperábamos mucho más). De manera que una mayoría de la ciudadanía termina “condenada” a ser asalariada de por vida porque el sistema educativo no lo capacita para aspirar a mejores opciones, y una minoría con la disposición para hacer negocios de manera independiente lo encuentra cada día más difícil de lograr.
La Nación de hoy reporta que Costa Rica ocupa el lugar 89 – de 155 países de todo el mundo – en un estudio del “clima de negocios” hecho por el Banco Mundial. Antes de pasar a analizar lo que significa estar en la posición 89, entendamos primero de qué se trata el ránking. Es el resultado de un estudio cuya finalidad es investigar “el alcance y la modalidad de las regulaciones que fomentan la actividad comercial y aquellas que la restringen”. En otras palabras, el estudio mide el efecto de las regulaciones de un país en la posibilidad de hacer negocios (lícitios). El estudio está enfocado primordialmente a los efectos en las empresas pequeñas y medianas, de manera que es algo que concierne a todos los ticos. No se trata de un estudio para los Intel y los Baxter de las zonas francas.
Para elaborar el índice, se toman en cuenta las regulaciones que afectan siete grandes áreas: apertura de una empresa, contratación y despido de trabajadores, cumplimiento de los contratos, protección al inversionista, trámite de licencias (permisos), registro de la propiedad, y obtención de crédito. Dentro de cada una de estas categorías, el estudio analiza diferentes variables. Así por ejemplo, en el tema de cumplimiento de los contratos se analiza si el país ofrece juicios sumarios para el cobro de deudas, cuán expedito es el manejo de los casos en los tribunales, si las apelaciones son limitadas, y si hay procesos extrajudiciales para exigir el cumplimiento contractual.
Ahora sí, vamos a los resultados. Estamos en el puesto 89 entre 155 países. Somos superados – y por mucho – por países que consideramos competidores en atracción de inversiones: Singapur salió segundo, Irlanda está en el puesto 11, y Chile en el 25. Y aunque eso es preocupante, no es tan alarmante como haber quedado detrás de Jamaica (43), Panamá (57), NICARAGUA (59), Colombia (66), México (73), El Salvador (76) y Uruguay (85). Que uno o algunos de estos países nos hayan superado no nos debe sorprender. Que todos esos países nos hayan superado, nos debe avergonzar. Ojalá sirviera para darle una sacudida a nuestro aletargado gobierno, para que empiece a tomar las medidas correctivas necesarias. Lamentable sería que el llamado de atención cayera en oídos sordos.
Hay noticias aún más alarmantes. El estudio del Banco Mundial incluye ránkings para cada una de las áreas analizadas, y en el indicador de “Protección al inversionista”, ocupamos el puesto 134 entre los 155 países analizados. Si, estimado lector; no se trata de un error. Usted ha leído 134 de 155. En este rubro somos superados, además de todos los países mencionados anteriormente, por Brasil (53), República Dominicana (112), Ecuador (113), GUATEMALA (122) y HONDURAS (129). Y como este estudio analiza las trabas a las pequeñas y medianas empresas, cuando habla de protección al inversionista no se refiere a gringos con plata que vienen a comprar nuestras playas, sino a los propietarios de esas PyMEs: las doñitas allá en Upala que producen champú de sávila, el propietario de la verdulería de la esquina, la estilista que puso el salón en el barrio, el señor que tiene dos busetas y jala chiquillos a las escuelas.
Aunque La Nación no incluye el listado de la categoría de “Cumplimiento de Contratos”, ni tampoco lo pude encontrar en el website del Banco Mundial, imagínense lo mal que debemos de estar si en Costa Rica es más fácil sacarle jugo a un riel que cobrar una deuda, los tribunales de justicia son tremendamente lentos y las instancias de apelación son prácticamente ilimitadas. Más aún, y por si fueran necesarios ejemplos de la imposibilidad de hacer cumplir los contratos en nuestro país, veamos lo que está pasando con los casos más sonados: el contrato de administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no funciona (ni el gobierno logra que Alterra cumpla con sus obligaciones, ni tampoco cumple con las suyas propias), los contratos de concesión de la autopista San José – Caldera y para la construcción y administración de una cárcel de máxima seguridad de Pococí nunca se llegaron a ejecutar, y hace pocos días vimos que el arranque de la concesión para la ampliación de la ruta San José – San Ramón se va a atrasar 17 meses más que no estaban previstos ni en el cartel, ni en el contrato, ni en la oferta del concesionario (y este no es el primer atraso sufrido).
Según detalla el reportaje de La Nación, para abrir un negocio en Costa Rica son necesarios 11 trámites distintos que se tardan en teoría 77 días, con un costo de $1,120 (casi 550,000 colones) para el interesado. En los países desarrollados la misma gestión requiere de 6 pasos y 19 días en promedio. El trámite para la obtención de permisos de operación consiste de 19 pasos y toma unos 120 días, con un costo de $7,000 en promedio. Y todo eso es pura teoría: Dean CóRnito lleva más de 15 meses tratando de obtener los permisos para un negocio que desea montar, y aún no los obtiene.
Esta burocracia y costos excesivos empujan a los pequeños (y no tan pequeños) empresarios a trabajar de manera informal: sin licencias, sin pagar impuestos, y sin contribuir al aparato de seguridad social del país. Justamente hoy el titular de primera plana de La Nación es que 100,000 patronos evaden los pagos de seguro y pensión, dejando desprotegidos a 450,000 trabajadores. No se trata de los grandes empresarios, de los “capitalistas sin rostro”, de las empresas multinacionales; noten que estas cifras nos arrojan un promedio de 4.5 empleados por patrono. Definitivamente se trata de pequeños empresarios.
Eso, justamente, es lo que debemos entender. Las regulaciones son necesarias, ya sea para la protección de los trabajadores, de los consumidores, o del medio ambiente. Pero las regulaciones excesivas, engorrosas y arbitrarias fomentan la informalidad, la ilegalidad, y la desprotección de aquellos a quienes pretenden proteger. Esto cierra el círculo vicioso del que hablaba al principio de este artículo: gente con una educación mediocre impide la creación de negocios o fomenta la informalidad, dejando a otras personas con la misma educación mediocre con la única opción de tomar trabajos donde sus garantías sociales no son respetadas. Y eso los condena a no poder salir del ciclo de la pobreza.
La Nación de hoy reporta que Costa Rica ocupa el lugar 89 – de 155 países de todo el mundo – en un estudio del “clima de negocios” hecho por el Banco Mundial. Antes de pasar a analizar lo que significa estar en la posición 89, entendamos primero de qué se trata el ránking. Es el resultado de un estudio cuya finalidad es investigar “el alcance y la modalidad de las regulaciones que fomentan la actividad comercial y aquellas que la restringen”. En otras palabras, el estudio mide el efecto de las regulaciones de un país en la posibilidad de hacer negocios (lícitios). El estudio está enfocado primordialmente a los efectos en las empresas pequeñas y medianas, de manera que es algo que concierne a todos los ticos. No se trata de un estudio para los Intel y los Baxter de las zonas francas.
Para elaborar el índice, se toman en cuenta las regulaciones que afectan siete grandes áreas: apertura de una empresa, contratación y despido de trabajadores, cumplimiento de los contratos, protección al inversionista, trámite de licencias (permisos), registro de la propiedad, y obtención de crédito. Dentro de cada una de estas categorías, el estudio analiza diferentes variables. Así por ejemplo, en el tema de cumplimiento de los contratos se analiza si el país ofrece juicios sumarios para el cobro de deudas, cuán expedito es el manejo de los casos en los tribunales, si las apelaciones son limitadas, y si hay procesos extrajudiciales para exigir el cumplimiento contractual.
Ahora sí, vamos a los resultados. Estamos en el puesto 89 entre 155 países. Somos superados – y por mucho – por países que consideramos competidores en atracción de inversiones: Singapur salió segundo, Irlanda está en el puesto 11, y Chile en el 25. Y aunque eso es preocupante, no es tan alarmante como haber quedado detrás de Jamaica (43), Panamá (57), NICARAGUA (59), Colombia (66), México (73), El Salvador (76) y Uruguay (85). Que uno o algunos de estos países nos hayan superado no nos debe sorprender. Que todos esos países nos hayan superado, nos debe avergonzar. Ojalá sirviera para darle una sacudida a nuestro aletargado gobierno, para que empiece a tomar las medidas correctivas necesarias. Lamentable sería que el llamado de atención cayera en oídos sordos.
Hay noticias aún más alarmantes. El estudio del Banco Mundial incluye ránkings para cada una de las áreas analizadas, y en el indicador de “Protección al inversionista”, ocupamos el puesto 134 entre los 155 países analizados. Si, estimado lector; no se trata de un error. Usted ha leído 134 de 155. En este rubro somos superados, además de todos los países mencionados anteriormente, por Brasil (53), República Dominicana (112), Ecuador (113), GUATEMALA (122) y HONDURAS (129). Y como este estudio analiza las trabas a las pequeñas y medianas empresas, cuando habla de protección al inversionista no se refiere a gringos con plata que vienen a comprar nuestras playas, sino a los propietarios de esas PyMEs: las doñitas allá en Upala que producen champú de sávila, el propietario de la verdulería de la esquina, la estilista que puso el salón en el barrio, el señor que tiene dos busetas y jala chiquillos a las escuelas.
Aunque La Nación no incluye el listado de la categoría de “Cumplimiento de Contratos”, ni tampoco lo pude encontrar en el website del Banco Mundial, imagínense lo mal que debemos de estar si en Costa Rica es más fácil sacarle jugo a un riel que cobrar una deuda, los tribunales de justicia son tremendamente lentos y las instancias de apelación son prácticamente ilimitadas. Más aún, y por si fueran necesarios ejemplos de la imposibilidad de hacer cumplir los contratos en nuestro país, veamos lo que está pasando con los casos más sonados: el contrato de administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no funciona (ni el gobierno logra que Alterra cumpla con sus obligaciones, ni tampoco cumple con las suyas propias), los contratos de concesión de la autopista San José – Caldera y para la construcción y administración de una cárcel de máxima seguridad de Pococí nunca se llegaron a ejecutar, y hace pocos días vimos que el arranque de la concesión para la ampliación de la ruta San José – San Ramón se va a atrasar 17 meses más que no estaban previstos ni en el cartel, ni en el contrato, ni en la oferta del concesionario (y este no es el primer atraso sufrido).
Según detalla el reportaje de La Nación, para abrir un negocio en Costa Rica son necesarios 11 trámites distintos que se tardan en teoría 77 días, con un costo de $1,120 (casi 550,000 colones) para el interesado. En los países desarrollados la misma gestión requiere de 6 pasos y 19 días en promedio. El trámite para la obtención de permisos de operación consiste de 19 pasos y toma unos 120 días, con un costo de $7,000 en promedio. Y todo eso es pura teoría: Dean CóRnito lleva más de 15 meses tratando de obtener los permisos para un negocio que desea montar, y aún no los obtiene.
Esta burocracia y costos excesivos empujan a los pequeños (y no tan pequeños) empresarios a trabajar de manera informal: sin licencias, sin pagar impuestos, y sin contribuir al aparato de seguridad social del país. Justamente hoy el titular de primera plana de La Nación es que 100,000 patronos evaden los pagos de seguro y pensión, dejando desprotegidos a 450,000 trabajadores. No se trata de los grandes empresarios, de los “capitalistas sin rostro”, de las empresas multinacionales; noten que estas cifras nos arrojan un promedio de 4.5 empleados por patrono. Definitivamente se trata de pequeños empresarios.
Eso, justamente, es lo que debemos entender. Las regulaciones son necesarias, ya sea para la protección de los trabajadores, de los consumidores, o del medio ambiente. Pero las regulaciones excesivas, engorrosas y arbitrarias fomentan la informalidad, la ilegalidad, y la desprotección de aquellos a quienes pretenden proteger. Esto cierra el círculo vicioso del que hablaba al principio de este artículo: gente con una educación mediocre impide la creación de negocios o fomenta la informalidad, dejando a otras personas con la misma educación mediocre con la única opción de tomar trabajos donde sus garantías sociales no son respetadas. Y eso los condena a no poder salir del ciclo de la pobreza.
Yo tenia entendido que habia algo asi como una ley en contra de los tramites excesivos, pero sus margenes de apelacion han de ser ilimitados tambien, ah?
ResponderBorrarJa,ja,ja, y que dicha que aclaraste lo de los negocios "licitos" porque yo ya te iba a decir: Pero como, si aqui todo mundo es comerciante (choricero)!
Espero que salga el negocito pronto!
Por lo demostrado el sistema educativo no es solo incapaz de crear cuidadanos críticos sino tampoco cuidadanos con habilidades mínimas de comprensión de lectura. Para alguien que gusta de dictar cátedra tan a menudo como lo hace usted, presenta gran incapacidad en el manejo básico de fuentes de información. El reporte, incluyendo la definición de cada uno de los índices y sus respectivas valoraciones, en cuenta el cumplimiento de contratos (141), lo encuentra en la página web del proyecto "Doing Business" del Banco Mundial.
ResponderBorrarFlo, en efecto hay una ley, creo que es la 8220, que pretende "racionalizar" las regulaciones. Hasta tiene un nombre rimbombante como "ley de protección al ciudadano de los trámites excesivos" o algo por el estilo. Lamentablemente, es letra muerta.
ResponderBorrarAnónimo, disculpe que no haya entendido su comentario, pero es que como usted lo insinúa, carezco de las habilidades mínimas de comprensión de lectura. Lo que no entiendo es qué tiene que ver comprensión de lectura con no haber encontrado una página de internet. A usted no le debo nada, pero por respeto mis demás lectores aclararé que busqué en el sitio web del Banco Mundial el reporte Haciendo negocios y únicamente encontré la versión 2005. Aunque en el motor de búsqueda del web del Banco aparecía un enlace a Doing business in 2006, al hacer click en él me daba un mensaje más o menos como "the page you are looking for is no longer available". Supongo que el servidor estaba muy ocupado en ese momento, o que estaban cambiando el informe de lugar.
En todo caso, gracias Anónimo por darme la razón. Estamos en el lugar 141 del índice de cumplimiento de contratos, de un total de 155 países. Tal y como lo predije en mi análisis, una vergonzosa y tremendamente preocupante valoración de lo mal que estamos en algunas áreas.
Por extraño que parezca en este país no hemos dedicado a no hacer y no dejar hacer a ningun otro...para muestra un botón (con el señor anonimo,a quien le interesa más insultar al bloguero que aportar a la discusión inteligente del tema). Ni siquiera llegamos a la premisa capitalista de "laissez faire - laissez passer" (acogida por los libertarios)porque todo el país se ha convertido en charco de barro donde ni con los tacos más sofisticados se logra patear la bola hacia adelante. Pareciera que lucir las dotes intelectuales y de sentido común es un pecado condenado con el fusilamiento sumario. Trate usted de apelar a la ley de simplificación de tramites en cualquier entidad gubernamental (el resultado más probable, si usted es usuario consuetudinario del servicio, es que misteriosamente sus gestiones se vean entrabadas aún más en oportunidades subsiguientes) y quien debería estar haciendola cumplir (el jefe del departamento) no le interese porque potencialmente es una amenaza sobre su trabajo (se queda sin el brete de no dejar bretear a los demás.
ResponderBorrarLo preocupante es que estamos en colapso y muy cerca de un colapso total y lo unico que hacen nuestros pilotos es acelerar más el jet que viene en picada. Yo me deprimo muchas veces porque no logro visualizar una salida y ninguno de los dirigentes se atreven siquiera a proponer algo que semeje serlo, será que nadie tiene la respuesta...o que no nos queda otra que seguir este rumbo de africanización en que nos quieren llevar presidentes como Abel....(helppppppppppppppppppppp............)
Hm, dudo de si conozco a dean córnito y por aquello habremos estado conversando el fin de semana pasado de exactamente este tema.
ResponderBorrarCriados y educados para ser operarios y empleados asalariados, la situación ahora nos exige ser empresarios emprendedores. Cuando vamos en camino nos ponen las trabas que impiden arrancar cualquier proyecto mientras uno no sea gringo, rentista y pensionado.
Reclamos? Si, pongase en la fila 18, entregue 3 copias notariadas y en triplicado de su petición, adjunte la foto de su mamá en la graduación del cole, su diploma de prepa y 4 timbres de 7 pesos. Después veremos si le damos una leida en los próximos 3 años.