Pegarse un balazo en la pierna

Hay ocasiones en que tomamos decisiones con el hígado y creemos sentirnos muy bien. La adrenalina fluye, obnubila el cerebro, y adormece los sentidos. Por eso no notamos el ardor que ha causado el balazo al perforar la carne, y nos sentimos muy bien con nuestra decisión. Es una penosa forma de hacer las cosas en política, pero es, lamentablemente, más común de lo que a veces queremos imaginar.

La nueva Ley de Migración y Extranjería (aprobada por la Asamblea Legislativa en primer debate hace unas semanas) es un claro ejemplo de una decisión tomada con el hígado colectivo de los diputados, y sus consecuencias pueden llegar a ser peores de lo que la mayoría de la gente imagina. La ley – al dificultar la contratación de extranjeros para trabajar en el país – apela a la xenofobia natural de un pueblo que ve su país invadido de foráneos, pero no da cuenta de los dañinos efectos que puede provocar. El problema no está en la invasión de foráneos, sino en que nosotros mismos les negamos las herramientas para trabajen legalmente en nuestro país, y consecuentemente nos saturan los servicios públicos y de seguridad social sin contribuir a su manutención.

En La Suiza Centroamericana no somos defensores de la ilegalidad, y no creemos que la solución al problema de la inmigración sea hacerse de la vista gorda y permitir que entre quien quiera sin permiso, y que trabajen en nuestro país de manera informal. Sin embargo, no podemos tampoco ignorar la realidad del país, en el que buena parte de la producción agrícola (y sobre todo el éxito de la cosecha) depende de la mano de obra extranjera. No es cierto que estos extranjeros vengan a desplazar la mano de obra local. En general, ellos vienen a ocupar puestos que casi ningún costarricense quiere ocupar hoy en día. Nos referimos a los millares de nicaragüenses y de indios guaimíes de Panamá que anualmente entran al país para las diversas cosechas y eventualmente regresan a sus lugares de origen.

La nueva Ley de Migración y Extranjería dificulta o de plano pretende impedir el ingreso de estas personas y la posibilidad de que obtengan un permiso temporal de trabajo; crea multas y sanciones importantes para quienes los contraten, y facilita la labor represiva de la policía. En otras palabras, crea un callejón sin salida.

Nos parece correcto que al empresario que contrate trabajadores ilegales se le impongan multas y sanciones. También creemos razonable que se facilite la expulsión de los ilegales. Lo que no es lógico, ni racional, ni razonable, ni correcto, es que a sabiendas de que esa mano de obra es necesaria, se haga prácticamente imposible su legalización, obligando a los empresarios a contratarlos en estado de ilegalidad.

El problema no es la multa al empresario. El verdadero problema es que se fomenta la ilegalidad. La capacidad represiva de nuestras autoridades migratorias es limitada, de manera que no van a poder impedir las contrataciones ilegales. Algunos empresarios caerán, se les cobrará las multas, y a sus empleados ilegales se les deportará. Pero la mayoría de los casos pasarán desapercibidos para las autoridades. Y entonces, lo que haremos es llenar el país de trabajadores ilegales, que probablemente ganan menos que el salario mínimo (y eso si es competencia desleal para los nacionales), y que no cotizan para el Seguro Social ni pagan impuestos. Pero no por ser ilegales dejan de ser personas con necesidades, con aspiraciones, con problemas; seres humanos que tarde o temprano aparecerán en un EBAIS, una clínica o un servicio de emergencias de un hospital, y habrá que darles la atención que necesitan, sin que hayan contribuido un cinco al aparato de seguridad social del país. Ni ellos ni sus patronos.

La solución no está en cerrarles las puertas para que se legalicen y pretender así tapar el sol con un dedo. La solución está en establecer requisitos razonables y un mecanismo ágil que les permita legalizarse. Si la mayoría de los que llegan son “trabajadores legales”, entonces será más difícil para los empresarios pagar salarios por debajo del mínimo, y será también más fácil sancionarlos si no inscriben a sus empleados en la CCSS. En vez de andar persiguiendo obreros ilegales por las montañas y selvas de nuestras franjas fronterizas, la policía de Migración podrá irse a las contabilidades de las empresas y determinar si el nivel de producción corresponde con el nivel de empleo que reportan, y será mucho más fácil combatir la ilegalidad.

Los productores, grandes y pequeños, han dado el grito de alerta. En algunos casos nos parece detectar en su discurso la pretensión de mantener el status quo, de manera que puedan seguir contratando obreros ilegales sin exponerse a graves sanciones. Pero en la mayoría de los casos, nos parece que hacen una advertencia sincera: “si no nos dan los medios para contratarlos legalmente, las cosechas peligran”. Las pérdidas para el país serían gigantescas.

Como lo dijo Napoleón: "Es muy raro que una asamblea razone; se apasionan con demasiada rapidez". Si no tenemos esperanzas de que la Asamblea Legislativa rectifique el rumbo (y no lo van a hacer al calor de la campaña presidencial), esperaríamos que al menos el Poder Ejecutivo hiciera algo al respecto. De hecho, eso es lo que pensaron agricultores y exportadores. Resulta que el año pasado se pasaron de mayo a diciembre negociando la promulgación de un decreto que crearía un mecanismo ágil para la legalización de los trabajadores temporales. Habla muy mal de la capacidad de acción de nuestro gobierno que dicha negociación haya necesitado de ocho meses. Pero lo que peor habla de nuestro gobierno de turno es que el decreto negociado desde diciembre del año pasado, lleva ocho meses dando vueltas de un escritorio a otro, y no ha sido promulgado. En este momento, según reportó La Nación de ayer, ni siquiera se sabe a ciencia cierta donde se encuentra.

La parte fuerte de la cosecha de café empieza en un par de meses, y tanto trabajadores como productores necesitan saber qué va a pasar. En otras palabras, necesitan seguridad jurídica; unos para decidirse a venir a nuestro país, los otros para contratarlos. Estas decisiones no se toman de último minuto, y cualquier cosa que el famoso decreto establezca, se necesitará tiempo para implementarla. El decreto debió ser publicado hace mucho. Pero no nos extraña que nada haya pasado. Hasta la saciedad hemos dicho que este gobierno carece de dos cosas esenciales: capacidad para ejecutar, y sensibilidad para que le importe.

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