De todo un poco

En los últimos días había sentido una cierta escasez de noticias interesantes para comentar. Pero los periódicos de ayer y hoy vienen cargados de noticias de las que me gusta analizar, de manera que haré una serie de comentarios “cortos” de varios temas diferentes.

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Tanta es la necesidad de Abel Pacheco de hablar caballadas, que no se pudo aguantar las tres semanas que le restan a una tregua firmada por él mismo con el Presidente de Nicaragua para tratar de buscar una solución negociada al conflicto fronterizo. Según la Cancillería, todavía era posible encontrar la solución, pero el Presidente con sus declaraciones se acaba de asegurar de que eso no suceda. Dice el Presidente que ahora enviará el asunto a algún organismo internacional para que lo resuelvan en arbitraje. Yo creo que más bien lo que va a hacer es dejarle el churuco al próximo gobierno.

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La Ley de Concesiones de nuestro país permite que la empresa privada tome la iniciativa de proponer hacer obras por concesión. Una empresa colombiana presentó un plan para arreglar y ampliar la carretera a Limón (la más peligrosa del país y, a la vez, la más importante para la economía nacional). El CONAVI rechazó la propuesta argumentando una serie de excusas que se pueden resumir de la siguiente manera: los empresarios no fueron capaces de leer la mente de los burócratas que, ni juegan ni prestan la bola. Es decir, el plan presentado por la empresa en cuestión no es idéntico a lo que esos burócratas hubieran querido, pero esos burócratas no han cumplido con su deber de iniciar un proceso licitatorio para mejorar esa vía tan importante, lo que hubiera permitido al público (y a las empresas potencialmente oferentes) conocer qué es lo tienen en mente. Como lo tituló La Nación, esta es otra obra más que quedará para el próximo gobierno.

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Los funcionarios públicos se pueden meter en problemas de cuatro formas diferentes. En primer lugar, están los que no hacen nada, aunque en la realidad, el incumplimiento de deberes casi nunca es castigado. Segundo, están los corruptos, que no necesitan explicación. En tercer lugar están los que hacen las cosas como creen que deben de hacerse, contra viento y marea y a pesar de la indolencia típica del sector público. Estos se meten en problemas porque al actuar, invariablemente afectan los intereses creados de los defensores del “status quo”. Por último, tenemos aquellos que se meten en problemas por bocones, es decir, por hablar más de la cuenta y sin conectar la lengua al cerebro. Entre estos, tenemos a los verdaderamente brutos, y a los vanidosos que creen que es importante figurar, aunque la noticia sea mala. Suponemos que el Ministro de Hacienda debe de ser de estos últimos. Sino, ¿cómo explicar sus geniales declaraciones al Semanario Universidad ("La gran ventaja de este Gobierno es el problema que tuvo por los temas de corrupción. Entonces, (el PUSC) no tiene una posibilidad real de reelección (...). Es una coyuntura maravillosa para Costa Rica porque yo creo que es la primera vez en la historia en la que el partido en el poder no tiene la menor posibilidad de ganar la elección")? No es que lo dicho no sea cierto, es que por dignidad un Ministro debe de abstenerse de echar sal en las heridas del partid(ito/illo/ucho) que lo tiene en tal puesto.

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Y los diputados del PUSC, ni lerdos ni perezosos, le están pasando la factura. Ahora exigen la renuncia de don Federico Carrillo para acelerar el trámite del Plan Fiscal. Ojalá no lo renuncien, y que tampoco aceleren el trámite. Ta vez de algo sirvan las boconadas del Ministro.

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Por otro lado, el gobierno anuncia la reactivación del ferrocarril (plan que hemos apaudido), el Ministerio de Obras Públicas pide una asignación presupuestaria para el mantenimiento de las ferrovías, y el Ministro Carrillo se hace el chancho al enviar el Presupuesto Extraordinario a la Asamblea Legislativa. ¿Tan rápido se van a pasear en la excelente iniciativa de don Miguel Carabaguíaz? Y el Presidente, ¿no se da cuenta? Ah, no, como lo dijo Jorge Guardia ayer, el Presidente adelantó el calendario hasta el 8 de mayo del 2006, y ahí se quedó.

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La reputación de la democracia costarricense está en entredicho. Los ciudadanos hemos perdido la fe en los políticos. Finalmente una iniciativa pretende – tímidamente – darnos un poco más de control sobre quién pueda llegar a calentar curules legislativas, pero los diputados la han desechado. Por supuesto. Si no fuera por el sistema actual de listas cerradas (el elector vota por una lista de diputados de un partido, sin poder escoger quién de esa lista va a llegar a la Asamblea), la mayoría de estos rumiantes no habrían llegado adonde están. Con el voto preferente, si bien seguimos conminados a votar por una lista cerrada, podríamos al menos escoger dentro de ella al candidato que quisiéramos poner en primer lugar. Al menos –reconozcamos lo bueno – los mismos diputados que rechazaron el voto preferente acordaron reducir la deuda política del 0.19% del PIB al 0.10% del PIB. En dinero contante y sonante, esa reducción representa aproximadamente unos 7.000 millones de colones.

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Otra víctima más de la modorra gubernamental es el Aeropuerto Juan Santamaría. En La Suiza Centroamericana no conocemos el famoso adendum, pero sabemos que la misma Contraloría ha reconocido que el contrato de Alterra no tiene “equilibrio financiero” y eso es lo que el adendum pretende subsanar. Un par de diputaditos retrógradas son suficientes para asustar a los funcionarios públicos, que con toda la razón prefieren que de ellos se diga “aquí corrió” y no “aquí murió”. Esa es la explicación de la renuncia en masa de miembros de Aviación Civil la semana pasada. Lo mismo sucedió durante la administración pasada. Y mientras tanto, el aeropuerto está colapsado, las obras de ampliación están varadas, y con el crecimiento del turismo, la próxima temporada alta promete causar un descalabro. Téngalo por seguro, estimado lector, que la solución a este conflicto también quedará para un próximo gobierno.

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Treinta y ocho diputados, dos terceras partes de la caballeriza, pidieron al Presidente que envíe el TLC a la Asamblea, órgano que por mandato constitucional tiene la potestad de discutirlo y aprobarlo o rechazarlo. Estoy seguro que el Presidente no hará nada al respecto. Es más, cuando la Comisión de Notables le entregue su informe a don Abel, seguramente nombrará otra junta de notables para que lea el informe y se lo expliquen en cristiano. Otro asunto más que quedará para el próximo gobierno.

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Diosito, ¿en qué momento fuimos a elegir gente tan insensata, insensible e incompetente?

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Una columna bien jalada

Hacía mucho tiempo que una columna escrita en un periódico no me impactaba tanto como la de don Jorge Guardia de hoy. Sencilla, concisa, al grano (como el nombre de otra columna del mismo diario que nunca llega al grano de nada), y tremendamente clara, certera y aguda en su análisis y su diagnóstico. Hace una crítica tan acertada de las políticas económicas (o de la ausencia de ellas) de nuestro desgobierno, que ya quisiera este autor tener la habilidad para lograrlo en un espacio tan reducido como el de una columna periodística. La única crítica que le podría hacer a dicha columna es que en el segundo párrafo se le fue la mano de espeso, y mucho me temo que buena cantidad de lectores no habrán pasado de ese punto. Y es un lástima, porque lo que sigue es una fenomenal lección de coherencia y claridad económicas, expuesta en términos que casi cualquiera podría entender.

En ese segundo párrafo don Jorge señala varias contradicciones de la política económica. Dice que hay mucha liquidez (en cristiano, mucho dinero en circulación, lo cual atiza la inflación), y sin embargo bajan las tasas de interés, lo cual resulta en una expansión del crédito, que equivale a mayor liquidez. Dice que el déficit de la balanza de pagos es elevado, y sin embargo se redujo el ritmo de la devaluación. La devaluación tiene la doble “virtud” de hacer nuestros productos de exportación más competitivos a la vez que encarece relativamente los productos de importación. O sea, que la decisión de disminuir las devaluaciones más bien contribuye a incrementar el déficit. Y apunta además que el régimen cambiario estimula la entrada de capitales extranjeros, lo cual anula la política monetaria, y hace imposible combatir la inflación. Cada vez que entra un dólar del exterior, el Banco Central lo cambia por colones, con lo cual aumenta la liquidez. Y ya dijimos al principio de este párrafo que a mayor liquidez, mayor inflación.

Lo que hallé más interesante, tal vez porque no se me había ocurrido, es la contradicción entre el hecho de que las reservas internacionales del Banco Central están en su nivel histórico más alto, y que el gobierno quiera limitarnos el uso de combustibles con el argumento de rebajar la factura petrolera. Me explico. Las reservas internacionales le cuestan dinero al Banco Central. Es como que si guardara depósitos sobre los cuales ha de pagar intereses a sus propietarios. De hecho, parte de las reservas provienen de la venta de bonos y parte de depósitos que hacen los bancos comerciales. No solo le cuesta dinero, sino que además lo obliga a poner cada vez más colones en circulación, lo cual, como ya dijimos, atiza la inflación. Siendo así, pretender reducir la factura petrolera es un sinsentido. Más bien, la factura petrolera está ayudando a que las reservas internacionales sea menores de lo que serían de otra manera. Por supuesto, el alto costo del combustible también potencia la inflación, pero entonces la solución sería rebajar los impuestos en vez de restringir el consumo. Y eso mismo dice don Jorge: el sector productivo se ve afectado por los altos precios del gas, pero el gobierno no hace nada por aliviarlo.

En otro orden de cosas, don Jorge hace ver que si bien la inflación general es alta, los precios de la canasta básica (es decir, de lo que consumen los más pobres) han aumentado a un ritmo aún mayor (16.3% versus 13 y pico). A pesar de eso, el gobierno impide la libre importación de alimentos y productos básicos (que beneficiaría a los consumidores pobres y de clase media), porque prefiere proteger “los grandes intereses de ciertos productores”.

Otro tema que aborda con precisión el Sr. Guardia es de la mal llamada reforma fiscal. El párrafo en que lo hace es digno de ser leído en el original. Dice que si bien el gobierno pregona que el paquete de impuestos es para que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, la fracción legislativa del PUSC exigió exonerar los capitales que permanezcan en el exterior, pero los ingresos del trabajo de fuente extranjera deben de pagar impuestos al momento de ser devengados. Los dueños de capitales casi nunca necesitan traerlos al país, por lo que podrán evitar el impuesto perennemente, mientras que los trabajadores deberán pagarlo inmediatamente que se ganan su sueldo. ¡Interesante concepto de la justicia social!

Ya lo hemos dicho antes: cuando un gobierno no tiene rumbo, quienes terminan pagando los platos rotos son quienes menos tienen. Y es tal la confusión que reina en el actual desgobierno, que las políticas económicas que impulsa contradicen los objetivos básicos. Eso es lo que don Jorge Guardia demuestra con absoluta claridad.

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De encuestas, pesimismo, y la labor de la prensa

No resulta difícil de explicar que en la situación actual la gente en nuestro país se sienta pesimista, tal y como lo revela la encuesta de UNIMER publicada por La Nación el día de ayer. Situaciones fuera de nuestro control, tal como el preocupante aumento de los precios internacionales del petróleo, aunado a la galopante inflación interna y la indecisión e inactividad de nuestro desgobierno de turno en todas las áreas, son suficientes para entender por qué el 81% de los costarricenses encuestados cree que el país está peor hoy que hace un año, y el 74% cree que va a estar aún peor dentro de un año. Sin embargo, los resultados de las encuestas que pretenden medir el optimismo/pesimismo ciudadano en nuestro país casi siempre son negativos. En ocasiones se vislumbran tendencias positivas; es decir, que menos gente piensa que las cosas han empeorado o va a empeorar que en la medición anterior. Pero en términos absolutos, casi siempre una mayoría importante de la población siente que las cosas andan mal y van a seguir estándolo.

Siempre me ha llamado la atención de estas encuestas que la proporción de gente que dice que su situación personal es peor que hace un año o que espera estar peor dentro de un año es bastante menor que la que cree lo mismo para el país como un todo. En el caso de esta encuesta que menciono, el 40% de la gente dice estar peor que hace un año, y el 41% cree su situación personal va a ser peor dentro de un año. Un caso interesante es el de medición realizada también por UNIMER en octubre del 2002. En uno de los momentos de menor pesimismo, el 35% de los encuestados pensaba que su situación personal/familiar iba a mejorar, mientras que el 36% pensaba que más bien iba a empeorar. Sin embargo, el 47% de los encuestados sentía que la situación del país iba ser peor un año más tarde, mientras que el 21.5% pensaban que la situación del país iba a mejorar. Lo que me llama la atención es que el pesimismo que se siente por la situación del país es mayor que el que se siente por la situación personal.

Durante mucho tiempo he buscado una explicación razonable a este fenómeno. No dudo de las encuestas; yo soy de la creencia de que las principales empresas encuestadoras son serias y profesionales, y que de su reputación depende su supervivencia comercial. Los resultados de las dos encuestas que menciono confirman que las mediciones están bien hechas. En octubre del 2002 teníamos un gobierno casi nuevo, y mucha gente (no Dean CóRnito, pero esa es harina de otro costal) le tenía fe. Teníamos tres o cuatro años consecutivos de crecimiento con inflación descendente, y eso se reflejó en las encuestas con una reducción paulatina en el pesimismo durante tres años hasta la medición de octubre del 2002. En agosto del 2005 la situación es completamente diferente. Los precios de los combustibles nos preocupan, los precios de la canasta básica nos ahogan, la pobreza crece a paso acelerado, y el gobierno simplemente no hace nada al respecto. Se avecinan elecciones, período que típicamente venía marcado por un mayor optimismo, pero ante los escándalos por corrupción y la sensación de que todos los políticos son lo mismo, el público en general no siente que las cosas vayan a cambiar para bien el próximo año. De manera que es lógico que 4 de cada 5 personas piensen que la situación ha empeorado, o que 3 de cada 4 crean que va a empeorar.

La única explicación medianamente aceptable que he logrado formular a este fenómeno de pesimismo colectivo radica en la labor que cumplen en nuestro país los medios de comunicación colectiva. De unos años para acá, han descubierto que lo negativo vende más que lo positivo, y nos han tenido en una dieta constante de malas noticias que amargan al más dulce de los ciudadanos. Tal es la creencia de los mercadotecnistas de la comunicación colectiva en esta teoría, que hasta lo positivo lo convierten en negativo.

Para muestra un botón. El jueves pasado, la Municipalidad de San José cerró una cuadra de la avenida 7 para reemplazar la carpeta asfáltica. Es rara la vez que en nuestro país vemos arreglos de carreteras, y más raro aún es que el arreglo sea profundo, y no un mero bacheo que en tres semanas de lluvia se lava. Este fue un caso de cierre de una cuadra completa para levantar la carpeta existente, compactar la base, e instalar una nueva superficie de rodamiento. En un país normal, esto no sería noticia, porque es un mero trabajo de mantenimiento. Siendo que estamos en Tiquicia y este no en un país normal, y siendo que, como ya lo dije, es rara la vez que vemos a nuestras autoridades haciendo algo por la infraestructura vial, entonces un mero acto de mantenimiento de una calle se convierte en noticia. Pero en vez de recalcar lo positivo – no sólo se arregló la calle, sino que están haciendo un trabajo profundo – La Nación se preocupó más por anunciar que se había provocado un caos vial, dejándonos con la sensación de que no se hizo nada bueno. A Dean CóRnito no le gusta verse pegado en una presa, pero cuando se da cuenta de que la presa es porque están haciendo algún arreglo, al menos sabe agradecer ese “pequeño detalle”.

Igual pasó hace unas pocas semanas, cuando fue necesario cerrar por varios días el paso por la carretera de Circunvalación entre Pavas y La Uruca, para reparar la estructura del puente sobre al Autopista General Cañas. En vez de resaltar lo positivo, se centra la atención en lo negativo (se cerró la calle, hubo más tráfico del normal en calles aledañas y rutas alternas). No importa que esos trabajos son para evitar accidentes, lo que importa es que mientras dura el cierre, las presas aumentan en otros lados.

En el periódico Al Día de hoy viene una entrevista con el Fiscal General, Francisco Dall’Anese. El tema de la entrevista es un recurso de amparo que presentó el abogado del expresidente Calderón buscando su liberación, al aducir errores en el procedimiento porque don Rafael Ángel no había sido intimado (notificado) personalmente (suponemos que de los cargos en su contra). La noticia en si es interesante, sin embargo, el énfasis de la periodista es en lo que NO sucedió, para poder destacar lo potencialmente negativo. Resulta que el recurso de amparo fue declarado “sin lugar” con el voto de 4 magistrados, mientras que otros tres “salvaron” el voto. El énfasis de la entrevista es, entonces, en que casi liberan a Calderón, y que eso hubiera creado un desastre.

Podría seguir buscando ejemplos, pero el punto está claro con los ya aportados. Los ticos nos hemos convertido en una masa inconforme y pesimista, gracias en buena medida a la dieta estricta de noticias negativas (o enfoques negativos de noticias positivas) que nos alimentan los medios de comunicación. Y no tengo la menor idea de lo que podemos hacer al respecto.

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Prohibido el progreso

Dean CóRnito se considera un ambientalista responsable. Algunas de sus actividades y preferencias profesionales y personales podrían confirmarlo. Podríamos decir que soy el primer comentarista político-económico con certificación ISO-14001. Pero muchas veces, mis compañeros de batallas ambientales me asustan más de lo que me inspiran confianza. Llegan a desarrollar una sensibilidad tan aguda por los animalitos y las plantas del bosque que anteponen su bienestar al de la especie humana. Y si bien ciertos especimenes de esta raza nuestra no merecen más consideración que la que recibe una cucaracha acorralada en una esquina de parte de una doña con zapatos bien puntiagudos, creo que nada en el mundo justifica destruir la propiedad de quienes usan abrigos de piel (o, aunque no tenga que ver con el tema, matar a quienes hacen abortos), ni tampoco llegar al extremo de impedir todo tipo de desarrollo económico en aras de un idílico e irreal estado de virginidad ecológica. Esto último es exactamente lo que pretende un nuevo proyecto de Ley del recurso hídrico que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Según La Nación, el texto actual del proyecto de ley fue redactado por el siguiente grupo de diputados: Quírico Jiménez, del Bloque Patriótico; Joyce Zürcher y Guido Vega, del PLN; Germán Rojas, del PUSC, y Gerardo Vargas, del PAC. Sin embargo, y esto lo lee usted en exclusiva en La Suiza Centroamericana, la idea de este proyecto de ley no es nueva, y otras versiones han circulado al menos desde mediados o finales de la década de 1990. La idea nace de un proyecto de fotografía aérea y satelital del territorio nacional que permitió determinar en esa época y con algún grado de certeza razonable, el nivel de cobertura boscosa del país y la degradación que había sufrido en las últimas décadas. Con esa valiosa información en mano, un grupo de bien intencionados funcionarios públicos y consultores externos se dieron a la tarea de determinar cuáles tipos de actividad económica resultaban compatibles con los tipos de suelo y nivel de degradación existentes. Un ejercicio teórico muy interesante, y del cual se podría extraer importantísima información para la elaboración de planes reguladores cantonales decentes, e igualmente facilitar la elaboración de una política nacional de conservación coherente y con visión de conjunto.

A riesgo de revelar a algunos la identidad de su alter ego, Dean CóRnito confiesa haber tenido alguna participación en esas etapas iniciales del proyecto. Pero cuando el trabajo se desvió (se politizó) hacia la elaboración de un proyecto de ley que definiría con espeluznante precisión de escritorio el tipo de actividades que, de llegar a aprobarse la ley, serían permitidas en cada centímetro cuadrado del territorio nacional, este servidor advirtió a sus colegas del error que cometían y se retiró del grupo de trabajo. ¡Como si eso se pudiera decidir desde un escritorio, o peor aún, desde los escritorios de personas que no saben lo que es tomar una decisión que comprometa sus recursos y de la que dependa su supervivencia económica y la de su familia! El resultado – versiones más, versiones menos – lo podemos ver en este proyecto de ley que hoy comento.

Si este mamarracho que hoy discute el Plenario legislativo llegara a convertirse en ley, serían prohibidas las actividades agrícolas y de construcción en las zonas identificadas como de recarga acuífera. Este autor comprende la imperiosa necesidad de proteger el recurso hídrico, pero no podemos ni por un minuto perder de vista lo que el mismo artículo de La Nación nos advierte: que un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica determinó que el 76% del territorio nacional tiene capacidad para desarrollar mantos acuíferos superficiales. Esto es tres cuartas partes del territorio nacional (aunque la periodista nos diga que es dos terceras partes, lo cual más bien equivale al 66%. Sobre las habilidades matemáticas de los periodistas de La Nación, sírvase leer Las matemáticas del dengue).

Para que al estimable lector le quede claro lo que esta ley haría, prácticamente la totalidad del litoral Atlántico, del Valle Central, de la Zona Norte del país y el Pacífico Central se convertirían en zonas “libres de desarrollo”. Puesto de otra manera, únicamente la península de Nicoya, un parchón más o menos entre Puntarenas y Bagaces, partes de la península de Osa y de la zona de Golfito, y el cucurucho de la cordillera de Talamanca son zonas sin potencial de recarga acuífera. Vea usted mismo el mapa haciendo click aquí.

En resumen, si esta ley se aprueba en su versión actual o alguna similar, los lugares donde vive más del 85% de la población nacional deberán pasar a ser como la siempre presente ciudad fantasma de las películas western. En esos lugares – tres cuartas partes del territorio nacional – no se podría sembrar frijoles, ni ampliar la casa, ni construir hoteles, ni establecer gasolineras ni rellenos sanitarios ni viveros. Los que ya vivimos aquí tendremos que subsistir, supongo, de la agricultura intensiva que se tendría que practicar en la península de Nicoya, un lugar prácticamente sin agua (razón, justamente, por la cual no es donde se practica la agricultura intensiva). Los productos serán trasladados en carreta de bueyes, porque los camiones que circularán por las calles de la península no se atreverán a subir al Valle Central a riesgo de quedarse sin combustible y no encontrar gasolineras. Supongo, además, que tendremos que ir a construir ciudades en los cerros de Talamanca, a 3,500 metros sobre el nivel del mar, para acomodar el crecimiento natural de la población. De dónde sacarán el agua y comida los salados que se tengan que ir a vivir allá, no lo sabe Dean CóRnito, ni tampoco los genios que redactaron este proyecto de ley.

Una cosa si les puedo recomendar: si quieren hacer un buen negocio, vayan a comprar tierra en la península de Nicoya, porque entre el turismo actual, y las nuevas necesidades para agricultura y para desarrollo urbano, los precios de la tierra en ese lugar se van a disparar. Imagínense, si los tecno-burócratas se salen con la suya, pronto habremos unos cuatro millones de ticos viviendo en la pampa guanacasteca.

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A propósito de las encuestas

El domingo 21 de agosto La Nación publicó una encuesta según la cual Oscar Arias tiene la preferencia del 62% de los votantes decididos a votar. El lunes 22, apenas un día después, Al Día publica otra encuesta según la cual Oscar Arias tiene el respaldo del 36.5% del padrón electoral. Los resultados son tan dispares, que muchísima gente habla de engaño, fraude, irresponsabilidad de las empresas encuestadoras, etc. Algunos lo hacen con malicia, otros, por ignorancia. Pero, ¿son en realidad tan diferentes los resultados?

La encuesta de La Nación la efectuó UNIMER Research International. Entrevistaron a 1,413 costarricenses de todo el país en edad de votar, con un margen de error del ±2.6%. Las entrevistas se efectuaron entre el 1º y el 10 de agosto. La encuesta de Al Día la realizó DEMOSCOPÍA. Entrevistaron a 1,200 costarricenses de todo el país en edad de votar, con un margen de error del ±2.8%. Las entrevistas se efectuaron del 5 al 16 de agosto. Hasta aquí vamos bien, porque las encuestas son muy parecidas. Algunas veces sólo se hacen entrevistas telefónicas (no es el caso aquí), y los resultados son sesgados por cuanto excluyen a quienes no tienen teléfono, que en promedio tienden a pertenecer a estratos sociales inferiores que quienes si tienen teléfono. Otras veces entrevistan únicamente habitantes del Valle Central (tampoco es el caso), lo cual también sesga los resultados. En este caso, ambas encuestas son metodológicamente similares.

Sin entrar en detalles muy técnicos (la forma de escogencia de las respectivas muestras, por ejemplo), en general hay diferencias en las encuestas en la forma en que plantean las preguntas (lo cual puede incidir en los resultados), y en el tipo de información que pretenden obtener. Por ejemplo, según lo publicado en ambos diarios, la encuesta de La Nación buscó mucho mayor detalle con respecto al nivel de decisión/indecisión de los votantes que la encuesta de Al Día. Pero más allá de todas estas posibles diferencias, recordemos lo que decía la niña Pochita cuando estábamos en la escuela: no se puede sumar naranjas y tacacos. Para poder sumar dos cifras, tenemos que tenerlas expresadas en la misma unidad de medida. Dos manzanas más tres naranjas no es ni cinco naranjas ni cinco manzanas. La solución es que lo expresemos en términos de frutas para usar la misma unidad de medida, en cuyo caso tendríamos cinco frutas.

De igual manera, para poder comparar dos encuestas, tenemos que estar seguros de poder hablar de la misma cosa. No es lo mismo el 62% de quienes ya escogieron candidato (que es la “unidad de medida” que usó el titular de La Nación), que el 62% del padrón electoral (que es la “unidad de medida” que usó el titular de Al Día). Dichosamente, Dean CóRnito algo entiende de estas cosas, y va a tratar de desenmarañar el asunto para sus estimables lectores. Para esto, vamos a hacer algunos cálculos no muy complicados.

Demoscopía/Al Día pregunta a la totalidad de su muestra por quién votarían si las elecciones fueran hoy. No les da chance de decir si están seguros de ir a votar o no, aunque es válido responder que están indecisos o que no votarán por ninguno. En ese escenario, el 19.5% responde que por ninguno (podemos asumir que se abstendrán de votar), y el 5.8 reconocen estar indecisos. Estos dos grupos representan, en total, el 25.3% de la muestra. Si los excluimos, la muestra se reduce a 896 votantes. El 36.5% de la muestra total que apoya a Arias corresponde a 438 votantes que, de la muestra reducida, representan el 48.9%. En otras palabras, sacando de la muestra de Demoscopía a los indecisos y a los que se abstendrán, Oscar Arias aparece con una intención de voto del 48.9% en esa encuesta. Recordemos que para ganar las elecciones se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos, NO del padrón electoral. Si ha sido bien escogida, la muestra total representa a la totalidad del padrón.

Como decía más arriba, la encuesta de Unimer/La Nación encuentra que entre quienes están decididos a votar y ya saben por quién van a votar, el 62% van con Oscar Arias. Pero ese grupo es tan sólo el 15% de la muestra (y el margen de error es mayor conforme menor es la muestra. De hecho, para esta submuestra el margen de error es del 6.8%). La Nación después juega con varios escenarios, pero nos interesa el que resulte comparable con el ejercicio hecho por Demoscopía en la encuesta para Al Día. El segundo escenario de La Nación incluye al 15% anterior, más quienes están decididos a votar pero aún no escogen candidato. Este caso lo desechamos porque, al no saber cuántos de los encuestados por Al Día están totalmente decididos a votar, las muestras no son comparables. El tercer escenario que nos presenta La Nación incluye a los dos anteriores, y agrega un grupo de personas que piensan ir a votar pero no han decido por quién votar. Es decir, esta es gente que no está totalmente decidida a votar, pero piensa hacerlo. El cuarto escenario incluye, además de los tres anteriores, al grupo de gente que tiene fuertes dudas de ir a votar. Nos parece que el escenario más comparable con el de “Demoscopía-sin-indecisos-ni-abstenciones” es el tercero.

Aquí viene lo interesante. Cuando la encuesta de La Nación “aísla” a este grupo de personas con altas probabilidades de ir a votar, encuentra que el 47% de ellos se inclinan por Oscar Arias. Por ser una submuestra menor que la muestra total, el margen de error es del 4%. Esto, para los que no lo entienden, quiere decir que el resultado real puede ser hasta 4 puntos porcentuales mayor o menor que el encontrado en la muestra. En todo caso, el resultado ajustado por nosotros de la encuesta de Al Día es del 48.9% a favor de Oscar Arias, para una diferencia de apenas 1.9 puntos porcentuales entre una encuesta y la otra, diferencia contenida con creces dentro del margen de error de cualquiera de las encuestas.

Y si mi estimable audiencia piensa que he escogido el escenario tercero de La Nación por ser el que mejor se ajusta a los resultados que quiero demostrar, lamento decepcionarlos. Tanto en el escenario segundo, como en el tercero y en el cuarto, la encuesta de Unimer/La Nación encuentra una intención de voto del 47% para Oscar Arias. Además, las diferencias entre encuestas en los resultados para Otón Solís también caen dentro del margen de error.

Dicen que para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Yo le agregaría que para interpretar y presentar los resultados de una encuesta, también hay que tener mucho cuidado. Analizadas ambas encuestas, la conclusión es que los resultados de ellas son muy cercanos entre sí, y que las diferencias en las publicaciones obedecen o a falta de entendimiento por parte de los redactores y editores de uno o ambos periódicos, o a intenciones ocultas de uno o ambos diarios. Siendo que ambos pertenecen al mismo grupo empresarial, resulta difícil sacar conclusiones ciertas. Mi tesis es que no hay errores serios en la elaboración de las encuestas, sino que cada periódico le dio énfasis a una cifra – si se quiere – extrema, dentro del rango de resultados e interpretaciones factibles de cada encuesta. La Nación usó la cifra más favorable a Oscar Arias (lo cual entendemos dada la clara preferencia de ese periódico por ese candidato), mientras que Al Día usó la menos favorable (lo cual no entendemos, insistimos, siendo que este diario pertenece al mismo grupo empresarial que el otro).

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Las matemáticas del dengue

A veces, entre tantas noticias malas y encuestas sensacionales, se le secan a uno las ganas de hacer un comentario inteligente. Dichosamente, en esas ocasiones no falta el periodista que, involuntariamente y sin darse cuenta, acuda a nuestro rescate con alguna estupidez digna de levantarle el espíritu al más ácido de los críticos. Y esta no es la excepción.

Leía ayer estupefacto la noticia de que en Puntarenas murió un muchacho de 24 años, víctima del dengue y de la negligencia médica. Leía, como condimento adicional a la noticia, que ya van 14,218 casos confirmados de dengue en lo que va del año, y eso que apenas estamos entrando en la etapa más lluviosa de nuestro mal llamado invierno. Recordaba además la noticia que apareció apenas la semana pasada, que daba cuenta de que el dengue llegó, por vez primera, a la Gran Área Metropolitana, hazaña que podemos agradecer a nuestro gobierno que, al no hacer un combate efectivo de la propagación del dengue en las zonas costeras, permitió al mosquito reproducirse en números suficientes para poder “escalar” las montañas que nos rodean y llegar hasta donde habita el 70% de la población del país. Agregaba además La Nación la triste información que nos permite concluir que el actual gobierno es acreedor de la dudosa distinción de tener a su haber tres de los cuatro años con mayor número de casos de dengue desde que la enfermedad apareció en Costa Rica en 1993. Eso incluye al presente año 2005 aún sin haber concluido.

Ya me imaginaba escribiendo un ácido comentario criticando la incapacidad de nuestro desgobierno de turno para combatir una enfermedad que es claramente prevenible, y echándole en cara al desubicado Presidente el que hace apenas un mes dijera que el problema con el dengue es que la gente había bajado la guardia al creer que la enfermedad estaba controlada. ¿Controlada? ¿Cuando justamente el año 2003 es el que mayor número de casos registra en la corta historia del dengue en Costa Rica (19,701 enfermos), y en el 2004 hubo alrededor de 9,000 casos? Para efectos de comparación, nótese que entre 1998 y 2001 hubo un promedio de 5,760 casos anuales, mientras que entre el 2002 y el 2004 el promedio anduvo alrededor de los 13,650 casos anuales, para un aumento de casi 137%. ¡Y el baboso Presidente hablando de tener la enfermedad bajo control!

Esas eran mis cavilaciones cuando me encontré el desarrollo de una nueva Teoría del Cálculo en el reportaje de La Nación de ayer. Dice textualmente:

“Según los últimos datos del Ministerio de Salud, hasta el 13 de agosto había 14.218 enfermos de dengue registrados en todo el país. El 77% de los casos se concentra en Puntarenas y el 37% en Limón.”

De acuerdo con este cálculo, las provincias de Limón y Puntarenas acaparan el 114% de los casos, lo cual me lleva a hacer las siguientes hipótesis:

• En las otras cinco provincias, más bien hubo gente que se desenfermó de dengue, para llegar al 100%, que es la suma del total.

• Los que habitamos las otras cinco provincias somos no-humanos o sub-humanos, por ende, cuando nos enfermamos de dengue entramos restando en el cálculo.

• Los habitantes de las otras cinco provincias en realidad somos mosquitos de Aedes aegypti, de manera que los casos reportados de dengue en estas cinco provincias inflan el total pero distorsionan la realidad.

• A los periodistas de La Nación Ángela Avalos y Ronny Soto los picó el mosquito Aedes aegypti en la cabeza, y quedaron con un severo caso de diarrea mental. Olía tan feo que el Jefe de Redacción prefirió no revisar el artículo y lo publicó como venía.

• El dengue cerebral es contagioso y, aunque el Jefe de Redacción de La Nación revisó el artículo, su propia diarrea mental no le permitió percibir el error.

• Hay una mucho mayor incidencia de obesidad en las provincias de Puntarenas y Limón, y por ello sus habitantes entran en el cálculo con una ponderación mayor a la del resto de los costarricenses.

• Por regla de tres y analogía, 77 + 37 : 100 :: 70 + 30 : 87.72

• Guardando la proporción, 4 x 3 = 10.53

• Tales de Mileto y Pitágoras estaban meando fuera del tarro.

Y usted, estimado lector, ¿qué cree?

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Popurrí de viernes de moda

Hay gente que no tiene vergüenza. Ayer, un derrame de ácido sulfónico en San Miguel de La Unión de Cartago provocó nubes de espuma que viajaron por una quebrada y por el aire, penetrando muchos hogares. Yo lo ví anoche en Telenoticias; la escena era de película de efectos especiales. El ácido, un detergente que está en la lista de sustancias químicas peligrosas del Ministerio de Salud, es corrosivo y reactivo (con el agua). El representante de la empresa (i)responsable, Importadora Química del Norte, un señor Henry Vargas, se dejó decir la siguiente yeguada: "el químico no tiene ninguna consecuencia para la comunidad por que se trata de un detergente común como cualquier otro". ¿Es que acaso tenemos la cara tan de idiotas?

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Un estudio de la Universidad Nacional concluyó que este año 40.000 familias más caerán bajo la línea que marca el nivel de pobreza en nuestro país, a causa de la inflación, y en particular, porque los incrementos de precios de los artículos incluidos en la canasta básica han sido mayores que el promedio. Con esto, el porcentaje de familias viviendo bajo la línea de pobreza llegaría al 25%, nivel no observado en nuestro país desde 1992. Mientras tanto, el gobierno continúa engavetándose la plata de los programas sociales, y negándole a los ticos la posibilidad de que se abran nuevas opciones de trabajo con el TLC.

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Abeladas: aún sin estar en el país sigue profiriéndolas, o las deja grabadas para nuestro deleite. Primero, antes de irse a Taiwán (inexcusablemente se me había olvidado comentarlo), en Noticias Repretel le preguntaron a qué atribuía la baja en popularidad que reflejaban las últimas encuestas. El desubicado Presidente se dejó decir que a él le había tocado gobernar en un período muy difícil por los precios del petróleo y el terrorismo internacional. ¿Qué se está creyendo? Entendemos cómo afecta el petróleo pero, ¿qué tiene que ver el terrorismo internacional con la imagen de Abel Pacheco? ¿Es que acaso tenemos la cara tan de idiotas?

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El otro día tuve la suerte de escuchar en radio un mensaje publicitario de Casa Presidencial. Primero sale una voz femenina diciendo la maravilla de gobierno que tenemos, y después sale Abelito diciendo la primer caballada que se le ocurra. Y la que se le ocurrió decir esta vez es que gracias a su gobierno, hoy el 97% de los ticos tienen agua potable. Lo pone como si hace tres años la mayoría de los ticos estuviéramos tomando caca líquida, para usar otra de sus frases célebres. La realidad, según datos de MIDEPLAN, es que en el 2001 el 94.7% de los hogares tenían disponibilidad de agua potable. El incremento al 97% es importante, pero no todo lo que lo quieren hacer ver. Presidente, mejor deje de gastar recursos en publicidad engañosa; hay muchos pobres en el país que se podrían beneficiar con más acción y menos palabrería.

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Y por si no son suficientes las Abeladas, ahora las fue a repartir a Japón. En una reunión con líderes empresariales y gubernamentales de ese país, se mandó a decirles que si bien a nosotros nos caería bien un poco del orden de los japoneses, a ellos les vendría bien un poco de pachanga. Creo que cualquier persona tiene derecho a pensar así pero, ¿es ese un mensaje digno de un Presidente de un país pobre que anda visitando un país rico para pedir limosna? ¿Es que los japoneses tienen caras tan de idiotas?

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Diputados se imponen plazo para votar ley de donaciones políticas. Según esta noticia, el límite autoimpuesto es el 30 de setiembre, para que los partidos conozcan las nuevas reglas antes de que arranque la campaña el 1º de octubre. ¿Alguien cree que los diputados puedan cumplir con este plazo? A los ingenuos les recuerdo que por ahí de mediados o fines de mayo los diputados acordaron darle trámite expedito al Plan Fiscal, con lo cual creían poder aprobarlo en 60 días. Han pasado casi tres meses, y apenas han revisado 200 de más de 1.100 mociones al proyecto. A este ritmo, faltan entre ocho y diez meses para que finalmente lo voten, y eso sin considerar que ya casi arranca la campaña electoral.

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Después de la Asamblea del PUSC, prácticamente todos los “dirigentes” que no salieron electos “estudian la posibilidad” de largarse del partido. Lo cual nos confirma que no están metidos en esto por creer en un proyecto político o para servir, sino para servirse. Porque casi todos confiesan analizar la posibilidad de buscar candidaturas a diputaciones en otros partidos (y ahora sobran de esos). Todo esto deja mucho que desear del PUN, el nuevo partido del exDefensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, ya que todos los aspirantes cuestionados del PUSC y Gloria Valerín han recibido ofertas para unírsele y hacer “pun” todos juntos. Don José Manuel, yo se que usted no entiende de estas cosas, pero recuerde que entre menos bulto más claridad.

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INS condiciona apertura en seguros a aprobación del TLC. Señores de la Junta Directiva del INS, un recordatorio: ustedes son los administradores de un monopolio estatal, no sus dueños. Ustedes no ponen condiciones. Si quieren, pueden hacer observaciones al proyecto, pero cuándo se apruebe la apertura del INS no es una decisión de ustedes, y nada de caritas.

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Gobierno ofrece atrasar cierre de Río Azul. Diay, ¿no es como la cuarta vez que esto sucede en los últimos diez años? ¿No es que la vida útil del relleno “sanitario” se superó hace como cinco años? Cuando los gases acumulados bajo esa montaña de basura sin tratamiento ni desfogue adecuado provoquen una explosión de magnitud jamás vista en Costa Rica, ¿qué nos van a decir los eunucos que no logran tomar decisiones definitivas?

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Lo que piensan los candidatos

Gracias a un post en el blog de JD Clarke, me enteré de una serie de entrevistas cortas a seis candidatos presidenciales hechas por el diario Al Día, y publicadas en dos partes, ayer y anteayer. Los candidatos entrevistados son, en orden alfabético inverso (para que no me acusen de favoritismos imaginarios), los siguientes: Ricardo Toledo, Otón Solís, Otto Guevara, José Miguel Corrales, Antonio Álvarez, y Oscar Arias. Las preguntas incluyen temas variados, desde el apoyo al matrimonio entre homosexuales y a la pena de muerte, hasta el TLC y el monopolio del ICE. Las respuestas varían desde lo esperado y lo razonable, hasta lo contradictorio y lo ridículo. Aquí les presento un resumen de lo que, para este autor, es lo más importante.

Aprobación del TLC: Corrales se opone rotundamente, Otón Solís insiste en que si se renegocian algunas cláusulas lo podría apoyar (o sea, se opone, porque el TLC ya no es renegociable), Toledo y Álvarez Desanti lo apoyan si se aprueba la agenda complementaria, Oscar Arias lo apoya pero considera necesaria una “agenda social fuerte” (el formato de la entrevista no permite explayarse, de manera que no sabemos qué quiere decir esto), y Otto Guevara lo apoya sin reservas.

Matrimonio gay: Todos se oponen, pero algunas respuestas merecen ser destacadas por las contradicciones en que caen los candidatos. Oscar Arias y Otón Solís se llevan el premio; se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo pero dicen que no hay que permitir (o hay que eliminar) la discriminación. ¿Ah? ¿Y no permitir el matrimonio a los homosexuales en virtud de su preferencia sexual no es en sí discriminatorio? Otto Guevara es otro que acapara los aplausos. Se opone al matrimonio gay, pero dice que “se puede convivir con quien se quiera, mientras no se afecten los derechos de los demás”. ¿Y en qué afecta mis derechos de heterosexual que un homosexual se case con su pareja? Uno que no entendió la pregunta fue – surprise surprise – Ricardo Toledo. Se salió con un discurso de que el matrimonio es “una institución para hacer y procrear una familia” y que no es una cuestión meramente legal. Pero no le preguntaron si la Iglesia debería de reconocer los matrimonios gay, la pregunta era si él cree que el Estado debería de darles a esos ciudadanos los mismos derechos que a los demás. Además, de su respuesta se desprende que las parejas hetero que escogen no tener hijos (procrear), no deberían tener derecho al matrimonio. Los más razonables en este tema resultaron ser Álvarez y, para mi sorpresa, Corrales. Aunque dicen oponerse al matrimonio gay, ambos estarían de acuerdo en reconocerles los derechos (o las consecuencias patrimoniales, dice Corrales) que resulten de la unión de hecho de esas personas.

Religión oficial: Otón Solís se lleva el premio a la respuesta más estúpida (hay que mantener la religión oficial y además poner al Estado a financiar a las demás religiones); Oscar Arias recibe el premio a la respuesta más ignorante (hay que mantener la religión oficial porque en Costa Rica hay libertad de culto “sin discriminación alguna”), y Corrales el premio a la mejor evasiva (hay que mantener la religión oficial pero hay que discutirlo en una Asamblea Constituyente). Toledo nos da la sorpresa del día: no cree que el Estado deba de adoptar una religión como oficial, y eso después de toda la cháchara de que su partido es un partido cristiano en el que no tiene cabida una diputada atea. Otto Guevara y Antonio Álvarez creen en la separación entre Iglesia y Estado.

Reforma fiscal: Tres a tres. Guevara, Álvarez y Corrales se oponen a la reforma fiscal. Don Otto se opone a cualquier nuevo impuesto, mientras que don Antonio y don José Miguel simplemente no creen en la reforma fiscal como está planteada en la Asamblea. Los demás (Oscar Arias, Otón Solís y Ricardo Toledo) apoyan clavarnos el actual paquetazo de impuestos.

Pena de muerte: todos se oponen. Antonio Álvarez apoya penas más fuertes que las actuales.

Píldora del día después: todos los candidatos excepto Otto Guevara se oponen a que el sistema de salud ofrezca la píldora (no confundir con píldora anticonceptiva que se toma preventivamente; esta es un píldora que se toma después del acto sexual para impedir que el cigoto se adhiera a la pared de la matriz, evitando el embarazo). Otto Guevara se opone a que “el Estado imponga decisiones que son parte del libre albedrío de la gente”. El autor de La Suiza Centroamericana no cree en el aborto como método anticonceptivo, pero por encima de esa creencia, sostiene la de que cada persona debe ser libre de tomar sus propias decisiones. Máxime que aunque para la mayoría de las religiones la vida empieza con la fecundación, para mucha gente no está claro que así sea, ni tampoco si el cigoto se puede considerar una forma de vida. Y el Estado no debe de imponer a los ciudadanos opiniones de corte religioso.

200 días lectivos: todos los candidatos están de acuerdo con mantenerlos, y de una manera u otra, todos reconocen que además del asunto cuantitativo, hay que afrontar el tema de la calidad de la educación. Ojalá sepan cómo hacerlo.

Asamblea Constituyente: Oscar Arias, Otón Solís y Otto Guevara no creen necesaria una nueva constitución; parecen estar de acuerdo en que los problemas del país se resuelven con decisión y diligencia. Toledo, Álvarez Desanti y Corrales creen necesaria la Asamblea Constituyente. Dean Córnito no logra decidirse. Por un lado, las leyes de este país han llegado a constituirse en un verdadero obstáculo para el desarrollo, pero estamos claros de que las leyes de papel no resuelven los problemas de carne y hueso (ver al respecto La inefectividad de las leyes). Por el otro lado, nos preocupa que en el actual ambiente de atomización política en nuestro país, una Asamblea Constituyente no logre ponerse de acuerdo, y que a falta de acuerdos importantes, terminemos con una constitución de “mínimos denominadores” que resulte peor que la actual.

Monopolio del ICE: Toledo, Arias y Guevara dan diferentes niveles de apoyo a la apertura. Toledo quiere el “fortalecimiento previo de las instituciones”, Arias apoya la apertura “gradual, selectiva y regulada de algunos servicios”, y Guevara apoya la apertura en aras de que los ticos tengamos “libertad de escoger”. Antonio Álvarez decepciona con su contradictoria respuesta. Dice que el ICE no es un monopolio (definición: existencia de un único proveedor de un bien o servicio), pero que “avala” la “competencia regulada, universal y solidaria”. Estamos de acuerdo en lo de la competencia, pero si el ICE no es un monopolio, que por favor don Toño me explique lo siguiente (historia verídica): ayer llamé a pedir un servicio ADSL, y me dijeron que aunque hay disponibilidad, están tardando mes y medio en instalarlo por falta de personal técnico capacitado; entonces, si no hay monopolio, ¿por qué no encontré ningún otro proveedor del servicio en el directorio? Don José Miguel Corrales sale con una respuesta de antología. Insiste que el ICE no es un monopolio, pero de seguido dice que “en telecomunicaciones defiendo su exclusividad en la prestación de servicios”. A él no le pido que me explique lo del ADSL, porque sospecho que no entendería la pregunta. Pero, tal vez alguien por ahí me pueda explicar, ¿cómo es que no es monopolio pero tiene exclusividad en la prestación del servicio? Por último, aunque no estoy de acuerdo con Otón Solís, al menos le reconozco la hombría de decir las cosas como son: no está de acuerdo con la ruptura del monopolio del ICE. Así, sin eufemismos ni medias tintas, sin llamar negro a lo blanco ni blanco a lo negro. El ICE es un monopolio, y Otón Solís cree en él.

Gobierno de Abel Pacheco: creo que esta pregunta la echaron ahí nada más que para joder. Obviamente, sólo un candidato considera que este ha sido un buen gobierno (Toledo, por supuesto). Y cita dos razones incontestables: subieron las exportaciones y bajó la deserción escolar. Las exportaciones fueron de $5,263.5 millones en el 2002, y de $6,297 millones en el 2004. Indudablemente crecieron, aunque Toledo no nos diga que el incremento se debe en buena medida a la recuperación del mercado mundial de microprocesadores, que había sufrido una caída importante en el año 2000 (¿han oído hablar del “dot.com bust”?), y no a nada en concreto que haya hecho este gobierno. Y aunque Toledo no nos diga que en 1999, el año antes del “dot.com bust”, nuestras exportaciones habían sido de $6,662.4 millones, o sea, un 5.8% superiores que el año pasado. Con respecto a la deserción escolar, yo no cantaría victoria a estas alturas, con todas las yeguadas que ha hecho el gobierno este año, primero con las becas para los estudiantes pobres, y luego con los subsidios para el transporte de esos mismos estudiantes; incidentes ambos analizados y criticados por este autor en sendos artículos: Que rueden las cabezas, y Desastre Social.

Me ha parecido muy valioso el ejercicio que nos ha presentado Al Día. Con preguntas puntuales y respuestas cortas, y con un formato fácil de digerir que permite la rápida lectura, he descubierto afinidades que ignoraba tener con candidatos que ni siquiera había considerado serios, y diferencias que no sabía tener con candidatos que, por decirlo de alguna manera, ya creía conocer. Todavía me cuento entre las masas indecisas, pero la información obtenida y mi análisis de ella me ha aclarado un poco el panorama. O tal vez lo complicó. De aquí a febrero del 2006 sabremos.

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Salacuartazo al “No circulo”

Sucedió lo que tenía que suceder. El Movimiento Libertario presentó una acción de inconstitucionalidad contra las restricciones a la circulación por número de placa en el casco central de San José, y ahora el cobro de las multas queda suspendido hasta que la Sala IV resuelva la acción. De por sí, en La Suiza Centroamericana no teníamos mucha esperanza de que las restricciones de circulación fueran a funcionar.

Tenía que suceder, porque el Movimiento Libertario le mete salacuartazos a todo lo que se mueva o respire, pero además porque era lógico: el programa del gobierno viola el derecho a la libre circulación de los habitantes. La resolución que vaya a tomar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no es tan sencilla. En muchas ocasiones los derechos se contraponen, y para poder proteger uno, hay que permitir la violación del otro. Es cuestión de jerarquizar los derechos. Si, por ejemplo, el gobierno argumenta que la medida pretende garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, la Corte perfectamente podría decidir que las restricciones vehiculares cercenan un derecho menos importante que el del ambiente sano, y por ende fallar a favor del gobierno.

Bien haría la Sala IV en ponerle mucha atención a lo que le diga el gobierno, y contraponerlo a los objetivos declarados del programa. En principio, las restricciones impuestas persiguen el objetivo de disminuir el consumo de combustibles, como respuesta a la escalada de los precios internacionales del petróleo. Como efecto secundario, si efectivamente se redujera el consumo de carburantes, disminuirían también las emisiones de contaminantes. Pero no es ese el objetivo ni la justificación del programa establecido por el gobierno.

En todo caso, más que las intenciones y declaraciones del gobierno, debería la Sala IV fijarse en los resultados de las restricciones. Los medios de comunicación han reportado presas sin precedentes en los alrededores del casco central de San José, mientras los conductores buscan rutas que les eviten pasar por la zona restringida. Hay indicaciones de que los conductores están recorriendo distancias más largas en calles más congestionadas, elementos ambos que se traducen en mayor consumo de combustible y mayor contaminación.

Por otra parte, la situación en el casco central de San José no ha mejorado sustancialmente. Pero no lo ha hecho no por culpa del “No circulo” en si, sino porque al estar los policías entretenidos multando a aquellos que ingresan en la ciudad con las placas prohibidas en las horas restringidas, las calles de San José se han convertido en tierra de nadie, donde prevalece la ley del más vivazo.

Dean CóRnito tuvo la desagradable experiencia de entrar a San José el día de hoy. Si bien se sienten menos vehículos en las calles, el tránsito no se ha agilizado. En las angostas calles y avenidas, cada quien se parquea donde le viene en gana, por lo general en zona “amarilla”. Los camiones repartidores se paran donde quieren fuera de horas de carga/descarga (que están reguladas). A veces un señor entra a la ferretería y deja el carro parqueado en la pura puerta, y simultáneamente, un camión se para a descargar en la carnicería de enfrente. El bus que va delante de uno fuera de ruta no logra pasar entre los carros parqueados, y no aparece un policía para multar a ninguno de los tres. El tránsito no se mueve hasta que no sale el señor de la ferretería con su bolsita de 200 pesos de clavos. Por otra parte, cada vez que un semáforo se pone en rojo, los carros siguen pasando sin inmutarse, hasta bloquear la intersección, y los que van en la transversal se pierden todo el tiempo que les da el semáforo esperando a que se deshaga el nudo de la intersección. Lo que el programa del “No circulo” obliga a hacer a los policías, es lo que en el campo llaman desvestir un santo para vestir a otro.

Mejor harían los policías poniéndose estrictos con los que entorpecen la circulación ágil de los demás vehículos, y el gobierno olvidándose de este programita sin pies ni cabeza. Mejor dedicar recursos a rehabilitar las líneas del tren para que pronto puedan entrar en operación otras rutas además de la de Pavas – San Pedro. Y mis amigos lectores harían bien en no confiarse de la situación, ya que el MOPT anunció que seguirán poniendo las multas, aunque no las cobrarán sino hasta que la Sala IV falle (si es que falla a favor del gobierno).

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Vagancias de país pobre

En las últimas tres semanas hemos tenido tres feriados (anexión de Guanacaste, Virgen de los Ángeles, y día de la Madre). Dentro de un mes viene otro (Independencia), y un mes después otro más (día de las culturas o día de la raza). Además tenemos Navidad, Año Nuevo, 11 de abril, jueves y viernes santos, y 1º de mayo. Por si acaso, en cada pueblo y ciudad celebran el día de su santo (por ejemplo el día de San José el 19 de marzo, o el día de San Pedro y San Pablo). En mi pueblo, las fiestas patronales son buenísimas; son el 20 de setiembre, día de San Eustaquio. En las escuelas tienen el Día del Niño y el Día del Maestro, que aunque no son libres, son dedicados a la vagancia colectiva.

A mí me gustan los días libres como al que más, pero me parece que tanto feriado es una vagabundería. Desde hace años vienen hablando de reducir el número de feriados, y de celebrar los que queden el día lunes en vez de a media semana. Pero muy a la tica, se habla y se habla y poco o nada ha cambiado.

Si consideramos que el año tiene 50 semanas laborales (en principio, todos tenemos dos semanas de vacaciones al año), y que la semana laboral tiene entre 5 y 6 días, tenemos un total de entre 250 y 300 días laborales al año. Para redondear el cálculo, partamos el ayote por la mitad, y asumamos que tenemos en promedio 275 días laborales. Los once días libres (considerando únicamente los feriados “nacionales”, no los locales) representan el 4% de los días laborales disponibles. Visto de otra manera, si trabajáramos esos días, nuestro producto nacional (PIB) sería 4% superior. Si durante 10 años seguidos trabajáramos los días feriados, al cabo de la década nuestro PIB sería 48% mayor que si no los trabajáramos.

Por supuesto, Dean CóRnito no pretende acabar con la totalidad de los feriados, pero le gustaría que racionalizáramos su uso. Si, por ejemplo, redujéramos el número de feriados a 5 al año, el PIB anual sería 2.18% mayor que con 11 feriados, y al cabo de 10 años el PIB sería 24% superior que lo que hubiera sido si seguimos con 11 feriados. Si hiciéramos esto, la recaudación fiscal aumentaría significativamente, pero la cantidad de gente en el país no tendría por qué crecer más de lo que de por sí ya crece. De manera que los fondos públicos alcanzarían para mucho más que en la actualidad. Si el Estado hace bien su labor, se podría reducir significativamente la pobreza, a la vez que se podrían hacer inversiones en infraestructura que contribuyeran a aumentar la competitividad de los sectores productivos, con lo cual tendríamos otro incremento adicional del PIB por productividad. Estaríamos ante una situación que deberíamos entonces llamar un círculo virtuoso.

Dean CóRnito tampoco cree que sea necesario convertir a la población costarricense en una sucursal de Trabajohólicos Anónimos. Lo que pide es un sacrificio generacional por el bien de los que vienen detrás. Si aplicamos la reducción de feriados por una o dos décadas y logramos disminuir significativamente la pobreza, podríamos entonces considerar ampliar el período de vacaciones de ley, por ejemplo a tres semanas. Un país rico, o al menos uno en que mucho menos del 20% de la población sea el que pase penurias, puede darse ese lujo; un país pobre no.

¿Cómo lograr la reducción del número de feriados? En un artículo reciente hablamos sobre la necesaria separación entre Iglesia y Estado, de manera que siendo consecuentes con nuestro propio pensamiento, lo primero que sugeriríamos es que únicamente sean feriados aquellos que se consideran feriados nacionales (que todos los costarricenses celebramos por igual, independientemente de nuestras creencias religiosas), y feriados internacionales. En la primer categoría caen, obviamente, el día de la Independencia, el 11 de abril, y el 25 de julio. En la segunda categoría, el 1º de mayo (Día Internacional del Trabajador). Llevamos cuatro. Yo agregaría el 1º de enero, que es un día de celebración prácticamente en todo el mundo occidental, y pare de contar.

Las celebraciones religiosas deberían de rebajarse de las vacaciones si el empleado escoge tomar esos días libres. El éxodo masivo de habitantes del Valle Central hacia las playas en Semana Santa y Navidad, y las ventas de la cervecería en los días previos a los respectivos éxodos, son hechos que me confirman que la celebración, para una importante mayoría, no tiene nada que ver con el significado religioso-espiritual de esos días. Días como el de la Madre se pueden celebrar en domingo, como en la mayoría de los países. En Estados Unidos, México, y Argentina, en vez de tener fecha fija, el día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo de cada año. Lo mismo podríamos decir del día de la virgen de los Ángeles, que se podría trasladar para el domingo anterior o posterior al 2 de agosto. El día de la raza (12 de octubre) puede celebrarse con pequeños actos conmemorativos en las escuelas y colegios, sin necesidad de darlo libre ni de dedicar el día entero al asunto. Igual los días del niño y del maestro. Sería bueno enseñar a los niños el valor del tiempo y del trabajo, en vez de inculcarles la cultura del ocio y la vagancia.

Para los que creen que el problema de la pobreza no tiene solución, les cuento que la caridad empieza en casa.

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Interesante asamblea en el PUSC

Tremenda bailada le pegaron a Toledito en la Asamblea Nacional del PUSC. Y no era de esperarse nada menos, ya que cualquiera en esa Asamblea tiene tres dedos más de frente que el amigo Ricardo. Suena muy bonito el discurso post-Asamblea del flamante candidato presidencial (se impuso la democracia, la Asamblea escogió a los mejores, el candidato no impuso a nadie, etc.), pero la realidad es que le falló el cálculo y se lo bailaron de lo lindo. La intempestiva salida de Toledo el sábado antes de que acabara la sesión así lo demuestra. Y la mejor prueba está en que inmediatamente despidió a su comando de campaña entero, su señora esposa incluida.

A quien debió de despedir era a sí mismo, pero eso era demasiado pedir. Los rumores de su renuncia no fueron más que rumores, generados probablemente por gente con un poquito más de dignidad y apenas más inteligencia que don Ricardo, pensando que el hombre actuaría justamente con dignidad e inteligencia. Sin embargo, a una persona como Ricardo Toledo no se le puede pedir que suelte el churuco, porque es la única manera que tiene de figurar. Y como nunca va a llegar a Presidente de Costa Rica, ser candidato es la único que puede hacer para alimentar su desmedido ego. Dignidad es lo último en su mente. De hecho, yo estoy dispuesto a apostar mis ingresos del último año a que lo que hizo don Ricardo cuando se fue para su casa el sábado fue llamar a su mentor, ese otro genio político llamado Abel Pacheco, para preguntarle qué hacer. Y la respuesta que recibió no debe de sorprendernos: aplíquele el “abrazo” a sus colaboradores más cercanos.

Recordemos que eso mismo hizo don Abel, pero con dos diferencias importantísimas. La primera es que Pachequito le dio el fraternal “abrazo” a quien lo hizo Presidente, un hombre políticamente mucho más audaz e inteligente que el propio Presidente, nos guste o no nos guste. Don Abel prefirió a Toledo que a Fishman, y de ahí en adelante el resultado ya lo conocemos. La segunda diferencia es que lo que haga o deje de hacer Toledito es completamente irrelevante; él no va a llegar a Presidente (Dios, por favor hazme profeta), así que no importa quién lo acompañe. A la larga le ha hecho un genuino favor a las personas que ahora despidió.

Sólo a Ricardo Toledo se le pudo haber ocurrido que dejando la Asamblea de su partido a la libre, iba a poder mantener el control del partido. El gran éxito de Abel Pacheco fue haberle robado el mandado a un Rafael Ángel Calderón por ese entonces perfectamente habilitado y no cuestionado. El gran error de Toledo fue abrirle las puertas al arrestado y atribulado expresidente para que retomara el control del partido. Y de Rafael Ángel Calderón mis estimados lectores podrán tener las más variadas opiniones, pero estoy seguro de que todos ellos le reconocen su habilidad como político. Y lo ha demostrado una vez más. No es necesario estar físicamente para manejar la situación.

Al final de cuentas, pareciera ser que en el PUSC entienden perfectamente que la probabilidad de alcanzar un tercer mandato presidencial consecutivo tiende a cero (y desde abajo), razón por la que le permitieron a Ricardo Toledo alcanzar la candidatura tan fácilmente. Quién sea el candidato presidencial es irrelevante. Lo que si resulta relevante después de este fin de semana, es que el PUSC vuelve a ser un partido con dueño único, y eso le incrementa la probabilidad de sobrevivir – aunque muy disminuido – después de febrero del 2006. Calderón se ha vuelto a posicionar como un referente en el mundo político nacional, y al próximo Presidente no le va a quedar más alternativa que negociar con sus representantes.

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Pegarse un balazo en la pierna

Hay ocasiones en que tomamos decisiones con el hígado y creemos sentirnos muy bien. La adrenalina fluye, obnubila el cerebro, y adormece los sentidos. Por eso no notamos el ardor que ha causado el balazo al perforar la carne, y nos sentimos muy bien con nuestra decisión. Es una penosa forma de hacer las cosas en política, pero es, lamentablemente, más común de lo que a veces queremos imaginar.

La nueva Ley de Migración y Extranjería (aprobada por la Asamblea Legislativa en primer debate hace unas semanas) es un claro ejemplo de una decisión tomada con el hígado colectivo de los diputados, y sus consecuencias pueden llegar a ser peores de lo que la mayoría de la gente imagina. La ley – al dificultar la contratación de extranjeros para trabajar en el país – apela a la xenofobia natural de un pueblo que ve su país invadido de foráneos, pero no da cuenta de los dañinos efectos que puede provocar. El problema no está en la invasión de foráneos, sino en que nosotros mismos les negamos las herramientas para trabajen legalmente en nuestro país, y consecuentemente nos saturan los servicios públicos y de seguridad social sin contribuir a su manutención.

En La Suiza Centroamericana no somos defensores de la ilegalidad, y no creemos que la solución al problema de la inmigración sea hacerse de la vista gorda y permitir que entre quien quiera sin permiso, y que trabajen en nuestro país de manera informal. Sin embargo, no podemos tampoco ignorar la realidad del país, en el que buena parte de la producción agrícola (y sobre todo el éxito de la cosecha) depende de la mano de obra extranjera. No es cierto que estos extranjeros vengan a desplazar la mano de obra local. En general, ellos vienen a ocupar puestos que casi ningún costarricense quiere ocupar hoy en día. Nos referimos a los millares de nicaragüenses y de indios guaimíes de Panamá que anualmente entran al país para las diversas cosechas y eventualmente regresan a sus lugares de origen.

La nueva Ley de Migración y Extranjería dificulta o de plano pretende impedir el ingreso de estas personas y la posibilidad de que obtengan un permiso temporal de trabajo; crea multas y sanciones importantes para quienes los contraten, y facilita la labor represiva de la policía. En otras palabras, crea un callejón sin salida.

Nos parece correcto que al empresario que contrate trabajadores ilegales se le impongan multas y sanciones. También creemos razonable que se facilite la expulsión de los ilegales. Lo que no es lógico, ni racional, ni razonable, ni correcto, es que a sabiendas de que esa mano de obra es necesaria, se haga prácticamente imposible su legalización, obligando a los empresarios a contratarlos en estado de ilegalidad.

El problema no es la multa al empresario. El verdadero problema es que se fomenta la ilegalidad. La capacidad represiva de nuestras autoridades migratorias es limitada, de manera que no van a poder impedir las contrataciones ilegales. Algunos empresarios caerán, se les cobrará las multas, y a sus empleados ilegales se les deportará. Pero la mayoría de los casos pasarán desapercibidos para las autoridades. Y entonces, lo que haremos es llenar el país de trabajadores ilegales, que probablemente ganan menos que el salario mínimo (y eso si es competencia desleal para los nacionales), y que no cotizan para el Seguro Social ni pagan impuestos. Pero no por ser ilegales dejan de ser personas con necesidades, con aspiraciones, con problemas; seres humanos que tarde o temprano aparecerán en un EBAIS, una clínica o un servicio de emergencias de un hospital, y habrá que darles la atención que necesitan, sin que hayan contribuido un cinco al aparato de seguridad social del país. Ni ellos ni sus patronos.

La solución no está en cerrarles las puertas para que se legalicen y pretender así tapar el sol con un dedo. La solución está en establecer requisitos razonables y un mecanismo ágil que les permita legalizarse. Si la mayoría de los que llegan son “trabajadores legales”, entonces será más difícil para los empresarios pagar salarios por debajo del mínimo, y será también más fácil sancionarlos si no inscriben a sus empleados en la CCSS. En vez de andar persiguiendo obreros ilegales por las montañas y selvas de nuestras franjas fronterizas, la policía de Migración podrá irse a las contabilidades de las empresas y determinar si el nivel de producción corresponde con el nivel de empleo que reportan, y será mucho más fácil combatir la ilegalidad.

Los productores, grandes y pequeños, han dado el grito de alerta. En algunos casos nos parece detectar en su discurso la pretensión de mantener el status quo, de manera que puedan seguir contratando obreros ilegales sin exponerse a graves sanciones. Pero en la mayoría de los casos, nos parece que hacen una advertencia sincera: “si no nos dan los medios para contratarlos legalmente, las cosechas peligran”. Las pérdidas para el país serían gigantescas.

Como lo dijo Napoleón: "Es muy raro que una asamblea razone; se apasionan con demasiada rapidez". Si no tenemos esperanzas de que la Asamblea Legislativa rectifique el rumbo (y no lo van a hacer al calor de la campaña presidencial), esperaríamos que al menos el Poder Ejecutivo hiciera algo al respecto. De hecho, eso es lo que pensaron agricultores y exportadores. Resulta que el año pasado se pasaron de mayo a diciembre negociando la promulgación de un decreto que crearía un mecanismo ágil para la legalización de los trabajadores temporales. Habla muy mal de la capacidad de acción de nuestro gobierno que dicha negociación haya necesitado de ocho meses. Pero lo que peor habla de nuestro gobierno de turno es que el decreto negociado desde diciembre del año pasado, lleva ocho meses dando vueltas de un escritorio a otro, y no ha sido promulgado. En este momento, según reportó La Nación de ayer, ni siquiera se sabe a ciencia cierta donde se encuentra.

La parte fuerte de la cosecha de café empieza en un par de meses, y tanto trabajadores como productores necesitan saber qué va a pasar. En otras palabras, necesitan seguridad jurídica; unos para decidirse a venir a nuestro país, los otros para contratarlos. Estas decisiones no se toman de último minuto, y cualquier cosa que el famoso decreto establezca, se necesitará tiempo para implementarla. El decreto debió ser publicado hace mucho. Pero no nos extraña que nada haya pasado. Hasta la saciedad hemos dicho que este gobierno carece de dos cosas esenciales: capacidad para ejecutar, y sensibilidad para que le importe.

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Popurrí de toludeces

En abril del 2001 salió a concurso la concesión para la ampliación y manejo de las diferentes terminales de los puertos del Pacífico y otros servicios portuarios. Cuatro años y cuatro meses después, ninguno de los contratos ha arrancado. Los puertos ya se encuentran saturados, no pueden atender grandes embarcaciones por falta de un dragado, y las concesiones siguen entrabadas en la maraña legal que ofrece nuestro país al inversionista extranjero. Hoy el problema son las tarifas, pero cada semana hay otro nuevo. Y después no entienden por qué estos proyectos terminan siendo más caros de lo necesario.

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Ni para recibir plata regalada sirve este gobierno. Una donación de la Unión Europea por 3.6 millones de euros para hacer mejoras en la Gran Área Metropolitana está a punto de perderse por culpa de la modorra de un gobierno que no hace más que quejarse de falta de recursos pero que, cuando los hay, como en este caso, demuestra que el verdadero problema es su ineptitud. Los dineros, parte de un programa mediante el cual la UE donaría un total de 11 millones de euros, están a punto de perderse porque la Unión Europea exige ver avance en las obras y a estas alturas las entidades que podrían usar el dinero ni siquiera han definido en qué utilizarlo. Al carajo los semáforos “inteligentes”, el alcantarillado sanitario, el proyecto de repoblamiento de San José, el relleno sanitario de Cartago y quién sabe cuántos otros programas que se podrían financiar – al menos parcialmente – por esta vía.

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Haciéndole honor al título de este artículo, la propaganda de Ricardo Tolu(e?)do ahora pretende hacernos creer que las Garantías Sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Banco Popular son obra del Partido Unidad Social Cristiana. El PUSC nació por ahí de 1980, y se presentó a elecciones por primera vez en 1982. Entonces, ¿cómo se explica que instituciones creadas en la década de 1940 son obra de un partido que nació en los 80s? ¿Será que ya Ricardito descubrió la máquina del tiempo? Yo nunca he sido partidario ni defensor del Partido Comunista ni de la Iglesia Católica, pero al César lo que le pertenece. Don Manuel Mora y Monseñor Sanabria se han de estar revolcando en sus tumbas. Y don Rafael Angel Calderón Guardia también, al ver lo que hacen en su nombre algunos toluditos del siglo XXI.

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Aquil Alí, el Presidente del Club Sport Herediano (y dueño de varias empresas exitosas, entre ellas 2x1 Pizza), le prestó 25 millones y medio de colones a la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Y qué? ¿Qué tiene esto de escandaloso como para que La Nación haga tanto ruido con el asunto? A veces la necesidad de vender periódicos tiene cara de caballo.

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El TSE rechazó la inscripción del Partido Feminista por no incluir hombres en sus puestos de dirección. ¿Realmente hace falta comentar esta noticia? Yo me ofrezco para ocupar una plaza ficticia para que las doñitas puedan tener su partido. ¿Más voluntarios?

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Gloria Valerín busca nuevas opciones partidarias. ¿Diay? ¿Soy sólo yo, o el Partido Feminista es la opción ideal? Además, tal vez con Gloria Varonil complete ese partido su cuota de machos!

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Una excelente iniciativa

El cierre del ferrocarril durante la administración Figueres Olsen fue un grave error. Si bien su operación dejaba pérdidas, en ocasiones el beneficio social de una actividad supera con creces su costo, y este era un ejemplo de ello. La decisión fue doblemente mala: aunque se suspendió la operación de los ferrocarriles, se mantuvo abierto el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), con sus más de 300 empleados en planilla. Durante nueve años, los costarricenses hemos estado pagando los salarios y otros gastos de una institución cuya raison d’être es operar ferrocarriles, sin que lo haga.

Con el cierre del ferrocarril se multiplicó el número de furgones transitando en las carreteras del país, transportando toneladas y toneladas de bienes que se importan o exportan a través de nuestros principales puertos. La congestión en las carreteras ha crecido de manera importante, y su deterioro se ha acelerado por la mayor frecuencia con que las transitan estos gigantes de gran peso. Quien haya tenido que subir de Barranca a San Ramón o de Orotina a La Garita detrás de un trailer que circula a 20 kph sabrá bien de lo que hablo.

De manera que nos alegra mucho el anuncio que hace hoy el nuevo Presidente Ejecutivo del INCOFER de que los ferrocarriles empezarán a operar parcialmente a partir del próximo mes. Si bien no se propone reanudar el transporte de carga desde los puertos, en La Suiza Centroamericana esperamos que lo anunciado hoy sea tan sólo el inicio de un proyecto más ambicioso, y no simple flor de un día.

El plan anunciado es la operación de un ferrocarril de pasajeros entre Pavas y San Pedro de Montes de Oca, ambas en la periferia de San José. Inicialmente este servicio funcionará únicamente durante las horas pico, y las decisiones posteriores dependerán de la respuesta del público. Esta ruta abrirá una nueva alternativa para cruzar la ciudad de San José de este a oeste (y viceversa), y podría contribuir a reducir significativamente el número de vehículos que ingresan al casco central de la ciudad, con las consecuentes disminuciones de congestión y consumo de combustibles.

Para que esta ruta funcione, no basta con echarla a andar, y esperamos que las autoridades de INCOFER le hayan dedicado algo de pensamiento al asunto. Si el ferrocarril únicamente va a desplazar usuarios de transporte público de una modalidad a otra (de autobús a tren), las ganancias serán mínimas, y la oposición de los autobuseros con sus intereses creados y su inmensa influencia en el MOPT podría rápidamente descarrilar esta nueva iniciativa. Para que el experimento valga, debe el tren de captar usuarios de transporte privado. Un autobús lleno traslada más o menos la misma cantidad de gente que 40 carros particulares. Sacar 40 carros de circulación en hora pico tiene un impacto importante en el flujo vehicular; sacar un autobús tiene un impacto mínimo.

Mucha gente que tiene carro no toma el autobús porque el servicio es, en general, deficiente. Los horarios no se cumplen, las capacidades máximas no se respetan (o sea, los pasajeros viajan como sardinas enlatadas), los buses no tienen aire acondicionado y las ventanas están trabadas, y los choferes son unos imprudentes que con cada maniobra al volante ponen en peligro las vidas de sus pasajeros. En contraste con esta situación, en muchas ciudades del mundo, la gente restringe el uso de su vehículo a las noches y fines de semana, prefiriendo durante el día la seguridad y conveniencia que ofrecen las diferentes alternativas de transporte público. Si en Nueva York toda la gente sacara su auto para ir a trabajar, no alcanzarían las calles ni los estacionamientos para tanto carro.

Para convencernos a los sodas que andamos en carro de dejar la conveniencia y comodidad de nuestro propio carrito, se nos tiene que ofrecer un servicio de calidad, y el ferrocarril es ideal para ello. Algunas consideraciones que deberán hacer las autoridades son las siguientes:

1. El servicio debe de ser confiable: los horarios se tienen que respetar, lo cual no es difícil para un tren que no se ve afectado por las presas vehiculares. Pero los administradores tienen que tomárselo en serio y exigir a los maquinistas puntualidad y respeto.


2. El servicio debe de ser cómodo: la capacidad máxima de cada vagón debe de ser razonable (no provocar el efecto “lata de sardinas”) y respetada en toda circunstancia. Además, los vagones deben de estar bien ventilados y mantenerse limpios.


3. Dado que lo que se pretende es inducir a los conductores de carros particulares a usar el transporte público, deben de tomarse en cuenta algunas de sus necesidades. Un profesional con carro que vive en Lomas de Ayarco y trabaja en una oficina en Rohrmoser NO va a tomar el bus de Curri para llegar a la estación del tren en San Pedro. Deben de acondicionarse estacionamientos en las estaciones, con buena vigilancia, para que esa persona se atreva a dejar su carro ahí todo el día en vez de enrumbarlo hacia el casco central de San José y más allá.


4. Sería interesante crear rutas de autobús que alimenten el tren. Por ejemplo, servicios desde Curridabat, partes de Tres Ríos y de las diversas zonas de Montes de Oca hasta la estación del tren en San Pedro, y servicios desde Escazú y la zona de la Sabana/Rohrmoser hasta la estación de Pavas (o a cualquier parada intermedia). Estos servicios, sin embargo, deberían de ser cómodos para atraer pasajeros, y puntuales para garantizar que se pueda tomar el tren sin contratiempos.


5. No hay que caer en populismo barato; para poder ofrecer un servicio de calidad, hay que generar los recursos que lo permitan. Las tarifas no deben de ser tan altas que resulten prohibitivas, pero tampoco tan bajas que el servicio deje pérdidas. Considerando que el servicio de tren entre Pavas y San Pedro viene a ser una opción más y no la única, no tiene que ser tan barata como el transporte en autobús. La diferencia en precio debería reflejar el ahorro de tiempo y la mayor comodidad del pasajero.
   

Por último, como lo dijimos anteriormente, este proyecto no debe de limitarse a la ruta San Pedro-Pavas. El Estado debe de invertir en reparar las líneas y puentes que permitan reactivar otras rutas urbanas (por ejemplo, Heredia-San Pedro), y también reabrir el servicio de carga desde los puertos hacia el Valle Central y viceversa. La calidad de vida de todos los costarricenses mejoraría significativamente.

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¡Que rueden las cabezas!

Alguien en la Tesorería Nacional la tiene en contra de los estudiantes más pobres del país. Y ya es hora de que lo paren en seco.

Cuando hace menos de tres semanas La Suiza Centroamericana denunció la falta de decisión del Presidente de la República al permitir que el pleito de gatos entre la Tesorería Nacional y el Fondo Nacional de Becas llegara al punto de dejar sin beca a los estudiantes pobres en el momento del ciclo lectivo que históricamente registra la mayor deserción estudiantil (el regreso a clases después de las vacaciones de medio año), milagrosamente el señor Presidente tomó una decisión y ordenó a la Tesorería dejarse de cuentos y a girar los recursos al FONABE a pesar de que éste no hubiera ingresado aún al sistema de la caja única del estado (aptamente bautizada el agujero negro del estado por nuestro estimado lector, Beto).

Ahora nos informa La Prensa Libre que el genio del Tesorero Nacional decidió acatar la orden del Presidente al pie de la letra. Giró los recursos de las becas, como se lo ordenó don Abel pero, seguramente para sacarse el clavo, se rehúsa a girar los recursos correspondientes al subsidio que reciben los estudiantes para pagar el transporte a las escuelas. Y con esa decisión quedamos igual.

Ya hemos dicho en otras ocasiones que muchos estudiantes de zonas rurales tienen que trasladarse muchos kilómetros para llegar a sus escuelas, y cuando no hay transporte público ni especial, deben de caminar horas y horas, cruzando ríos o lotes baldíos (como el par de muchachas en Tárcoles que fueron interceptadas el viernes pasado por un maleante que asesinó a una de ellas, de 16 años de edad), circunstancias estas que los llevan a abandonar sus estudios. Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí les dejo esta foto con que ilustró La Prensa Libre el artículo objeto de este comentario.

Estos estudiantes de la foto son de los que mejor suerte tienen, al menos por donde andan es un “camino transitado”, y únicamente corren el riesgo de resbalar y llenarse de barro hasta la coronilla, o de ser atropellados por un vehículo.

Ya hemos explicado en otras ocasiones que este tipo de decisión burocrática constituye una sentencia de pobreza perpetua para el estudiante-víctima. Los alumnos que desertan rara vez regresan a la educación formal, y así se les cierran gran cantidad de puertas para su desarrollo personal y superación económica. Que algunos abandonen los estudios por motivos personales ya es una tragedia, pero que muchos deban abandonar sus estudios no por una decisión personal o familiar, sino por la insensible negligencia de un funcionario público o de un gobierno al que nada parece importarle, eso es un crimen que no tiene nombre.

Ante tanta charlatanería e irrespeto a la segunda decisión que ha tomado don Abel durante su mandato presidencial (la primera fue no tomar decisiones), lo único que cabe es el despido inmediato del Tesorero Nacional, y una investigación para determinar si su prepotente actitud fue avalada o impulsada por sus superiores en el Ministerio de Hacienda. Y si así fuera, habría que barrer con todos ellos también. Con la educación de los pobres no se juega. Hacerlo, es carecer de cabeza y de corazón, la peor combinación en un político.

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Con la jeta llena de.... café re-caro

El precio del café en nuestro país ha subido exageradamente en el último año. Un reportaje de La Nación hace un mes informó que entre marzo y mayo, la bolsa de medio kilo había subido en 219 colones, a pesar de que en el mismo período el quintal de café cayó de $135 a $106 en la Bolsa de Nueva York. Otra nota aparecida el 30 de junio en el mismo diario reportó que el precio promedio del medio kilo de café pasó de ¢654 en noviembre del 2004 a ¢1,149 en mayo del 2005, según INEC, para un aumento del 75.68% en un período de seis meses.

El café es un bien de precio libre (no regulado), y el precio doméstico del café en general fluctúa junto con el precio internacional. La razón es muy sencilla; si el precio en el mercado interno fuera mucho más bajo que en el de exportación, los productores destinarían una mayor proporción de su producto a la exportación (para maximizar sus ganancias), creando una escasez relativa de producto en el mercado doméstico, que a su vez provocaría un aumento en el precio local hasta emparejarlo con el internacional. No concuerda el alza en el precio local con la rebaja observada en el precio internacional, y por ello la Comisión para Promover la Competencia del Ministerio de Economía inició una investigación para determinar si hubo alguna práctica anticompetitiva de parte de los distribuidores locales.

Simultáneamente, algún empresario nada tonto tuvo la idea de importar café de otros países para venderlo en el mercado local. Esto, por sí solo, demuestra que el precio local es mayor que el internacional, porque de lo contrario este empresario perdería dinero con la importación. En Costa Rica existe un arancel (impuesto de importación) del 15% para el café, y ninguna restricción cuantitativa ni legal a la importación del producto. Sin embargo, desde que se anunció la pretendida importación, el sector cafetalero ha montado una rabiosa campaña oponiéndose a dicha importación de café, con toda clase de argumentos espurios. Han sacado campos pagados en algunos periódicos, cuya lectura produce más agruras que un café rancio tomado en ayunas. (Para beneficio de mis lectores, he "escaneado" un campo pagado que publicó ICAFE en La Nación de ayer. Aparece al final del artículo).

Aducen los cafetaleros que hay que impedir la importación de café porque en Costa Rica sólo se produce la variedad “arábigo”, que es de superior calidad a la otra variedad que se comercializa en el mundo, llamada “robusta”. Esto es cierto, pero no es razón para impedir su importación. Hay algunos consumidores – Dean CóRnito confiesa ser uno de ellos – para quienes una taza de café es una taza de café, y no logran notar la diferencia en sabor a menos de que el café haya sido recalentado 10 veces y sepa a quemado. La señora de CóRnito, de paladar bastante más refinado que quien escribe estas líneas, no cambia su café Britt por nada del mundo. Los consumidores no somos nada tontos, y tenemos derecho a escoger el café que se nos venga en gana. Y si igual nos da una taza de agua chacha que un café espresso hecho con grano tostado en París, deberíamos también tener derecho a comprar un café baratico para hacernos nuestra agua chacha. El consumidor sofisticado sabrá notar la diferencia y evitará el producto inferior.

También se dejan decir que la importación de café potencialmente de menor calidad que el producido en Costa Rica, “imposibilitará al consumidor nacional continuar degustando el ‘Mejor Café del Mundo’”. Cuando un gremio de productores se opone a la aparición de alternativas en el mercado, siempre aduce querer proteger al consumidor. En su visión de mundo, los consumidores no son más que una colección de imbéciles a los que ellos tienen derecho exclusivo. En el fondo, nunca está más lejos del corazón del productor la protección del consumidor. Cuando se oponen tan rabiosamente, como en este caso, es por temor a que el consumidor (o las autoridades reguladoras) descubra(n) los horribles trucos con que manipulan los precios. Y por ello, cuando se llenan la jeta de m..... con un discurso pro-consumidor, lo mejor que podemos hacer los consumidores es gritarles: no me defiendas, compadre!

Haga click en cada una de las imágenes para ampliarlas.

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Crear impuestos por puro gusto

o, Crear impuestos por el placer de crearlos

Un buen sistema impositivo debe de tener tres características fundamentales: ser sencillo, ser eficiente, y ser justo. Nos referimos a sencillez en el sentido que el sistema sea fácil y relativamente barato de administrar. Nada tiene menos sentido que los impuestos cuya gestión de cobro es más cara que el monto que se va a recaudar. Y créanme cuando les digo que en Costa Rica tenemos varios así. La eficiencia se refiere a que las reglas han de ser claras para que los agentes económicos (personas y empresas) las puedan entender y extraer de ellas señales también claras que les permitan tomar decisiones racionales. Las señales que los agentes económicos reciban los han de inducir a actuar de manera racional; es decir, que los invite a producir de la manera más eficiente posible (con el menor desperdicio de recursos) y con transparencia. La sencillez y la eficiencia están íntimamente relacionadas, ya que un sistema de impuestos complejo es a la vez difícil de administrar y envía señales confusas. Por último, la justicia se refiere al principio de que cada quien pague de acuerdo a su capacidad.

En un artículo anterior demostramos que el Paquetazo Fiscal que el Gobierno está impulsando desde hace tres años no cumple con el criterio de justicia. Al contrario de las mentirosas declaraciones (“los ricos pagarán como ricos”) con que se han llenado la boca tanto oficiales del gobierno, diputados de la mayoría de los partidos que apoyan el paquetazo, y Oscar Arias y su gente, el grueso de la recaudación dependerá de la sustitución del impuesto de ventas por un ubicuo impuesto al valor agregado, y de la ampliación de la base de dicho impuesto (comparado con el actual impuesto de ventas, de ahí su ubicuidad). Y en ese anterior artículo explicamos que el IVA es un impuesto regresivo, lo que implica que proporcionalmente hablando, golpea más al pobre que al rico. Pero ese no es el único defecto de este Paquete Tributario.

Al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra y todas las criaturas que la habitan, el Paquete Fiscal al menos tenía una cierta lógica interna, aunque violando los principios de sencillez, eficiencia y justicia. Pretendía crear una estructura impositiva parcialmente más sencilla (con un impuesto a la renta único para todos los ingresos de los agentes económicos, bajo el concepto llamado renta global, que no hay que confundir con el de renta mundial al que me referiré más adelante), más eficiente (con un impuesto a la renta más bajo), y más justa en el limitado sentido de incluir una serie de actividades y productos que históricamente han estado exentos de impuestos sin más criterio que el de que a algún político de turno le cayó en las bolas excluirlos. Pero ojo que digo que la propuesta era apenas “parcialmente” sencilla, eficiente y justa.

Digo que al principio la estructura era apenas parcialmente sencilla, porque al adoptar el concepto de la renta mundial (que significa que los residentes de Costa Rica deberán de pagar impuestos en Costa Rica por los ingresos que tengan en cualquier parte del mundo), pretende poner a Tributación Directa a perseguir nuestros ingresos por todo el mundo, cuando de todos es sabido que ni siquiera tienen la capacidad para recaudar de manera efectiva los impuestos que se generan en suelo nacional. O sea, que la sencillez que se derivaba de un impuesto único, se ve cancelada por la descabellada idea de que Tributación va a poder cobrar impuestos en la Conchinchina.

Si bien para políticos populistas como nuestro Presidente y su delfín Toledo es muy bonito hablar de la justicia de que los ricos paguen impuestos por los dineros y negocios que tienen en otros países (la verdad es que suena bonito), en la práctica eso no va a suceder porque, como ya lo dijimos, Tributación Directa no tiene capacidad ni siquiera para recaudar la totalidad de los impuestos que se generan aquí. Y en lo esencial, este Paquetazo Fiscal no le da a Hacienda ni a la Tribu los recursos necesarios para perseguir los ingresos del tanate de puriscaleños que viven en New Jersey, y menos para perseguir los negocios que los grandes y hacendados señores tienen en Timbuktú. Pero lo peor de todo esto es que el gran señor empresario en general no necesita repatriar sus ingresos (es decir, traerlos a Costa Rica), de manera que podrá evitar fácilmente las cortas garras de la Tribu, pero el puriscaleño o el isidreño que tiene una chambita en la Yunai y todos los meses le manda platica a su esposa para pagar la casa y los gallitos de los mocosos, a ese si lo van a apretar cada vez que la plata entre al país via Western Union. Eso es lo que ni Abel Pacheco ni Oscar Arias nos quieren decir con respecto a las pretendidas justicia y sencillez de este paquete tributario.

En el séptimo día Dios descansó, y entonces entraron los políticos en acción y la cosa se desmadró. Lo que en un principio era un impuesto de renta único y bajo (es decir, sencillo y eficiente), se ha convertido a punta de mociones legislativas y populismo barato en un sistema impositivo complejo, con diferentes categorías de impuesto y exenciones a diestra y siniestra. Para quienes tienen los recursos, estas exenciones serán muy fáciles de usar en su beneficio propio. Pero para el simple asalariado, que es la inmensa mayoría de los costarricenses, el pago de los impuestos seguirá siendo ineludible. Con el agravante de que las señales enviadas a los agentes económicos seguirán siendo confusas, y en vez de invitar a producir con eficiencia y transparencia, las exenciones, excepciones y diferentes categorías son una invitación a gastar recursos en aprender nuevas formas de evadir el fisco en vez utilizarlos para aumentar la producción. Y ese es un pecado que no debemos permitir.

En Costa Rica los ciudadanos estamos tan domesticados que aceptamos casi gustosos la creación de nuevos impuestos. Repasen un poco la historia reciente y se darán cuenta de que en las últimas décadas, prácticamente cada gobierno nuevo nos ha recetado un paquete fiscal nuevo. Nos tienen tan intoxicados con un mal entendido y peor implementado concepto de solidaridad social, que hasta el más pobre acepta los impuestos “porque hay que ayudar a los demás”. Pero como la mayoría de los ciudadanos no entienden de estos temas, se tragan el cuento de que los nuevos impuestos son para hacer a los ricos pagar como ricos. En un sentido muy “latinoamericanamente” maquivélico, tal vez sí podríamos decir que los ricos pagan como ricos, o mejor dicho, como los ricos están acostumbrados a pagar. Dean CóRnito no cree en la “lucha de clases” y ve con muy malos ojos el populismo barato que persigue generar resentimientos de los de abajo hacia los de arriba. Pero Dean CóRnito si cree en la solidaridad social en su correcta dimensión: los que más tienen ayudando de verdad a quienes menos tienen. Eso no se logra con aparatos fiscales ineludibles para los pobres e inocuos para los ricos. Y eso, ni más ni menos, es lo que propone la mal llamada Reforma Fiscal de Abelito Pacheco, por la que tanto claman dos candidatos presidenciales como Oscar Arias y Ricardo Toledo.

La mejor medida de nuestro nivel de domesticación es que en un país donde los políticos mienten impunemente en campaña (y todos lo sabemos), el único tema en el que son sinceros es con respecto a sus intenciones de subir más los impuestos. Eso lo dicen al pedir nuestros votos. ¡Y nosotros se los damos!

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