La Nación de hoy trae dos noticias que retratan de cuerpo entero al Diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. No se si por casualidad o a propósito, pero las dos noticias aparecen una al lado de la otra en la versión impresa (página 4 A), con una foto del susodicho en el centro.
Una noticia, bastante positiva, nos relata que la Asamblea Legislativa aprobó – en primer debate – una ley que permitirá el uso de medios electrónicos para remitir documentos firmados, con lo cual los costarricenses con acceso a internet podremos hacer una serie de trámites oficiales desde nuestras oficinas y casas, sin tener que apersonarnos a firmar a la oficina pública del caso. Entre los ejemplos que cita la noticia, se podrá hacer trámites ante el Registro Nacional sin tener que ir hasta Zapote, tramitar expedientes judiciales sin tener que ir al juzgado del caso, y presentar planos ante el Colegio de Ingenieros. La ley contó con el voto positivo de 40 diputados, y la oposición de únicamente dos diputados. Uno de ellos, don Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, quien presuntamente no quiere que nos evitemos hacer filas innecesarias y prefiere que sigamos perdiendo nuestro tiempo cuando podemos ser más productivos en otras cosas. Eso sin considerar el ahorro de tiempo para quienes no tienen internet, pero que se encontrarán filas más cortas en las dependencias en que deben de hacer sus trámites.
La segunda noticia, no muy buena que digamos, es que después de cuatro años de navegar a la deriva en la agenda legislativa, el proyecto de Ley de Reformas Financieras fue archivado permanentemente. Esta es una ley que pretendía nivelar el terreno de juego para los bancos del país. Desde que se permitió la competencia privada en servicios bancarios hace más de veinticinco años, las reglas del juego han sido disparejas, a favor de la banca estatal. Esta diferencia de trato se justificó en un principio con el argumento de que había que darle tiempo a los bancos estatales para que se fortalecieran y no sucumbieran ante la competencia. Después de las reformas iniciales, cada cierto tiempo se han venido aprobando reformas complementarias que han ido emparejando las reglas, aunque todavía hoy se mantiene el trato preferencial a los bancos estatales.
En la actualidad los bancos estatales son sólidos, y gracias a la competencia han mejorado sus servicios. No les ha ido mal, de hecho se han abierto muchas puertas de negocios nuevos en que antes estos bancos no estaban, que les han permitido seguir creciendo a pesar de la competencia. El único banco estatal que desapareció, el Anglo, fue por chorizo y no por efectos de la competencia.
Las diferencias en el trato entre bancos privados y públicos hacen que para los privados sea más caro brindar sus servicios. Así por ejemplo, el margen de intermediación es en nuestro país exageradamente alto. Esto es la diferencia entre las tasas de interés que los bancos pagan a sus ahorrantes (hoy en día alrededor del 17% anual en colones) y las que cobran a sus deudores (alrededor del 25% en créditos no subsidiados). Con reglas del juego parejas, los bancos privados podrían ofrecer crédito más barato (es decir, con tasas de interés más bajas), lo cual beneficiaría no solo a los consumidores, sino también a los comerciantes, industriales, constructores, y a cualquier sector de actividad económica que utilice crédito. Y si esto llegara a pasar, los bancos estatales se verían obligados a incrementar su eficiencia, lo cual, nuevamente, iría en beneficio de prácticamente todos los costarricenses.
Bueno, pero adivinen qué. El Diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón se oponía a este proyecto de ley, porque, según lo reporta La Nación, “el proyecto únicamente favorecía a los bancos privados.” Su populismo extremo le impidió entender que el beneficio era para los sectores productivos y para los consumidores, es decir, para todos los costarricenses. Y que rara vez los intereses de consumidores y productores están tan alineados como en este caso.
Por todo lo anterior, el Diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón se merece el título de diputado retrógrada de la semana, en fuerte competencia para ganarse el título de peor diputado del año.
Una noticia, bastante positiva, nos relata que la Asamblea Legislativa aprobó – en primer debate – una ley que permitirá el uso de medios electrónicos para remitir documentos firmados, con lo cual los costarricenses con acceso a internet podremos hacer una serie de trámites oficiales desde nuestras oficinas y casas, sin tener que apersonarnos a firmar a la oficina pública del caso. Entre los ejemplos que cita la noticia, se podrá hacer trámites ante el Registro Nacional sin tener que ir hasta Zapote, tramitar expedientes judiciales sin tener que ir al juzgado del caso, y presentar planos ante el Colegio de Ingenieros. La ley contó con el voto positivo de 40 diputados, y la oposición de únicamente dos diputados. Uno de ellos, don Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, quien presuntamente no quiere que nos evitemos hacer filas innecesarias y prefiere que sigamos perdiendo nuestro tiempo cuando podemos ser más productivos en otras cosas. Eso sin considerar el ahorro de tiempo para quienes no tienen internet, pero que se encontrarán filas más cortas en las dependencias en que deben de hacer sus trámites.
La segunda noticia, no muy buena que digamos, es que después de cuatro años de navegar a la deriva en la agenda legislativa, el proyecto de Ley de Reformas Financieras fue archivado permanentemente. Esta es una ley que pretendía nivelar el terreno de juego para los bancos del país. Desde que se permitió la competencia privada en servicios bancarios hace más de veinticinco años, las reglas del juego han sido disparejas, a favor de la banca estatal. Esta diferencia de trato se justificó en un principio con el argumento de que había que darle tiempo a los bancos estatales para que se fortalecieran y no sucumbieran ante la competencia. Después de las reformas iniciales, cada cierto tiempo se han venido aprobando reformas complementarias que han ido emparejando las reglas, aunque todavía hoy se mantiene el trato preferencial a los bancos estatales.
En la actualidad los bancos estatales son sólidos, y gracias a la competencia han mejorado sus servicios. No les ha ido mal, de hecho se han abierto muchas puertas de negocios nuevos en que antes estos bancos no estaban, que les han permitido seguir creciendo a pesar de la competencia. El único banco estatal que desapareció, el Anglo, fue por chorizo y no por efectos de la competencia.
Las diferencias en el trato entre bancos privados y públicos hacen que para los privados sea más caro brindar sus servicios. Así por ejemplo, el margen de intermediación es en nuestro país exageradamente alto. Esto es la diferencia entre las tasas de interés que los bancos pagan a sus ahorrantes (hoy en día alrededor del 17% anual en colones) y las que cobran a sus deudores (alrededor del 25% en créditos no subsidiados). Con reglas del juego parejas, los bancos privados podrían ofrecer crédito más barato (es decir, con tasas de interés más bajas), lo cual beneficiaría no solo a los consumidores, sino también a los comerciantes, industriales, constructores, y a cualquier sector de actividad económica que utilice crédito. Y si esto llegara a pasar, los bancos estatales se verían obligados a incrementar su eficiencia, lo cual, nuevamente, iría en beneficio de prácticamente todos los costarricenses.
Bueno, pero adivinen qué. El Diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón se oponía a este proyecto de ley, porque, según lo reporta La Nación, “el proyecto únicamente favorecía a los bancos privados.” Su populismo extremo le impidió entender que el beneficio era para los sectores productivos y para los consumidores, es decir, para todos los costarricenses. Y que rara vez los intereses de consumidores y productores están tan alineados como en este caso.
Por todo lo anterior, el Diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón se merece el título de diputado retrógrada de la semana, en fuerte competencia para ganarse el título de peor diputado del año.
No es populismo. Es simple y llana estupidez. También se opone a las concesiones de obras públicas, contrato del aeropuerto y cualquier otra cosa que el gobierno haga directamente.
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