Prohibido el progreso

Dean CóRnito se considera un ambientalista responsable. Algunas de sus actividades y preferencias profesionales y personales podrían confirmarlo. Podríamos decir que soy el primer comentarista político-económico con certificación ISO-14001. Pero muchas veces, mis compañeros de batallas ambientales me asustan más de lo que me inspiran confianza. Llegan a desarrollar una sensibilidad tan aguda por los animalitos y las plantas del bosque que anteponen su bienestar al de la especie humana. Y si bien ciertos especimenes de esta raza nuestra no merecen más consideración que la que recibe una cucaracha acorralada en una esquina de parte de una doña con zapatos bien puntiagudos, creo que nada en el mundo justifica destruir la propiedad de quienes usan abrigos de piel (o, aunque no tenga que ver con el tema, matar a quienes hacen abortos), ni tampoco llegar al extremo de impedir todo tipo de desarrollo económico en aras de un idílico e irreal estado de virginidad ecológica. Esto último es exactamente lo que pretende un nuevo proyecto de Ley del recurso hídrico que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Según La Nación, el texto actual del proyecto de ley fue redactado por el siguiente grupo de diputados: Quírico Jiménez, del Bloque Patriótico; Joyce Zürcher y Guido Vega, del PLN; Germán Rojas, del PUSC, y Gerardo Vargas, del PAC. Sin embargo, y esto lo lee usted en exclusiva en La Suiza Centroamericana, la idea de este proyecto de ley no es nueva, y otras versiones han circulado al menos desde mediados o finales de la década de 1990. La idea nace de un proyecto de fotografía aérea y satelital del territorio nacional que permitió determinar en esa época y con algún grado de certeza razonable, el nivel de cobertura boscosa del país y la degradación que había sufrido en las últimas décadas. Con esa valiosa información en mano, un grupo de bien intencionados funcionarios públicos y consultores externos se dieron a la tarea de determinar cuáles tipos de actividad económica resultaban compatibles con los tipos de suelo y nivel de degradación existentes. Un ejercicio teórico muy interesante, y del cual se podría extraer importantísima información para la elaboración de planes reguladores cantonales decentes, e igualmente facilitar la elaboración de una política nacional de conservación coherente y con visión de conjunto.

A riesgo de revelar a algunos la identidad de su alter ego, Dean CóRnito confiesa haber tenido alguna participación en esas etapas iniciales del proyecto. Pero cuando el trabajo se desvió (se politizó) hacia la elaboración de un proyecto de ley que definiría con espeluznante precisión de escritorio el tipo de actividades que, de llegar a aprobarse la ley, serían permitidas en cada centímetro cuadrado del territorio nacional, este servidor advirtió a sus colegas del error que cometían y se retiró del grupo de trabajo. ¡Como si eso se pudiera decidir desde un escritorio, o peor aún, desde los escritorios de personas que no saben lo que es tomar una decisión que comprometa sus recursos y de la que dependa su supervivencia económica y la de su familia! El resultado – versiones más, versiones menos – lo podemos ver en este proyecto de ley que hoy comento.

Si este mamarracho que hoy discute el Plenario legislativo llegara a convertirse en ley, serían prohibidas las actividades agrícolas y de construcción en las zonas identificadas como de recarga acuífera. Este autor comprende la imperiosa necesidad de proteger el recurso hídrico, pero no podemos ni por un minuto perder de vista lo que el mismo artículo de La Nación nos advierte: que un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica determinó que el 76% del territorio nacional tiene capacidad para desarrollar mantos acuíferos superficiales. Esto es tres cuartas partes del territorio nacional (aunque la periodista nos diga que es dos terceras partes, lo cual más bien equivale al 66%. Sobre las habilidades matemáticas de los periodistas de La Nación, sírvase leer Las matemáticas del dengue).

Para que al estimable lector le quede claro lo que esta ley haría, prácticamente la totalidad del litoral Atlántico, del Valle Central, de la Zona Norte del país y el Pacífico Central se convertirían en zonas “libres de desarrollo”. Puesto de otra manera, únicamente la península de Nicoya, un parchón más o menos entre Puntarenas y Bagaces, partes de la península de Osa y de la zona de Golfito, y el cucurucho de la cordillera de Talamanca son zonas sin potencial de recarga acuífera. Vea usted mismo el mapa haciendo click aquí.

En resumen, si esta ley se aprueba en su versión actual o alguna similar, los lugares donde vive más del 85% de la población nacional deberán pasar a ser como la siempre presente ciudad fantasma de las películas western. En esos lugares – tres cuartas partes del territorio nacional – no se podría sembrar frijoles, ni ampliar la casa, ni construir hoteles, ni establecer gasolineras ni rellenos sanitarios ni viveros. Los que ya vivimos aquí tendremos que subsistir, supongo, de la agricultura intensiva que se tendría que practicar en la península de Nicoya, un lugar prácticamente sin agua (razón, justamente, por la cual no es donde se practica la agricultura intensiva). Los productos serán trasladados en carreta de bueyes, porque los camiones que circularán por las calles de la península no se atreverán a subir al Valle Central a riesgo de quedarse sin combustible y no encontrar gasolineras. Supongo, además, que tendremos que ir a construir ciudades en los cerros de Talamanca, a 3,500 metros sobre el nivel del mar, para acomodar el crecimiento natural de la población. De dónde sacarán el agua y comida los salados que se tengan que ir a vivir allá, no lo sabe Dean CóRnito, ni tampoco los genios que redactaron este proyecto de ley.

Una cosa si les puedo recomendar: si quieren hacer un buen negocio, vayan a comprar tierra en la península de Nicoya, porque entre el turismo actual, y las nuevas necesidades para agricultura y para desarrollo urbano, los precios de la tierra en ese lugar se van a disparar. Imagínense, si los tecno-burócratas se salen con la suya, pronto habremos unos cuatro millones de ticos viviendo en la pampa guanacasteca.

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