Si hay algo de lo que no se puede acusar a los diputados en Costa Rica es de falta de imaginación. Basta que los pongamos a pensar en cómo crear más burocracia y mayores impuestos, y su productividad se dispara como por arte de magia.
Esta semana ya habíamos recibido la magnífica noticia del acuerdo entre el PLN, el PUSC y el PAC para darle trámite rápido al PACquetazo Fiscal. Pero no les basta a los diputados con subir indiscriminadamente los impuestos por medio de ese PACquetazo, sino que ahora nos anuncian la creación de un nuevo impuesto a la carga que se maneje por el complejo portuario Limón/Moín.
Se trata de uno de esos geniales proyectos de ley que sólo servirán para poner trabas a la actividad económica, sin ningún beneficio real. Y esta vez protesto no por el simple hecho de que se cree un nuevo e innecesario impuesto, sino porque el proyecto de ley contiene un par de genialidades de esas que verdaderamente pondrán en peligro las exportaciones nacionales. Veamos.
En principio el monto del impuesto – $1.50 por tonelada de carga que pase por los puertos – no pareciera ser gran cosa. Sin embargo, consideremos que los sectores exportadores son el motor que le imprime dinamismo a nuestra economía, y nos daremos cuenta de que no es un sana práctica la de encarecer y entrabar aún más las exportaciones. Consideremos, más aún, que los microprocesadores (INTEL) y los dispositivos médicos (Abbott, Baxter, etc.) no se exportan por barco. Son, más bien, productos agrícolas y textiles los que salen por los puertos del Caribe. Según datos de JAPDEVA, el 88.4% de las exportaciones que pasaron por sus puertos en el 2002 fueron de los siguientes productos: banano, café, verduras, frutas frescas, plantas y hortalizas. Esta cifra sube al 94.4% si incluimos los productos textiles. Y todo esto es relevante porque, si bien una tonelada de microprocesadores puede tener un valor de cientos o miles de millones de dólares, caso en que el impuesto de $1.50 por tonelada sería insignificante, una tonelada de productos agrícolas puede tener un valor de apenas centenares o miles de dólares, y el impuesto es mucho más significativo. Además, si bien algunos exportadores agrícolas son empresas gigantescas (como las bananeras), muchos son pequeños y medianos agricultores, que se verán en desventaja con la entrada del nuevo impuesto.
Hay más. Lo que se recaude por este impuesto estará destinado a una cosa mal llamada Centro Científico Marino del Caribe, que estará a cargo de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA). Tal vez al lector se le escape el pequeño detalle de que este impuesto va a financiar una sociedad anónima, es decir, una empresa regida por el derecho comercial privado. Cierto, el Estado es el propietario del 100% de las acciones de esta empresa, pero al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Considerando que al año pasan unos 8 millones de toneladas de carga por los puertos del Caribe, este impuesto generaría unos $12 millones anuales (unos 5,700 millones de colones al tipo de cambio actual). Esa es demasiada plata como para que vaya a una entidad libre de controles públicos.
Pero no es todo. El mal llamado centro científico pretende construir en la zona del Caribe un mercado de artesanías (¿dónde está la ciencia?), salas de conferencias, un “centro de investigación y exposición de la cultura caribeña”, un paseo del mar (seguro Franklin Chang será el capitán del barco), una iniciativa turística y de investigación en Isla Uvita, y un proyecto de drenaje para los cantones propensos a inundaciones. Señores, para hacer estas cosas ya existe una institución. Se llama Junta de Administración Portuaria y DESARROLLO de la Vertiente Atlántica, cuya misión, además de la administración de los puertos, es la de promover el desarrollo de la región financiando iniciativas apropiadas con los ingresos generados por la actividad portuaria. No es necesario crear más burocracia para lo mismo.
¿Sorprendido? Pues las cosas son aún peores. Resulta que según La Nación, esta maravillosa ley “obliga a la Aduana a no tramitar ninguna póliza si el monto del impuesto no fuere entregado ANTES a Ecimacsa”. Yo no se si aquí habrá un error de transcripción de La Nación, pero de ser esto como lo pone La Nación, esta ley es el decreto de muerte no sólo para los exportadores, sino para la actividad portuaria de Limón. En primer lugar, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, la recaudación ingresa a la caja única del Estado. No hay ninguna garantía de que el Ministro de Hacienda de turno vaya a usar esos recursos para destinarlos a ECIMACSA. Pero, aún si asumiéramos que el Ministro va a entregar la totalidad de los recursos al nuevo elefante blanco, entre que el exportador paga el impuesto y ECIMACSA recibe los recursos de la caja única pueden pasar varias semanas o meses. De manera que si es cierto que Aduanas tiene que verificar que el monto del impuesto haya sido entregado antes a ECIMACSA, los bananos, hortalizas, frutas y plantas se van a podrir esperando el trámite de la póliza de exportación.
¿Suficiente? Pues no. Justo cuando creíamos que la maldad tributaria no podía dar más de sí, descubramos ahora que de las importaciones que se manejan en los puertos del Caribe, el petróleo representa más de la mitad del tonelaje. Ya este artículo me va quedando muy largo, así que no me voy a poner a hacer cálculos del impacto que el nuevo impuesto tendrá en los precios de los derivados del petróleo. A cambio, los dejo con una pregunta. ¿Necesita la gasolina una nueva carga tributaria en estos momentos, por insignificante que sea?
Esta semana ya habíamos recibido la magnífica noticia del acuerdo entre el PLN, el PUSC y el PAC para darle trámite rápido al PACquetazo Fiscal. Pero no les basta a los diputados con subir indiscriminadamente los impuestos por medio de ese PACquetazo, sino que ahora nos anuncian la creación de un nuevo impuesto a la carga que se maneje por el complejo portuario Limón/Moín.
Se trata de uno de esos geniales proyectos de ley que sólo servirán para poner trabas a la actividad económica, sin ningún beneficio real. Y esta vez protesto no por el simple hecho de que se cree un nuevo e innecesario impuesto, sino porque el proyecto de ley contiene un par de genialidades de esas que verdaderamente pondrán en peligro las exportaciones nacionales. Veamos.
En principio el monto del impuesto – $1.50 por tonelada de carga que pase por los puertos – no pareciera ser gran cosa. Sin embargo, consideremos que los sectores exportadores son el motor que le imprime dinamismo a nuestra economía, y nos daremos cuenta de que no es un sana práctica la de encarecer y entrabar aún más las exportaciones. Consideremos, más aún, que los microprocesadores (INTEL) y los dispositivos médicos (Abbott, Baxter, etc.) no se exportan por barco. Son, más bien, productos agrícolas y textiles los que salen por los puertos del Caribe. Según datos de JAPDEVA, el 88.4% de las exportaciones que pasaron por sus puertos en el 2002 fueron de los siguientes productos: banano, café, verduras, frutas frescas, plantas y hortalizas. Esta cifra sube al 94.4% si incluimos los productos textiles. Y todo esto es relevante porque, si bien una tonelada de microprocesadores puede tener un valor de cientos o miles de millones de dólares, caso en que el impuesto de $1.50 por tonelada sería insignificante, una tonelada de productos agrícolas puede tener un valor de apenas centenares o miles de dólares, y el impuesto es mucho más significativo. Además, si bien algunos exportadores agrícolas son empresas gigantescas (como las bananeras), muchos son pequeños y medianos agricultores, que se verán en desventaja con la entrada del nuevo impuesto.
Hay más. Lo que se recaude por este impuesto estará destinado a una cosa mal llamada Centro Científico Marino del Caribe, que estará a cargo de la Empresa Científica Marina del Caribe S.A. (ECIMACSA). Tal vez al lector se le escape el pequeño detalle de que este impuesto va a financiar una sociedad anónima, es decir, una empresa regida por el derecho comercial privado. Cierto, el Estado es el propietario del 100% de las acciones de esta empresa, pero al ser una sociedad anónima quedará automáticamente excluida del control de entidades como la Contraloría General de la República. Considerando que al año pasan unos 8 millones de toneladas de carga por los puertos del Caribe, este impuesto generaría unos $12 millones anuales (unos 5,700 millones de colones al tipo de cambio actual). Esa es demasiada plata como para que vaya a una entidad libre de controles públicos.
Pero no es todo. El mal llamado centro científico pretende construir en la zona del Caribe un mercado de artesanías (¿dónde está la ciencia?), salas de conferencias, un “centro de investigación y exposición de la cultura caribeña”, un paseo del mar (seguro Franklin Chang será el capitán del barco), una iniciativa turística y de investigación en Isla Uvita, y un proyecto de drenaje para los cantones propensos a inundaciones. Señores, para hacer estas cosas ya existe una institución. Se llama Junta de Administración Portuaria y DESARROLLO de la Vertiente Atlántica, cuya misión, además de la administración de los puertos, es la de promover el desarrollo de la región financiando iniciativas apropiadas con los ingresos generados por la actividad portuaria. No es necesario crear más burocracia para lo mismo.
¿Sorprendido? Pues las cosas son aún peores. Resulta que según La Nación, esta maravillosa ley “obliga a la Aduana a no tramitar ninguna póliza si el monto del impuesto no fuere entregado ANTES a Ecimacsa”. Yo no se si aquí habrá un error de transcripción de La Nación, pero de ser esto como lo pone La Nación, esta ley es el decreto de muerte no sólo para los exportadores, sino para la actividad portuaria de Limón. En primer lugar, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, la recaudación ingresa a la caja única del Estado. No hay ninguna garantía de que el Ministro de Hacienda de turno vaya a usar esos recursos para destinarlos a ECIMACSA. Pero, aún si asumiéramos que el Ministro va a entregar la totalidad de los recursos al nuevo elefante blanco, entre que el exportador paga el impuesto y ECIMACSA recibe los recursos de la caja única pueden pasar varias semanas o meses. De manera que si es cierto que Aduanas tiene que verificar que el monto del impuesto haya sido entregado antes a ECIMACSA, los bananos, hortalizas, frutas y plantas se van a podrir esperando el trámite de la póliza de exportación.
¿Suficiente? Pues no. Justo cuando creíamos que la maldad tributaria no podía dar más de sí, descubramos ahora que de las importaciones que se manejan en los puertos del Caribe, el petróleo representa más de la mitad del tonelaje. Ya este artículo me va quedando muy largo, así que no me voy a poner a hacer cálculos del impacto que el nuevo impuesto tendrá en los precios de los derivados del petróleo. A cambio, los dejo con una pregunta. ¿Necesita la gasolina una nueva carga tributaria en estos momentos, por insignificante que sea?
Bueno este blog, hasta hoy lo descubro. Sin embargo me pregunto ¿a quién le interesa el divorcio de Otto Guevara?
ResponderBorrarGracias, Sirena, muchas gracias. Con respecto a Otto Guevara, ya hace días venía pensando en cambiar ese "slogan", pero te cuento que muchas de las chavalas que yo conozco deliran por ese carajo. Ay, que qué guapo. Ay, que cómo se atreve a decir las cosas como son. ¿Qué se yo? Era parte del mismo sarcasmo del blog...
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